nombre reservado con CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL BEAGLE

Punta Arenas, once de noviembre de dos mil veinte.

Vistos:

Con fecha 24 de julio del presente, comparece ante esta Corte de Apelaciones don Robinson Andrés Quelin Álvarez, abogado, en representación de don nombre reservado, (recurrente 1) cédula de identidad N°RUT reservado, chileno, técnico en turismo, domiciliado en domicilio reservado, de nombre reservado, Doña nombre reservado, (recurrente 2) cédula de identidad RUT reservado, chilena, educadora de párvulos, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado, y Doña: nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, (recurrente 3) chilena, soltera, secretaria bilingüe, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado, en contra de nombre reservado, (recurrido 1) cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado; Comunidad Indígena Yaghan Bahía Mejillones, rol único tributario N°72.766.800-4, (recurrido 2) representada legalmente por don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado domiciliados en domicilio reservado, nombre reservado; Club Deportivo, Social Y nombre reservado, rol único tributario N°73.185.600-1, (recurrido 3) domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, don nombre reservado, (recurrido 4) cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado; don nombre reservado, (recurrido 5) cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado; doña nombre reservado, (recurrido 6) cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado; doña nombre reservado, (recurrida 7) cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, nombre reservado; don Francis Delgado Ibaceta, (recurrido 8) cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado; Comité Cultural, nombre reservado, (recurrido 9) rol único tributario N°65.032.936-8 domiciliado en domicilio reservado (domicilio reservado) rol único tributario N°65.170.075-2, domiciliado domicilio reservado, nombre reservado, alegando vulneración de las garantías contempladas en los N°1 y N°4 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que los recurrentes ya individualizados residen en nombre reservado, y que han sido objeto de una serie de hostigamientos, acusaciones y difamaciones, desde hace un tiempo y de manera continua, tanto por parte de los recurridos como de personas que no han podido identificar o individualizar. Precisa que iniciaron con las publicaciones realizadas entre el 23 y 25 de junio de 2020, en distintos medios de comunicación.

Señala que los actos arbitrarios e ilegales se han realizado en redes sociales, prensa regional, cartas y mediante el locutor radial y periodista nombre reservado, a través de Radio Polar y redes sociales de Facebook Live, denostándolos verbalmente con actos de divulgación falsa, son situaciones arbitrarias e ilegales, que han dañado gravemente el honor de las recurrentes, su imagen y les han ocasionado un menoscabo en su más intima relación social, comunitaria, laboral, familiar y emocional.

Asimismo, se han enterado por terceros, de comentarios desafortunados y deshonrosos que están dirigidos por redes sociales en contra de sus representados.

Se les han imputado hechos que no son verdaderos, que ha significado una merma a su honra y menoscabo en su integridad sicológica y de su familia, ya que se le imputaron una serie de delitos de manera infundada y carente de antecedentes o indicios.

Transcribe declaraciones de nombre reservado en que indica que familiares de la señora nombre reservado habrían sido contratados en el municipio, de manera irregular y fuera de los procedimientos que establece la ley para ello, agregando que, “es una vergüenza de lo que sucede por parte de los funcionarios de la municipalidad, considerando, que todo es gravísimo”, sin tener fundamento alguno.

Estas situaciones han alterado su vida cotidiana, repercutiendo en sus relaciones sociales, comunidad social y afectando directamente su imagen en el ámbito laboral, toda vez que los recurrentes prestan servicios como funcionarios municipales en aquella localidad.

Señala que a sus representados los han acusado “de encubrir el robo de 20 cajas de víveres familiares desde el municipio con respecto a la ayuda humanitaria que se realiza por la emergencia sanitaria de salud PANDEMIA COVID – 19”, lo anterior consta en un documento denominado “Declaración Pública”, firmado por representantes de organizaciones comunitarias, concejales, consejero y otros, en reiteradas veces las hacen de público conocimiento estas acusaciones, que llegan hasta el punto de acusar a la municipalidad que existe, además de ilegalidades, irregularidades y nepotismo.

Acompañan a la presentación documentos que acreditan el actuar ilegal y arbitrario que han sostenido en el tiempo, identificando esta situación como un solo acto ilegal y arbitrario.

La ilegalidad esta dada porque el actuar no se condice con la norma jurídica que prescribe lo debido, tratándose de una conducta contraria al ordenamiento jurídico, se han visto involucrados en imputaciones de hechos constitutivos de delito, y que han derivado en presentaciones formales ante las respectivas instituciones con competencia para conocer de aquellas materias. Dañando su imagen y honra y, en consecuencia, generando un deterioro que se ha ido incrementando con el pasar del tiempo, ya que las recurridas no han cesado o desmentido sus acusaciones.

La arbitrariedad se aprecia en el actuar conjunto, de forma caprichosa, de los actos ya descritos y contrarios a derecho, ya que los delitos, y actos que se imputan a sus representados, carecen de fundamento plausible, siendo el móvil de su actuar totalmente infundado, no existiendo proporcionalidad entre los medios que emplean. Esta conducta sólo puede atribuirse al mero capricho de las personas contra las que hoy se recurren.

Alegan vulneración al derecho a la vida y la integridad física y psíquica de la persona ya que el acto denunciado repercute en la salud psíquica toda vez que no son merecedores de las continuas situaciones que han tenido que soportar, debido a que no ser responsable de los hechos que se les imputan.

Y luego plantea vulneración al respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y vulneración de lo establecido en el artículo N°1 incisos 1, 2 y 5 y el inciso 2° del artículo 5 de la Carta Fundamental.

Luego de transcribir extractos de fallos de tribunales de alzada, solicita:

1. Que declare ilegal y arbitrario el acto de los recurridos, derivado de los constantes y repetidos hostigamientos efectuados por los recurridos a sus favorecidos, además esta situación ha sido repetida en el tiempo, hasta la fecha de ingreso de esta acción constitucional, tornándose insostenible en la actualidad para sus favorecidos, especialmente y, a partir de la declaración pública realizada por los recurridos a propósito del robo de 20 cajas de alimentos, como ayuda en contexto de crisis sanitaria y social, copia de declaración pública que se acompaña a este libelo.

2. Que se ordene la adopción de todas las medidas necesarias conducentes a la protección y efectiva tutela de las garantías constitucionales lesionadas o amenazadas en su ejercicio por el acto ilegal y arbitrario reclamado en autos, conducentes a restablecer el imperio del derecho en la situación fáctica alegada. Entre estas medidas, se incluyen las siguientes:

· Disponer que, en general los recurridos se inhiban de ejecutar cualquiera de las conductas descritas anteriormente, por su carácter de arbitrarias e ilegales.

· Los recurridos se abstengan de realizar tanto denuncias informales como de imputar responsabilidades contra los mismos, en razón de que aquéllas no son reales, y además, se ordene que se prohíba la repetición de las conductas descritas.

· No realizar en el futuro, publicaciones en sitios web como blogs, redes sociales, entre otros, que importen descalificaciones hacia las personas antes indicadas.

· Que se ordene retirar toda publicación que diga relación directa o indirecta de los hechos denunciados como arbitrarios e ilegales, además, disponer que cualquiera de las publicaciones realizadas en redes sociales a través de sus propias cuentas o de terceros, y en los que hayan tenido participación sean inmediatamente retiradas.

· Que las recurridas emitan una declaración pública que señale de manera expresa que los hechos denunciados en la “Declaración Pública” que desencadena una serie de actos y hechos ilegales, no tiene fundamento alguno, y que los mencionados no tienen responsabilidad alguna, y que existen las instituciones estatales quienes deben determinar la existencia de algún ilícito o acto contrario al ordenamiento jurídico.

· Decrete cualquier otra medida que en concepto de US. Ilustrísima sean de mérito, para proteger y reestablecer el imperio del derecho.

3. Que se condene a los recurridos de manera expresa, al pago de las costas de esta causa.

Con fecha 25 de agosto del presente Karina Ulloa Perez, abogada, en representación de 8 de los 10 recurridos, a saber Comunidad Indígena Yaghan Bahía Mejillones, Club Deportivo, Social y nombre reservado, nombre reservado, Core, nombre reservado, Concejala, Angela Barria, Concejala, Francis Delgado, Concejala, Comité Cultural de Puerto Williams y Cámara de Turismo de nombre reservado, informa que los hechos acaecidos los días 23 y 24 de junio del presente se refieren a la publicación de una declaración, firmada por los recurridos, debido a la sustracción al menos de 20 cajas de cajas de víveres, de aquellas que como ayuda social se implementó en período de pandemia.

El referido ilícito esta siendo investigado por el Ministerio Público, y hay una persona formalizada por el delito de hurto, hace presente que no es uno de los recurrentes, situación que habría generado el descontento y preocupación evidente de diversas personas, agrupaciones y personeros políticos que conforman y/o viven en la localidad de nombre reservado.

Atendido el carácter público de lo que en ese contexto ocurría, estas personas, agrupaciones y personeros políticos deciden manifestar públicamente su descontento y parecer, respecto a la gestión pública que se ha venido desarrollando en esa I. Municipalidad.

Así surge la referida Declaración Pública, y que es necesario leer en su totalidad para entender su real sentido:

- Los allí declarantes parten manifestando su repudio a lo sucedido (al hurto de cajas de víveres en contexto de pandemia por parte de un funcionario público).

- Luego, intentan dar respuesta a cómo es que algo así podría haber sucedido, señalando directamente que es de su parecer que ello es por el tipo de gestión pública que se desarrolla en esa Municipalidad, entidad pública que refieren como “institución completamente corrompida”.

- En 3 de los 4 puntos que a continuación se puede leer en la Declaración, se crítica abiertamente la Gestión Municipal, citando ejemplos: en el punto 1, se refieren al imputado del delito de hurto, en el 3 a situaciones irregulares de sobresueldos, y en el 4 se da a conocer la situación de causa laboral asociada también a la I. Municipalidad de dicha comuna.

- Sólo en el punto 2, se expone una situación que igualmente se critica a dicha entidad pública, cual sería una situación de hecho que consistiría en lo que denominan “círculo de confianza” del Alcalde, explicando vinculaciones entre diversas personas, entre las cuales se nombran a los recurrentes y sus cargos (cosa que es, en todo caso, de conocimiento público). Del tenor de dicha Declaración, se plantea como una situación irregular, en tanto implicarían algún tipo de vicio en la administración pública, que en términos no jurídicos se llama “nepotismo”. Es decir, manifestando, como se dijo, una crítica o parecer.

Plantea los motivos facticos por los cuales debe ser rechazado este recurso de protección:

1. Es falso que se esté ejecutando por sus representados, una conducta de “hostigamiento”, de manera permanente y continua contra las personas de los recurrentes, ya que fue 1 acto formal de declaración pública conjunta, y ese solo acto, fue claramente difundido en diversos medios de comunicación, algunos de manera parcializada (cercenando la declaración) o completa, como en la publicación que adjunto. Pero de esa edición esta parte no se puede hacer cargo, porque no es de su control ese tipo de conductas de los medios de comunicación.

2. Tampoco es efectivo que se sindique a los recurrentes, en la Declaración Pública, como participes en el delito de hurto, ni otro delito de manera directa. Solo se les menciona en relación con el “nepotismo”, en este punto, a si los dichos son verdad o no, esta no es la sede judicial donde ello debe ser debatido.

3. No se observa como esta Declaración Pública puede afectar la vida privada y honor de los recurrentes de manera directa y de la forma que en su libelo se refiere. Ya que a través de ella se expresa preocupación por la comunidad.

4. Es relevante que se indica que lo que se ha transgredido es la reputación o buena fama de los recurrentes, refiriendo esa faceta del honor de carácter objetivo que es la percepción de terceros de uno o una misma, como persona, individual y en su ámbito privado. Esto es relevante, por lo que a continuación se referirá respecto a las garantías constitucionales en colisión en este caso.

Y luego plantea los motivos jurídicos por los cuales debe rechazarse la acción:

1. Desde la forma, los actores no señalan de manera clara en su presentación en qué consiste el o los actos que los vulnera, para entender lo que se denuncia, clarifica este escrito es que hubo 1 Declaración Pública, difusión de esta, y aparentemente comentarios sobre la misma hechas por periodistas o terceros, en tanto el contenido netamente público de la misma. No refiere cómo lo vulnera, utilizando las formas verbales de amenazar y lesionar de manera indistinta, sin que de ello se haya acompañado antecedentes suficientes que permitan dar por probada una afectación de tipo sicológica. Lo que es más grave, realiza una serie de peticiones que, en su gran mayoría, son imposibles de imponer en los términos solicitados dado que coartar o prohibir a todo evento publicaciones o expresar de este tipo (referentes a lo político o a lo público) pugna derecha y patentemente con la garantía constitucional del derecho a opinar, informar, a expresarse e incluso a pedir (en números 12, 14 y 26 del art. 19 de nuestra Carta Fundamental), lo que sería una pésima señal desde la judicatura al mundo social y político chileno, que ya se encuentra suficientemente restringido en cuanto ejercicio de derechos y libertades se refiere en el actual contexto.

2. Desde el fondo, la Declaración Pública que se reclama, dicen relación con gestión pública de la I. Municipalidad de nombre reservado, y a lo que a función pública de sus funcionarios se refiere, lo que no debe asimilarse a una “funa”. Releva el rol que en democracia deben cumplir los grupos intermedios y los personeros políticos, tales como los recurridos. Y el deber de denunciar públicamente irregularidades que se estarían verificando en tal comuna.

Indica que ese actuar no fue arbitrario, ya que arbitrario es lo que no tiene razón de ser, lo gratuito, lo que no tiene cabida en la lógica y una denuncia pública colectiva, es expresión conjunta de preocupación por y para una comunidad alejada. La denuncia no es un actuar antojadizo, ni “caprichoso”, como dice el actor, ya que cuando las demás actuaciones de denuncia, fiscalización buscando el Bien Común, no son debidamente acogidas o tramitadas, se busque informarlo a la comunidad Regional que puede no estar en conocimiento de lo que ocurre en nombre reservado.

Plantea que el actuar no fue ilegal, y en ese sentido expresa que la norma penal asociada a este tipo de denuncias públicas o informales, pueden ser constitutivas de delito, injurias o calumnias, dependiendo de lo denunciado. Sin embargo, la norma general en esta materia es que no se discutirá ni recibirá prueba respecto a si lo denunciado públicamente es cierto o no. Y ello porque el asunto es que no deben formularse denuncias de esa manera.

Manifiesta que el derecho a la protección de la Vida Privada y a la Honra de la persona y su familia, establecido en el art. 19 N° 4 de la Constitución, implica una protección a lo que la persona es en su dimensión de persona, individual, particular, incluso sus aspectos personalísimos (derecho a la identidad), a sus cercanos, que son su familia, pero ello, desde el punto de vista de un particular. Un o una o une, persona, que no puede ser vilipendiado, ni denostado, ni criticado por el hecho de ser persona y tiene una dignidad que se le debe respetar. Eso no se cuestiona.

Pero lo que ocurre en este caso, es que los funcionarios públicos tienen una doble faceta en su vida. Su vida privada, su familia, que son “intocables” o “incuestionables” si se quiere, pero también su cara o labor pública: lo que no es incuestionable, es su trabajo, su labor pública, porque en tanto pública, atañe a todos los partícipes de una comunidad.

Por ello, estima peligroso consignar que no se pueda uno referir a lo que, desde lo público, se realiza en una institución y lo que sus partícipes desarrollan. Ello implicaría coartar lo más esencial de la garantía constitucional de la opinión y la petición, de los arts. 19 números 12, 14 y 26. La aplicación progresiva de ideas como esta tienden a la censura y al ejercicio del poder estatal ilimitado de los gobernantes.

En este sentido: es efectivo que la libertad de expresión no es absoluta y la propia norma constitucional refiere que dicho Derecho lo es “sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quorum calificado”.

Argumenta que, si se estima que existió transgresión, la colisión de derechos constitucionales Honor vs Libre Expresión y opinión política, será evidente, y ante ello resulta menester preguntarse si será preferible callar ciertas cosas, por un aparente derecho al honor absoluto y sin crítica, o si se estimará más necesario que se denuncien las irregularidades públicas en las más diversas maneras para evitar mayor perjuicio a lo público.

El problema de la colisión de derechos constitucionales supone que estos además existan y sean indiscutidos, y en autos, ese derecho de los recurrentes a no opinar los demás sobre su labor y función pública no parece tan patente.

Plantea además que en Derecho se estima como máxima que no es dable aprovecharse de propio dolo –o negligencia-, y en este caso, cobra relevancia hacer presente el caso en que una persona denuncia ilegalidades y vulneraciones de Derechos, sin mencionar u omitiendo que ella misma efectuó actos de igual o peores características que las denunciadas.

En este caso, el actor N°1 realiza en junio por red social Facebook, publicaciones también públicas y por escrito en contra de algunos de sus representados y terceras personas, sin que hasta la fecha hayan iniciado acciones legales.

Pide decretar el rechazo de la acción impetrada, con expresa condena en costas.

Con fecha 7 de octubre del presente, informa nombre reservado, concejal de la comuna de nombre reservado, plantea que los recurrentes se están atribuyendo al parecer, la titularidad de la gestión municipal, careciendo de legitimidad activa para accionar. Entre los recurrentes se encuentra la Jefa de DIDECO, y el Director de Tránsito, sobre los cuales ninguna crítica a su función específica se realizó.

Mal pueden personas que desempeñan cargos transitorios pretender atribuirse la representación del municipio, el cual tiene por ley su representación en el Alcalde, persona que no ha recurrido en estos autos.

Desde esta perspectiva, y en atención a que el objeto y fin de la declaración pública es efectuar una crítica política y ciudadana contra la gestión municipal en el contexto de un régimen democrático, y no el ataque a la honra individual de quienes recurren de protección, esta acción cautelar no puede ser acogida.

Plantea que se debe tener presente que las restricciones a derechos fundamentales deben estar fundadas en fuertes razones que siempre tienen el carácter de excepcionales y ante la duda debe primar la libertad de expresión. Tal criterio fue adoptado recientemente por la Excelentísima Corte Suprema, en causa Rol 31.817-2019.

A diferencia de lo que se plantea en el recurso la declaración pública contiene una fuerte crítica a la gestión Municipal, derivada de variados hechos entre los cuales, el último de ellos fue el hurto de cajas que iban en ayuda de toda la comunidad y respecto de la cual incluso hay querellas presentadas por el propio municipio de nombre reservado.

Pretender que la ciudadanía no pueda efectuar comentarios y opiniones críticas implica atentar gravemente contra la libertad de expresión, garantía contenida en el artículo 19 N° 12 de nuestra carta política, así como en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Se transcriben en el informe publicado de carácter relevante y señala que respecto de cada una existe veracidad respecto de la declaración de la Municipalidad respecto del hurto de cajas de alimentos. Indica que, actualmente existen dos causas por el mismo delito, substanciándose ambas ante el Juzgado de Letras de nombre reservado: la causas RIT O-18-2020, caratulada Ministerio Público con ABS, y la causa RIT O-20-2020, Municipalidad de nombre reservado con v.

Han efectuado una fuerte crítica a un hecho jurídico, éticamente cuestionable, como es el hurto de cajas que iban en beneficio de los más necesitados, y ello fue replicado por los diversos medios informativos. Es a raíz de este lamentable hecho que se encuentra en investigación formalizada del Ministerio Público que surgen las fuertes críticas hacia la actual administración representada por su Alcalde.

Luego se refiere pormenorizadamente a todas las declaraciones referentes al nombramiento de la persona a la cual se le imputa el delito de hurto y las relaciones que existen entre los recurrentes y los nombramientos que han tenido en la Municipalidad en los últimos dos periodos alcaldicios, planteando que la fuente de información es entre otras la página web de la Municipalidad.

Alega que existen imprecisiones fácticas del recurso que repercuten en su contenido y finalidad, señal que en la página 6 del recurso, incluso con una supuesta cita textual, que la declaración diría: “acusarlos de encubrir el robo de 20 cajas de víveres familiares desde el municipio con respecto a la ayuda humanitaria que se realiza por la emergencia sanitaria de salud PANDEMIA COVID – 19”. Si se coteja la Declaración pública con la supuesta cita textual, podrá apreciarse que, en ninguna parte de la declaración firmada, aparecen dichos términos textuales, parece ser una interpretación de la parte recurrente que pretende ser colocada como palabras emitidas en la declaración, en circunstancias que no fueron emitidas en dichos términos.

Solicita se sirva rechazar el presente recurso, todo con expresa condena en costas.

Con fecha 21 de octubre del presente, informa nombre reservado solicitando se rechace la acción constitucional incoada.

Señala que, la acción constitucional interpuesta, carece de formalidad, poseen algunos aspectos de forma y de fondo que no se condicen con lo que efectivamente sucedió.

Plantea que el recurrente en varios episodios de su relato coloca frases entre comillas aludiendo a su representado, cómo por ejemplo: “quien hace énfasis en la difusión del comunicado escrito por los recurridos” extraño a lo menos resulta que destaque una frase entre comillas de algo que su representado nunca dijo.

Alegan los recurrentes que don nombre reservado, hizo difusión, divulgación falsa, denostación por medio de su programa radial, buenos días región, no señala cual es la denostación, la falsedad o la imputación, es impreciso, señala que lo realizado por su representado es ilegal y arbitrario, que han dañado gravemente el honor de las recurrentes, tampoco indica como.

Por otro lado, su representado señala que “es complejo y grave lo que ha salido en las últimas horas, por parte de agrupaciones y concejales comunales de la provincia de nombre reservado”. No existe ningún tipo de arbitrariedad ni ilegalidad, en la frase antes transcrita, toda vez, que los hechos que acusaban los otros recurridos se plasmaron en una declaración pública, o sea fue de público conocimiento los hechos que se le imputaron a los recurrentes. También es ambiguo los recurrentes al plantear que se hicieron acusaciones de nepotismo, pero no señala cuales.

Indica que todo se inició por una declaración pública por parte de algunas organizaciones y concejales de la comuna de nombre reservado, en cuanto se descubrió la desaparición de 57 cajas de víveres que estaban destinadas a las familias más vulnerables de la ciudad de nombre reservado, en la cual se señala que las cajas habrían sido robadas por un funcionario municipal, por lo que el Municipio de nombre reservado, se querelló por dicho delito, acusando a un funcionario del robo de 57 canastas destinadas a las familias más vulnerables.

En este caso se desarrolló la situación dentro de los marcos en que su representado realiza su trabajo diariamente. Y al igual que el resto de los medios de comunicación tradicionales de Magallanes que informaron ese día, se dio lectura al comunicado enviado por las entidades en cuestión. Se leyó el escrito, y luego se analizó la situación, tal cual se hace en cada acción similar. Se formularon preguntas al aire, para que sean contestadas por las autoridades de turno.

Reitera que el desarrollo del trabajo periodístico es plural, objetivo y que tiende a que todos tengan los espacios necesarios o requeridos para responder, dar a conocer o emitir opiniones, comentarios o información de sus intereses.

Por cierto, que también siempre se ha tenido la voluntad irrestricta en entregar los espacios correspondientes a quienes sientan que lo necesitan para responder o aclarar situaciones según su punto de vista, o respecto de opiniones o declaraciones de otras personas, instituciones o agrupaciones.

Plantea que el recurrido posee el título de periodista y por tanto se rige por la ley 19.733 llamada ley de prensa. Lo que pretende el recurrente en el caso de su representado es acallar un medio de comunicación, tratando de no respetar lo establecido en los artículos 1, 2, 3 y 19 de la referida ley, en relación con la libertad de opinión sin censura previa.

Su representado es un conocido periodista y comunicador social, que siempre ha propiciado el respeto por las personas que entrevista y asimismo las personas que se aluden en su programa, de hecho es primera vez, que se encuentra en un escenario judicial, en estas condiciones.

Llama enormemente la atención que el recurrente, en varias oportunidades en su libelo, señala que, las imputaciones realizadas por los recurridos son injuriosas y calumniosas, podemos señalar que dichas imputaciones, tienen el carácter de delito y poseen regulación propia en el Código Penal, como delitos de acción penal privada, no es la vía cautelar de la acción de protección, para efectos de solicitar la declaración de un tribunal sobre la veracidad, de las acusaciones realizadas.

Para concluir, indica que su representado se limitó a darle lectura a la noticia de la declaración pública y hacer apreciaciones periodísticas sobre lo ocurrido, en ningún caso realizó, juicios de valor, difamación o divulgación de hechos que son falsos, toda vez que, su función es informar y el intercambio de opiniones dentro de la comunidad que significa contar con una audiencia radial.

Solicita se rechace en todas sus partes, con costas.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO;

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

SEGUNDO: Que los hechos que motivan el recurso, y que los recurrentes califican de arbitrario e ilegal consiste en una declaración pública, contenida en Radiopolar, de 24 de junio de 2020, bajo el título: Organizaciones sociales, vecinos y miembros de la comunidad de nombre reservado repudian sustracción de canastas familiares. Se señala por los suscritos que, repudian los lamentables sucesos ocurridos en su localidad, por el cual un funcionario de la municipalidad ha sido imputado por el robo de más de veinte cajas con canastas familiares de ayuda social y se espera que se condene a los culpables. Las críticas se refieren a que el municipio es una institución “completamente corrompida”, en que se han normalizado prácticas éticamente reprobables y en muchos casos, totalmente ilegales. Mencionan que el imputado, nombre reservado es una persona de confianza del alcalde Patricio Fernández, ha sido su brazo derecho en campañas electorales y ha sido ascendido a la calidad de funcionario de planta en un concurso que califican como “oscuro,” dudan del pago de sus horas extras y su experiencia y habilidades laborales anteriores. Indican que forma parte del “círculo de confianza” del alcalde, que proviene de la anterior administración. Indican que los funcionarios, casi todos de planta, alternan los cargos, para manejar el municipio, alejados de la probidad y cultivando el nepotismo. Dan como ejemplo, que la pareja del alcalde Mirna Álvarez, es hoy la encargada de la OMIL, presidenta del servicio de bienestar de la institución. Es la asistente personal de nombre reservado, jefa del departamento de desarrollo comunitario, tras haber desempeñado el mismo cargo para nombre reservado, como alcaldesa en el periodo anterior. Indica que nombre reservado es hoy además jefa del imputado, que ascendió a Patricio Fernández como administrador municipal (y subrogante de la alcaldesa). nombre reservado además es pareja de nombre reservado, a quien ascendió a jefe del departamento de Tránsito de la Municipalidad. Indica que hay una serie de familiares de la señora nombre reservado contratados en el municipio y liceo municipal. El señor nombre reservado, actual encargado de la Unida de control del municipio, fue ex gobernador de la provincia Antártica, y gestionó desde ahí la candidatura de nombre reservado, antes de ser despedido del cargo por protesta ciudadana. Tras quedar cesante fue contratado por el señor nombre reservado, en un irregular concurso público, impugnado por la comunidad Yaghan, vecinos y concejales. A continuación, refiere el artículo, que estas personas recibirían una especie de sobre sueldo, por horas extras que ellos se programan y autorizan, lo que habría sido ratificado como irregularidad por la Contraloría. A pesar de la pandemia, en marzo y abril, siguieron recibiendo ganancias por dicho concepto y cita links del portal transparencia. Refieren acciones pendientes ante la Corte Suprema, en contra del alcalde por acoso laboral y violación de derechos fundamentales. Luego señalan que están seguros que la responsabilidad en el robo de las cajas no recae únicamente en el funcionario, sino que hay una serie de otras responsabilidades e irregularidades que atañen al municipio como institución. Terminan exigiendo a las autoridades de gobierno que se modifique el mecanismo de distribución de ayuda social en la comuna, evitando la intervención de la Municipalidad de nombre reservado. Finalizan esperando que el concejo municipal, las autoridades locales y regionales se sumen a su alegato, buscando sanciones ejemplares. Firman Comunidad Indígena Yaghan de Bahía Mejillones, Comité cultural de nombre reservado, Club Deportivo Social y nombre reservado, Cámara de Turismo de nombre reservado, Angela Barria nombre reservado, nombre reservado, Francis Delgado Ibaceta nombre reservado, todos concejales de la comuna de nombre reservado y nombre reservado, consejero regional de la comuna de nombre reservado.

Dicha publicación habría sido divulgada por diversos medios, atribuyendo además responsabilidad al recurrido nombre reservado que habría señalado que familiares de la señora nombre reservado habrían sido contratados en el municipio, de manera irregular y fuera de los procedimientos que establece la ley para ello, agregando que, “es una vergüenza de lo que sucede por parte de los funcionarios de la municipalidad, considerando, que todo es gravísimo”, sin tener fundamento alguno, para emitir dicha declaración.

TERCERO: Que con estas declaraciones estima conculcadas las garantías constitucionales como el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de la persona ya que el acto denunciado repercute en la salud psíquica, toda vez que no son merecedores de las continuas situaciones que han tenido que soportar, debido a que no son responsables de los hechos que se les imputan y el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, establecido en el artículo 19 N°1 y Nº4 en armonía con el artículo 1 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que por su parte, doña nombre reservado, por sus representados, reconoce que respecto de la declaración pública aludida, sólo en el punto 2, se expone una situación de hecho que consistiría en lo que denominan “círculo de confianza” del Alcalde, explicando vinculaciones entre diversas personas, entre las cuales se nombran a los recurrentes y sus cargos. Del tenor de dicha Declaración, se plantea como una situación irregular, en tanto implicarían algún tipo de vicio en la administración pública, que en términos no jurídicos se llama “nepotismo”. Refiere que los funcionarios públicos tienen una doble faceta en su vida. Su vida privada, su familia, pero también su labor pública, que en tanto tal, atañe a todos los partícipes de una comunidad. Niega cualquier otro tipo de conducta que constituya hostigamiento hacia los recurrentes.

QUINTO: Por parte del recurrido nombre reservado, concejal de la comuna de nombre reservado, se señala que los recurrentes carecen de legitimidad activa para accionar, puesto que no representan al Municipio, contra quien se realiza la crítica en cuestión, a modo ejemplar plantea que entre los recurrentes se encuentra la Jefa de DIDECO, y el Director de Tránsito, sobre los cuales ninguna crítica a su función específica se realizó. Refiere que el objeto y fin de la declaración pública es efectuar una crítica política y ciudadana contra la gestión municipal en el contexto de un régimen democrático, y no el ataque a la honra individual de quienes recurren de protección. Dichas críticas se derivan de variados hechos entre los cuales, el último de ellos fue el hurto de cajas que iban en ayuda de toda la comunidad y respecto de la cual incluso hay querellas presentadas por el propio municipio de nombre reservado. Estima que el pretender que la ciudadanía no pueda efectuar comentarios y opiniones críticas implica atentar gravemente contra la libertad de expresión, garantía contenida en el artículo 19 N° 12 de nuestra carta política, así como en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

SEXTO: por su parte el recurrido nombre reservado señala que el desarrollo del trabajo periodístico es plural, objetivo y que tiende a que todos tengan los espacios necesarios o requeridos para responder, dar a conocer o emitir opiniones, comentarios o información de sus intereses. Indica que posee el título de periodista y por tanto se rige por la ley 19.733 llamada ley de prensa y que lo que pretende el recurrente en su caso es acallar un medio de comunicación, tratando de no respetar lo establecido en los artículos 1, 2, 3 y 19 de la referida ley, en relación con la libertad de opinión sin censura previa.

SÉPTIMO: Que a fin de determinar si ha existido un acto ilegal o arbitrario por parte de los recurridos, resulta necesario reconocer que estamos frente a una colisión de derechos, por una parte el garantizado en el Nº 4 y Nº1 del artículo 19 de la carta fundamental, que corresponde el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de la persona derivada de la lesión del primero; y por otro, el garantizado en el Nº 12 del mismo artículo, la libertad de emitir opinión y de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio. Por lo tanto, se debe realizar la ponderación de los derechos en conflicto, para determinar si prevalece uno en perjuicio del otro, debiendo en ese caso, existir un motivo o condición que lo justifique.

OCTAVO: lo que se estima arbitrario e ilegal se refiere a la declaración pública, ya reseñada en el considerando segundo que precede. Se alude en ella a relaciones personales y familiares, de varios funcionarios municipales, que importan dudas acerca de la transparencia en los concursos y nombramientos, así como en los ingresos de algunas autoridades, elementos que pueden ser fácilmente verificados en información de carácter público.

No se advierte en parte alguna de dicha declaración, una imputación a los recurridos en la sustracción de las cajas de víveres, sino más bien una crítica a la gestión del municipio y supuestas irregularidades en cuanto a los nombramientos y pagos de horas extra.

NOVENO: Otros dos artículos, son acompañados por los recurrentes, uno de 25 de junio de 2020, titulado: Dirigentes sociales y políticos de Williams acusan malas prácticas al interior del Municipio Local. Publicado en Pingüino Web. Acompañado al recurso, se incluye el comentario del alcalde de nombre reservado, Patricio Fernández; y otro de la Prensa Austral, de 23 de junio de 2020, en que además se comenta que el funcionario nombre reservado fue imputado por la sustracción de cajas con canastas familiares. Se señala que el Concejo regional de Magallanes, solicitó al intendente José Fernández que inicie una exhaustiva investigación, a fin de determinar responsabilidades y velar por el estricto cumplimiento de las instrucciones dadas por Contraloría sobre los controles mínimos asociados a la recepción y entrega de esta ayuda. Estos serían posteriores a la declaración ya citada y contienen información complementaria, pero en caso alguno se señalan comentarios específicos que pudieran afectar a los recurrentes.

DÉCIMO: Que es propio de un estado democrático, la facultad de emitir opiniones y críticas a los agentes y órganos estatales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a la libertad de expresión ha precisado la importancia de este derecho dentro de una sociedad democrática y pluralista en la cual la libertad de expresión se convierte en una condición indispensable para la formación de la opinión pública y, en este sentido, para el ejercicio del control político que promueve la eficacia, transparencia y responsabilidad de las actividades de quienes ejercen funciones públicas. (nombre reservado, contra Costa Rica/ Opinión Consultiva OC-5/85 CIDH.

El artículo 13 del Pacto de San nombre reservado Rica reconoce que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas…”

DÉCIMO PRIMERO: Que la libertad de información, implica que la veracidad de lo expresado pueda ser demostrada, lo que en la especie se permite, toda vez que los datos que entrega la declaración pública son fácilmente contrastables.

A su vez si una información tiene o no relevancia pública será determinada por la trascendencia pública de los hechos en sí, por las personas que lo realizan o la conveniencia de conocimiento por parte de la sociedad. En el caso que la información no tenga relevancia pública, podría determinar la prevalencia del derecho a la honra por sobre la libertad de opinión e información.

En este caso la injerencia en el ámbito del honor ajeno, encuentra su justificación en la causa de interés público, porque el derecho lesionado, aparece como un valor menor frente al derecho de la sociedad a formarse opinión sobre asuntos de interés social, económico, político o de otra índole, por cuanto posibilita la participación consciente y responsable del ciudadano en la vida pública.

La relevancia pública de la información es la única causa de legitimación para afectar el derecho a la privacidad, como bien expresa el profesor Humberto Nogueira Alcalá (revista de Derecho, Vol XVII, diciembre 2004.)

DÉCIMO SEGUNDO: no puede estimarse ilegal la declaración publica aludida, por cuanto se encuentra dentro del ámbito del derecho a libre expresión de las ideas y se realiza con el objeto de informar acerca de una situación que se estima de relevancia pública, relacionada con el hurto de ayuda social, cometido por un funcionario municipal. A la vez, pretende dar cuenta de hechos, de interés de la comunidad, que dicen relación con deficiente gestión del municipio, falta de transparencia en cuanto a los nombramientos de sus funcionarios y el pago de prestaciones que no se encontrarían debidamente justificadas. Tampoco resulta arbitraria, toda vez que no corresponde a expresiones antojadizas o sin fundamento, sino que se derivan de información que se encuentra disponible a los ciudadanos y cuyos links de consulta se informan debidamente.

Por lo anterior la acción cautelar debe ser rechazada.

DÉCIMO TERCERO: Que, respecto de las opiniones vertidas por el recurrido nombre reservado, que califica de “vergonzoso” o “grave” la información contenida en la declaración, cabe tener presente que el artículo 1º de la ley 19.733 sobre libertad de opinión e información y ejercicio del periodismo señala que: “la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, constituyen un derecho fundamental de todas las personas. Su ejercicio incluye no ser perseguido ni discriminado a causa de las propias opiniones, buscar y recibir informaciones, y difundirlas por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan, en conformidad a la ley. Asimismo, comprende el derecho de toda persona natural o jurídica de fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social, sin otras condiciones que las señaladas por la ley. Se reconoce a las personas el derecho a ser informadas sobre los hechos de interés general. De manera que dicha expresión lo ha sido en ejercicio de su derecho y profesión.

Cabe señalar que la propia ley 19.733, establece sanciones, ante los abusos del derecho referido, artículo 16.” Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social, tiene derecho a que su aclaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que se establecen en los artículos siguientes, por el medio de comunicación social en que esa información hubiera sido emitida.” En el caso planteado, cualquiera de los recurrentes podría haber ejercido su derecho a aclaración, lo que en la especie no consta que se haya realizado. Por lo tanto, debe también rechazarse la acción en contra del recurrido nombre reservado, quien tampoco ha incurrido en acciones ilegales o arbitrarias.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el presentado por don Robinson Andrés Quelin Álvarez, abogado, en representación de don nombre reservado, doña nombre reservado y doña nombre reservado, en contra de los recurridos nombre reservado, Comunidad Indígena Yaghan Bahia Mejillones, Club Deportivo, Social Y nombre reservado, don nombre reservado, don nombre reservado, doña nombre reservado, doña nombre reservado, don Francis Delgado Ibaceta, Comité Cultural, nombre reservado, y Cámara De Turismo De nombre reservado, con costas.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14 del Auto acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministra suplente Sra. Oltra Schuler.

ROL N°1260-2020 PROTECCIÓN.