Protección contra Centro Clínico Militar Punta Arenas

Punta Arenas, seis de junio de dos mil catorce.

VISTOS:

A fojas 3, comparece doña nombre reservado, cesante, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra del Centro Clínico Militar Punta Arenas, representado por su Director Regional Teniente Coronel Francisco Araya nombre reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado.

Expresa la recurrente que fue contratada por el Ejército de Chile en el mes de abril de 2009 para realizar labores administrativas en el Centro Clínico Militar de Punta Arenas, a contar del 01 de mayo del mismo año, por un plazo de cinco años, otorgándosele casa fiscal.

Indica que con fecha 07 de febrero del año en curso, nació su hijo nombre reservado, de casi tres meses de edad, por lo que se encuentra haciendo uso de post natal.

Agrega que no obstante lo anterior, con fecha 21 de abril se le notificó que se hará efectivo el término de su contrato por haber terminado el plazo, debiendo, por tanto, además, hacer entrega de la casa fiscal que le fuera asignada.

Señala que la ilegalidad del acto se relaciona con lo estipulado en los artículos 194 y siguientes del Código del Trabajo, normas que regulan la protección a la maternidad y que resultan aplicables a todas las trabajadoras del país suscritas a un régimen previsional, especificando a las funcionarias públicas, por lo que el Ejército de Chile no es una excepción a la aplicación de estas normas.

Alega que la ilegalidad del Ejército de Chile al no respetar las normas de protección a la maternidad es evidente, toda vez que se puso término a su contratación por haber expirado el plazo, pese a que la ley exige y es un derecho irrenunciable que se le mantenga en su trabajo a lo menos hasta el día 02 de mayo de 2015.

Indica que con el actuar del recurrido se ha afectado la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida de su hijo, por encontrarse con lactancia materna exclusiva, como asimismo el derecho a la integridad física y psíquica, toda vez que el despido por parte de la autoridad administrativa le ha significado un grave desmedro de salud, al encontrase en período de post natal al ser notificada, por lo que sin duda toda esta situación de inestabilidad laboral y económica en la que se encuentra ha afectado considerablemente su estado de salud, sobre todo emocional.

Por último refiere que también se ha lesionado la garantía del número 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental, en lo que dice relación específicamente con la normativa laboral antes citada, donde el propio legislador ordena que las normas que regulan la protección de la maternidad se aplican a todas las trabajadoras sin excepción, por lo que el Ejército de Chile no es ajeno a ella y como funcionaria pública tiene los mismos derechos que cualquier otra mujer trabajadora que tiene cotizaciones previsionales, derecho que le ha sido vulnerado, realizando una discriminación arbitraria al negársele este derecho irrenunciable.

En razón de lo expuesto, concluye solicitando se adopten, en especial, pero no únicamente, las siguientes medidas: a) Se deje sin efecto el acto administrativo contenido en el certificado de 21 de abril de 2014, declarando en definitiva el reintegro a sus labores hasta el término de su fuero laboral, esto es, el 02 de mayo de 2015; b) Arbitrar cualquier otra medida que se estime pertinente y necesaria para restablecer el imperio del derecho y garantizar los derechos conculcados.

A fojas 26, evacúa informe el recurrido nombre reservado, en su calidad de Director del Centro Clínico Militar “Punta Arenas”, manifestando que la recurrente ha sido contratada en la calidad que indica, lo que implica que conforme a la ley, su retiro absoluto debe producirse al enterar el período de años de servicio efectivo por el cual fue nombrada, el cual conforme a lo dispuesto en el artículo 57 ter de la Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, no puede superar los cinco años. Así, siendo ella parte de la primera generación de soldados de tropa profesional nombradas el año 2009, su retiro absoluto se verifica por el solo ministerio de la ley, cumpliéndose los cinco años de servicio efectivo con fecha 30 de abril de 2014.

Hace presente que el legislador no previó cuáles serían los mecanismos administrativos que podría adoptar la autoridad para resguardar los derechos de este personal relativos a la maternidad, por lo que los jefes de servicio de las diversas Ramas de las Fuerzas Armadas, se han visto enfrentados al incumplimiento de una disposición orgánica constitucional que determina el plazo máximo de servicio en la institución, puesto que se contrapone con la protección de los derechos de la maternidad, sin poseer facultad legal para extender el nombramiento.

Lo anterior, añade, debido a que es la misma Ley Orgánica Constitucional precitada, que en su artículo 57 bis indica que dicho personal no puede acogerse a retiro temporal y, por su parte, el artículo 60 inciso segundo, dispone que sólo el personal que se encuentre en retiro temporal podrá ser reincorporado, lo que permite concluir que no existe competencia legal para prolongar las funciones de un soldado de tropa profesional más allá del plazo establecido por el legislador.

Manifiesta que lo antes señalado llevó al Ejército a plantearse la legalidad del gasto que implica la mantención del sueldo de las Soldados de Tropa Profesional más allá del plazo perentorio de cinco años fijado por la Ley Orgánica para su desempeño. Ante este conflicto de normas se consultó a la Contraloría General de la República a fin de que emita un pronunciamiento en cuanto a la interpretación y alcance de las disposiciones previamente enunciadas, sin embargo, frente a la ausencia de pronunciamiento del órgano contralor, se ha optado por mantener la vinculación de dicho personal con el Ejército, mediante alternativas como llamarlas a servicio activo o proceder a un nuevo nombramiento en la misma calidad una vez verificado el retiro absoluto del personal.

Así las cosas, explica, la recurrente se encuentra actualmente haciendo uso del descanso de maternidad de doce semanas que corresponden con posterioridad al parto, conforme lo dispone el artículo 195 del Código del Trabajo, como ella misma lo reconoce. En consecuencia, la recurrente continúa formando parte del Ejército, lo que demuestra que el discutido “certificado” en que se funda el recurso, documento mal llamado “notificación de término de nombramiento” no ha producido, porque no es viable de producir, ningún efecto jurídico, de manera que la vulneración de algún derecho constitucional no es tal.

Por otra parte, expresa que el certificado contra el cual se recurre fue emitido a solicitud de la recurrente, quien al requerirlo señala su intención de presentarlo ante entidades bancarias y casas comerciales.

Finalmente indica que la Ley N° 20.303, que crea la planta de soldados de tropa profesional para las Fuerzas Armadas, dispone en su artículo 1 N° 3 que los nombramientos y retiros del personal aludido se realizarán por resolución de la respectiva Dirección del Personal o Comando de Personal, en su caso, por tanto, el informante en su calidad de Director de un Centro Clínico Militar no se encuentra investido de facultades para notificar el retiro de dicho personal, siendo otras las autoridades llamadas a notificar dicha circunstancia mediante la respectiva resolución administrativa, la que en la especie, no ha sido dictada.

De este modo, concluye solicitando se desestime con costas el recurso interpuesto por ser inadmisible, o en su caso, por no existir en el caso sublite una acción u omisión arbitraria o ilegal que posea los atributos para lograr privar, perturbar o amenazar alguna garantía constitucional de la recurrente.

A fs. 34 se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las Garantías Constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

SEGUNDO: Que el hecho que la recurrente califica como arbitrario e ilegal lo hace consistir en que el Ejército de Chile no respetó las normas de protección a la maternidad, toda vez que se puso término a su contratación por haber expirado el plazo, pese a que la ley exige y es un derecho irrenunciable que se le mantenga en su trabajo a lo menos hasta el día 02 de mayo de 2015. Manifiesta que fue contratada por el Ejército de Chile en el mes de abril de 2009 para realizar labores administrativas en el Centro Clínico Militar de Punta Arenas, a contar del 01 de mayo del mismo año, por un plazo de cinco años, otorgándosele casa fiscal. Con fecha 07 de febrero del año en curso, nació su hijo nombre reservado, de casi tres meses de edad, por lo que se encuentra haciendo uso de post natal. El día 21 de abril se le notificó que se hará efectivo el término de su contrato por haber terminado el plazo, debiendo, por tanto, además, hacer entrega de la casa fiscal que le fuera asignada. Expresa que con el actuar del recurrido se ha afectado la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 1 y 2 de la Carta Fundamental. En razón de lo expuesto, concluye solicitando se adopten, en especial, pero no únicamente, las siguientes medidas: a) Se deje sin efecto el acto administrativo contenido en el certificado de 21 de abril de 2014, declarando en definitiva el reintegro a sus labores hasta el término de su fuero laboral, esto es, el 02 de mayo de 2015; b) Arbitrar cualquier otra medida que se estime pertinente y necesaria para restablecer el imperio del derecho y garantizar los derechos conculcados.

TERCERO: Que a fs. 26 evacua informe nombre reservado, en su calidad de Director del Centro Clínico Militar “Punta Arenas”, en los términos que se consignan en lo expositivo de este fallo.

CUARTO: Que el recurso de protección se dirige en contra de la presunta decisión contenida en el certificado firmado por el Teniente Coronel, Director del Centro Clínico Militar Punta Arenas don nombre reservado de 21 de abril del año en curso, en virtud del cual, la recurrente estima que el mismo le notifica que su nombramiento como integrante de la Tropa Profesional del Ejército termina el 30 de abril del año en curso y que además debe hacer entrega de la casa fiscal que le fuera asignada.

QUINTO: Que en efecto se acompañó el certificado referido que rola a fs. 1, cuyo contenido es el siguiente: “El Director del Centro Clínico Militar “Punta Arenas” que suscribe, certifica que la nombre reservado, RUN Nº RUT reservado, de dotación de esta Instalación de Salud, termina su nombramiento como integrante de la Tropa Profesional del Ejercito de Chile, con fecha 30 de abril del año 2014. Se extiende el presente certificado a petición de la interesada para los fines que estime pertinente. Otorgado en Punta Arenas, a veintiún días del mes de abril del año dos mil catorce”. nombre reservado. Teniente Coronel. Director del CCM “Punta Arenas”. Hay un timbre que se lee, Ejército de Chile, Comando de Salud. Centro Clínico Militar Punta Arenas. Hay una firma ilegible.

SEXTO: Que el artículo 1 Nº 3 de la Ley 20.303 que Crea una Planta de Tropa Profesional para las Fuerzas Armadas, que modificó la Ley 18.948 Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas, dispone que: “Los nombramientos y retiros del personal de Tropa Profesional se harán por resolución de la respectiva Dirección del Personal o Comando del Personal, en su caso”. A su turno el artículo 57 ter de la Ley 18.948 Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas dispone que: “El retiro absoluto del personal de Tropa Profesional, procederá por alguna de las siguientes causales: b) Por enterar el período de años de servicio efectivo para el cual fue nombrado, con un máximo de cinco”.

SEPTIMO: Que es un hecho no controvertido que la recurrente nombre reservado tiene un nombramiento como integrante de la Tropa Profesional del Ejército de Chile cuya fecha de término estaba estipulada para el 30 de abril del año 2014; que la misma se encuentra haciendo uso del descanso de maternidad de dos semanas que corresponde al parto conforme lo dispone el artículo 195 del Código del Trabajo.

OCTAVO: Que el contenido del certificado de fs. 1 no se puede considerar como una notificación del retiro de la recurrente, toda vez que para que ello ocurra según lo estipula el artículo 1 Nº 3 de la Ley 20.303 ya citado, deberá dictarse previamente la resolución por la respectiva Dirección del Personal o Comando del Personal, en su caso, acto administrativo que no consta que se haya emitido. Muy por el contrario según se desprende del contenido del informe de fs. 26, el que no se encuentra desvirtuado por prueba en contrario alguna, la recurrente al 23 de mayo de 2014 aún se encontraba formando parte del Ejército, gozando de su descanso maternal, no teniendo, en consecuencia, el contenido del certificado aludido, la aptitud suficiente para estimar que de parte de la recurrida, al emitir el mismo, haya incurrido en un acto de carácter arbitrario o ilegal; máxime cuando fue confeccionado a petición de la propia recurrente y para los fines que se estimaren pertinentes; y no teniendo tampoco el Teniente Coronel Francisco Araya nombre reservado la autoridad suficiente para dictar la resolución de retiro.

NOVENO: Que en consecuencia no existiendo ningún acto arbitrario o ilegal proveniente de la parte recurrida, se hace innecesario entrar a hacer un análisis sobre posible vulneración de Garantías Constitucionales.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección, se declara que SE RECHAZA el recurso de protección presentado por doña nombre reservado, en contra del Centro Clínico Militar “Punta Arenas”, representado por su Director Regional Teniente Coronel Francisco Araya nombre reservado.

Dése cumplimiento a lo dispuesto el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Señorita San Martín.

Rol Nº 122-2014 Protección DICTADA POR LA MINISTRA TITULAR, DOÑA MARIA ISABEL SAN MARTIN MORALES, EL MINISTRO SUPLENTE DON JAIME ALVAREZ ASTETE Y EL SR. FISCAL nombre reservado DON nombre reservado. AUTORIZA DON nombre reservado, SECRETARIO AD HOC.

En Punta Arenas, a seis de junio de dos mil catorce, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.