Recurso de protección

nombre reservado, veintinueve de abril de dos mil veintiséis.

Vistos:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones MARÍA BELÉN PAIVA ESPINOZA, abogada, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado de la ciudad de nombre reservado e interpone recurso de protección a favor de la sociedad nombre reservado, RUT N°NUM000, debidamente representada por sus administradores don nombre reservado, médico veterinario, cédula nacional de identidad N°NUM001, y doña nombre reservado, médica veterinaria, cédula nacional de identidad N°NUM002, en contra de don nombre reservado, abogado, cedula nacional de identidad NUM003 por privar y/o perturbar, en forma ilegal y arbitraria los derechos garantizados en el artículo 19 N°3, N°4 y N°21 de la Constitución Política de la República, materializado en la difusión, a través de internet, de diversas imputaciones difamatorias que afectan gravemente su honra y reputación, entorpeciendo sin justificación el normal desarrollo de su actividad económica.

Refiere que el recurrido realizó una serie de publicaciones en su perfil laboral de Facebook, “Abogado nombre reservado”, que tiene 8.800 seguidores, entre el 27 de febrero y el 16 de marzo de 2026. Además, compartió estas publicaciones en grupos como “nombre reservado” con más de 11.400 seguidores y “nombre reservado”, que tiene más de 21.100 seguidores, entre otros, incluyendo su perfil llamado “nombre reservado” que tiene el carácter de público y cuenta con más de 5000 seguidores, todas ellas con el afán de denigrar, denostar y deshonrar a la clínica veterinaria nombre reservado y a determinadas profesionales de esta, que constituyen un acto ilegal y arbitrario.

Señala que el actuar del recurrido constituye un acto ilegal, en cuanto se aparta deliberadamente de los mecanismos y procedimientos que el ordenamiento jurídico contempla para la resolución de controversias y la determinación de eventuales responsabilidades y frente a la hipótesis de una eventual negligencia en el actuar de la clínica veterinaria, el legislador ha previsto diversas vías legales idóneas, dotadas de procedimientos claros y garantías para ambas partes.

Indica que las afirmaciones que difunde públicamente se sustentan únicamente en apreciaciones subjetivas, sin contar con formación profesional en el ámbito de la medicina veterinaria, formulando conclusiones sobre la atención clínica recibida, atribuyendo responsabilidades que exceden su ámbito de conocimiento, y amplificando dichas afirmaciones a través de plataformas digitales de alta masividad, promoviendo activamente su difusión entre sus seguidores. En particular, la publicación de fecha 27 de febrero de este año, realizada en la plataforma de Facebook, contiene una serie de afirmaciones que no se condicen con la realidad de la atención prestada. En efecto, conforme consta en la epicrisis acompañada, la clínica efectuó evaluación completa, administró tratamiento farmacológico, entregó indicaciones terapéuticas y dispuso controles posteriores para el seguimiento del cuadro, desplegando todas las acciones exigibles en una primera atención de salud. No obstante, ello, el recurrido sostiene que “jamás la atendió como una verdadera urgencia, la veterinaria que la atendió no le tomó ni la temperatura a la perrita…”, imputación que, a la luz de los antecedentes clínicos, carece de veracidad y resulta objetivamente idónea para afectar gravemente la reputación profesional de la clínica y las atenciones que los pacientes reciben.

Entiende que con el actuar del recurrido, la veterinaria “nombre reservado”, se ha visto directamente afectada por sus actos ilegales y arbitrarios, los que han perturbado el ejercicio legítimo de sus garantías constitucionales, particularmente aquellas consagradas en el artículo 19 N°3, N°4 y N°21 de la Constitución Política de la República, afectándose su derecho a la honra al difundir comentarios como los contenidos en la publicación de fecha 27 de febrero de 2026, mediante la cual atribuye un actuar poco profesional al insinuar que no hubo una revisión exhaustiva a su mascota por parte de Clínica nombre reservado, al no haber adoptado todas las acciones necesarias para garantizar su adecuado tratamiento configurando no sólo una crítica, sino una imputación de hechos concretos susceptibles de afectar gravemente la reputación profesional del recurrente. Además de exponer en una publicación haber recibido amenazas, y que las amenazas provendrían “de la misma veterinaria”, lo que reviste la máxima gravedad, al imputar la eventual comisión de un delito sin contar con elemento probatorio alguno que permita sostener tal afirmación, contribuyendo con ello a erosionar aún más la imagen pública de Clínica nombre reservado. Asimismo, en fecha 13 de marzo de 2026, el recurrido instala maliciosamente la idea de que la clínica habría negado el acceso a los antecedentes relativos a la atención de urgencia de la mascota, lo que no se ajusta a la realidad, toda vez que se gestionó oportunamente una reunión con el recurrido, la cual no fue confirmada por éste. Tales afirmaciones, difundidas desde el perfil profesional del recurrido a un público indeterminado —habiendo sido incluso viralizadas y compartidas por un número significativo de personas—, han instalado en terceros la percepción de un actuar negligente y poco profesional que no se condice con la atención efectivamente prestada por los profesionales, viéndose gravemente afectada la honra y reputación de Clínica nombre reservado como consecuencia del actuar desplegado por el recurrido.

Finalmente, el actuar del recurrido importa también una vulneración a la garantía consagrada en el artículo 19 N°21 de la Constitución Política de la República, esto es, la libertad para desarrollar cualquier actividad económica lícita, la cual comprende no sólo el derecho a iniciar una actividad, sino también a ejercerla sin interferencias arbitrarias de terceros. En efecto, tal como se ha sostenido en la doctrina constitucional, esta garantía posee un contenido esencialmente negativo, en cuanto impide que otros sujetos —incluidos particulares— obstaculicen, perturben o dificulten el normal desenvolvimiento de una actividad económica legítima. En este contexto, la difusión masiva de publicaciones mediante las cuales instala la idea de una supuesta mala praxis por parte de la clínica instando a las personas a las que dichas publicaciones llegan a dejar de utilizar los servicios clínicos de la Veterinaria nombre reservado constituye una forma de interferencia ilegítima que se traduce en una afectación real a su clientela, al generar desconfianza en potenciales usuarios y disuadir la contratación de sus servicios, lo que, atendida la naturaleza local del mercado en la ciudad de nombre reservado, resulta especialmente lesivo.

Solicita, se acoja la acción y en definitiva que el recurrido proceda a la eliminación de todo el contenido publicado en el descrédito de sus representados, en la red social Facebook, así como también en cualquier otro sitio de internet o aplicación. Que el recurrido se abstenga en lo sucesivo de seguir realizando publicaciones de ese tipo por cualquier vía. Que se disponga que el recurrido ofrezca disculpas públicas a los recurrentes en las mismas plataformas en que efectuó las publicaciones. Todo con costas.

Acompaña, documento que contiene la captura de pantalla en que se ve la conversación entre el tutor responsable y la veterinaria tratante el día miércoles 25 y jueves 26 de febrero. Sets fotográficos de las publicaciones a las que se hace mención en el cuerpo del escrito, a modo de poder leerse con mayor resolución. Cinco correos electrónicos entre las partes, de fecha 9, 11, 12 y dos de fecha 14 de marzo. Set fotográfico de otras publicaciones del recurrido, realizadas entre las fechas de la primera y la última publicación a las que se hace mención en el cuerpo del escrito. Certificado de Estatuto Actualizado de la sociedad “ALVARADO Y BELMAR LIMITADA”, emitido el 15 de marzo de 2026 por el Registro de Empresas y Sociedades.

Informa el recurrido, nombre reservado.

Señala que la recurrente debe probar un daño concreto, una afectación real a derechos indubitados, no evidenciándose un perjuicio ya que a su parecer falta la prueba de daños, se evidencia un actuar dilatorio de la clínica.

Aclara que aquellas publicaciones fueron un relato veraz de una atención deficiente (falta de toma de temperatura y presión) realizado en el ejercicio de su derecho constitucional de libertad de expresión e información con el fin de informar a la comunidad de nombre reservado sobre hechos de interés público.

Señala diversos incumplimientos a normativa sanitaria y municipal.

Indica que los recurrentes basan gran parte de su defensa en la epicrisis que supuestamente desmentiría sus dichos pero que no se acompaño como prueba y que han incurrido en errores conceptuales y procesales insalvables ya que no acreditan mediante antecedentes fehacientes que la conducta denunciada ha causado perjuicio efectivo, concreto y actual en un derecho indubitado no aportando las pruebas necesarias que den cuenta de lo reclamado.

Cuestiona que una persona jurídica (como nombre reservado) no poseen "honra" en el mismo sentido que un individuo, sino un prestigio comercial que está sujeto a la fiscalización y crítica de los consumidores. La Corte Suprema ha señalado en diversos recursos de protección (v.gr.

Rol 14.354-2019) que el recurso de protección no es la vía idónea para acallar críticas de consumidores en redes sociales, a menos que se trate de insultos groseros o imputaciones de delitos manifiestamente falsos y que su crítica es técnica y profesional, enfocada en la lex artis.

Finalmente solicita tener por evacuado el informe y, en definitiva, rechazar íntegramente el recurso de protección, con expresa condenación en costas, por no haberse acreditado la existencia de un derecho indubitado ni perjuicio efectivo alguno.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que los hechos que el recurrente califica de arbitrarios e ilegales, los hace consistir en una serie de publicación efectuadas por la recurrente, a través de redes sociales (Facebook), en virtud de la cual se procedió a denostar su honra e imagen.

TERCERO: Que la parte recurrida reconoce los hechos denunciados, señalando haberlos emitido en su derecho constitucional de libertad de expresión con el fin de informar a la comunidad de nombre reservado sobre hechos de interés público.

CUARTO: Que la recurrente acompañó a su libelo, copia de todas las publicaciones efectuadas en red social Facebook, donde se aprecian las declaraciones de la recurrida en su contra.

QUINTO: Que la cuestión planteada por la recurrente dice relación con el derecho a la propia imagen y a la honra, que habrían sido vulneradas al tenor de las publicaciones efectuadas por medio de la red social Facebook. Se advierte que estas han tenido por objeto expresar molestia y dar a conocer opiniones o calificativos respecto de la clínica recurrente y el desempeño profesional de sus integrantes, insinuando supuestas malas praxis por parte de la clínica instando a las personas -a las que dichas publicaciones llegan- a dejar de utilizar los servicios clínicos de la Veterinaria nombre reservado, lo que al realizarse por medio de una red social masiva y sin la posibilidad de rebatirlas por parte de los afectados, no puede sino tener por objeto afectar la honra y la imagen del destinatario, más allá de las vías que el derecho entrega para la determinación judicial de una conducta lesiva de carácter penal.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, la fácil y masiva accesibilidad, la alta difusión y la imposibilidad para verificar la veracidad de los antecedentes publicados a través de este tipo de plataformas, impiden a los afectados poder manifestar su propia opinión o rebatir las imputaciones expresadas en su contra, presupuestos fácticos que conducen a establecer en la especie la intención de vulneración a la honra e imagen perseguida por quien ha publicado y difundido tales expresiones.

SÉPTIMO: Que, en este sentido ha resuelto la Excma.

Corte Suprema sobre la misma materia al estimar: “Que, en lo que dice relación con las expresiones que la recurrente estima afectan su honra, todo ello para brindarle amparo en el respeto a la garantía constitucional consagrada en el n° 4 del artículo 19 de la Carta Fundamental, esta Corte es de parecer que las expresiones vertidas por el recurrido en relación a la actora resultan desdorosas, pudiendo afectar la consideración que terceras personas puedan tener o formarse de ella, por lo que resultan lesivas del derecho invocado y, en consecuencia, se acogerá la acción cautelar por este acápite”.

OCTAVO: En cuanto al hecho de ser la recurrente una persona jurídica, Nuestra Excelentísima Corte Suprema ha manifestado en diversos fallos “Que, en definitiva, si bien el honor o la honra es un valor referible a personas individualmente consideradas, el derecho a la propia estimación o el buen nombre o reputación en que consiste no es patrimonio exclusivo de aquéllas, de modo que este atributo, en su significado amplio, es predicable también de las personas jurídicas que, para el cumplimiento de sus fines específicos, dentro de la autonomía que la Carta dispensa a los grupos intermedios, necesitan de su buen nombre y prestigio, que no podrían quedar debidamente cautelados si se las marginara de la titularidad de dicha garantía.”. “… para cualquier empresa es relevante contar con un nombre y con una reputación que sea señal de confianza y seguridad para su clientela y esa es precisamente la razón por la cual las personas jurídicas tienen prestigio o reputación, que es una variante de la honra objetiva, como tal, objeto de protección constitucional”.

NOVENO: Que, asimismo, tratándose del cada vez más común tema de las publicaciones injuriosas a través de redes sociales, se ha dicho por los tribunales superiores de justicia que se produce una colisión entre el derecho a la honra del que recurre y la libertad de expresión del recurrido, concluyéndose que la libertad de expresión no tiene un carácter absoluto y que nunca este derecho puede amparar la injuria o el insulto.

DÉCIMO: Que lo recién expuesto, no impide que quien se sienta afectado por lo que suponga hechos agraviantes que le hayan perjudicado, inicie las acciones jurisdiccionales que estime de rigor, pero no cabe otorgar a nadie el derecho de juzgar y condenar por sí, mediante una imputación imposible de refutar, y además de amplia difusión, hechos reprochados y reprochables a nivel social, porque eso implica no solo un acto de autotutela sino, precisamente porque no permite ninguna defensa.

UNDÉCIMO: Que, de este modo, en estos autos se encuentra acreditado que la parte recurrida, utilizando las redes sociales, efectuó una publicación en un perfil de acceso público, utilizando una serie de calificativos negativos en contra de la recurrente, las que importan la perturbación a su derecho a la imagen y a la honra, consagrados en el número 4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, prerrogativa que está incluida dentro de la enumeración que realiza el artículo de 20 del estatuto fundamental.

DECIMO SEGUNDO: Que, en consecuencia, acreditadas en los términos expuestos, las condiciones de procedencia de la acción cautelar deducida en autos, en lo que dice relación con el derecho a la imagen y a la honra de la recurrente, y considerando que si bien la parte recurrida ha esgrimido ciertos antecedentes para explicar su actuar, ellos no resultan suficientes para justificarlo, más bien dan cuenta que lo que se ha pretendido es hacer justicia por propia mano, lo que configura la arbitrariedad alegada.

Conforme a lo anterior, corresponde acoger la acción cautelar intentada, disponiéndose las medidas idóneas para restablecer el imperio del derecho y brindar la protección debida a los afectados, sin perjuicio de las restantes acciones que les puedan asistir.

Por estas consideraciones y visto, además lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, se ACOGE el recurso de protección interpuesto por doña María Belén Paiva Espinoza, abogada, a favor de la sociedad nombre reservado, RUT N°NUM000, debidamente representada por sus administradores don nombre reservado y doña nombre reservado, en contra de don nombre reservado, y se ordena retirar de las redes sociales, las expresiones vertidas en contra de la recurrente, debiendo abstenerse en lo sucesivo de incurrir en conductas similares a aquellas que han dado origen a estos autos.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redacción de la Abogada integrante Sintia Orellana Yévenes.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL Nº132-2026 PROTECCIÓN.