nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA.

Punta Arenas, dieciocho de mayo de dos mil veintidós.

Vistos:

En rol 121-2022 del ingreso de protección de esta Corte, con fecha 28 de marzo del presente año comparece nombre reservado, venezolano, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, representado por el abogado Juan Pablo Collao Arenas, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones con domicilio en domicilio reservadoº Piso, por privar y/o perturbar, en forma ilegal y arbitraria, los derechos garantizados en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, es decir, Igualdad ante la Ley.

Relata que nombre reservado ingresó de manera regular y por pasos habilitados a Chile, con el propósito de hacer vida en este país, por lo que solicitó y obtuvo visa temporaria, en calidad de titular, mediante Resolución Exenta N°109118/2018, con vigencia de un año, esto es desde del 10 de mayo de 2018 al 10 de mayo de 2019 otorgada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Antes del vencimiento del visado temporario y dentro del plazo legalmente establecido en el numeral 3° del Artículo 129 del derogado Reglamento de Extranjería (Decreto Supremo Nº597 de 1984), aplicable en este caso, envió solicitud de Permanencia Definitiva en fecha 12 de abril de 2019, la cual fue debidamente recepcionada por la recurrida y se le individualizó con el número de certificado 207045.

El 18 de diciembre de 2019, recibe comunicación vía correo electrónico, en la cual se le indica que su solicitud “Avanza a Etapa de Análisis”. Posterior a ello, durante un prolongado tiempo, la recurrida no informó mediante ninguna de las vías dispuestas para ello al recurrente, sobre el avance de su trámite, hasta que en fecha 05 de mayo de 2020, se le comunicó que su solicitud “Avanza a la Etapa Final de Análisis”. En consecuencia, no se le requirió antecedentes adicionales durante su tramitación, siendo que de conformidad al artículo 135 del derogado Reglamento de Extranjería, (Decreto Supremo Nº 597 de 1984), aplicable al caso y producto del análisis de la información incorporada en la solicitud, la autoridad migratoria determina la admisibilidad que permite pronunciarse sobre ella y mantener la regularidad migratoria del solicitante, lo cual ocurrió en la especie.

El recurrente, recibió la orden de giro y pago de los derechos migratorios causados, siendo oportunamente cancelados.

En cuanto a la acreditación económica que den cuenta de contar con ingresos suficientes para vivir en Chile, para la fecha del envío de su solicitud de Permanencia Definitiva, consignó entre sus documentos, los siguientes contratos de trabajos que dan cuenta de las labores remuneradas realizadas durante la vigencia de su visado temporario, es decir entre el 10 de mayo de 2018 al 10 de mayo de 2019:

➢ En fecha 30 de enero de 2018, suscribe contrato de trabajo con el empleador Turismo Lago Grey S.A. donde se le contrata para desempeñar el cargo de “Ayudante de Bodega”, obteniendo por esa labor una remuneración mensual de $368.100, más gratificación legal, conforme al artículo 50 del Código del Trabajo.

➢ En fecha 03 de julio de 2018, suscribe contrato de trabajo con el empleador Hoteles Australis Ltda. donde se le contrata para desempeñar el cargo de “Adicionista”, obteniendo por esa labor una remuneración mensual de $390.988 más gratificación legal, conforme al artículo 50 del Código del Trabajo, bono por colación de $29.927.- y bono por movilización de $20.038.- Señala que suscribe el 1° octubre del año 2018, anexo de contrato con su empleador Hoteles Australis Ltda., de carácter de indefinido y a la fecha de presentación de esta acción constitucional, mantiene la relación laboral por espacio de tres años y 8 meses, lo cual sin lugar a dudas, da cuenta de la estabilidad laboral y económica del recurrente y de su responsabilidad como trabajador dependiente.

El recurrente durante la vigencia de su visa anterior acumuló 12 cotizaciones continuas con un ingreso superior al salario mínimo de la época.

A pesar de los hechos narrados y tomando en cuenta que la recurrida no ha solicitado al recurrente actualización de documentos para acreditar sustento económico el recurrente toma conocimiento del rechazo de su solicitud de Permanencia Definitiva en fecha 3 de marzo de 2022, mediante Resolución Exenta N°82.786; de fecha 7 de mayo de 2020, cargada al sistema de auto consulta del Servicio Nacional de Migraciones y a su vez, la recurrida pone a su disposición el Estampado Electrónico (EE) de este nuevo visado. Bajo este hilo conductor, la autoridad administrativa al otorgarle en subsidio del permiso de permanencia definitiva, visación temporaria por un año, hecho que a todas luces no es procedente en derecho, menoscaba de un modo flagrante los derechos del recurrente quien, al haber cumplido con todos los requisitos y lineamientos legales para la obtención del visado definitivo, este le fue negado.

Plantea que el fundamento del rechazo que expresa “se ha determinado que no cuenta con estabilidad económica y laboral y por tanto carece de recursos que le permitan vivir en Chile, sin construir una carga social”, lo que resulta incongruente y carente de todo sentido. Ya que no solo durante la vigencia de su visado temporario contó con trabajo estable y que le retribuía ingresos superiores al salario mínimo de la época, sino que se ha mantenido productivo y activo laboralmente a la fecha de hoy y ha conservado su puesto de trabajo por más de tres años, por lo que claramente este hecho cierto lo aleja de la posibilidad de convertirse en una carga social para el país, como afirma la recurrida. Al fundamentarse en supuestos de hechos inexistentes y no atribuibles al recurrente, carece de justificación legal por lo que deviene en un acto administrativo arbitrario.

Argumenta que resulta evidente que el recurrente presenta formalmente su solicitud de permanencia definitiva en fecha 12 de abril de 2019, y dado el extenso análisis efectuado por la recurrida, y la decisión de rechazo, que se produjo en fecha 7 de mayo de 2020, a la cual tuvo recientemente acceso el recurrente en fecha 3 de marzo de 2022, todo el trámite tomó el absurdo lapso de 23 meses, tiempo durante el cual la recurrida, conforme al correcto ejercicio de sus atribuciones, y en virtud a la potestad que le confiere el artículo 135 del derogado Reglamento de la Ley de Extranjería, aplicable al presente caso, debió requerir documentación actualizada a la fecha de tomar su decisión, si consideraba que esta era escasa o insuficiente, a los fines de enterarse de la realidad económica de la época del recurrente y en todo caso actualizar la información referida a la acreditación económica en aras de tomar una decisión que se condiga con los presupuestos facticos reales del recurrente, y no así tomar una resolución en base a la información aportada por el recurrente dos años antes, la cual se insiste, da cuenta de una clara estabilidad económica y laboral del solicitante no solo durante la vigencia de su visado temporario, sino en la actualidad.

Arguye que de conformidad con todos los hechos anteriormente narrados, han quedado en evidencia los actos ilegales y arbitrarios por parte del Servicio Nacional de Migraciones en primer lugar, al rechazar la solicitud de permanencia definitiva del recurrente de manera arbitraria e ilegal, fundamentado en elementos inexistentes que no se condicen con la realidad fáctica del recurrente y en segundo lugar, al poner a disposición de éste, el Estampado Electrónico (EE), con una vigencia que de forma clara viola lo establecido en el artículo 130 del derogado Decreto Supremo Nº 597 de 1984 (Reglamento de Extranjería), aplicable en este caso, pretendiendo con ello que el recurrente pierda la continuidad de su visa anterior.

En cuanto al derecho se refiere al trámite de solicitud de permanencia definitiva y de la normativa que la regula, señala que el recurrente cumple con los requisitos establecidos.

Al presentar la solicitud de permanencia definitiva se exigen diversos documentos, estando la autoridad migratoria igualmente facultada para solicitar a los extranjeros requisitos adicionales, los que también han sido cumplidos en la solicitud.

Si bien es cierto que no es obligatorio para la autoridad acceder a las solicitudes de Permanencia Definitiva presentadas en virtud de su facultad discrecional, no es menos cierto que la recurrida debe hacer una revisión exhaustiva y a profundidad de cada una de las solicitudes presentadas y los antecedentes aportados por los solicitantes, lo cual evidentemente no sucedió por lo que debe requerir a los solicitantes consignar todo aquello que a su juicio resulte imprescindible para evaluar sus casos en concretos, o bien para completar la información ya aportada, facilitando la continuidad de estos trámites sin poderles dar un término abrupto y arbitrario como ocurrió en la especie, ello a objeto de producir resoluciones debidamente fundamentadas, que se correspondan con la realidad fáctica e individual de cada solicitante. De otra manera, la decisión del rechazo obedecería a un simple capricho de la autoridad, tornándose no sólo ilegal sino arbitraria, como ocurre en la especie.

Por lo anterior, al rechazar la solicitud presentada, la autoridad migratoria debe fundamentar estas decisiones de conformidad con la normativa aplicable y a los antecedentes aportados por el recurrente, pues esta discrecionalidad se encuentra reglada. En este sentido, la motivación es un elemento fundamental en todo acto administrativo, especialmente cuando afectan directamente los derechos e intereses de los administrados.

De igual forma, cuando decide otorgar al extranjero una visa temporaria en subsidio, no puede hacerlo con vigencia desde la activación de su Estampado Electrónico, rompiendo de esta forma con la continuidad de su visa anterior, por todo el tiempo en que la administración se abstuvo de resolver estas solicitudes -que en el caso del recurrente supera los dos años-, siendo que esto constituiría una clara violación a lo establecido en el artículo 130 del derogado Reglamento de Extranjería.

A esta situación es aplicable la Ley N°19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, el cual debe ceñirse en su actuación a los principios de celeridad, inexcusabilidad, conclusivo, contrariedad, y economía procedimental Reitera que la Resolución Exenta impugnada no solo constituye un acto ilegal, sino que además resulta arbitraria, puesto que al estar fundada en motivos que no se corresponden con la realidad fáctica del recurrente, que justifiquen la determinación en ella contenida.

Asimismo, el acto administrativo fue dictado en total prescindencia de las normas y principios que deben regir todo procedimiento administrativo, es decir, en plazos claramente desproporcionados y contrarios a la celeridad y sin fundamento plausible.

Cita fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó en rol protección 169-2021 de 26 de agosto de 2021.

Comenta que si bien la legislación otorga discrecionalidad al Ministerio del Interior para otorgar o no las Permanencias definitivas, pudiendo entender que podrían dictarse en ausencia de causa fundada o con una motivación cualquiera, el tratamiento otorgado a los extranjeros en nuestro ordenamiento jurídico debe ser con igualdad de acceso a la justicia, siendo que los arropa las mismas garantías constitucionales que en el caso de los nacionales de este país.

Recuerda que ha sido el propio Tribunal Constitucional quien conociendo sobre un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de normas del D.L N° 1094 de 1975, invoca el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como límite frente a la discrecionalidad administrativa del Estado, haciendo referencia a diversas obligaciones contraídas por el Estado Chileno en diversos instrumentos internacionales: Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 2.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Plantea vulneración a la garantía de igualdad ante la ley, artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Sin embargo, en este punto es importante destacar, que el Servicio Nacional de Migraciones ha pretendido establecer, que no es esta la vía idónea para recurrir contra estas decisiones, a pesar de que admite que la autoridad jurisdiccional “tenga plenas facultades para la revisión de los actos administrativos, sus fundamentos y argumentos, así como sus consecuencias”, pero en su criterio, lo que correspondería es la interposición del recurso de reconsideración establecido en el artículo 142 bis del derogado (Decreto Supremo Nº 597 de 1984) Reglamento de Extranjería, o alguno de aquellos establecidos en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, intentando con ello tratar de establecer una necesidad de agotar la vía administrativa no establecida en la Ley, al hacer presente lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 19.880, en cuanto estatuye el principio de impugnabilidad de todo acto administrativo.

Está claro que, en el ordenamiento jurídico de nuestro país, existe un derecho de opción para impugnar los actos administrativos, y el reconocimiento de la vía judicial directa, siendo que, en este caso particular, no existe normativa alguna que obligue al agotamiento de la vía administrativa para impugnar las resoluciones de la autoridad migratoria, y menos, si como en este caso, nos encontramos frente a vulneraciones de garantías constitucionales.

Hace referencia a la jurisprudencia respecto de Protección Rol N° 12651-2020 de fecha 02 de febrero de 2022, de la Corte de Apelaciones de Rancagua; Corte de Apelaciones de La Serena, Causa Rol Protección N°1988-2021, fallo de fecha 14 de enero de 2022; fallo de la Excelentísima Corte Suprema en fecha 16 de mayo de 2021 ROL N°30.222 y fallos más recientes correspondiente a las siguientes causas: Rol N°1057-2022, de 19 de enero de 2022, Rol N°85.950-2021 de 01 de diciembre 2021, Rol N°60.682-2021 de fecha 06 de enero de 2022.

Solicita al Servicio Nacional de Migraciones a dejar sin efecto la Resolución Exenta N° 82.786 de fecha 7 de mayo de 2020 del Servicio Nacional de Migraciones, a través de la cual se rechaza la solicitud de Permanencia Definitiva del recurrente nombre reservado antes individualizado, ordenando a la recurrida, dictar nueva resolución en el plazo más breve, determinando que han sido cumplidos todos los requerimientos del derogado (Decreto Ley N° 1.094, de 19 de Julio de 1975), Ley de Extranjería y el derogado Decreto Supremo Nº 597 de 1984 (Reglamento de Extranjería), ambos de aplicabilidad en el presente caso, para otorgar el beneficio solicitado, con costas.

Informa Julián Matías Salviat Silva, abogado del Servicio Nacional de Migraciones, solicitando se rechace la acción en todas sus partes, siendo improcedente la condena en costas solicitada por la contraria.

En cuanto a los hechos manifiesta:

1. El recurrente don nombre reservado, ciudadano venezolano, ingresó por primera vez al país con fecha 25 de noviembre de 2017, por el paso fronterizo Aeropuerto nombre reservado, en calidad de turista.

2. Mediante la Resolución Exenta N°109118, de fecha 23 de marzo de 2018, del Departamento de Extranjería y Migración, se otorgó al recurrente una visa de residencia temporaria, vigente hasta el 10 de mayo de 2019.

3. Con fecha 13 de abril de 2019, el recurrente solicitó ante la entonces Gobernación de Magallanes un permiso de permanencia definitiva.

4. El recurrente, para acreditar su sustento económico, acompañó un Certificado de Cotizaciones, de fecha 12 de noviembre de 2018, emitido por AFP ProVida.

5. Mediante la Resolución Exenta N°82786, de 7 de mayo de 2020, del Departamento de Extranjería y Migración, se rechazó la solicitud de permanencia definitiva del recurrente, por no acreditar estabilidad económica y laboral en el periodo correspondiente a su última visa, a saber, entre el 10 de mayo de 2018 y el 10 de mayo de 2019.

6. Sin embargo, se otorgó al recurrente una visa de residencia temporaria por el periodo de un año, en condición de titular.

7. Dicha Resolución fue informada al recurrente mediante la Notificación N°34.628, de 7 de mayo de 2020, del Departamento de Extranjería y Migración, al domicilio ubicado en domicilio reservado, Región de Magallanes.

En cuanto al derecho se refiere al trámite de solicitud de permanencia definitiva, especialmente al artículo 41 del Decreto Ley N°1.009 de 1975, Ley de Extranjería señala: “La permanencia definitiva es el permiso concedido a los extranjeros para radicarse indefinidamente en el país y desarrollar cualquier clase de actividades”.

Esta norma se encuentra reproducida en idénticos términos en el artículo 80 del Decreto Supremo N°597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería. Por su parte el artículo 125 del Decreto Supremo N° 597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería, señala: “Las solicitudes de ampliaciones y prórrogas del permiso de turismo, visaciones, cambio y prórrogas de las mismas, autorizaciones de trabajo para turistas o estudiantes y permanencia definitiva, se harán efectivas a través de formularios proporcionados gratuitamente por la Autoridad respectiva…”.

Argumenta que ese Servicio procedió a rechazar la solicitud de permanencia definitiva a su respecto, mediante actos administrativos fundados, y que en su considerando cuarto individualizan claramente los motivos fundantes del rechazo de cada una de la solicitud.

La autoridad mediante los actos terminales individualizados dio cumplimiento en concluir el procedimiento según lo establecido en el artículo 40 de la Ley N°19.880, que establece en su texto que una de las maneras de poner término a un procedimiento administrativo es a través de la resolución final, y siendo aquella la vía la que tuvo lugar en el caso de marras.

De igual manera el artículo precitado, en la parte final de su inciso segundo, dispone que la resolución debe estar debidamente fundada a su respecto, según las razones que motivaron la decisión adoptada por la autoridad que corresponda y que como vimos fueron expresadas en el considerando cuarto del acto administrativo de termino, teniendo las mismas directa relación con las reglas de plazo contenidas en las normas precitadas.

Ahora bien, la solicitud del recurrente fue rechazada efectivamente por no acreditar, mediante los documentos acompañados por el mismo solicitante, que no tenía sustento económico suficiente para permanecer en el país sin constituir una carga social, en el período respectivo a su visa anterior, es decir, desde el 10 de mayo de 2018 hasta el 10 de mayo de 2019.

Dicho requisito se encuentra establecido en el artículo 64 N°4, en relación con el artículo 15 N°4, ambos del Decreto Ley N° 1.094 de 1975, para acreditar el sustento económico, a la presentación de la solicitud de permanencia definitiva los extranjeros deben acompañar diversos documentos, con el objeto de fundar la solicitud precitada, transcribe la norma y recalca: dos últimas declaraciones de impuesto a la renta, boletas y/o facturas de los últimos 3 meses, cuando corresponda y contrato de trabajo.

A mayor abundamiento, la autoridad está facultada para solicitar a los extranjeros requirentes, documentos adicionales a los señalados en la norma precitada, de acuerdo a lo establecido en el inciso final del artículo 127 del Decreto Supremo N° 597.

En este sentido, el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en su sitio web https://tramites.extranjeria.gob.cl/señala como debe ser presentada cada solicitud de permiso de residencia, los documentos necesarios y las instrucciones para cada tipo de trámite, destacando que en el caso de la solicitud de permanencia definitiva el solicitante debe acompañar de manera obligatoria:

9. En el caso de tener contrato de trabajo: copia del contrato actual, y de los anteriores suscritos, firmados ante Notario, certificado de vigencia de contrato, firmado ante Notario, Certificado histórico de cotizaciones AFP y certificado histórico de cotizaciones de salud.

10. En el caso de trabajar a honorario: certificado de inicio de actividades, boletas de honorarios (6 últimas), informe anual de boletas.

11. En el caso de los inactivos: Declaración jurada de expensas e ingresos económicos del sostenedor.

Así, el documento presentado por el recurrente para acreditar sus ingresos fue el Certificado de Cotizaciones, de fecha 12 de noviembre de 2018, emitido por AFP ProVida. En virtud de este certificado, se constató que el recurrente solo registró ingresos hasta octubre de 2018, no cumpliendo con los requisitos establecidos en el Decreto Ley 1.094 y su Reglamento para ser beneficiario de un permiso de permanencia definitiva.

En relación a la situación migratoria del recurrente, mediante la misma resolución de rechazo la autoridad procedió a otorgar visación de residencia temporaria en nuestro país por el plazo de un año. Es así como en la actualidad, el extranjero se encuentra en situación migratoria regular en nuestro país, al ser titular de una visación temporaria.

Con base en las distintas actuaciones realizadas por esa autoridad, y habiendo obrado la misma siempre según las disposiciones normativas aplicables para dictar la Resolución Exenta atacada, es que resulta evidente que no ha existido acto u omisión ilegal o arbitrario que haya privado, perturbado o amenazado en momento alguno aquellas garantías constitucionales reconocidas por nuestra Carta Fundamental, más aun considerando que todas las actuaciones precedentemente señaladas fueron llevadas a cabo por esa autoridad según las normas especiales del procedimiento de marras, como son el Decreto Ley N°1.094 y el Decreto Supremo N°597, además de aplicar supletoriamente aquellas disposiciones establecidas en la Ley N°19.880.

Solicita tener por evacuado el informe requerido en autos, solicitando el rechazo de la presente acción constitucional de protección en todas sus partes respecto de los extranjeros recurrentes por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esta autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, así como el rechazo a la condena en costas a este Servicio.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

SEGUNDO: Que, para que proceda el recurso, se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que el acto estimado ilegal y arbitrario alegado por la recurrente consiste en que la recurrida negó su solicitud de permanencia en base a elementos inexistentes, que no se condicen con la realidad del recurrente y que se le ha otorgado una nueva visa temporaria, que le hace perder la continuidad de su visa anterior; y que la Resolución si bien es del 7 de mayo de 2020, sólo tomó conocimiento el 3 de marzo de 2022, por lo que transcurrió con exceso el plazo debido para emitir un pronunciamiento.

CUARTO: Que, al evacuar informe la parte recurrida, insta por el rechazo del recurso señalando –en lo sustancial- que el recurso ha perdido oportunidad, debido a que mediante Resolución Exenta N°82789 de siete de mayo de dos mil veinte, se rechazó la solicitud de permanencia definitiva del recurrente, por no acreditar estabilidad económica y laboral en el periodo correspondiente a la última visa. En la cual se le otorga además una nueva visa temporaria con vigencia desde el estampado electrónico.

Dicha resolución fue informada al recurrente mediante la notificación de siete de mayo de dos mil veinte, al domicilio ubicado en domicilio reservado, Región de Magallanes.

QUINTO: Que, del mérito de los documentos acompañados por la recurrida, consta que se rechazó la solicitud de permanencia definitiva, notificándola al recurrente, y se ha otorgado una visación de residente temporario en la condición de titular, por el período de un año, contado desde la fecha en que se estampe dicha visación en su pasaporte.

SEXTO: Atendido el contenido de la Resolución Exenta N°82786 de 7 de mayo de 2020, que en su numeral 4, fundamenta la decisión en: “Que, si bien el solicitante cumple con los requisitos contemplados en los artículos 42 de la Ley de Extranjería y 82 inciso 1° de su Reglamento, se ha determinado que, no cuenta con estabilidad económica y laboral y por tanto, carece de recursos que le permitan vivir en Chile sin constituir una carga social, siendo pertinente rechazar su solicitud en virtud de lo dispuesto en el artículo 64 N°4 de la Ley precitada, en relación con el artículo 138 N°4 del Reglamento de Extranjería, ya que por circunstancias ocurridas con posterioridad a su ingreso a Chile ha quedado comprendido en los N°4 o 5°del artículo 15 de la ley migratoria, por lo que no es posible otorgar el permiso de residencia solicitado, se colige su acertada motivación.

SÉPTIMO: Que, sin perjuicio que no se dio cumplimiento al plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, ya que fue rechazada la solicitud a casi un año de la presentación de la solicitud, y lo establecido en el considerando anterior, sumado a la facultad discrecional de la autoridad administrativa de acoger o rechazar las solicitudes de permanencia definitiva, se debe colegir que no ha existido acto u omisión que pueda calificarse de arbitrario o ilegal.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por Juan Pablo Collao Arenas, en favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL N°121-2022- PROTECCIÓN