Protección contra HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES

Punta Arenas, diez de febrero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Que comparece Marcos Ibacache Fernández, abogado, y deduce recurso de protección en representación de nombre reservado, matrona, en contra del HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES, representado legalmente por su Director Ricardo Contreras Faúndez, señalando como actos ilegales y arbitrarios la Resolución Exenta NUM000 del Director del Hospital, que rechazó el recurso de reposición deducido sobre la Resolución Exenta NUM001 de 05 de septiembre de 2025, la que, a su vez, le impuso la sanción de suspensión del empleo por 30 días y una anotación de demérito de seis puntos en el factor de calificación, alegando vulneración a las garantías establecidas en el artículo 19 N°2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que su representada es matrona titulada con distinción máxima por la Universidad Austral de Chile, ingresó a trabajar en septiembre de 2022 al Hospital Clínico de Magallanes, siendo evaluada con calificaciones en Lista 1 con distinción y cuatro anotaciones de mérito.

Indica que el día 29 de marzo de 2025 concurrió a turno nocturno, recibiendo a una paciente con embarazo de 40 semanas y diagnóstico de oligohidramnios. Refiere que durante el transcurso de la noche efectuó controles clínicos periódicos, evaluaciones vaginales y monitorización fetal dentro de rangos normales, y que alrededor de las 03:00 horas del 30 de marzo, ante la disminución de la intensidad de las contracciones, decidió iniciar conducción oxitócica conforme a indicación médica previa. Sostiene que posteriormente, durante el período expulsivo, se evidenciaron desaceleraciones fetales asociadas al pujo, dolor abdominal materno distinto al habitual y bradicardia fetal mantenida, resolviéndose cesárea de urgencia. Expone que el recién nacido nació hipotónico y cianótico, realizándose maniobras de reanimación por aproximadamente 25 minutos sin éxito, constatándose su fallecimiento. Luego, la paciente nombre reservado presentó un reclamo.

Afirma que mediante Resolución Exenta NUM002 del 2 de abril de 2025 se instruyó una investigación sumaria administrativa, con el objeto de investigar el evento centinela designándose como investigador al Dr. nombre reservado.

Sostiene que el mencionado investigador, formuló cargos por los hechos: “Se investigan las posibles responsabilidades administrativas que terminaron con resultado de muerte de la que estaba por nacer”. La matrona inició oxitocina para conducir el parto (está facultada ante la conducción de un parto normal, teniendo una cicatriz de cesárea previa probada), en este caso el uso de este fármaco debió ser informado a la médico de turno pues es el profesional médico quien debe resolver las complicaciones que se presenten. Este fármaco aumenta el riesgo de rotura uterina, es sabido y por ello la monitorización es lo recomendado y deseable. Es imposible concluir si el uso de este fármaco influyó en el lamentable resultado final.”

Agrega que el 15 de mayo se concluye en la vista fiscal: “La matrona inició oxitocina para conducir el parto (está facultada ante la conducción de un parto normal, teniendo una cicatriz de cesárea previa probada), en este caso el uso de este fármaco debió ser informado a la médico de turno pues es el profesional médico quien debe resolver las complicaciones que se presenten.

Este fármaco aumenta el riesgo de rotura uterina, es sabido y por ello la monitorización es lo recomendado y deseable. Es imposible concluir si el uso de este fármaco influyó en el lamentable resultado final pero es sabido que aumenta el riesgo de rotura uterina. La monitorización debiese ser de regla pues la bradicardia tal vez podría haberse detectado antes. El fármaco se administró según registro y declaración de la matrona de turno con plan de conducción del trabajo de parto y está facultada para hacerlo y que finalmente se propuso por el Fiscal la sanción de censura.

Agrega que, sin embargo, el 5 de septiembre de 2025, se dicta la Resolución NUM001 por el Director (S) del Hospital, quien desestima la sanción propuesta por el Fiscal Instructor y en su lugar, aplicó la medida disciplinaria de suspensión del empleo por 30 días con goce del 50% de la remuneración y una anotación de demérito de seis puntos., prevista en el artículo 121 letra c), en relación al artículo 124 del DFL N°29 de 2004.

Posteriormente el 10 de diciembre de 2025, señala que fue notificada de la Resolución Exenta NUM000 de 25 de noviembre de 2025, que rechazó el recurso de reposición deducido.

Indica que ambas resoluciones son ilegales, en cuanto la sanción se impuso por hechos que no devienen de aquellos que motivaron el procedimiento disciplinario, esto es, que la conducta de la sumariada haya sido causa de la muerte investigada, contraviniendo el artículo 40 de la Ley N°18.834, en cuanto dispone que “ningún funcionario podrá ser sancionado por hechos que no han sido materia de cargos”.

Agrega que lo anterior deriva en un vicio de congruencia que impide ejercer una defensa adecuada.

Luego alega falta de motivación de la resolución que impone la sanción y de aquella que rechaza el recurso de reposición deducido. Refiere que la Resolución Exenta NUM000, presenta una fundamentación meramente aparente, indicando que no existe explicación alguna que permita sostener que la recurrente merezca la aplicación de una sanción de tal magnitud, la autoridad administrativa se limitó a remitirse a la opinión de la Unidad de Asesoría Jurídica integrada por personas que no son técnicos en el ámbito clínico.

Refiere infracción a las garantía establecidas en el artículo 19 N°2, N°3 y 24 de la Constitución Política de la República, indicando un trato desigual e injustificado, al ser sancionada a través de resoluciones que no justifican la gravedad de la medida impuesta, afectando el derecho de propiedad de la recurrente sobre el cargo público y las remuneraciones.

Por lo expuesto pide que se dejen sin efecto las Resoluciones Exentas NUM000 y NUM001 y las sanciones que contemplan, se elimine cualquier nota de demérito, se le restituya la remuneración no pagada producto de la sanción y cualquier otro registro sancionatorio, con costas.

Que a folio 5, informa el recurso Paula Ester Avello Reyman, abogada, en representación del Hospital Clínico de Magallanes, pidiendo que se rechace el recurso.

Señala que la Dirección del Hospital tomó conocimiento de un Evento Centinela Priorizado, consistente en muerte fetal, disponiéndose una investigación sumaria elevada a sumario administrativo por Resolución Exenta NUM003 de 11 de abril de 2025 y se designó como Investigador y posteriormente como Fiscal a D. nombre reservado, Médico Pediatra.

Explica diversos piezas del sumario administrativo e indica que en la Vista Fiscal, se propone la adopción de la medida disciplinaria de censura.

Luego, el Director del Hospital solicitó a la Unidad Jurídica del Establecimiento informar el presente procedimiento disciplinario, de acuerdo a dispuesto en el artículo 37 de la Ley Nº19.880 y que la Unidad Jurídica señaló que el presente sumario administrativo se encontraba ajustado a derecho, siendo procedente la aplicación de una medida disciplinaria a D. nombre reservado, por cuando los hechos imputados se encontrarían debidamente acreditados. Sin embargo, en cuanto a la ponderación de la gravedad de la infracción, considerando que, los hechos generaron un riesgo que podría hacerse controlado de mejor manera, de haberse informado al médico de turno la evolución de la paciente y mantenerse un monitoreo continuo de esta, debido a que, el uso de oxitocina aumenta el riesgo de rotura uterina en pacientes con antecedente de cicatriz de cesárea previa, y que en este caso, lamentablemente, el proceso de atención concluyó con resultado de muerte neonatal, recomienda evaluar la propuesta de censura realizada por el Sr. Fiscal. En dicho sentido, indicó que “cabe recordar que, de acuerdo al criterio contenido en los dictámenes Nos 13.338, de 2000 y 64.819, de 2009, 61816 de 2012, entre otros, de la Contraloría General de la República, la potestad sancionatoria está radicada en la autoridad administrativa y no en el investigador, quien en su vista o informe efectúa sólo una proposición, la que no es vinculante para la autoridad, pudiendo ésta imponer una medida disciplinaria distinta.”

Sostiene que a través de la Resolución Exenta NUM001 de 5 de septiembre de 2021, rolante a fojas 103 del expediente, la Dirección del Hospital aplica a doña nombre reservado, la medida disciplinaria de suspensión del empleo por 30 días, prevista en el art. 121 letra c), en relación con el artículo 124 de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, consistente en la privación temporal del empleo con goce de un 50% de la remuneración, y una anotación de demérito de 6 seis puntos en el factor de calificación correspondiente.

Agrega que se dedujo recurso de reposición siendo rechazado. Indica que el artículo 135 de la Ley N°18.834 otorga amplias facultades al fiscal para realizar la investigación lo que implica que puede extender sus averiguaciones a todas las irregularidades de las cuales tome conocimiento, aunque no se hayan precisado en la resolución que instruyó el procedimiento, conforme a los dictámenes N°39.469 de 2004, 38.641 de 2011 y 55.001 de 2013 de la Contraloría General de la República.

Afirma que la sanción aplicada es exclusivamente por los hechos reprochados en la formulación de cargos, esto es, no informar el inicio de oxitocina al médico de turno y no mantener monitorización continua, constituyendo omisiones que impidieron gestionar adecuadamente el riesgo de una complicación obstétrica. Sostiene que la potestad sancionatoria está radicada en la autoridad administrativa y no en el fiscal, conforme a los dictámenes N°651 y 19.947 de 2010 de la Contraloría General de la República, y que la proposición del fiscal no es vinculante.

Agrega que en ese caso no se da la hipótesis del artículo 40 del Estatuto administrativo, en cuanto establece que ningún funcionario podrá ser sancionado por hechos distintos a aquellos por los cuales se le formularon los cargos, lo que claramente no acontece en este caso, toda vez que la sanción aplicada a la recurrente es exclusivamente por los hechos reprochados en la formulación de cargos de fojas 85 del expediente Luego y en cuanto a la alegación de la motivación del acto, sería aparente, señala que la potestad sancionatoria no se encuentra radicada en el investigador o fiscal, quien se limita a realizar una propuesta, sino en la autoridad del organismo público respectivo y que conformidad a lo dispuesto en los artículos 137 y 140 de la Ley N°18.834, la potestad sancionatoria en materia administrativa la posee la autoridad del servicio, quien en la oportunidad en que los antecedentes del proceso sean elevados para su conocimiento, tiene la facultad de aceptar o rechazar la puesta del fiscal.

Agrega que de la mera lectura de los antecedentes del expediente puede apreciarse que los hechos por los cuales se sanciona a la recurrente, no son meras faltas administrativas intrascendentes y que la medida disciplinaria aplicada resulta totalmente proporcional a la falta y su gravedad, no siendo la más alta contemplada en el estatuto administrativo, toda vez que la investigación permitió confirmar que se trató de una emergencia obstétrica imprevista, y que si bien el uso de oxitocina aumenta el riesgo de riesgo de rotura uterina en pacientes con antecedentes de cesárea previa, en la etapa de conducción del parto no está contraindicada.

Sin embargo, si se estableció que, salvo indicación médica o condiciones logísticas lo impidan, debe mantenerse monitorización continua intraparto para detectar precozmente esta complicación y controlar los riegos de mortalidad y secuelas materno y fetales. Asimismo, se estableció que en caso de suspenderse la monitorización debe mantenerse informado al médico de turno, conductas que no se siguieron en el presente caso, generándose una situación de connotación social, sentimientos de agresión por parte de la paciente, y falta de trabajo en equipo.

Incumpliéndose en forma manifiesta la obligación de todo funcionario público de “orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objeticos de la institución y a la mejor prestación de los servicios que a esta correspondan.” (art.61 letra b), lo que llevó a aplicar, en consecuencia, la medida disciplinaria de Suspensión del Empleo por 30 días con goce del 50% de la remuneración.

Sanción que, fue aplicada en su grado menor, toda vez que esta sanción admite graduación, desde una suspensión del empleo por 30 días a 3 meses, en consideración a los antecedentes laborales de la funcionaria.

Indica que la acción de protección no es la vía para la revisión de la medida impuesta, por cuanto dicha resolución fue dictada en el marco de una investigación sumaria, elevada a sumario administrativo, tramitada latamente de acuerdo con la normativa vigente. La investigación y formulación de cargos fue realizada por el funcionario legalmente designado para ello; las sanciones fueron aplicadas por el organismo correspondiente y además se cumplió con el imperativo de asegurar el derecho al recurso por parte del actor ante los distintos órdenes jerárquicos de la repartición pública.

Luego, afirma que no se configuran las vulneraciones constitucionales alegadas y que la actora no ha proporcionado antecedentes suficientes que permitan demostrar que las garantías constitucionales por ella invocadas se encuentren de algún modo privadas, perturbadas o amenazadas por la conducta de su representada.

Por todo lo expuesto, solicita el rechazo del recurso.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido. Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

TERCERO: Que a través del presente recurso se reclama respecto de la Resolución Exenta NUM000 del Director del Hospital Clínico Magallanes, que rechazó el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución Exenta NUM001 de 05 de septiembre de 2025, que aplicó a la recurrente la medida disciplinaria de suspensión del empleo por 30 días con goce del 50% de la remuneración y una anotación de demérito de seis puntos, por estimar que dichos actos vulneran las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, debido proceso y derecho de propiedad, consagradas en los numerales 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Solicita se dejen sin efecto las resoluciones impugnadas, se elimine toda nota de demérito, se restituya la remuneración no pagada y se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

CUARTO: Que la recurrida solicitó el rechazo del recurso, conforme a los antecedentes reseñados en la parte expositiva.

QUINTO: Que, respecto de la alegación deducida por la recurrente relativa a que se impuso una sanción por cargos que no devienen de los hechos que motivaron el procedimiento disciplinario, se debe tener presente que el artículo 135 de la Ley N°18.834, establece que el fiscal instructor cuenta con amplias facultades para realizar la investigación y los funcionarios estarán obligados a prestar la colaboración que se les solicite. En dicho sentido, consta de los antecedentes acompañados por la recurrida, que la Resolución NUM002 de 2 de abril de 2025 del Director del Hospital de Magallanes ordenó instruir una investigación sumaria con el objeto de investigar el evento centinela del 30 de marzo de 2024, siendo las 04:52 Hora en el CR Mujer, Pabellón Hospital Clínico de Magallanes, corroboración que lleva a descartar tal afirmación, pues la sanción administrativa deriva precisamente de los hechos que motivaron el respectivo sumario.

SEXTO: Que en el mismo sentido se descartará la alegación de falta de fundamentación de la Resolución NUM000 de 25 de noviembre de 2025 que rechazó el respectivo recurso de reposición deducido en contra de la Resolución NUM001 del 5 de septiembre pasado, por cuanto no se pronuncia en orden al porqué se desestima la sanción de censura y se agrava la sanción. En tal sentido se debe tener presente que conforme al artículo 140 de la Ley N°18.834, la potestad sancionatoria en materia administrativa se encuentra radicada en la autoridad del servicio, quien dicta la resolución que absuelve al inculpado o aplica la sanción disciplinaria respectiva, emitiéndose en la formación de cargos sólo una propuesta por el fiscal. Además de ambas resoluciones impugnadas se observan los fundamentos de la aplicación de la medida disciplinaria y respecto a aumentar la gravedad de la sanción, la Resolución Exenta NUM001 hace suyos los argumentos expuestos por la Unidad de Asesoría Jurídica en orden a ponderar la gravedad de la infracción, lo que es compartido por la tal Dirección.

SÉPTIMO: Finalmente en cuanto a la proporcionalidad y razonabilidad de la sanción, se debe tener presente lo resuelto por la Excma. Corte Suprema el 16 de diciembre de 2025, dictada en causa Rol N°52.153-2025, en cuanto señala en el considerando Octavo: “Que, a mayor abundamiento, esta Corte Suprema reiteradamente ha resuelto que el control que se ejerce por la presente vía impugnatoria no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito de las actuaciones desplegadas dentro de un sumario administrativo, como en la especie, la proporcionalidad de la sanción aplicada al recurrente. Por ello, resulta erróneo intentar plantear que en esta instancia jurisdiccional se revise la prueba aportada en el sumario y la ponderación de la decisión propuesta a la que arribó el funcionario a cargo de la investigación en la vista y, finalmente, por la autoridad disciplinaria al aplicar la medida sancionatoria.

Lo anteriormente indicado no es óbice para que el control judicial de las facultades disciplinarias de los órganos de la administración abarque la revisión de la legalidad y razonabilidad de la actuación, pero ello no puede importar, como se postula en la especie, que por esta vía cautelar se supervisen cuestiones de mérito involucradas en el ejercicio de dichas facultades” (causas Rol N°18.823-2019, N°97.284-2020, N°150.201-2020, N°135.620-2022 y N°137.862- 2022, entre otras).

OCTAVO: Que, en consecuencia, del mérito de lo expuesto en los motivos precedentes no se avizora una actuación ilegal o arbitraria ejecutada por la recurrida que tenga la aptitud de privar, perturbar o amenazar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales resguardados mediante este recurso de naturaleza cautelar, lo que lleva a rechazar el recurso según se dirá a continuación.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en representación de nombre reservado, en contra del HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redactada por la Ministra Sra. Caroline Turner González.

ROL N°13-2026 PROTECCIÓN.