Protección contra Sra

Punta Arenas, dieciséis de febrero de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones don Santiago Montt Vicuña, abogado en representación de doña nombre reservado, quien recurre de protección en contra de la Sra. Juez Titular del Juzgado de Letras del Trabajo de esta ciudad, doña Claudia Ortiz Quinteros, solicitando se acoja el recurso, se declare que lo actuado por la recurrida es arbitrario y/o ilegal, se ordene dejar sin efecto el remate verificado el día 31 de diciembre de 2018 en la causa RIT C-71-2017 tramitada en el mencionado Tribunal, a fin que la recurrente tenga la posibilidad de participar en el mismo, prohibiendole a la recurrida excluirla del remate en base a su ascendencia, en su raza, en su apellido, en su color de piel, en su parentesco, en sus relaciones familiares o por otras circunstancias igualmente discriminatorias o que carezcan de fundamento racional, con expresa condena en costas en caso de oposiciòn.

Como cuestiòn previa, hace mención que la acción constitucional se encuentra dentro de plazo, y no se interpone por una de las partes en juicio, sino que por un tercero –postor- que fue excluído de la subasta en base al mero capricho de la recurrida.

Explica que, según consta en el sistema informático de tramitación de causas, con fecha 18 de octubre de 2017, en los citados autos, la demandante solicitó al Tribunal una medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos respecto del inmueble de propiedad de Comercial e Inmobiliaria ENE S.A., ubicado en la comuna de Punta Arenas, inscrito a fojas 1.373 Nº 2.310 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Punta Arenas, la que fue concedida, notificandose luego la traba del embargo, al Conservador de Bienes Raíces el 29 de noviembre de 2017.

Se fijó el primer remate del inmueble para el día 05 de octubre de 2018, ocasión en que no comparecieron postores. Un segundo remate se programó para el día 16 de noviembre de 2018, en dicha oportunidad el inmueble se adjudicó al abuelo de la recurrente, don nombre reservado., por la suma de $452.000.000 de pesos; sin embargo, no consignó el precio de la subasta, fijandose un tercer remate para el día 31 de diciembre pasado. A este llamado concurrió la actora, negandosele el derecho a participar en el remate.

Precisa que el llamado se efectuó a las 11:30 horas, pese a que el horario fijado era a las 11:00 horas, encontrandose los postores en la sala de audiencias por una parte nombre reservado y nombre reservado y la actora por otra. A continuación, la Ministra de fe solicitó la entrega de vale vista, la recurrente entregó dos, que totalizaban la suma de $50.000.000 de pesos, tomados ambos por Comercial e Inmobiliaria ENE S.A., se le consultó los nombres de quienes participaban en el remate y la Sra. nombre reservado extendió su cédula de identidad, indicando expresamente a la funcionaria que actuaba por sí, como postora individual. Sostiene que, contando ya con la presencia de la recurrida en estrados, el abogado de la ejecutante, don Luis Díaz Coñuecar, solicitó se impidiera de participar en la subasta a la recurrente por no tener la representación legal de la empresa Comercial e Inmobiliaria ENE S.A. -demandada en dichos autos- lo que reconoce como efectivo, pues no tiene relación comecial alguna con dicha persona juridica, la representante de la citada empresa es la Sra. nombre reservado, madre de la actora. Añade que la intervención del abogado Diaz incluyó expresiones injuriosas contra su representada y su familia.

Refiere que dichas expresiones fueron hechas propias por la Sra. Juez recurrida, quien señaló que el abogado Díaz tenía razón y decidió excluir a la actora de la subasta, argumentando que la recurrente había comparecido por Comercial e Inmobiliaria ENE S.A., dueña del inmueble a subastar, lo que es falso. Agrega que en la audiencia se encontraba tambien el abogado de la empresa ejecutada, don Juan Bahamonde Pérez, quien luego de la decisión, interpuso verbalmente reposición, sin embargo, la recurrida lo detuvo en seco, impidiendole hablar y señalando que como la subasta no era una audiencia, estaba vedada la posibilidad de reponer, y en general de hablar, lo que califica de insolito.

Alega que ha existido una actuacion dolosa del tribunal y no una simple confusión, ya que la recurrente informó, en presencia de varias personas y antes que se procediera al remate que comparecía a título personal, pese a lo cual decide excluirla del remate en un actuar que, estima caprichoso. Luego de ello, la subasta se efectuó con un solo postor, los hermanos nombre reservado, quien se adjudicaron el inmueble en la suma de $300.000.000, mucho menor a la que pensaba ofrecer la actora. Alude que luego del remate solicitó audiencia con la Sra. Juez recurrida quien no la recibió, al igual que la Ministra de fe del Tribunal.

Estima que el acto de excluir a la recurrente de la subasta es arbitrario porque es irracional, guiado por el mero capricho y odiosidad de la recurrida, porque se le señaló en forma expresa, clara y directa que comparecía a título personal. Lo que tambien se concluye respecto de la negativa a escuchar al abogado de la ejecutada. La odiosidad que alega dice relación con la familia a la que pertenece la actora. Hace presente que el abogado Sr. Díaz, luego que se frustara el segundo remate, publicó en un diario de circulación local –a nombre de sus representados- donde denostaba al Sr. nombre reservado, refiriendose a su origen indio.

El acto denunciado es además ilegal por cuanto transgrede lo consagrado en el artículo 494 del Còdigo de Procedimiento Civil ya que, pese a que la recurrente acompañó la caución exigida por el Tribunal, la jueza recurrida procedió a la exclusión. De igual modo infringió lo dispuesto en el artículo 496 del mismo cuerpo legal, en el sentido que en el acta de remate podrá el rematante indicar la persona para quien adquiere, pese a señalar que comparecía a título personal, se le excluye por estimar que representaba a ENE, por razones de parentesco, de raza o porque los vale vista fueron tomados por la empresa, cuando la regla señala que la individualización del adquirente puede hacerse despues.

Los hechos denunciados ha afectado la garantia constitucional de igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que se le discriminó al excluirsele del remate sin ninguna razonabilidad, si bien en el acta de remate, se señala que la recurrente fue excluida por representar a la parte ejecutada, este argumento sólo añade más reproche al actuar de la recurrida, a quien se señaló que comparecía la actora a título personal, como persona natural y no en representación de una persona jurídica.

Informa la recurrida Srta. nombre reservado, Juez Titular en el Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas.

Aclara que con fecha 15 de febrero de 2016, 7 trabajadores dedujeron demanda declaración de un solo empleador, acción de subterfugio, denuncia por vulneración de derechos fundamentales y en subsidio demanda de despido indirecto, en contra de Comercial nombre reservado S.A.; Rekomotor S.p.A., Comercial Divemotor S.A., Comercial Transworld Supply Automotriz Ltda., Comercial e Inmobiliaria ENE; y, General Motors Chile; dicho proceso rola bajo el RIT T-5-2016, cuya sentencia definitiva se dictó el día 26 de noviembre de 2016, mediante la cual se hizo lugar a la demanda de despido indirecto interpuesta por constituir las empresas demandadas un solo empleador, declaró ajustado a derecho el auto despido que los actores realizaron con fecha 5 de febrero de 2016, por haber incurrido el empleador en la causal establecida en el artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, condenando a los demandados solidariamente, a pagar indemnizaciones sustitutiva del aviso previo, por años de servicios e incremento del 50% de la indemnización antedicha conforme al artículo 171 del Código del Trabajo. En contra de dicho dictamen ambas partes recurrieron de nulidad, los que fueron rechazados por sentencia de esta Corte de Apelaciones; declarándose luego inadmisible el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por los demandados. Encontrándose ejecutoriado el fallo, lo que se certificó con fecha 10 de octubre de 2017.

Sostiene que la sentencia dictada no fue cumplida, por lo que se inició una causa ejecutiva laboral RIT C-71-2017, cuya primera liquidación del crédito, de fecha 23 de octubre de 2017, arrojó un saldo adeudado de $231.237.854 pesos, y la segunda de 31 de julio de 2018, alcanzó la suma de $244.286.958 pesos.

Añade que en la citada causa ejecutiva se trabó embargo respecto de un inmueble de propiedad de Comercial e Inmobiliaria ENE S.A., situado en domicilio reservado de esta ciudad.

A continuación se fijó el remate para el día 07 de septiembre de 2018, el cual a solicitud de la parte ejecutada fue suspendido por la Jueza (S) Sra. Machuca y posteriormente se agendó para el día 5 de octubre de 2018, a las 10:00 horas, sin embargo, efectuado el llamado respectivo no se presentaron postores, procediéndose a fijar un segundo remate, para el día 16 de noviembre de 2018, ocasión en que se presentaron los postores Alejandro Hijerra Cárdenas, en representación de nombre reservado y nombre reservado, en representación de nombre reservado, adjudicándose el inmueble este último en la suma de $452.000.000.-, no obstante, por resolución de fecha 04 de diciembre de 2018, se dejó sin efecto el remate porque el adjudicatario no consignó el precio dentro del plazo legal, y junto con ello se ordenó hacer efectiva la caución conforme al artículo 494 del Código Procedimiento Civil, fijándose un nuevo remate para el día 31 de diciembre de 2018 a las 11:00 horas.

El señalado día, la Sra. Ministra de Fe, Marta Villarroel procedió a efectuar el llamado al remate y anotó en una hoja la identidad de los postores, por una parte don nombre reservado, RUT RUT reservado y don nombre reservado nombre reservado nombre reservado, RUT RUT reservado; por otra Comercial e Inmobiliaria ENE S.A. representada por doña nombre reservado, RUT RUT reservado; información que le fue entregada en una minuta por la funcionaria en su despacho junto con las cauciones consistente en tres vale vistas (por $50.000.000.- $1.000.000.- y $49.000.000.- respectivamente).

Acto seguido, ya en la sala de audiencias del tribunal, procedió a dar cuenta a viva voz de la identidad de los postores dando lectura a la minuta antedicha, y a individualizar los vale vista, consultando a los presentes si los antecedentes expuestos eran correctos, manifestando los Sres. nombre reservado una salvedad respecto de los vales vista por $1.000.000.- y $49.000.000.- correspondían a la postora Comercial e Inmobiliaria ENE S.A.

A continuación, el abogado de los ejecutantes, don Luis Díaz Coñuecar, hizo uso de la palabra -no por largos quince minutos como señala el libelo-, solicitando que doña nombre reservado acreditara su personería para representar a la empresa Comercial e Inmobiliaria ENE S.A. y a su vez, se la excluyera de participar en el remate, atendida su calidad de propietaria del inmueble a subastar, frente a lo cual, la aludida manifiesta que comparece como persona natural y que el vale vista, en el que aparece el nombre de la empresa deudora, le habría sido facilitado a ella.

En virtud de lo expuesto, manifestó que el remate es una venta forzada en que el juez representa al deudor con el objeto de satisfacer el crédito adeudado con el producto de la venta, y que la ley a quien reconoce el derecho a participar en el remate es al acreedor. Asimismo, señaló que el objetivo de la ejecución no se cumple si el bien a rematar es adjudicado a su propio dueño e hizo presente a la Sra. nombre reservado, que ella informó a la Ministra de Fe que el postor era Comercial e Inmobiliaria ENE S.A., y no que lo hacía a título personal, en base a dichos antecedentes y previa lectura del artículo 430 del Código del Trabajo, excluyó a la postora Comercial e Inmobiliaria ENE S.A. De este modo, no es efectivo que se haya limitado a decir que el abogado de los ejecutantes "tenía razón" como afirma la actora.

Argumenta que limitó la intervención del abogado Juan Bahamonde, quien se encontraba presente el día del remate en la sala de audiencias, según los antecedentes que obran en las causas RIT C-71-2017 y RIT T-5-2016, es abogado defensor de las ejecutadas Comercial e Inmobiliaria ENE S.A. Y Transworld Supply Automotriz Ltda., pero no de la Sra. nombre reservado. Sin embargo, niega haber impedido en general la posibilidad de hablar, conducta que no se condice con la forma en que ha ejercido la función jurisdiccional ni con la dinámica de los hechos que suscitaron el día 31 de diciembre pasado.

Dado que el procedimiento de cobranza laboral es escrito, no se representó la necesidad de utilizar el sistema de grabación de audio para registrar el acto del remate, medida que implementará en lo sucesivo.

Hace presente que en conformidad a lo dispuesto en el artículo 1816 del Código Civil, admitir la participación como postor de Comercial e Inmobiliaria ENE S.A. y adjudicarle el bien, además, de haber constituido una actuación al margen de la ley, solo habría dilatado una vez más el proceso, ya que ella habría desembocado en la nulidad del mismo, el cual se ha extendido por la constante interposición de incidentes por parte de la ejecutada.

Agrega que no impidió la participación como postora de la recurrente en calidad de persona natural, por cuanto al momento de efectuarse el llamado a remate ella indicó a la Ministro de Fe que comparecía en representación de Comercial e Inmobiliaria ENE S.A., y guardó silencio cuando el tribunal a viva voz consultó a los concurrentes si la individualización de los postores era correcta.

Explica que, con posterioridad al remate, no concedió las audiencias solicitadas por la actora y por su abogado, porque entiende que cualquier alegación referida a la situación suscitada en el acto del remate, debía canalizarse a través de los medios y recursos procesales que en derecho corresponden, como es el presente recurso, cuya redacción avala su postura, por cuanto se alude a una serie de arbitrariedades e ilegalidades en que en habría incurrido, que malamente podría haber zanjado en una audiencia privada a espaldas de las partes del juicio.

Esgrime que las alegaciones del recurso basados en una supuesta odiosidad contra la recurrente, carecen de solidez, del libelo no es posible inferir cuál sería el motivo de ella, cuando nunca había visto a dicha persona y solo mediante la lectura del recurso de protección y del incidente de nulidad del remate presentado con fecha 7 de enero de 2019 en la causa RIT C-71-2017, ha tomado conocimiento de que doña nombre reservado es hija de doña nombre reservado, representante legal de Comercial e Inmobiliaria ENE S.A. y nieta de don nombre reservado, quien participó en el remate de fecha 16 de noviembre de 2018.

Adiciona que en las conductas que se imputan al abogado Luis Díaz Coñuecar, consistente en una publicación efectuada en un diario local, no ha tenido participación en ello y menos le cabe responsabilidad por las actuaciones del letrado.

Acompaña a su informe, uno elaborado por la Ministra de Fe del Tribunal, doña Marta Villarroel, quien actuó en dicha calidad en el remate, en los términos ya expresados, además de las fotocopias de los vale vista entregados por la postora Comercial e Inmobiliaria ENE S.A. y de la minuta de anotación de los postores.

Se hizo parte en el recurso de protección como tercero independiente, el abogado don Luis Díaz Coñuecar, por sí y en representación de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, fundado en lo dispuesto en los artículos 22 y 23 del Código de Procedimiento Civil, al tratarse, los representados, de los ejecutantes en la causa de cobranza laboral que motiva la presente acción constitucional.

Precisa que luego de un extenuante proceso de 3 años, los ejecutantes en causa de cobranza laboral, ya individualizada, lograron obtener el remate de un inmueble embargado hace año y medio, sumado a la enconada oposición de la ejecutada ENE S.A. a pagar el crédito adeudado. Llegado el 31 de diciembre de 2018 se procedió a la subasta del inmueble, con la asistencia de dos postores, el abogado Díaz Coñuecar por los ejecutantes, con cargo a su crédito y los hermanos nombre reservado, quienes ofertaron la suma de 300 millones de pesos, a quienes se adjudicó la propiedad. Aclara que hubo un tercer compareciente, la misma ejecutada Comercial e Inmobiliaria ENA S.A. por intermedio de doña nombre reservado, tal cual informó la Ministra de Fe, lo que ratificó la recurrente a la Magistrada, al inicio del remate, frente a cerca de 15 personas. Manifiesta que al inicio de la subasta solicitó hacer uso de la palabra para exponer un hecho relevante, que decía relación con las maniobras atentatorias a la buena fe, en los términos señalados en el artículo 430 del Código del Trabajo, debido a que la oferente y recurrente de protección acompañó dos vale vista tomados por Inmobiliaria ENE S.A. y señaló comparecer por la ejecutada, por lo que solicitó exhiba poder para representar a la postora, y se le excluya al tratarse de la misma ejecutada.

Lo anterior le genera extrañeza, por cuanto la empleadora se ha resistido a pagar el crédito directamente en el Tribunal, pudiendo hacerlo y, sin embargo, pretende adjudicarse un bien propio, infringiendo el artículo 1816 del Código Civil; considerando que el remate es una venta forzada, en que el Juez toma la representación del deudor y vende en pública subasta un inmueble para pagar sus acreencias. Por lo que está bien excluida la representante de la ejecutada nombre reservado.

Añade que resuelta la exclusión, comenzaron conversaciones en bajo tono entre la recurrente, don nombre reservado y el abogado José Bahamonde, por lo que la Sra. nombre reservado alza su mano para señalar que comparece como persona natural; no obstante haber acompañado vale vista de la ejecutada e informado que lo hace en su representación, pretende alterar su comparecencia, a lo que el tribunal le informó fundadamente que aquello no era efectivo, ya que de ser así lo habría informado a la Ministra de Fe al inicio de la audiencia.

Al efecto, señala que la recurrente no rindió caución alguna, ni la ejecutada ENE S.A. la autorizó para adjudicarse el inmueble, para que así procediere debió haber acompañado tal autorización o bien endosado el documento a su nombre para presentarlo al Tribunal. En el evento de adjudicarse el inmueble y no haber consignado el precio, quien habría perdido la caución sería ENE S.A. y no doña nombre reservado, enfrentándose a una nulidad de todo lo obrado, de lo que deviene la improcedencia de la acción interpuesta.

Expresa que en sus alegaciones se refirió al empleador de sus representados, acuso que se trataba de un abuso inaceptable y tal como se lo manifestaron nombre reservado, Sunil nombre reservado y otros, querían dilatar el juicio hasta que los ejecutantes se cansen, pierdan la esperanza y le vayan a tocar la puerta para negociar al menos el 50% del crédito reconocido judicialmente. En cuanto al actuar del abogado de ENE S.A., Sr. nombre reservado, alude que nunca tomó lugar en estrados, si no que compareció como público, le llama la atención que pretenda alegar derechos de un tercero, lo que confirma el ardid y maquinación sobre la marcha para cambiar la estrategia, demostrando que no es efectivo que haya comparecido como persona natural.

De lo anterior concluye que no existió acto arbitrario e ilegal en la exclusión de la subasta de la recurrente, adoptándose las providencias para evitar un remate nulo, atendido lo dispuesto en el artículo 1816 del Código Civil, siendo su participación como persona natural un artilugio planificado sobre la marcha.

Considera extraño el argumento esgrimido por la contraria, referido a que la exclusión en comento se motiva en su raza, lo que concluye de una publicación efectuada en un diario de circulación regional, lo que no debe ser considerado por esta Corte, en virtud de la igualdad ante la ley que ampara todas las personas.

Aduce que las peticiones formuladas a este Tribunal, resultan incomprensibles, por cuanto pretende evadir los recursos que la ley considera en este tipo de procedimientos, no siendo la acción de protección la vía idónea para desvirtuar o atacar resoluciones judiciales.

Hace presente que, de las declaraciones juradas acompañadas al libelo del recurso, suscritas por Sunil nombre reservado –representante de la ejecutada- nombre reservado –empleada de confianza de la misma empresa- y de nombre reservado –empleado de hace más de 30 años de la familia nombre reservado y conocido como quien participa en casi todos los remates en su nombre durante largos años- resultan ser falsas y torcidas, debiendo descartarse por falta de parcialidad.

Añade que según oficio Ord. 0542 de 09 de junio de 2016 la Inspección Provincial del Trabajo informó a la Sra. Juez del Trabajo, acerca de las conclusiones producto de la fiscalización 1201/2016/720 en la causa RIT T-5-2016 en el que incide la sentencia condenatoria que se ejecuta en el RIT C-71-2017, donde se informa que la recurrente es socia de las empresas Inversiones Ganges Ltda. e Inversiones Ceilán Ltda., que es ella quien efectúa las entrevistas de trabajo de funcionarios que se incorporan a la empresa. Además, el contralor del Grupo de Empresas nombre reservado manifestó que los dueños de las empresas Comercial nombre reservado S.A. y Rekomotor SpA., son Inversiones Ceilán Ltda. e Inversiones Ganges Ltda., ambas de propiedad de la recurrente junto a su hermano nombre reservado. De igual modo en dicho informe se refiere que doña nombre reservado es Jefa de Recursos Humanos del grupo de empresas nombre reservado y la recurrente cumple la labor de Subgerente de Administración y Finanzas. El ente fiscalizador también constató que en el holding de empresas se encuentra la ejecutada ENE S.A. Aclara que en el juicio resulto condenada Comercial nombre reservado S.A. y Rekomotor SpA, ambas de propiedad de la recurrente a través de dos sociedades, afectándole las resultas del juicio, lo que deja de manifiesto que la actora representa los intereses de la ejecutada ENE S.A. ya que es parte del mismo conglomerado.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

SEGUNDO: Que, el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario por la actora, lo hace consistir en la exclusión del acto del remate de doña nombre reservado por razón de parentesco, en base a su ascendencia, en su raza, en su apellido, en su color de piel, en sus relaciones familiares o por otras circunstancias igualmente discriminatorias de raza o, por ser los vale vista emitidos por la ejecutada, lo que configura un actuar ilegal y arbitrario de la recurrida que vulnera la garantía constitucional establecida en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política.

Precisa la recurrente que también es abogado de Comercial ENE y que lo que aconteció en el caso de autos fue un error jurídico de magnitud pues todo lo que ha acontecido en la causa se basa en la necesidad del ejecutado de defender el bien que se realiza hasta el punto que le parezca conveniente y por ello Comercial ENE tomó dos vale vista por los montos necesarios para caucionar su participación en la subasta y destaca que el artículo 496 del código de procedimiento civil autoriza que el rematante indique la persona para quien adquiere, razón por la cual no existe problema para que el ejecutado comparezca y en cuanto a lo prescrito en el artículo 1816 del código civil señala que lo que acontece cuando el ejecutado paga no es la compra de su propio bien, sino que es una consignación destinada al pago y por ello no habría adjudicación; a mayor abundamiento alega que si, en definitiva, se declara nulo el remate o no se concreta la consignación por el ejecutado se cobra la caución y no existe perjuicio, así las cosas, el problema de la juez recurrida es que toma y hace suyos los argumentos del ejecutante y ello es un error. Insiste en que el remate es un acto complejo que concluye sólo con la tradición del bien rematado y por ello se consignó por la ejecutada el total del valor adeudado al día siguiente para proceder al pago de los trabajadores y dejar sin efecto el remate. Precisa que el crédito de los trabajadores ya está pagado. Concluye indicando que se ha privado a la ejecutada de un patrimonio de más de seiscientos millones de pesos.

TERCERO: Que, la parte recurrida, solicita el rechazo del recurso, dando cuenta en primer lugar que la causa en la cual se efectuó el remate data, en sede declarativa, desde el 15 de febrero del año 2016 y que ya en etapa de cumplimiento se han efectuado diversos llamados a remate destacándose el 05 de octubre del año 2018 fecha en la cual no se presentaron postores, el día 16 de noviembre de 2018 en la cual el señor nombre reservado, quien en definitiva se adjudicó el inmueble, pero no pagó el precio, y el día 31 de diciembre en la cual además de la recurrente se presentaron don nombre reservado y don nombre reservado como postores. La recurrente, en principio y según se lo indicó a la ministra de fe del tribunal compareció en representación de inmobiliaria ENE S.A. acompañando dos vale vista de $1.000.000 y de $49.000.000 tomados por dicha empresa para caucionar su calidad, al momento de iniciarse la subasta y tomar nota de los asistentes en calidad de postores, previo traslado a la parte ejecutante, la magistrada excluye a la recurrente por ser representante de la ejecutada y concurrir como postor en dicha calidad vulnera lo dispuesto en el artículo 1816 del código civil afirmando además que la decisión se efectuada basada en lo prescrito en el artículo 430 del código del trabajo que faculta al Tribunal para adoptar las medidas necesarias para impedir el fraude, la colusión, el abuso de derecho y las actuaciones dilatorias, ante lo cual la recurrente, previa conferencia con el abogado de la ejecutada, cambia su oposición y señala que comparece en su propio nombre caucionando su participación con los vale vistas de Inmobiliaria ENE S.A., por su parte el tercero representante de los trabajadores ejecutantes de la causa en la que incide el presente recurso da cuenta de la extensión del proceso laboral que buscó obtener el pago de las indemnizaciones de su representado y que la contraparte se ha preocupado de dilatarlo con diversas acciones e incluso perdiendo cauciones, con el objeto que los trabajadores aceptaran el pago de indemnizaciones avaluadas en un cincuenta por ciento de lo que habían obtenido en el juicio, agrega que efectivamente la recurrente primero compareció en representación de Comercial ENE y que después que se le señala que no podía en virtud de los establecido en el artículo 1816 del código civil y previa conferencia con el abogado de la ejecutada, comercial ENE, cambia su posición y señala que comparece a título personal, pero en dicha circunstancia no podía caucionar su comparecencia con los vales vista de la ejecutada; precisa que no existió exclusión arbitraria de la recurrente, sino que se aplicó una norma legal que era del todo evidente, pues la recurrente es socia de dos empresas que son dueñas de comercial nombre reservado y que esta relacionada directamente con la ejecutada de lo que da cuenta los oficios que remitieron desde la Inspección del Trabajo, precisando además que es hija de la gerente de la ejecutada. Finalmente aclara que se procedió al pago de lo adeudado a los trabajadores con cargo al producto del remate.

CUARTO: Que, la recurrida estableció como fundamento jurídico de la exclusión de la recurrente en el remate respectivo, lo dispuesto en el artículo 430 del código del trabajo, cumpliendo con su deber de velar por el respeto al principio de buena fe y adoptando las medidas necesarias para evitar el fraude, la colusión, el abuso del derecho y las actuaciones dilatorias, pudiendo rechazar todas las actuaciones que considere dilatorias, entendiendo por tales “todas aquellas que con el solo objeto de demorar la prosecución del juicio son intentadas por alguna de las partes” y los antecedentes fácticos que le permitieron arribar a dicha conclusión están determinados por hechos objetivos que no admiten mayor discusión: la circunstancia que ya había fracasado un remate y se cobró la caución cuando concurrió un familiar de los dueños de la ejecutada a adjudicarse sin pagar el precio posteriormente; el hecho que los vale vista para caucionar la participación en el remate fueron tomados por la ejecutada; la duración y extensión del juicio que mantuvo más de tres años a los siete trabajadores sin acceder a lo que en derecho le corresponde, con mayor precisión desde el mes de noviembre del año dos mil dieciséis; la intervención del abogado de la ejecutada en defensa de la concurrente que, primero lo hacía en representación de ella y, después, señaló comparecer por sí. Todo lo anterior se ve refrendado por los dichos del apoderado de la recurrente en estrados que argumenta que “el ejecutado defiende su bien hasta el punto que le parezca conveniente”, olvidando que no nos encontramos en el escenario de una ejecución remate de naturaleza civil, sino que en sede laboral en donde existen otros principios encabezados por el principal objetivo que es proteger al trabajador, lo que se conoce como el principio protector y que justifica la tutela de los trabajadores y todas las reglas que derivan de él: la regla in dubio pro operario, la regla de la norma más favorable, la regla de la condición más beneficiosa, la irrenunciabilidad de los derechos, la continuidad o estabilidad laboral y la primacía de la realidad, existiendo también el denominado principio de justicia social que forma parte del principio protector en virtud del cual se protege al trabajador por su inferioridad ante el capital (nombre reservado Gamonal Contreras, Fundamentos de derecho laboral, Editorial Legal Publishing, año 2009, segunda edición). Todos estos derechos no tienen sentido si no se manifiestan también en el plano adjetivo, procesal para la realización efectiva de tales derechos y en esos términos la labor del juez laboral no admite una conducta distinta a cautelar dichos derechos y actuar en consecuencia, lo que efectivamente aconteció en autos con la actuación y resolución de la jueza. Asumir que en el remate o ejecución laboral priman las mismas consideraciones del remate en sede civil evidencia un error conceptual que puede conducir a situaciones tan injustas como que, efectivamente un ejecutado dilate un juicio, participe por sí o interpósita persona, en los remates para luego no pagar el precio y perder la caución (cuestión que ha acontecido en el juicio en que incide esta acción) sólo con la finalidad de cansar a los trabajadores y obligarlos, en situación de aflicción a negociar un pago inferior a lo que, en derecho corresponde. Por lo demás la recurrente no dedujo competente recurso de conformidad, precisamente, a la norma citada, esto es el artículo 430 del código del trabajo que era la vía idónea para impugnar dicha exclusión.

QUINTO: Que, por lo demás y, a mayor abundamiento, citando la causa civil rol 1758 del año 2014 de la Corte de Apelaciones de Concepción: “no puede soslayarse que lo que se pretende a través del presente recurso es lograr la revocación o modificación de una resolución judicial, lo que reiteradamente ha sido rechazado por la jurisprudencia, puesto que “no es admisible utilizar esta acción cautelar como un recurso procesal ordinario para atacar resoluciones judiciales” (sentencia de la Excma. Corte Suprema de 26 de abril de 2011, rol 2697-2001, conociendo de un recurso de protección seguido por el Ministerio Público en contra del Juez de Garantía de Carahue. En sentido similar, sentencias del mismo tribunal de 27 de diciembre de 2012, rol 8202-2012; de 30 de octubre de 2006, rol 5070-2006); porque no “aparece lógico que por esta vía se adopten decisiones de índole jurisdiccional que supongan la modificación de aquellas que han tomado los tribunales a quienes se les ha requerido su intervención, en procesos que como se indicó, importan controversia” (sentencia de la Excma. Corte Suprema de 23 de noviembre de 2004, rol 3973-2004); y, porque “no puede convertirse en un medio de impugnación de resoluciones judiciales al margen del diseño de los recursos e instancias señaladas en el procedimiento en actual tramitación” (sentencia de la I. Corte de Concepción de 18 de octubre de 2013, rol 6302-2013).

Este criterio también ha sido sostenido por la doctrina, para la cual admitir la presente acción constitucional en contra de una resolución judicial “supone una absoluta desnaturalización del recurso de protección, ya que lo transforma en un procedimiento ordinario para conocer asuntos litigiosos en que se ve comprometido cualquier tipo de derechos (Ferrada Bórquez, J.C., “Sentencias en recurso de protección contra resoluciones judiciales”, en Revista de Derecho U. Austral, vol. XV (2003), p. 224).” . Así las cosas, tampoco es posible acoger las pretensiones del recurrente en atención a la naturaleza misma del acto que se recurre, y respecto de la conducta de la Magistrada no existe antecedente alguno que permita afirmar que actuó impulsada por un ánimo discriminatorio, sino que en el solo interés de los fines del proceso laboral.

Por estas consideraciones y visto, además lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Carta Fundamental y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, se RECHAZA, el recurso de protección interpuesto por el abogado Santiago Montt Vicuña en representación de doña nombre reservado, con costas en atención a que, por esta vía se mantiene la actitud dilatoria contumaz de la ejecutada y su entorno, que la magistrada impidió jurídicamente con la actuación recurrida.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redacción del abogado integrante Carlos Contreras Quintana.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL Nº 12-2019. PROTECCIÓN.