Protección contra Inspector Provincial del Trabajo de Magallanes

Punta Arenas, ocho de abril de dos mil quince.

VISTOS:

A fojas 10 comparece la abogada Patricia Jara Rojas, en representación de la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor, ambas domiciliadas en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra del Inspector Provincial del Trabajo de Magallanes, don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado.

Fundamenta su recurso indicando que según resolución Nº3520/15/006-1-2-3 de 11 de febrero de 2015 la Inspección Provincial del Trabajo, representada por el fiscalizador don nombre reservado impuso a su representada tres multas, la primera por 15 UTM por “no escriturar el contrato de trabajo respecto de la trabajadora nombre reservado, quien ha trabajado para el empleador previamente individualizado desde el 01 de mayo de 2004 como coordinadora del proyecto integración”; la segunda por 60 UTM por “no llevar para los efectos de controlar la asistencia y determinar las horas de trabajo ordinarias o extraordinarias un registro de asistencia, respecto de la trabajadora nombre reservado, quien ha trabajado para el empleador previamente individualizado desde el 01 de mayo de 2004 como coordinadora del proyecto integración”; la tercera por 40 UTM por “no entregar junto con el pago de las remuneraciones un comprobante con indicación del monto pagado, de la forma como se determinó y de las deducciones efectuadas respecto de la trabajadora nombre reservado, quien ha trabajado para el empleador previamente individualizado desde el 01 de mayo de 2004 como coordinadora del proyecto integración”.

Indica que tras el proceso de fiscalización, en tiempo y forma se exhibieron y acompañaron copias de los contratos a honorarios de la Sra. nombre reservado, además de las copias de boletas de honorarios, teniendo la relación entre la recurrente y la Sra. nombre reservado un carácter civil.

Sin embargo, a su juicio la Inspección del Trabajo ha excedido sus facultades por cuanto se ha concluido que el vínculo es de naturaleza laboral y no civil, interpretando una situación de hecho que sólo puede ser determinada por los Tribunales del Trabajo competentes, infringiéndose con este actuar la normativa establecida en el artículo 420 del Código del Trabajo y, más importante, el derecho reconocido en la Constitución Política del Estado en el artículo 19 Nº3, inciso quinto, esto es, el no ser juzgado por comisiones especiales.

Después de argumentar que existe abundante jurisprudencia al efecto, solicita en definitiva dejar sin efecto las resoluciones de multa Nº3520/15/006-1-2-3, restableciéndose de esta manera el imperio del derecho.

A fojas 66 evacua informe doña nombre reservado, por la recurrida, solicitando el rechazo completo del recurso por ser improcedente. Al efecto indica que la fiscalización efectuada tuvo su origen en una denuncia interpuesta por doña nombre reservado con fecha 22 de enero de 2015, al momento de efectuarse la denuncia la trabajadora manifestó tener subordinación a la Jefa del Área de Educación, tener vacaciones, cumplir horario, pero no registrar asistencia, puesto que la asimilan al artículo 22, inciso 2º y desde el año 2004 a la fecha encontrarse emitiendo boletas de honorarios.

Expone que la fiscalización fue realizada, tomándosele declaración a la denunciante en dependencias de la Inspección, además, constituyéndose en las instalaciones de calle nombre reservadoº248, constatando que es donde la trabajadora dispone de su lugar de trabajo instalaciones que son de la recurrida. Consecuentemente, se realizó una visita a terreno en las oficinas centrales de la recurrida, entrevistándose con don nombre reservado, quien es Director de Recursos Humanos y Remuneraciones, constatándose que la trabajadora presenta diversos y continuos contratos a honorarios con la Corporación Municipal de Punta Arenas desde el mes de mayo de 2004, dejándose constancia en dichos contratos que el vínculo es civil.

Señala que sin perjuicio de lo anterior, las características de las labores encomendadas a la trabajadora requieren de una dedicación de tiempo integral y dentro de una jornada laboral, equivalente al resto de funcionarios que se desempeñan para la recurrida, a fin de permitir las coordinaciones, comunicaciones e interrelaciones en el contexto de la organización, que sería imposible desarrollar en un horario diferente al de la misma organización, explicitándose por la trabajadora denunciante cuales eran sus funciones, destacando entre ellas el ser la representante del sostenedor (requerida) ante el Consejo Escolar.

Asimismo, señala que de la documentación analizada, también se constató el otorgamiento de feriado legal en algunos períodos, no escriturándose contrato de trabajo en todos los años de relación laboral, por lo que se concluyó fehacientemente que a la trabajadora se le mantiene en la informalidad laboral, cursándose las multas respectivas.

Finaliza señalando que la acción debe ser rechazada por desconocer la recurrente el mecanismo idóneo para reclamar respecto de una multa impuesta, establecido en los artículos 474, 503, 506 ter y 512 del Código del Trabajo, resultando improcedente recurrir a la acción cautelar de protección para la revisión de esta actuación administrativa, además por cumplirse notoriamente los presupuestos de la relación laboral establecida en las normas del Código mencionado, verificándose en los hechos dicha situación y no existiendo por consiguiente vulneración a las normas contenidas en el artículo 19 de nuestra Constitución ni actuar ilegal o arbitrario de su parte, sino que simplemente el ejercicio de las atribuciones del órgano fiscalizador, ejerciendo el principio de primacía de la realidad que debe considerarse a la luz de la legislación laboral.

A fojas 94 se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

SEGUNDO: Que el hecho que la recurrente estima como arbitrario o ilegal lo hace consistir en que: mediante resolución Nº3520/15/006-1-2-3 de 11 de febrero de 2015 la Inspección del Trabajo, representada por el fiscalizador don nombre reservado impuso a su representada tres multas, la primera por 15 UTM por “no escriturar el contrato de trabajo respecto de la trabajadora nombre reservado, quien ha trabajado para el empleador previamente individualizado desde el 01 de mayo de 2004 como coordinadora del proyecto integración”; la segunda por 60 UTM por “no llevar para los efectos de controlar la asistencia y determinar las horas de trabajo ordinarias o extraordinarias un registro de asistencia, respecto de la trabajadora nombre reservado, quien ha trabajado para el empleador previamente individualizado desde el 01 de mayo de 2004 como coordinadora del proyecto integración”; la tercera por 40 UTM por “no entregar junto con el pago de las remuneraciones un comprobante con indicación del monto pagado, de la forma como se determinó y de las deducciones efectuadas respecto de la trabajadora nombre reservado, quien ha trabajado para el empleador previamente individualizado desde el 01 de mayo de 2004 como coordinadora del proyecto integración”. Indica que tras el proceso de fiscalización, en tiempo y forma se exhibieron y acompañaron copias de los contratos a honorarios de la Sra. nombre reservado, además de las copias de boletas de honorarios, teniendo la relación entre la recurrente y la Sra. nombre reservado un carácter civil. Sin embargo, a su juicio la Inspección del Trabajo ha excedido sus facultades por cuanto se ha concluido que el vínculo es de naturaleza laboral y no civil, interpretando una situación de hecho que sólo puede ser determinada por los Tribunales del Trabajo competentes, infringiéndose con este actuar la normativa establecida en el artículo 420 del Código del Trabajo y, más importante, el derecho reconocido en la Constitución Política del Estado en el artículo 19 Nº3, inciso quinto, esto es, el no ser juzgado por comisiones especiales. Pide se deje sin efecto las aludidas resoluciones, con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que a fojas 66 evacua informe doña nombre reservado por la parte recurrida en los términos referidos en lo expositivo del presente fallo.

CUARTO: Que previo a entrar a analizar el fondo del recurso se hace necesario emitir un pronunciamiento respecto de la petición planteada por parte de la recurrida, fundada en que el recurrente desconoce los mecanismos de impugnaciones contenidos en el Código del Trabajo al empleador infractor citando al efecto los artículos 503, 511 y 512, del mismo cuerpo legal, lo que haría improcedente recurrir a la jurisdicción cautelar de garantías constitucionales, para revisar una actuación administrativa siendo que la propia norma legal establece procedimientos de impugnación, tanto administrativos como jurisdiccionales.

QUINTO: Que se procederá a rechazar la petición de improcedencia planteada, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en forma expresa advierte que la posibilidad de accionar de protección es sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante las autoridades o tribunales correspondientes quien estima vulnerada algunas de las garantías constitucionales protegidas. Que en consecuencia el hecho de existir la posibilidad de reclamar de la situación de autos ante las instancias administrativas o los Juzgados Laborales, como lo alega el recurrente, no impide que esta Corte ordene la adopción de medidas cautelares con el fin de restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, si ello fuere procedente.

SEXTO: Que como se ha sostenido reiteradamente por la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, el artículo 2° del Código del Trabajo, junto con reconocer la función social que cumple el trabajo, otorga al Estado la misión de amparar al trabajador en su derecho a elegir libremente su empleo y, además, la de velar por el cumplimiento de las normas que regulan la prestación de los servicios, labor esta última que corresponde cautelar en representación del Estado, a la Dirección del Trabajo, y en cuya virtud - especialmente en lo que al presente recurso interesa - ésta debe fiscalizar la aplicación de la ley laboral. Que, sin embargo, tales facultades deben ejercerse sólo cuando dicho servicio se encuentre frente a situaciones manifiestas de infracción a las normas laborales, o sea, cuando con su actividad de fiscalización se sorprendan ilegalidades claras, precisas y determinadas.

SEPTIMO: Que tal como lo sostiene la recurrente el fundamento de las resoluciones de multa Nº3520/15/006-1-2-3 de fecha 11 de febrero de 2015 encuentran su fundamento en no escriturar el contrato de trabajo respecto de la trabajadora nombre reservado, quien ha trabajado para el empleador Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor desde el 1º de Mayo de 2004, como coordinadora proyecto integración. No llevar para efectos de controlar la asistencia y determinar las horas de trabajo ordinarias o extraordinarias un registro de asistencia, respecto de la misma trabajadora y por último, no entregar junto con el pago de las remuneraciones un comprobante con indicación del monto pagado, de la forma cómo se determinó y de las deducciones efectuadas respecto de la aludida trabajadora. Se señalan como normas infringidas el artículo 9, inciso 1º y 2º del Código del Trabajo; artículos 33 y 506 del mismo cuerpo legal en relación al artículo 20 del Reglamento Nº 969 de 1933 y por último, artículos 54 y 506 del Código Laboral. Se aplican las multas de 15; 60 y 40 Unidades Tributarias Mensuales (fojas 27 y 28). Que frente a la fiscalización efectuada, por la recurrente, la Corporación alegó que la trabajadora nombre reservado mantenía un contrato de prestación de servicios a honorarios, de carácter civil y que no se encontraba en presencia de un vínculo de naturaleza laboral, todo lo cual, se desprendía de los diversos contratos de prestación de servicios, que se encuentran agregados de fojas 36 a 59.

OCTAVO: Que del análisis reseñado precedentemente se puede desprender que al momento de ser aplicadas las multas existía una controversia entre la empleadora y la trabajadora sosteniendo la última que existe una relación laboral con la primera y la Corporación afirmando que existe una relación de carácter civil. Que esta cuestión es una de aquellas que no le corresponde establecer a un organismo administrativo como es la Inspección del Trabajo, mediante la interpretación del contrato, escapando a sus facultades, siendo situaciones de hecho y de derecho que es necesario analizar, debatir y acreditar en un procedimiento ante la judicatura competente.

NOVENO: Que conforme a lo razonado precedentemente ha de concluirse que la recurrida se arrogó facultades propias y excluyentes de los tribunales competentes en dicha materia, esto es, de los Juzgados del Trabajo, toda vez que, de conformidad con lo establecido en el artículo 420 del Código del ramo corresponde a aquéllos conocer a) las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales o colectivos del trabajo.

DECIMO: Que en consecuencia ha de estimarse que la recurrida incurrió en actuación ilegal que vulnera la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 3 inciso 4° de la Constitución Política de la República que dispone que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que le señale la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta, lo que no ha ocurrido en el caso de autos, en que la Inspección recurrida asumió en la práctica la función que corresponde a los tribunales del trabajo, al decidir como lo hizo.

UNDECIMO: Que en consecuencia el recurso de protección interpuesto en lo principal del escrito de fs. 10, por doña nombre reservado por la Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor, necesariamente habrá de ser acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo de Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos, y sus modificaciones, SE ACOGE el recurso de protección intentado a fs. 10 por doña nombre reservado, en contra del Inspector Provincial de Magallanes don nombre reservado, debiendo en consecuencia la Inspección Provincial del Trabajo de Magallanes, dejar sin efecto la Resolución de multa N° 3520/15/006-1-2-3, de 11 de febrero de 2015, dictada por aquélla.

Acordada con el voto en contra de la Ministra Sra. Pinto quien tuvo por rechazar el recurso de protección, teniendo para ello presente:

1º) Que es el Estado el garante de los derechos fundamentales de las personas. Bajo esta premisa la utilización del Recurso de Protección de garantías fundamentales por una institución del Estado debe ser visto de una manera muy restrictiva y sólo en el caso en que trascienda su pretensión el resguardo de garantías constitucionales de las personas a quien debe proteger, y no a sí mismo.

En lo concreto quien está protegiendo los derechos de una trabajadora es la entidad fiscalizadora que ha constatado un hecho que prima facie ameritó la calificación de una infracción de la ley laboral, de manera que no se da el requisito de esencia de la acción constitucional que por esta vía se persigue.

2º) Que además, el recurso de protección no es la vía idónea para anular las multas impuestas por la Inspección Provincial del Trabajo en atención a lo dispuesto en el artículo 503 del Código Laboral en que se faculta expresamente reclamar ante el Juez de Letras del Trabajo sobre las resoluciones que apliquen multas administrativas.

3º) Que a su juicio la autoridad administrativa se encuentra facultada para calificar jurídicamente los hechos, siendo esta actividad parte de tal función. En efecto, es precisamente dicha calificación jurídica la que es indispensable para el ejercicio de esa labor, especialmente en lo concerniente a la imposición de sanciones administrativas, particularmente cuando ha quedado de manifiesto que la ha ejercido frente a hechos evidentes, para calificar, los cuales, no necesitaba de un juicio de verificación de mayor complejidad, pero sí estaba obligada ante la realidad que surgía a su vista, a proceder como lo ha hecho, por lo que el Inspector Provincial del Trabajo de Magallanes don nombre reservado, no ha actuado como una comisión especial, sino en el ejercicio de facultades que le son propias.

Dése cumplimiento al numeral 14 del mencionado Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Srta. San Martín.

ROL Nº123-2015. Protección Civil.

DICTADA POR LOS MINISTROS TITULARES, MARCO JORGE KUSANOVIC ANTINOPAI, nombre reservado ISABEL SAN MARTIN MORALES, Y DOÑA nombre reservado. AUTORIZA EL SECRETARIO SUBROGANTE DON CESAR ULISES GUZMAN ANDRADE.

En Punta Arenas, a ocho de abril de dos mil quince, notifiqué por el Estado Diario, la resolución que antecede.