Protección contra Ilustre Municipalidad de Torres del Paine

Punta Arenas, trece de febrero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparecen nombre reservado, chileno, abogado, y nombre reservado, chilena, abogada, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, Región de Magallanes y Antártica Chilena, quienes deducen recurso de protección en favor de nombre reservado, chilena, funcionaria pública, técnico de nivel superior, titular de la Planta de la Ilustre Municipalidad de Torres del Paine y, en contra de la Ilustre Municipalidad de Torres del Paine, representada por doña nombre reservado

nombre reservado, en su calidad de alcaldesa, ambos domiciliados en domicilio reservado por los actos administrativos emanados de dicho Órgano de la Administración del Estado, resultando vulnerados una serie de derechos y garantías fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República de Chile y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, específicamente por la ejecución anticipada y de hecho de la sanción disciplinaria de destitución contenida en el Decreto Alcaldicio N°NUM000, dictado con fecha 15 de diciembre de 2025.

Señalan que doña nombre reservado ingresa el año 2015 como administrativa, titular de Planta de la Ilustre Municipalidad de Torres del Paine, comuna de Torres del Paine, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Con fecha 27 de mayo del año 2025 su empleadora la Ilustre Municipalidad de Torres del Paine instruye sumario administrativo debido a eventuales incumplimientos por uso indebido en su subsidio de incapacidad laboral (comúnmente denominado licencia médica).

El recurso se funda en la supuesta ilegalidad de aplicar la sanción de destitución durante el período de fuero electoral establecido en los artículos 156 y 157 de la Ley N°10.336, toda vez que la ejecución de dicha medida habría ocurrido dentro del plazo de prohibición que se extiende desde treinta días antes de las elecciones presidenciales hasta sesenta días después de la segunda vuelta, esto es, hasta el 14 de febrero de 2026.

Refieren que con fecha 10 de octubre de 2025 fue notificada personalmente del Decreto Alcaldicio N°NUM001, que le impuso la sanción de destitución, fundada en la supuesta vulneración grave del principio de probidad administrativa.

Posteriormente, el 10 de noviembre de 2025 se interpuso recurso de protección ante esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, Rol Ingreso de Corte 585-2025, en contra de dicho acto administrativo, el cual actualmente se encuentra apelado ante la Excma. Corte Suprema Rol N°55.558-2025.

Agregan que con fecha 15 de diciembre de 2025 la recurrente fue notificada del Decreto Alcaldicio N°NUM000 que decretó el cúmplase de la sanción disciplinaria de destitución establecida en el Decreto Alcaldicio N°NUM001, en virtud del artículo 123 de la ley 18.883, privándola de sus remuneraciones desde dicha fecha, lo que consideran vulnera el fuero electoral establecido en la ley.

Sostienen que los artículos 156 y 157 de la Ley N°10.336 establecen que desde treinta días antes y hasta sesenta días después de la elección de Presidente de la República, las medidas disciplinarias de destitución solo podrán decretarse previo sumario instruido por la Contraloría General de la República. Invocan el dictamen N°NUM002, de fecha 06 de octubre de 2025, que ratificaría que durante el período electoral no pueden ejecutarse sanciones de destitución, salvo cuando el procedimiento haya sido incoado y sustanciado por el propio órgano contralor, situación que no ocurriría en este caso, ya que el procedimiento fue instruido por la propia Municipalidad.

Se denuncia vulneración del derecho de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución, por cuanto se habría aplicado una sanción de destitución estando expresamente prohibido por ley. Asimismo, se invoca la vulneración del derecho de propiedad contemplado en el artículo 19 N°24, en cuanto la medida priva a la funcionaria de la estabilidad en el empleo que le asistiría hasta el 14 de febrero de 2026 y, en consecuencia, de sus remuneraciones.

Por lo anterior, solicita, se deje sin efecto el acto administrativo recurrido consistente en el Decreto Alcaldicio N°NUM000 de fecha 15 de diciembre de 2025, el cual decreto el cúmplase de la sanción disciplinaria de destitución, ordenando se reestablezca el imperio del derecho a través del inmediato reintegro al desempeño de sus funciones y pago íntegro de sus respectivas remuneraciones, hasta que termine el periodo post eleccionario, esto es, 14 de febrero de 2026, todo ello con expresa condenación en costas.

Evacuó informe por la recurrida el abogado Carlos Alberto Contreras Quintana.

Solicita el rechazo del recurso, argumentando que no ha existido vulneración alguna al fuero electoral y, consecuencialmente, no puede existir vulneración de garantía constitucional alguna, por cuanto la destitución a la funcionaria fue aplicada con ocasión de la notificación del decreto alcaldicio N°NUM001 que estableció y fundamentó la destitución, lo que aconteció con fecha 10 de octubre de 2025, esto es, fuera del período de 30 días previo a las elecciones presidenciales efectuadas el 16 de noviembre de 2025.

Señala que lo anterior ya fue resuelto por este Ilustrísimo Tribunal en sentencia causa rol protección 516- 2025, confirmada por la Excelentísima Corte Suprema de Justicia con fecha 30 de enero de 2026 en causa rol 50.547- 2025, la cual precisó en su considerando sexto que los actos de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo causan inmediata ejecutoriedad, salvo en aquellos casos en que una disposición establezca lo contrario o necesiten aprobación o autorización superior.

En ese sentido, sostiene, se evidenció un actuar ajustado a derecho por parte de la recurrida respecto de la ejecución de la medida de destitución decretada mediante Decreto Alcaldicio N°NUM001 de 10 de octubre de 2025.

Agrega que si la destitución, válidamente determinada y aplicada, no se concretó, fue por la propia acción deducida por la recurrente en la causa anterior y que determinó la vigencia de una orden de no innovar. Una vez fallada la causa y dejada sin efecto la orden de no innovar, se emitió el decreto alcaldicio N°NUM000 que dispuso el cúmplase de la medida ya aplicada y notificada el 10 de octubre de 2025.

Concluye que siendo el actuar de la Municipalidad plenamente válido, no hay vulneración de garantía alguna a la recurrente, solicitando el rechazo del recurso con expresa condena en costas.

Que se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, los hechos que motivan el presente recurso los hace consistir el recurrente en la dictación por parte de la recurrida del Decreto Alcaldicio N°NUM000 de fecha 15 de diciembre de 2025, que decretó el cúmplase de la sanción disciplinaria de destitución establecida en el Decreto Alcaldicio N°NUM001 de fecha 10 de octubre de 2025, durante un período en que supuestamente existiría prohibición legal de ejecutar dicha medida conforme a los artículos 156 y 157 de la Ley N°10.336.

CUARTO: Que, por su parte la recurrida insta al rechazo del recurso, aduciendo que la destitución fue aplicada con ocasión de la notificación del decreto alcaldicio N°NUM001, efectuada el 10 de octubre de 2025, esto es, fuera del período de 30 días anteriores a la elección presidencial de 16 de noviembre de 2025. Agrega que el decreto alcaldicio N°NUM000 solo dispuso el cúmplase de una medida ya aplicada y notificada, cuya ejecución se encontraba suspendida únicamente por efecto de una orden de no innovar dictada en otro recurso de protección, y que una vez levantada dicha orden, correspondía dar cumplimiento a la sanción válidamente impuesta.

QUINTO: Que, del análisis de los antecedentes, resulta un hecho no controvertido que la sanción disciplinaria de destitución fue impuesta mediante Decreto Alcaldicio N°NUM001 de fecha 10 de octubre de 2025, notificado personalmente a la recurrente en esa misma fecha.

Dicha notificación se produjo fuera del período de fuero electoral establecido en los artículos 156 y 157 de la Ley N°10.336, toda vez que las elecciones presidenciales se celebraron el 16 de noviembre de 2025, por lo que el período de protección de treinta días anteriores comenzaba el 17 de octubre de 2025.

SEXTO: Que, conforme lo disponen los artículos 3 y 51 de la Ley 19.880, los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando su ejecución de oficio por la autoridad administrativa.

Asimismo, se establece que los actos de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo causan inmediata ejecutoriedad, salvo en aquellos casos en que una disposición establezca lo contrario o necesiten aprobación o autorización superior, y que los decretos y las resoluciones producirán efectos jurídicos desde su notificación o publicación, según sean de contenido individual o general.

SÉPTIMO: Que, en ese orden de ideas, la sanción de destitución se aplicó válidamente con la notificación del Decreto Alcaldicio N°NUM001 el 10 de octubre de 2025, fecha en que el acto adquirió ejecutoriedad y produjo sus efectos jurídicos, esto es, fuera del período de fuero electoral.

Si bien es efectivo que la ejecución material de dicha medida quedó suspendida por efecto de una orden de no innovar decretada en el recurso de protección Rol 516-2025 seguido ante esta Iltma. Corte de Apelaciones, dicha suspensión constituyó una medida cautelar de carácter provisorio que, al cesar por efecto del fallo definitivo de dicha causa, permitió que la autoridad administrativa diera cumplimiento a una sanción ya aplicada y notificada en forma legal y oportuna.

OCTAVO: Que, en consecuencia, el Decreto Alcaldicio N°NUM000 de 15 de diciembre de 2025 no constituye una nueva aplicación de la sanción de destitución, sino únicamente el cúmplase de una medida disciplinaria que ya había sido aplicada y notificada el 10 de octubre de 2025, en forma previa al inicio del período de fuero electoral.

El hecho de que su ejecución material se haya visto impedida transitoriamente por efecto de una orden de no innovar no implica que la medida deba considerarse como aplicada o ejecutada recién en diciembre de 2025, toda vez que su eficacia jurídica se produjo en la fecha de su notificación original, esto es, el 10 de octubre de 2025.

NOVENO: Que, el fuero electoral establecido en los artículos 156 y 157 de la Ley N°10.336 prohíbe que las medidas disciplinarias de destitución se decreten durante el período protegido, salvo que sean instruidas por la Contraloría General de la República.

En la especie, la medida fue decretada y notificada con anterioridad al inicio de dicho período, por lo que no existe vulneración alguna a dicha normativa. La circunstancia de que su cumplimiento material haya quedado en suspenso por efecto de una medida cautelar judicial no puede interpretarse como que la sanción fue aplicada en un momento distinto al de su notificación.

En este sentido, la orden de no innovar suspende la ejecución material del acto, pero no altera su eficacia jurídica ni la fecha en que fue válidamente aplicado.

DÉCIMO: Que, en función de lo expuesto, no se advierte la existencia de un acto ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos invocados.

La alegada vulneración del derecho de igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Constitución no resulta procedente, toda vez que la Municipalidad actuó conforme a la ley al aplicar la sanción con anterioridad al período de fuero electoral. Del mismo modo, la invocación del derecho de propiedad del artículo 19 N°24 tampoco puede prosperar, por cuanto la funcionaria no puede considerarse titular de un derecho de propiedad sobre su empleo que se extienda más allá de la vigencia de una sanción disciplinaria válidamente aplicada, cuya ejecución solo se vio suspendida por efecto de una medida cautelar de carácter provisorio.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA, sin costas, el recurso intentado en favor de nombre reservado y en contra de la Ilustre Municipalidad De Torres del Paine, todos ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Sra. Caroline Turner González.

Rol N°12-2026.PROTECCION.-