Protección contra Dirección Nacional de Gendarmería de Chile

Punta Arenas, veinticinco de septiembre de dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones, don nombre reservado, Jefe Regional del Instituto Nacional De Derechos Humanos (INDH), con domicilio en domicilio reservado, quien, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1° y siguientes de la Ley N° 20.405, interpone recurso de protección en favor de doña nombre reservado, cédula de identidad RUT reservado; y en contra de la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, representada por su Director Nacional don Christian Alveal, y de la Dirección Regional de Gendarmería de Magallanes y de la Antártica Chilena, representada por su Director Regional Coronel Luis Muñoz Fuentealba; solicitando se declare ilegal y arbitrario el actuar de los recurridos consistentes en, no haber dispuesto plazas para mujeres en el CET Semiabierto de Punta Arenas, y haber negado la posibilidad de postular y acceder a éste a la recurrente, basado exclusivamente en su calidad de mujer, se declaren vulneradas las garantías constitucionales que invoca, se ordene a la parte recurrida, adoptar las medidas necesarias para disponer de cupos para mujeres en dicho establecimiento penitenciario así como recibir y evaluar la postulación de doña nombre reservado, y en caso de resultar admisible el ingreso conforme a los mismos criterios que se aplican a los hombres, acoger la postulación y disponer las medidas necesarias para que la afectada acceda al CET Semiabierto de Punta Arenas; impartiendo instrucciones a los recurridos, a fin de que tanto sus protocolos de actuación como sus actos administrativos, se adecuen a lo establecido en las leyes, en la Constitución Política del Estado y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes.

Funda su acción señalando que doña nombre reservado, cumple actualmente una condena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, por el delito de parricidio, lleva casi 8 años privada de libertad, caracterizándose por mantener muy buena conducta y realizar diversas labores al Interior del Complejo Penitenciario de Punta Arenas, en especial labores de aseo, apoyo en el rancho y en bodega, por lo cual percibe en la actualidad una suma de $60.000.- mensuales aproximadamente. Entre los meses de marzo y junio de 2020, envió varios escritos dirigidos al Area Estadística y Area Social, solicitando acceso para postular al CET Semiabierto de Punta Arenas, ya que cumple todos los requisitos para ello, a lo que se le respondió negativamente, el 03 de julio de 2020, fundado en que dicho CET sólo tiene cupos para internos de sexo masculino.

El Instituto recurrente, con fecha 26 de junio de 2020, planteó la situación de la Sra. nombre reservado, al Director Regional de Gendarmería de Chile, solicitando analizar con perspectiva de género la solicitud y proceder a hacer los ajustes administrativos formales que permitan su acceso a las etapas de postulación e ingreso al CET Semiabierto; la respuesta fue negativa, señalándose que dicha unidad en la región, en conformidad a lineamientos institucionales referidos a la capacidad de plazas oficiales para cada CET Semiabierto, desagregados por género, no cuenta con cupos vigentes para mujeres, no existiendo dependencias habilitadas para que la usuaria pueda pernoctar; añadiéndose en la actual situación de pandemia, que no es posible que la interna en forma diaria se desplace al CET, debido al riesgo de contagio.

Explica la situación de las mujeres privadas de libertad en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas, donde existe sólo un módulo destinado a imputadas y condenadas, que apenas reúne la infraestructura adecuada para la segregación, donde en más de una ocasión han estado mujeres con hijos menores de 2 años. El factor climático determina que el uso del patio sea muy eventual, lo que no ayuda a descomprimir los espacios. Esto genera múltiples situaciones de convivencia entre las internas, que afecta su integridad física y psíquica. Aproximadamente el 80% de ellas son pacientes de la Unidad Psiquiátrica Forense Hospitalaria Intrapenitenciaria (UPFHI). Agrega que en abril de 2020 las internas totalizaban 21, 13 condenadas y 8 imputadas, representando el 6% de la población penal total del Complejo. Amparados en tal situación numérica, las actividades recreativas y laborales que Gendarmería desarrolla para las mujeres son mucho más restringidas que las de la población masculina. En este orden de ideas, el CET Semiabierto nunca ha considerado cupos para mujeres; punto que ha sido tratado en diversas reuniones entre INDH, Gendarmería, Ministerio de Justicia y Defensoría Penal Pública, durante los últimos 3 años, sin que a la fecha se vislumbren mejoras significativas.

Aduce que la decisión de Gendarmería de restringir los cupos al CET Semiabierto sólo para hombres, no tiene ningún sustento legal, afectando seriamente la integridad psíquica de la Sra. nombre reservado, que ve truncadas todas sus posibilidades de acceder a un trabajo remunerado, mejores condiciones de habitabilidad y convivencia social y otros beneficios penitenciarios, que si fuera hombre, sí tendría. Asimismo, la decisión de Gendarmería profundiza la discriminación contra las mujeres. No existe ninguna justificación razonable, más que algunos asuntos administrativos y de organización, que Gendarmería debe superar, convirtiendo tal decisión, en ilegal, arbitraria y profundamente discriminatoria en contra de la afectada.

Adiciona que la respuesta negativa de Gendarmería constituye un acto ilegal y arbitrario, pues infringe diversos instrumentos internacionales ratificados por Chile, la Constitución Política de la República, la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios y el Reglamento que Establece Estatuto Laboral y de Formación para el Trabajo Penitenciario. Así la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, en sus artículos 1º y 3º, prescribe la función primordial de la institución cual es atender, vigilar y contribuir a la nombre reservado de las personas detenidas o privadas de libertad, ejecutando acciones tendientes a eliminar su peligrosidad y lograr su reintegración al grupo social. Añade que el Decreto Nº 943 de 2011, que aprueba el Reglamento que Establece Estatuto Laboral y de Formación para el Trabajo Penitenciario, consagra en su art. 1° que “Toda persona que se encuentre bajo control de Gendarmería de Chile, podrá acceder a las prestaciones de actividad laboral penitenciaria y/o de formación para el trabajo ofrecidas en los establecimientos penitenciarios, en las condiciones que establezca el presente Reglamento”. Y el art. 8° inciso final enfatiza en la necesidad de desarrollar alternativas destinadas a grupos especiales, que reconozcan, entre otros, el enfoque de género. Del análisis de las citadas normas, se desprende que no existe ninguna que autorice a hacer diferenciaciones o exclusiones basadas en el sexo o género de los internos. Es más, exige desarrollar actividades para grupos de especial protección, teniendo en consideración, entre otros aspectos, la perspectiva de género; configurándose así en un actuar ilegal.

La acción es además arbitraria, obedece a un fundamento que no constituye una justificación razonable, como es el hecho de que la población penal femenina es considerablemente menor a la masculina.

El hecho denunciado vulnera el derecho de la recurrente de igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, y la consecuente prohibición de discriminación, contemplada en diferentes instrumentos internacionales ratificados por Chile. Asimismo, las normas internacionales destinadas específicamente a la protección de las mujeres, obligan al Estado a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de sus derechos y abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer, artículo 1° y 2 d) de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW); idea que también aparece en el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Del mismo modo, la exclusión de la afectada de la posibilidad de acceder al CET Semiabierto constituye una discriminación en el ejercicio y goce del derecho al trabajo, el cual infringe lo dispuesto en el artículo 6 en relación con los artículos 2.2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En los centros penitenciarios el acceso al trabajo sigue siendo escaso, y es tratado como un beneficio para aquellos internos e internas que cumplen determinados requisitos impuestos por la administración. Las obligaciones internacionales del Estado exigen que la oferta de capacitación y trabajo para la población penal se sujete a los mismos requisitos para todas las personas que componen dicha población, no resultando legítimo, en este sentido, excluir a las mujeres en razón de su sexo.

Igualmente se conculca su derecho a la integridad psíquica, consagrada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución, ya que la negativa de la recurrida genera en la solicitante un daño psíquico inevitable, pues la deja en la absoluta indefensión y relegada a las mismas funciones de aseo que ha desarrollado durante años. La escasez de actividades de recreación, capacitación y laborales para las mujeres, que ha sufrido la afectada durante todos sus años de reclusión, genera niveles de ansiedad y stress que terminan deteriorando su salud mental e integridad psíquica.

Acompaña documentos que acreditan su personería, además de las respuestas entregadas a la interna y a la entidad recurrente.

Informa por la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, su Director Nacional, don Christian Alveal Gutiérrez, solicitando el rechazo del recurso por carecer de fundamentos tanto en los hechos como en el derecho; y por no existir acto ilegal ni arbitrario por parte de esta Institución, con costas.

Expone los antecedentes estadísticos de la interna Sra. nombre reservado, condenada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas, a la pena de 20 años por el delito de parricidio. Inició su cumplimiento el 06 de septiembre de 2012, correspondiendo el término de la misma el 06 de septiembre del año 2032; la fecha de tiempo mínimo para optar a beneficios intrapenitenciarios es el 06 de enero de 2025, purga su pena en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas, siendo clasificada como reclusa de bajo compromiso delictual, con un puntaje de 49,1. Añade que habita domicilio reservado, denominada Módulo H, teniendo como infraestructura general base de hormigón armado, que posee la cantidad de 6 celdas individuales con su respectivo baño y 2 celdas colectivas, lo que permite hacer una segregación según la calidad procesal de las internas, sean éstas imputadas o condenadas; además, dispone de calefacción central y acceso a insumos básicos.

Esta dependencia, según diseño tiene una capacidad para albergar una totalidad de 36 usuarias, teniendo en la actualidad 19 internas (8 condenadas y 11 imputadas). En lo que respecta al régimen de internación, éste tiene una duración de 09 horas de desencierro, comenzando las actividades diarias en el horario contemplado desde las 08:30 hasta las 17:30 horas, periodo en que las internas dan inicio a sus actividades de rutina, tanto recreativas, judiciales, educacionales, médicas, deportivas, personales y actividades propias del régimen interno.

Menciona los distintos programas existentes en el Complejo Penitenciario, tendientes a la reinserción, donde destacan el programa Creciendo Juntos destinados a madres con hijos lactantes hasta 2 años de edad y padres y madres, de hijos hasta 14 años de edad, y el programa Centro de Tratamiento de Adicciones, destinado a la población masculina. Además de la oferta laboral formativa y programática en el CET Semiabierto de Punta Arenas, establecimiento habilitado para albergar una domicilio reservado internos condenados, cuya principal actividad productiva y formativa del establecimiento lo constituye la panadería.

Refiere que la normativa legal aplicable a los Centros de Educación y Trabajo se encuentra contenida en el Decreto N° 943, de 2011, del Ministerio de Justicia, que Aprueba Reglamento que establece un Estatuto Laboral y de Formación para el Trabajo Penitenciario, establece que uno de los fines de este Servicio es contribuir a la nombre reservado de las personas que por resolución de autoridades competentes, fueren detenidas o privadas de libertad.

La legislación contempla la existencia de tres tipos de CET, cerrados, semiabiertos y abiertos. Los CET Semiabiertos son establecimientos penitenciarios, independientes y autónomos, donde los internos cumplirán condena en un régimen basado en la autodisciplina y confianza. Dentro de sus criterios orientadores a considerar en la creación de los establecimientos penitenciarios, el artículo 13 letra b), menciona el sexo de las personas.

Lo anteriormente señalado, se encuentra previsto en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los Reclusos, conocidas como las Reglas de Mandela, instrumento que, en la letra a) de su Regla 8., dispone que las mujeres deben ser recluidas en lugares distintos al de los hombres, y en los establecimientos mixtos el pabellón destinado a las mujeres estará completamente separado al de los hombres. De conformidad con lo establecido en los artículos 77 y siguientes, dispone que la población penal de los Centros de Educación y Trabajo Semiabiertos estará compuesta sólo por sujetos que posean la calidad procesal de condenados, debiendo para ello presentar la respectiva solicitud de postulación y participar en un proceso de selección, en el cual se considerarán variables tales como: la disposición al trabajo, necesidades de nombre reservado, motivación al cambio, y antecedentes psicológicos, sociales y de conducta, características que deberán ser medidas y apreciadas por el respectivo Consejo Técnico; entre los requisitos se encuentra contar con al menos Buena o Muy Buena conducta en el bimestre anterior a la fecha de su postulación, y tener salud compatible con las actividades del CET al cual se postula. La duración de la pena no es un factor excluyente, sin embargo, sólo podrán ser enviados los condenados que hayan cumplido, a lo menos, dos tercios del tiempo mínimo para optar a beneficios intrapenitenciarios.

Refiere que el nombre reservado en uso de las atribuciones previstas en los artículos 8 A Y 9, del D.L. N° 2859, Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, de acuerdo a los lineamientos institucionales, compromisos presupuestarios e indicadores suscritos con la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, con la finalidad de fortalecer los programas de los CET Cerrados y Semiabiertos del país, dictó su Oficio Circular N° 19, de fecha 16 de enero de 2020, donde se informa sobre la capacidad de las plazas oficiales para cada CET Semiabierto existente a nivel nacional, desagregado por género, las que se harían exigibles en forma progresiva desde el mes de enero del año en curso, consignándose en el caso de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, que este establecimiento institucional no cuenta con cupos para internas de sexo femenino. Fundamento de la respuesta otorgada a la recurrente, que motiva la presente acción.

Sostiene que la decisión adoptada por el Director Regional de Gendarmería de Chile, Región de Magallanes y la Antártica Chilena, se encuentra ajustada a derecho, por cuanto hace aplicación de las directrices que se han impartido normativamente desde la Dirección Nacional, centrándose en las políticas y lineamientos institucionales y que se alinean con las instrucciones impartidas desde la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Desde esa perspectiva, a Gendarmería de Chile no se le puede imputar que se encuentra incurriendo en acto u omisión ilegal o arbitraria en esta materia, ni muchos menos endilgar que incumple la legislación vigente y administrativa que la regula, toda vez que con su actuar no vulnera los derechos de la recurrente, sino que sólo se hace presente que en ese Centro de Educación y Trabajo específico no hay medios adecuados para que, en su calidad de mujer, la protegida sea internada.

En cuanto a las alegaciones referidas a que la temática de perspectiva de género se habría tratado en diversas mesas de conversaciones sostenidas con la Defensoría Penal y Gendarmería de Chile, las reconoce, no se dispone de antecedentes documentales respecto a los acuerdos que se pudiesen haber logrado en dicha materia en particular.

Destaca de acuerdo a los antecedentes estadísticos ya descritos, la interna condenada, cumple la fecha mínima para optar a beneficios intrapenitenciarios el día 06 de enero del año 2025. Para optar al beneficio que reclama, según lo establecido en el inciso segundo del artículo 80 del Decreto N° 943, de 2011, del Ministerio de Justicia, se debe calcular el tiempo total desde su fecha de ingreso (06 de septiembre de 2012) hasta la fecha en que cumple su tiempo mínimo para beneficios intrapenitenciarios lo que en caso de la favorecida, es el 25 de noviembre de 2020, por lo que, al día de hoy, no cumple con la totalidad de los requisitos contemplados en la normativa en estudio, no verificándose, tampoco, que la Subdirección de nombre reservado de Gendarmería de Chile haya aprobado su postulación conforme lo establece el inciso tercero del artículo 80, del anotado cuerpo legal.

Niega la existencia de una vulneración de garantías fundamentales, porque, como se expuso, las actividades de nombre reservado están destinadas a ambos géneros. Asimismo la recurrente tampoco acompaña a su presentación antecedentes indubitados de las patologías de origen clínico que afectarían severamente a la interna, sean específica y directamente derivadas de los supuestos actos u omisiones que se denuncian como ilegales y arbitrarios.

En lo pertinente a la supuesta vulneración y/o conculcación de su garantía constitucional del derecho a la igualdad ante la ley, releva que siendo deber del Estado garantizar los derechos de las personas, también tienen el imperativo de evitar la eventual amenaza o riesgo de su derecho a la integridad, como podría ocurrir en este caso, toda vez que en el establecimiento penitenciario al cual desea ingresar la protegida sólo existe población penal masculina, lo que debe considerarse como un factor evidente de riesgo para su integridad en el evento que se le permitiera acceder a su ingreso al Centro de Educación y Trabajo de Punta Arenas, el cual fue diseñado e implementado para albergar personas privadas de libertad de sexo masculino.

Informa por la recurrida Dirección Regional de Gendarmería de Chile, de Magallanes y Antártica Chilena, don nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes con costas.

En similares términos a lo expresado por la recurrida Dirección Nacional de Gendarmería, añade que la interna Sra. nombre reservado, ha mantenido una conducta calificada de "Muy buena"; y respecto de las labores que realiza en las dependencias del Complejo Penitenciario de Punta Arenas, en un principio de su régimen de condenada realizó labores de aseo dentro de la sección femenina, en el año 2014 se le otorga la oportunidad de trabajo fuera de la sección, realizando el aseo en el sector de guardia interna y oficinas del personal profesional del área técnica; realiza labores de corte y confección para la empresa regional "Puro Viento", se adjudica un proyecto Yo Emprendo, del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, para la compra de una máquina de coser. En el año 2016, se vincula con el área de inventario y bodega, a fin de ejercer labores de aseo y ayudante en la sección. En el mes de octubre del mismo año, se le otorga un incentivo monetario como jornal ayudante de $70.510.-, desempeñándose en esa área hasta la fecha. Además, según informa el Jefe Técnico del Complejo, la interna, se resta de forma voluntaria de las actividades deportivas y recreativas.

Manifiesta que con fecha 15 de mayo del presente año, mediante Oficio Ord. N° 352, se remitió al Sr. Intendente Regional, la iniciativa de inversión para su correspondiente análisis técnico y económico, denominada "Construcción y Rehabilitación de Módulos de Sección Femenina CP Punta Arenas", el que contempla la ampliación y normalización de la sección, y que dará pleno cumplimiento a la segregación entre imputadas y condenadas, creará talleres laborales, una sección materno infantil, incluyendo los servicios sanitarios. Además, se considera la creación de una central térmica exclusiva para esta sección. Dicho proyecto fue remitido mediante Oficio Ordinario N° 616 de 09.06.2020, por el Gobierno Regional a la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social para su evaluación Técnico Económica, debiendo corregir aspectos básicamente presupuestarios y arquitectónicos. Dicho proyecto contempla la ampliación de la superficie de 186.30 Mts2, comprendiendo en ella un taller laboral para imputadas, un taller laboral para condenadas, una sala de estar y dormitorio para la sección juvenil, una oficina para profesionales y una sala de caldera.

Niega que la interna vea truncada las posibilidades de acceder a un trabajo remunerado, ya que recibe un incentivo monetario. En cuanto a sus condiciones de habitabilidad, actualmente la usuaria pernocta en la celda n° 4 de la sección femenina, viviendo de forma individual en dicho espacio, contando con una cama, baño (inodoro y lavamanos), además de autorizarle el ingreso de un televisor y una máquina de coser; condiciones que claramente no se encuentran disponibles en el CET Semiabierto de Punta Arenas.

En cuanto a la supuesta ilegalidad y arbitrariedad que se configuraría por no disponer de cupos para mujeres en el Centro de Educación y Trabajo Semiabierto de Punta Arenas, se hace presente que de acuerdo la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, si bien la Administración Penitenciaria debe propender al desarrollo de las actividades de formación para el trabajo, como son por ejemplo, las desarrolladas en los Centros de Educación y Trabajo, dicha actividad debe ajustarse a la oferta programática que exista en cada establecimiento penitenciario, y dentro de ésta, los internos podrán escoger la actividad que quieran realizar.

Reitera que la interna, conforme a su Ficha Unica de Condenado, no cumple con tiempo mínimo requerido por la ley para ser trasladada a un CET Semiabierto.

Niega haber incurrido en ilegalidad o arbitrariedad al no permitir la posibilidad de postulación y acceso a la afectada, por cuanto no obedece a la mera voluntad o al capricho de la Administración Penitenciaria, sino que se ajusta a lo establecido en el Oficio Circular N° 19 de 16.01.2020, del Subdirector Técnico de Gendarmería de Chile, que indica la capacidad de plazas oficiales para cada CET Semiabierto a nivel nacional.

Es menester hacer presente también, que el Centro de Educación y Trabajo de Punta Arenas, fue creado en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Punta Arenas, sólo con cupos para población penal masculina, es decir, las condiciones de habitabilidad, segmentación, seguridad, salud e higiene (baños), fueron diseñadas para el género masculino, esto atendiendo a la lógica histórica de la población penal en la región de Magallanes y Antártica Chilena, en donde ha existido un predominio del género masculino (90% aproximadamente) y sólo un 10% de población penal femenina.

Ahora bien, el CET Semiabierto de Punta Arenas, no cuenta con pabellones para mujeres y esa no es una decisión unilateral de Gendarmería y tampoco le es imputable, por lo que malamente se la puede acusar de acciones discriminatorias. Gendarmería no restringe los cupos de mujeres para el CET Semiabierto, simplemente carece de los recursos y medios adecuados para incluir mujeres. Por ello, su actuar no puede ser considerado una vulneración a la normativa internacional citada por el actor. Cuando además la interna, en tanto cumpla los requisitos, puede optar a los penales que cuenten con Centro de Estudio y Trabajo con cupos para recibir a población femenina.

La parte recurrida acompañan los antecedentes estadísticos de la interna, petición planteada por ésta y notificación de la respuesta dada, Circular Nº 19 de 16 de enero del año en curso, ficha del proceso presupuestario 2020 de 21 de julio del corriente.

Encontrándose la causa en estado de ser vista, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio ni se persigue con su interposición establecer la responsabilidad civil, penal, infraccional o administrativa del ofensor. Por tanto, no se concibe respecto de una contienda civil entre partes ni da origen a un proceso penal o administrativo, es decir, no se aplica para discutir cuestiones de lato conocimiento respecto de las cuales el legislador ha establecido los procedimientos idóneos para que sean debatidas y resueltas.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario por el recurrente, lo hace consistir en la respuesta negativa dada a la solicitud planteada por la interna condenada nombre reservado, en orden a iniciar el proceso de postulación al CET Semiabierto de Punta Arenas, presentada mediante un formulario elaborado por Gendarmería, titulado “traslado voluntario al Centro de Educación y Trabajo Semiabierto de Punta Arenas”; rechazo que se fundó en que dicha dependencia no cuenta con cupos para mujeres; lo que considera afecta las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y de protección a su integridad psíquica; configurando un acto de abierta discriminación, toda vez que la decisión únicamente se adopta por tratarse de una mujer, encontrándose obligado el Estado y por ende, las recurridas, a eliminar cualquier acto que discriminación contra la mujer, según los compromisos internacionales adquiridos por el país. Sostiene que el rechazo a la petición de traslado voluntario al CET Semiabierto se mantuvo, pese a la gestión del Instituto de Derechos Humanos, agregándose que tampoco se podía incorporar a la usuaria sin pernoctar, trasladándose en forma diaria desde el Complejo Penitenciario al Centro de Educación y Trabajo, por el riesgo de contagio que implica por la pandemia de COVID-19.

CUARTO: Que, las recurridas Dirección Nacional de Gendarmería de Chile y Dirección Regional de Magallanes y Antártica Chilena de la misma entidad, en similares términos, instan por el rechazo del recurso, aludiendo que no han incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, limitándose a dar aplicación a la normativa legal y reglamentaria que los rige, por lo que en caso alguno han vulnerado las garantías constitucionales de la interna condenada; según se consigna en lo expositivo de la presente sentencia.

QUINTO: Que, del análisis de los documentos acompañados y de lo manifestado por las partes en el proceso, es posible tener por acreditados los siguientes hechos:

a) Doña nombre reservado se encuentra condenada por el delito de parricidio, a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo. Cumple su condena desde 06 de septiembre de 2012 en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas, con fecha de término prevista para el 06 de septiembre de 2032. El tiempo mínimo para acceder a beneficios intrapenitenciarios se cumplirá el día 06 de enero de 2025; según cómputo elaborado por Gendarmería de Chile.

b) La Sra. nombre reservado habita el módulo H, sección femenina del mentado establecimiento penitenciario, donde pernocta en la celda Nº 4, individual, cuenta con una cama, baño (inodoro y lavamanos), un televisor cuyo ingreso se autorizó, y una máquina de coser, la que pudo adquirir mediante la postulación a un fondo estatal. Ha desempeñado labores al interior del módulo, luego en sector de guardia interna, y oficinas, actualmente labora en el área de inventario y bodega, por lo cual percibe un incentivo monetario de $70.000 pesos mensuales.

c) Con fecha 28 de abril de 2020, la mencionada interna presentó una solicitud de traslado voluntario al Centro de Educación y Trabajo Semiabierto de Punta Arenas, según formulario preparado al efecto por Gendarmería, donde señala que cumple condena en el Complejo Penitenciario de Punta arenas, que voluntariamente desea iniciar su proceso de postulación CET Semiabierto de esta ciudad, indica conocer los requisitos de postulación, informa que tiene conocimientos previos en repostería, costuras, bordados en máquinas, comidas, o en lo que pueda aprender, teniendo la disposición de lo que se requiera.

d) Igualmente presentó mediante un escrito de fecha 07 de mayo, bajo el motivo “CET Abierto”, donde manifiesta: “a ver la posibilidad de poder pertenecer al CET Abierto de Punta Arenas, ya que cuenta con conocimiento en repostería, comidas, costuras, etc. Le pido que me dé la oportunidad como se la dan a los internos hombres. Este es el segundo escrito que he solicito por el mismo pedido.”

e) Asimismo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, recurrente en autos -encontrándose a esa fecha aún pendiente de respuesta la petición de la interna- plantea a Gendarmería que aquélla se analice con perspectiva de género y se vea como una oportunidad de mitigar la discriminación de facto a la que se ven expuestas todas las mujeres privadas de libertad en el Complejo Penitenciario, considerando que a la fecha el CET Semiabierto sólo recibe a internos de sexo masculino que cumplan con los requisitos, y por tener escaso o nulo acceso a actividades recreativas y laborales en igualdad de oportunidades respecto de los hombres.

f) Con fecha 03 de julio del año en curso, Gendarmería notifica a la interna solicitante de traslado voluntario a CET Punta Arenas, que aquél de conformidad a los lineamientos institucionales, indicados en Of. Circular Nº 019 de 16 de enero de 2020, donde se instruye la capacidad de plazas oficiales para cada CET Semiabierto, disgregado por género, se determina que dicha Unidad no cuenta con cupos para mujeres. Se añade que el CET Semiabierto estructuralmente y normativamente no cuenta con la disposición para la segregación de internas, no existiendo dependencias habilitadas físicamente para que las usuarias pudieran pernoctar. En iguales términos se respondió al Instituto recurrente, añadiendo que si se llegara a considerar en el caso fundado, el desplazamiento de la interna en forma diaria al CET Semiabierto, en la actualidad se torna imposible, debido a la situación de pandemia, por el riesgo de contagio entre las unidades penales.

g) El Subdirector Técnico de Gendarmería de Chile, en uso de las atribuciones contenidas en los artículos 8° A y 9 del Decreto Ley N°2859 Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, con fecha 16 de enero de 2020, emitió la Circular Nº 19, por la cual actualiza plazas vigentes en CET Semiabiertos y formaliza cupos laborales en CET Cerrados para el 2020; en la cual se consigna que la Región de Magallanes mantiene un CET Semiabierto con 24 plazas y un CET Cerrado con 22 plazas, ambos únicamente para población masculina.

SEXTO: Que, se hace necesario previamente reseñar las disposiciones legales atingentes a la materia de autos.

Decreto 943 REGLAMENTO QUE ESTABLECE UN ESTATUTO LABORAL Y DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO PENITENCIARIO.

Así el Artículo 1. “De la actividad laboral y la formación para el trabajo. Toda persona que se encuentre bajo control de Gendarmería de Chile, podrá acceder a las prestaciones de actividad laboral penitenciaria y/o de formación para el trabajo ofrecidas en los establecimientos penitenciarios, en las condiciones que establezca el presente Reglamento”.

Artículo 6. “Actividad Laboral. La actividad laboral será aquella que se ajuste a las normas del Código del Trabajo, correspondiendo a la Administración Penitenciaria velar por su cumplimiento con el fin de dar protección al trabajador”.

Artículo 7. “Formación para el trabajo. La formación para el trabajo será aquella dirigida al sujeto que se encuentra bajo control de Gendarmería, destinada a crear o preservar hábitos laborales y/o sociales en el trabajador, reforzando su identidad personal y prosocial, con la finalidad de lograr su nombre reservado. Esta actividad será fomentada por la Administración Penitenciaria y se ajustará a la oferta programática de cada establecimiento”.

Artículo 8 inciso 2°. “Su ejercicio deberá ser compatible con los límites que imponga el Decreto Supremo Nº 518, de 1998, del Ministerio de Justicia, que Aprueba "Reglamento de Establecimientos Penitenciarios"; la seguridad interna y la oferta que en cada establecimiento exista, pudiendo los trabajadores, dentro de estos márgenes, escoger la clase de actividad que deseen realizar y que, en su caso, se ajuste con su plan de reinserción individual.”.

Artículo 57. “Descripción. Serán consideradas como actividades de formación para el trabajo aquellas que tengan por objeto formar, crear o preservar hábitos laborales y/o sociales en el sujeto, reforzando su identidad personal y prosocial”.

Artículo 58. “Modalidades de la formación para el trabajo. La formación para el trabajo se desarrollará bajo las siguientes modalidades: a) Las propias de los Centros de Educación y Trabajo realizadas en el marco de actividades productivas y de capacitación que se ejecuten al interior de los Establecimientos Penitenciarios o en virtud de proyectos convenidos por terceros con la Administración Penitenciaria. Estas actividades se regularán por lo dispuesto en el Título VI de este Reglamento. b) Las que tengan por objeto apoyar las necesidades de los servicio de aseo, alimentación y mantención de los Establecimientos Penitenciarios. c) Las que propendan al entrenamiento ocupacional o terapéutico”.

SEPTIMO: Que, los Centros de Educación y Trabajo se encuentran definidos y reglamentados en el antes citado Decreto Nº 943 del Ministerio de Justicia.

Así, en su artículo 64 prescribe: “De los Centros de Educación y Trabajo. Los Centros de Educación y Trabajo, también denominados por la sigla CET, constituyen establecimientos penitenciarios o parte de ellos, destinados a contribuir al proceso de nombre reservado de las personas condenadas, proporcionando o facilitándoles, trabajo regular y remunerado, capacitación o formación laboral, psicosocial y educación, que sean necesarios para tal propósito, Sin perjuicio que en cumplimiento de este objetivo puedan constituir unidades económicas productivas y comerciales de bienes y servicios”.

El artículo 67 establece que: “Existirán CET cerrados, semiabiertos y abiertos”

El mismo cuerpo legal establece en su artículo 69 que “Los CET abiertos, semiabiertos y cerrados serán creados, modificados o suprimidos por Decreto Supremo del Ministerio de Justicia previo informe o a proposición del Director Nacional de Gendarmería de Chile”.

En cuanto a los requisitos para la selección de postulantes, se encuentra regulado en el artículo 80 del citado Decreto, estableciéndose que para la selección de los condenados postulantes a los CET se considerarán: su disposición al trabajo, necesidades de nombre reservado, motivación al cambio y antecedentes psicológicos, sociales y de conducta, características que deberán ser medidas y apreciadas por el Consejo Técnico en su informe.

La citada disposición legal establece que la duración de la pena no constituirá un factor excluyente. Sin perjuicio de lo cual sólo podrán ser enviados a los CET cerrados y semiabiertos, los condenados que hayan cumplido, a lo menos, dos tercios del tiempo mínimo para optar a beneficios intrapenitenciarios y excepcionalmente podrán ser postulados internos con menor tiempo de cumplimiento siempre que concurran los requisitos establecidos en el inciso precedente y cuenten con la aprobación de la Subdirección Técnica de Gendarmería de Chile.

OCTAVO: Que, conforme a lo consignado en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) en el Titulo Separación por categorías, la Regla 11 “Los reclusos pertenecientes a categorías distintas deberán ser alojados en establecimientos diferentes o en pabellones diferentes dentro de un mismo establecimiento, según su sexo y edad, sus antecedentes penales, los motivos de su detención y el trato que corresponda aplicarles; por consiguiente: a) los hombres serán recluidos, en la medida de lo posible, en establecimientos distintos a los de las mujeres y, en los establecimientos mixtos, el pabellón destinado a las mujeres estará completamente separado del de los hombres”.

NOVENO: Que, el Decreto Ley 2859 que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile en su Artículo 5° “A la Dirección Nacional le corresponderá la dirección superior, técnica, operativa y administrativa de Gendarmería de Chile, cuya jefatura será ejercida por el Director Nacional quien poseerá la máxima autoridad de la institución”.

Agrega el inciso segundo: “El Director Nacional será nombrado por el Presidente de la República y permanecerá en el cargo mientras cuente con su confianza”.

Artículo 6° “Son obligaciones y atribuciones del Director Nacional.

1.- Dirigir y administrar el servicio.

2.- Planificar, coordinar y controlar el funcionamiento de la Institución conforme a las políticas fijadas por el Gobierno y generar un plan de acción institucional.

18.- Delegar en los Subdirectores, los Jefes de Departamentos y los Directores Regionales, las atribuciones que estime necesarias para el mejor funcionamiento del Servicio”.

Artículo 8° “La Subdirección de nombre reservado estará encargada de desarrollar los programas y proyectos institucionales tendientes a la nombre reservado de las personas atendidas en los distintos sistemas, velando por el mejoramiento permanente del régimen penitenciario”.

Esta Subdirección tendrá las siguientes funciones:

“a) Desarrollar y gestionar las actividades de educación, trabajo, deportes, recreación, asistencia social, psicológica, sanitaria, religiosa y demás conducentes a la nombre reservado de las personas atendidas en el sistema cerrado de los establecimientos penales con administración directa”.

DECIMO: Que, el artículo 16 de la ley N°21.209 establece: “La creación, modificación o supresión de establecimientos penales y carcelarios, su clasificación, denominación y la determinación de sus características, se hará mediante decreto supremo del Ministerio de Justicia, previo informe o a proposición del Director Nacional, de acuerdo con las necesidades institucionales y los recursos de que se disponga”.

DECIMO PRIMERO: Que en primer término conviene dejar establecido que conforme a la normativa transcrita y al cómputo de la condena elaborado por Gendarmería -no discutido por la recurrente- la interna cumple el tiempo mínimo para poder postular a beneficios intrapenitenciarios, el 06 de enero de 2025. Para acceder al Centro de Educación y Trabajo, deben haber transcurrido a lo menos dos tercios del término necesario para obtener los mentados beneficios, lo que la favorecida alcanzará recién el 25 de noviembre del año en curso. No encontrándose acreditado los requisitos exigidos para la excepción consignados en el artículo 80 inciso 3° del Reglamento, ya reproducido.

DECIMO SEGUNDO: Que, sin perjuicio de lo anterior, se debe dejar asentado que tampoco se ha podido comprobar la existencia de un acto ilegal o arbitrario de parte de las recurridas.

Se descarta la ilegalidad del acto impugnado, por cuanto la decisión de desestimar la petición de la interna en orden a su traslado voluntario al CET Semiabierto de Punta Arenas, se funda en la normativa institucional, fijada por la Subdirección de nombre reservado de Gendarmería de Chile, la que, en virtud de lo dispuesto Decreto Ley Nº 2859 de 1979 que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, determinó el número de plazas de los distintos Centros de Educación y Trabajo a nivel nacional, correspondiendo el CET Semiabierto de Punta Arenas 24 plazas exclusivamente para población masculina; ello mediante Circular Nº 19 de enero de 2020; documento, cuya constitucionalidad, legalidad o arbitrariedad no ha sido discutida en esta sede.

Lo anterior resulta de la mayor relevancia, toda vez que albergar a población exclusivamente masculina en el CET Semiabierto de esta ciudad -como lo ha sido incluso con anterioridad a la dictación de la mentada Circular- ha determinado que las condiciones de habitabilidad, segmentación, seguridad, salud e higiene, en suma, la totalidad de sus dependencias, se encuentren habilitadas sólo para admitir personas del sexo masculino, sin que existan módulos ni habitaciones separadas que permitan recibir a internas de la población femenina.

Además, se ha respetado en la decisión las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los Reclusos, conocidas como las Reglas de Mandela, instrumento que, en la letra a) de su Regla 8., dispone que las mujeres deben ser recluidas en lugares distintos al de los hombres, y en los establecimientos mixtos el pabellón destinado a las mujeres estará completamente separado al de los hombres.

En cuanto a la arbitrariedad, ésta tampoco concurre, la decisión que se comunica a la interna Sra. nombre reservado, no se presenta como una determinación caprichosa ni antojadiza, encuentra sus fundamentos en la ley, en la normativa interna de Gendarmería de Chile y además, en las circunstancias de carecer de dependencias adecuadas, que permitan brindarle la protección necesaria que le permita acceder a la nombre reservado que pretende, en mejores condiciones que las que actualmente se le brindan.

A mayor abundamiento, la recurrente una vez cumplidos los requisitos, puede optar a otros penales que cuenten con Centro de Estudio y Trabajo con cupos para recibir población femenina, lo que demuestra la no existencia de la discriminación en contra de la mujer, imputada a Gendarmería de Chile.

DECIMO TERCERO: Que, las medidas que la entidad recurrente pretende se adopten por esta Corte, para restablecer el imperio del derecho, exceden el marco de la acción de protección, atendida su naturaleza -cautelar y de emergencia- y claro objetivo; toda vez que abrir una plaza para una interna en el CET Semiabierto, exige la disposición de presupuesto de la Nación para habilitar dependencias y modificar estructuras, para adoptar dichas medidas la legislación ha radicado de manera privativa dicha facultad en Gendarmería de Chile, Ministerio de Justicia, en coordinación con la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda; toda vez que responde a la ejecución de una política pública. De lo anterior, es posible concluir que no es esta acción la vía idónea para lograr la modificación de las plazas que registra el mencionado establecimiento penitenciario, teniendo presente lo dispuesto en el antes reproducido artículo 16 de la ley Orgánica de Gendarmería y sin perjuicio de lo que se dispondrá.

DECIMO CUARTO: Que, en consecuencia, no existiendo de parte de los recurridos un actuar ilegal o arbitrario, se hace innecesario entra a hacer un análisis sobre posibles vulneraciones de garantías constitucionales.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, Jefe Regional del Instituto Nacional De Derechos Humanos (INDH), en favor de doña nombre reservado, en contra de la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile, representada por su Director Nacional don Christian Alveal, y de la Dirección Regional de Gendarmería de Magallanes y de la Antártica Chilena, representada por su Director Regional Coronel Luis Muñoz Fuentealba; todos ya individualizados.

Se recomienda a la Dirección Nacional de Gendarmería de Chile analice la posibilidad que en el futuro considere cupos en el CET Semiabierto de Punta Arenas, para población penal femenina, coordinándose para ello con el Ministerio de Justicia.

Acordado con el voto en contra del Ministro (S) Luis Enrique Álvarez Valdés, quien fue de parecer de acoger el presente curso de acción constitucional, compartiendo los argumentos de hecho y derecho del Institucional Nacional de Derechos Humanos, y dar lugar las medidas urgentes que este solicita en lo petitorio del libelo, por los siguientes argumentos que pasa latamente a exponer:

PRIMERO: Que para resolver el recurso se debe tener por establecido los hechos que no aparecen indubitados y que afectan objetivamente al acervo de derecho y garantías constitucionales que el Estado Chileno debe actualmente y sin dilación alguna propender a proteger la persona de Doña nombre reservado, en su actual calidad de condenada por delito de parricidio. A la fecha lleva casi 8 años privada de libertad, tiempo en el cual se ha caracterizado por mantener una muy buena conducta y realizar diversas labores al Interior del Complejo Penitenciario de Punta Arenas. Y, como se expondrá más adelante, realizó a la autoridad penitenciaria, específicamente, al Área Estadística y Área Social, solicitando acceso para postular al CET Semiabierto de Punta Arenas, ya que cumple todos los requisitos para postular e ingresar. Obteniendo, en concreto, una respuesta negativa;

SEGUNDO: Que por la sola circunstancia de ser doña nombre reservado, una persona privada de libertad en un recinto de Gendarmería de Chile, se aplican con respecto a su persona, una serie de estatutos de derecho internacional sobre derechos humanos y que han sido citados en el recurso por el recurrente. Dichos tratados, a su vez, fueron ratificados por Chile, y por lo mismo el Estado se ha obligado a cumplir, para este caso específico, sin mediar explicaciones que conlleven retardo en la satisfacción inmediata y actual del goce igualitario de esos derechos. En este sentido no es dable que Gendarmería de Chile, y como lo señala en su propio informe, avale su inoperancia en otorgar unos mismos derechos a la persona de nombre reservado, máxime cuando se hace en una inopinada exclusión de género, como si eso fuese posible en el actual estado de la aplicación en bloque de los derechos y garantías humanos.

TERCERO: Que lo que el recurrente viene en solicitar es el cumplimiento de obligaciones que pesan sobre la administración penitenciaria chilena, que no puede abalarse en el sólo hecho de ser doña nombre reservado, una interna o reclusa mujer que se encuentra cumpliendo una pena privativa de libertad en forma efectiva, no se le pueda brindar unos mismos beneficios, que al resto de la población penal masculina, agravando dicho fundamento en que no se avizora en qué transcurso del tiempo lo podrá hacer.

CUARTO: Que de acuerdo al recurso lo esencial a resolver queda determinado en los siguientes hechos allí narrados:

a).- que entre los meses de marzo y junio de 2020, la peticionaria remitió varios escritos dirigidos al Área Estadística y Área Social, solicitando acceso para postular al CET Semiabierto de Punta Arenas, ya que cumple todos los requisitos para postular e ingresar.

b).- sólo con fecha 03 de julio de 2020 Gendarmería le notificó por escrito la respuesta negativa, fundado en que dicho CET sólo tiene cupos para internos de sexo masculino.

c).- el I.N.D.H., paralelamente, despachó el Oficio N°80 de 26 de junio de 2020, dirigido al Director Regional de Gendarmería de Chile, con copia al Secretario Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, en el cual se plantea la situación de doña nombre reservado, se solicita analizar con perspectiva de género la solicitud por ella planteada y proceder a hacer los ajustes administrativos formales que permitan su acceso a las etapas de postulación e ingreso al CET Semiabierto.

d).- con fecha 02 de julio de 2020 Gendarmería de Chile respondió al INDH a través de Oficio Reservado N°7/71/2020, señalando que: “El CET Semiabierto de Punta Arenas, en conformidad a lineamientos institucionales, indicados en Of. Circular N°19 de fecha 19/01/2020, se instruye la capacidad de plazas oficiales para cada CET Semiabierto, desagregados por género, a lo cual nuestra región no cuenta con cupos vigentes para mujeres. b) Además se indica que el CET Semiabierto estructuralmente y normativamente no cuenta con disposición para la segregación de internas mujeres, no existiendo dependencias habilitadas físicamente para que la usuaria pudiese pernoctar. c) Por otro lado, si se llegara a considerar en el caso fundado el desplazamiento de la interna en forma diaria el CET semiabierto, en la actualidad es imposible, debido a la situación de pandemia que estamos viviendo, por lo cual se hace improcedente dicha situación debido al riesgo de contagio entre las unidades penales.”

QUINTO: Que los fundamentos señalados por el recurrido, los actos de Gendarmería, no pueden ser tachados sino de ilegales y arbitrario. Ilegales toda vez que conforme al artículo 5º de la Constitución Política de la República y al artículo 19 del mismo texto legal, existen tanto una serie de derechos y garantías establecidos en la propia Constitución, como en una serie de tratados y convenciones sobre derechos humanos. Todos ellos bajo la premisa esencial de la imposibilidad de usar como lo que vendría siendo un pseudo criterio, el de distinción de género para poder acceder prontamente cuando se cumplen los requisitos, en este caso a beneficios penitenciarios.

SEXTO: Que, y como lo expone nombre reservado (Universidad de Chile. Departamento de Ciencias Penales. Memoria), nos encontramos con la “Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”. Tratado internacional de las Naciones Unidas firmado en 1979, que tiene por objeto obligar a los Estados a tomar medidas concretas para establecer condiciones igualitarias entre hombres y mujeres, y los compele a abstenerse de incurrir en actos que generen segregación.

Se agrega que además, y algo que es sustancial a lo que se viene debatiendo en el presente recurso, que “…reconoce que la discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su país…”

La autora cita a continuación que dicha normativa “En su Artículo 1 expresa qué debe entenderse por “discriminación contra la mujer”, otorgándole así un contenido claro a la forma en que se manifiesta este tipo de desigualdad. Preámbulo. 19 Artículo 1: A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”

SÉPTIMO: Que puede avizorarse, la distinción de genero ha dejado de ser considerada como fundamento de hecho, para el igual tratamiento de toda persona humana, no pudiendo la misma, como en la especie ocurrió, un fundamento considerado como plausible por parte de Gendarmería de Chile e incluso la Seremía de Gobierno, que ahora tiene el nombre “De Justicia y de Derechos Humanos”, para no otorgar unos mismos beneficios a la recurrente en su calidad de reclusa.

El mismo estudio aludido agrega que “La Comisión de la Situación Jurídica y Social de la Mujer, reunida por primera vez en febrero de 1949, fue la encargada de analizar y registrar la situación de la mujer a escala mundial, de tal forma que de ese estudio surgieron las directrices que sustentaron una codificación. En efecto, la Comisión elaboró los primeros instrumentos internacionales sobre los derechos de igualdad de género, como la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, entre otros. Estos esfuerzos permitieron que se concibiera la Convención de la referencia, cuyo Protocolo Facultativo introdujo el derecho a recurrir a órganos jurisdiccionales a mujeres víctimas de discriminación”.

Es decir desde esos años, es que se reconoce que la mujer puede recurrir a los órganos jurisdiccionales cuando han sufrido una discriminación en el trato de sus derechos o beneficios. En este sentido el acceso a la judicatura es demostración clara que en este caso específico se debe acoger el recurso de protección deducido y dar lugar a su petitorio.

OCTAVO: Que, y por último, la siguiente cita que se hace en el mismo estudio, sirve para fundamentar este orden de ideas, cuando señala:

Hace referencia a las “Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes o Reglas de Bangkok”.

Y agrega que: “la primera normativa sobre personas privadas de libertad corresponde a las Reglas Mínimas para el tratamiento de los Reclusos de 1955, hoy en día actualizadas por las denominadas Reglas Mandela. Sin perjuicio de que dicha reglamentación está dirigida a toda la población penitenciaria sin distinción, ésta resulta insuficiente para atender las especificidades de las mujeres. Durante el 2003 la Asamblea General de la ONU instó a los gobiernos a prestar mayor atención a la situación de las mujeres que se encontraban en prisión. Este fue el inicio de una serie de encuentros y discusiones que dieron origen a las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes o Reglas de Bangkok. En su génesis, las denominadas Reglas de Bangkok, daban cuenta de una realidad; el menor número de mujeres reclusas respecto de los hombres limitaba la inversión de recursos en centros femeninos y en programas de reinserción o educativos. Estas reglas pasan a conformar directrices que deben ser incorporadas por los Estados en función de enfrentar las problemáticas específicas de las mujeres privadas de libertad.

NOVENO: Que, por el efecto, y como se podría utilizarse como un corolario a lo que se viene argumentando que “En su génesis, las denominadas Reglas de Bangkok, daban cuenta de una realidad; el menor número de mujeres reclusas respecto de los hombres limitaba la inversión de recursos en centros femeninos y en programas de reinserción o educativos. Estas reglas pasan a conformar directrices que deben ser incorporadas por los Estados en función de enfrentar las problemáticas específicas de las mujeres privadas de libertad”.

Efectivamente esa es la situación actual y que no puede considerarse como argumento para no conceder el beneficio solicitado por la interna nombre reservado, por parte de Gendarmería de Chile, ya que deviene clara y objetivamente, en el parecer de este autor de minoría, en permitir lo que las Reglas de Bangkok, han denunciado, con respecto al trato de las mujeres al estar en una minoría con respecto a la población masculina.

De manera que este Ministro (S), fue del parecer de acoger en todas sus partes el recurso de protección deducido, por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en favor de la interna nombre reservado, y ordenar a la autoridad penitenciaria, la adopción de todas aquellas medidas que sean del caso y necesarias, para asegurar la igualdad de género en dicho recinto, lo que en el actuado estado de la situación no se está cumpliendo, y proceder a enmendar dicha desigualdad material a fin que nombre reservado AYARZÚN, pueda, cumpliendo los requisitos objetivos y subjetivos para ello, obtener el beneficio solicitado.

Redacción del voto de mayoría de la Ministra Srta. San Martín y del de minoría su autor.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Nº 1334-2020. Protección.