Recurso de protección

nombre reservado, diez de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece nombre reservado, cédula nacional de identidad NUM000, domiciliado en domicilio reservado en la comuna de nombre reservado, y deduce recurso de protección en favor de nombre reservado, cédula nacional de identidad NUM001, adulto mayor de 83 años, jubilado, persona en situación de discapacidad visual acreditada mediante credencial de discapacidad, domiciliado en domicilio reservado de la ciudad de nombre reservado, quien vive junto a su cónyuge nombre reservado, cédula nacional de identidad NUM002, también adulta mayor, en contra de nombre reservado, cédula nacional de identidad NUM003, Administrador y arrendatario de la Botillería “nombre reservado”, Representante legal KAMI SPA Rol Único Tributario: 77573921- 5, ubicada en DIRECCION001, nombre reservado, además de nombre reservado, cédula nacional de identidad NUM004, Titular de la nombre reservado NUM005, domiciliada en domicilio reservado, y nombre reservado, cédula nacional de identidad NUM006, domiciliado en domicilio reservado, propietario del inmueble donde funciona dicho local comercial junto a su madre nombre reservado, por entender vulnerado su derecho a la protección de la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y, asimismo, la protección de sus datos personales, inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada así como su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. De acuerdo con lo establecido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República.

Refiere que los recurrentes, ambos, adultos mayores, viven en el barrio donde se encuentra la botillería hace años y hoy se encuentran sometidos a una situación permanente de hostigamiento, inseguridad, insalubridad y vulneración de sus derechos fundamentales, producto de las actividades que se desarrollan en la Botillería “nombre reservado”, ubicada en DIRECCION001, inmueble colindante a su domicilio.

Exponen de manera resumida que hay ruidos molestos y alteración grave de la tranquilidad del hogar, consumo de alcohol, desórdenes y conductas indecorosas en la vía pública, hechos violentos y situaciones delictuales, tales como apedreamiento del vehículo Jeep Hyundai negro patente NUM007, utilizado por los administradores del local, intervención de Carabineros de Chile ante disturbios en el sector, choques vehiculares provocados por personas en estado de ebriedad, consumo reiterado de drogas, particularmente cocaína, a vista de los vecinos. Señalan la existencia de bodega clandestina y red de domicilios asociados, señalan que en el lugar se arroja basura, hay insalubridad y presencia de roedores, señalan que hay uso indebido del espacio público y riesgo de incendio, de drogas y presunto microtráfico, desórdenes durante descargas de proveedores, se les facilitan motocicletas a menores de edad. Además de que los recurrentes adultos mayores han sido víctimas de amenazas verbales y amedrentamientos, en los cuales se les ha señalado expresamente que deben “aguantarse” la situación o vender su casa si no les gusta lo que ocurre.

Indican que existe una falta de fiscalización y posible encubrimiento pese a múltiples denuncias presentadas ante la Municipalidad de nombre reservado, Seguridad Pública y otras autoridades, no se han adoptado medidas efectivas. Señalando como último hecho ocurrido, que se observó un nuevo episodio de desorden y consumo de alcohol por parte de menores de edad en la vía pública frente al establecimiento denominado Botillería “nombre reservado” y dentro de los menores presentes se encontraban hijos y sobrinos de personas que trabajan en la botillería, quienes habrían facilitado o permitido el acceso a bebidas alcohólicas, situación que resulta especialmente grave tratándose de menores de edad.

Solicita que se acoja el recurso declarando los hechos denunciados constituyen actos arbitrarios e ilegales que vulneran las garantías constitucionales señaladas. Se ordene la fiscalización inmediata del establecimiento, a fin de verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de patentes de alcoholes, venta de alcohol a menores de edad, consumo de alcohol en la vía pública y alteración del orden público. Que se disponga el cierre o clausura del establecimiento, ya sea de forma temporal o definitiva y que se ordene a las autoridades competentes adoptar todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, especialmente considerando que se trata de un adulto mayor con discapacidad visual, cuya seguridad e integridad se encuentran gravemente amenazadas, disponiéndose las fiscalizaciones necesarias por parte de Carabineros de Chile y la autoridad municipal, con el objeto de evitar nuevos hechos de violencia, consumo de alcohol en la vía pública, venta de alcohol a menores de edad y otros desórdenes denunciados.

Informa nombre reservado, C.I. NUM003, venezolano, comerciante, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto.

En primer término, expone que se le imputan diversos hechos como la existencia de “ruidos molestos y alteraciones grave a la tranquilidad del hogar”, negando categóricamente que desde el local comercial se emitan ruidos que sobrepasen los máximos lo establecido en la legislación, ordenanzas municipales o incluso las buenas normas de comportamiento comunitario.

Aclara que no es responsable de los hechos ocurridos en la vía pública y que en lo que respecta a la acusación relativa a consumo de alcohol, desordenes y conductas indecorosas en donde se le imputa la reunión de personas en la vía pública para beber alcohol, niega que la botillería haga venta de bebidas alcohólicas con la finalidad de que estas sean consumidas a las afueras del local.

Refiere que respecto de la imputación relativa de que en el local “se ha observado venta de alcohol a menores de edad” aquello corresponde a una acusación de tipo calumniosa, toda vez que, en conformidad a la legislación vigente, a todas las personas que compran alcohol en el local, previa venta de este, se les solicita el carnet de identidad, pare verificar que sea una persona mayor de edad.

Sostiene la existencia de un sesgo cognitivo en el razonamiento de la recurrente pues explícitamente le imputa responsabilidad, en hechos azarosos, alejados absolutamente de la esfera de control de este informante. Así, resulta totalmente irracional que la existencia de una botillería pueda ser responsable de un accidente de tránsito que ocurrió en el sector. Acto vandálico de tipo azaroso y que ocasionó solo un daño estético menor en el vehículo, hecho del cual la parte recurrida fue víctima.

Indica que la acción constitucional es extemporánea, ya que fue presentado con fecha 16 de marzo y de la “prueba” (son denuncias ante otros organismos) aportada por la recurrente que consta a folios 2,3,4 y 5, se puede divisar que: 1) Aquella presentada a folio. 2, corresponde a una denuncia presentada ante la municipalidad de nombre reservado de fecha 31 de enero de 2026; 2) Que, aquel presentado a folio 3 corresponde a una denuncia presentada ante la misma municipalidad con fecha 23 de enero de 2026. 3) En cuanto a aquella prueba presentada a folio 4 esta corresponde a una denuncia realizada por el Sr. nombre reservado con fecha 31 de enero de 2026. 4) y, por último, a folio 5 consta una denuncia ante la Contraloría General de la República de fecha 13 de febrero de 2026. A mayor abundamiento, y como ya puede presumir el lector, los supuestos hechos denunciados ocurren con anterioridad a la realización de la denuncia, mucho de ellos incluso meses antes, y respecto a aquel hecho supuestamente ocurrido.

Finalmente solicita se rechace el recurso de protección por haber sido interpuesto de manera extemporánea, y no existir una actuación u omisión ilegal o arbitraria, así como tampoco vulneración a ninguna garantía constitucional.

Informan nombre reservado, chileno, docente, Cédula de identidad NUM006, domiciliado en domicilio reservado de nombre reservado, y doña nombre reservado, jubilada, Cedula de identidad NUM004, del mismo domicilio, recurridos, solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto.

Señalan que efectivamente son los propietarios del inmueble ubicado en domicilio reservado de nombre reservado, el que arrendaron a don nombre reservado. Que, del mismo modo, es efectivo que la titular de la patente de alcoholes de dicho comercio es doña nombre reservado.

Refieren que el presente recurso debe ser rechazado, en primer término, por carecer los recurridos de legitimación pasiva, toda vez que no son jurídicamente responsables de los hechos que se les pretenden impugnar, ya que es su arrendatario quien explota el giro del local, indicando que no administran ni controlan el funcionamiento del establecimiento, careciendo de injerencia actual y efectiva en su operación diaria.

Hace presente además que ninguno de los hechos descritos en el recurso tiene su origen en una conducta atribuible a quienes suscriben, ya que únicamente se han limitado a ejercer legítimamente su derecho de dominio amparado constitucionalmente por el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 Nº24, actos plenamente lícitos y reconocidos por el ordenamiento jurídico, por lo que, si se estimase que existe una acción, ésta no es ilegal ni arbitraria.

En relación con cada uno de los hechos denunciados, ya señalados, expresa que la presente acción no constituye la vía idónea para conocer y resolver el conflicto sometido al conocimiento de este tribunal, toda vez que los hechos expuestos por la parte recurrente suponen controversias de carácter fáctico que requieren necesariamente de un proceso de lato conocimiento, con etapas probatorias, rendición de prueba, fiscalización e investigación, todo lo cual resulta incompatible con la naturaleza urgente, cautelar y de cognición limitada del recurso de protección.

Finalmente solicita se rechace el recurso de protección con expresa condena en costas acompañando documentos que sostienen lo señalado en su informe.

En la vista de la causa alegaron los abogados Daniel Maldonado Lorenzo y Carolina Gallardo Soto por las recurridas, quienes expusieron lo que estimaron conveniente a sus derechos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERADO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que el hecho que la recurrente califica como arbitrario e ilegal lo hace consistir ruidos molestos y alteraciones graves de la tranquilidad del hogar, consumo de alcohol, desórdenes y conductas indecorosas en la vía pública, hechos violentos, presuntos delitos vinculados a la ley 20.000 y de distintas situaciones delictuales todas vinculadas al local de expendio de alcoholes botillería “nombre reservado”, ubicada en DIRECCION001, nombre reservado colindante al domicilio del recurrente.

CUARTO: Que, a su turno las recurridas, informan al tenor de lo consignado en lo expositivo del presente fallo, instando por el rechazo de la acción, negando la existencia de alguna vulneración respecto de las garantías constitucionales de la recurrente, aseverando que su actuar es legítimo y que las acciones reclamadas por la recurrente no les empecen.

QUINTO: Que, para acoger la acción constitucional debe constatarse el carácter preexistente e indubitado del derecho afectado, condición que, estima esta Corte, no se verifica en la especie, porque los derechos cuya protección se persigue por esta vía, cautelar y de emergencia, no tienen el carácter de indiscutidos. Así, para resolver lo controvertido, sería necesario investigar la comisión de los hechos que se denuncian y establecer responsabilidades, además de verificar infracciones administrativas, tratándose de materias de lato conocimiento, lo que, de acuerdo a la naturaleza de la discusión, excede el marco de la acción interpuesta, ya que ésta, en ningún caso, constituye esta una instancia de investigación o sanción de infracciones administrativas o delitos, sino que de protección de aquellos que, como se dijo, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria; de lo que deviene el rechazo del arbitrio interpuesto.

SEXTO: Que, en consecuencia, del mérito de lo expuesto en los motivos precedentes no se avizora una actuación ilegal o arbitraria ejecutada por las recurridas que tenga la aptitud de privar, perturbar o amenazar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales resguardados mediante este recurso de naturaleza cautelar, ni tampoco se advierte la existencia de un derecho indubitado que deba ser amparado por esta vía cautelar, todo lo que lleva al rechazo del recurso.

SÉPTIMO: Que, por otra parte, a juicio de estos sentenciadores los hechos de los que se da cuenta deben ser investigados y/o sancionados por los respectivos órganos competentes en la materia, por lo cual se ordena remitir copia de estos antecedentes al Ministerio Público y al Segundo Juzgado de Policía Local, ambos de la ciudad de nombre reservado.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA la acción constitucional deducida por el abogado nombre reservado, en favor de nombre reservado en contra de nombre reservado, nombre reservado, y nombre reservado todos ya individualizados.

Remitase copia de los antecedentes al Ministerio Público y al Segundo Juzgado de Policía Local de esta ciudad para los fines mencionados en esta sentencia. Ofíciese.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Comuníquese, Regístrese y archívese oportunamente.

Redactada por la abogada integrante Sintia Orellana Yévenes.

Se deja constancia que no firma la Ministra Suplente Sra. Berta Roxana Salgado Salamé, por encontrarse con permiso conforme lo dispone el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Rol Protección N°121-2026.