nombre reservado con MUNICIPALIDAD TIMAUKEL

Punta Arenas, cinco de abril de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, Educadora de Párvulos, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TIMAUKEL, representada por su Alcalde don Marcos Martic Haros o quien se encuentre dicha función subrogando legalmente, con domicilio en comuna de Timaukel, Tierra del Fuego.

Expresa que ingresó a trabajar a la Ilustre Municipalidad de Timaukel en el año 2017, ejerciendo funciones como Educadora de Párvulos. Con fecha 4 de Julio de 2018, mediante correo electrónico enviado a su cuenta personal, recibió una notificación de doña nombre reservado, Encargada del Dpto. de Educación, informando el término de su contrata, fundado en ausencias injustificadas, no obstante ser de conocimiento de la recurrida que se encontraba con ampliación de licencia médica.

A raíz de lo anterior, agrega, con fecha 06 de julio de 2018, realizó una presentación a Contraloría Regional de Magallanes, solicitando ser reintegrada a sus funciones, dado su estado de embarazo, enviando documentación de respaldo. El día 21 de enero del año en curso, recibió, a través de correo electrónico, el Oficio 180/2019 de la Controlaría Regional, en que se resuelve la presentación efectuada, del siguiente modo:

“… Al respecto, la reiterada jurisprudencia de este Organismo Contralor, contenida en los dictámenes Nº 63.025, de 2012 y 44.280 de 2014, entre otros concluyó que para proceder al cese de funciones de un profesional de la Educación por la señalada causal, es necesaria la instrucción breve investigación destinada a establecer la ocurrencia de los hechos imputados al servidor de que se trate, procedimiento que no requiere sujetarse a las reglas rígidas de tramitación, bastante que el afectado tome conocimiento de las infracciones que se le atribuyen, que se le otorgue la oportunidad de defenderse y se le notifique la sanción, dando así cumplimiento a lo establecido en los artículo 1º y 18 de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración el Estado.

Ahora bien, de la revisión de los antecedentes, aparece que la señora nombre reservado presentó una licencia médica por treinta días a contar del 27 de mayo de 2018, esto es, hasta el día 25 de junio del mismo año. Luego, presentó una segunda licencia esta vez por 15 días a contar del 28 de junio siguiente.

De este modo, la peticionaria debió presentarse a sus funciones los días 26 y 27 de junio de 2018, lo que no ocurrió; concurriendo a entregar su licencia a la Municipalidad de Timaukel el día 3 de Julio de 2018.

Asimismo, se observa que dicho municipio al advertir que existían dos días seguidos de inasistencias sin justificar, procedió con esa misma fecha a dictar el decreto alcaldicio Nº548, de 2018, que puso término a la con trata de la recurrente, con efecto retroactivo a contar del día 28 de junio de ese año, dando aviso a la Dirección del Trabajo y enviando un correo electrónico a la afectada. Además, rechazó tramitar la nueva licencia médica, por considerar que la funcionaria ya no era parte de dicho servicio.

En ese contexto fluye de lo expuesto que, si bien las ausencias injustificadas que se le imputan a la peticionaria se encuentran acreditadas, no se observa que la aludida entidad edilicia, antes de disponer el término de la relación laboral, haya efectuado la breve investigación a la que se ha hecho alusión.

Así, dado que dicha indagatoria debe contener todos los presupuestos indispensables para asegurar un debido proceso, ese municipio deberá adoptar las medidas que sean necesarias para subsanar la referida observación.

Finalmente y en atención a la situación de embarazo a la que se alude en la presentación, es útil recordar que el inciso primero del artículo 201 del Código del Trabajo –normativa aplicable en este caso por disposición expresa de los artículo 194 de ese texto legal y 71 de la reseñada ley Nº 19.070- , prevé que “Durante el periodo de embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de maternidad, excluido el permiso post natal parental establecido en el artículo 197 bis, la trabajadora gozará de fuero laboral y estará sujeta a lo dispuesto en el artículo 174, en cuya virtud el empleador no podrá poner término a su vínculo laboral sino con autorización del juez competente.

En ese contexto, se debe tener en cuenta que, en relación con los citados preceptos de protección, la contraloría general ha sostenido en los dictámenes Nº 97.797, de 2015 y 16.099, de 2017, entre otros, que cuando una servidora es encuentra amparada por el fuero maternal, no es posible para la autoridad, cesar la relación funcionaria por propia voluntad o por la llegada del plazo, sino que, por el contrario, debe renovar su nombramiento por todo el tiempo que dure el beneficio de la inamovilidad, a menos que estime pertinente requerir la autorización judicial que permita la desvinculación, tal como lo dispone el mencionado Artículo 174 del Código del Trabajo.

Por consiguiente, la Municipalidad de Timaukel deberá tener en cuenta lo expuesto en el evento que se acredite que la peticionaria se encontraba embarazada a la época en que se dispuso el término de su vínculo laboral.”

Manifiesta que el día 25 de enero del año en curso, concurrió personalmente a la Municipalidad recurrida con copia del Oficio de Contraloría, Licencia Médica prenatal, certificado de embarazo y copia de la Licencia no tramitada y no devuelta, con el afán de solicitar audiencia con el Sr. Alcalde. Sin embargo, a raíz de que aquél se encontraba de vacaciones -según lo informado por su secretaria- fue derivada con el Administrador Municipal, don nombre reservado, quien la trató de manera despectiva y frente a su negativa de recepción de documentos y alegando no haber recibido notificación de Contraloría del Oficio ya citado, optó por entregar a través de la Oficina de Partes la documentación que acredita su situación de maternidad.

Asevera que el Municipio recurrido, al actuar de la manera denunciada, actúa ilegal y arbitrariamente, desconociendo de facto los derechos que le corresponden en situación de maternidad, de una manera flagrante y con una prepotencia inusitada. Al actuar de esta forma y omitir extender su contrata, tal como lo ordena la Ley y el ente contralor, el Municipio despliega una actuación ilegal. Además, desconoce lo que la reiterada jurisprudencia administrativa ordena, tanto respecto a las investigaciones exigidas por Contraloría como las consecuencias protectoras que la legislación reconoce en los ámbitos de la Maternidad.

Afirma que los hechos descritos implican vulneración de las garantías consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al no ser reconocidos los derechos de maternidad y privarle de su contrata, dándole término de manera ilegal -tal como ha constatado el ente contralor- se le priva ilegítimamente de derechos, que en el ámbito laboral además tienen el carácter de irrenunciables, provocando y amenazando su situación económica.

En razón de lo expuesto solicita se disponga: 1.- Se ordene a la recurrida dejar sin efecto el término de contrata y acatando lo expresado por Contraloría Regional de Magallanes, extienda su contrata en el período determinado por Ley; 2.-Se ordene al Municipio de Timaukel, pagar sus remuneraciones desde el mes de junio de 2018; 3.-Se ordene al Municipio recurrido, conducir su actuación conforme a derecho, procediendo según la legislación expresamente lo autorice y teniendo presente la situación de madre de la recurrente, con derechos reconocidos por Ley, y el respeto a las normas que rigen esta situación; 4.-Que se condena a la recurrida al pago de las costas de la causa.

Evacuó informe la recurrida, representada por su Alcalde, don Marcos Martic Haros, quien explica que doña nombre reservado ingresó a trabajar al Departamento de Administración de Educación Municipal, en calidad de contrata, en el año 2017, siendo su última renovación el 29 de diciembre de 2017, desde el 01 de marzo de 2018 al 28 de febrero de 2019. Durante el año 2018 la recurrente presentó diversas licencias médicas, de manera que con la licencia extendida el día 25 de mayo de 2018, por 30 días, debía presentarse a su lugar de trabajo el 26 de junio, sin embargo, el día 25 de ese mes, presentó su penúltima licencia, la que comenzaba el período de reposo a partir del 28 de junio de 2018. En consecuencia, la funcionaria, se ausentó, sin aviso previo, sin causa justificada y sin solicitar días administrativos, feriado ni días sin goce de sueldo, los días 26 y 27 de junio. Percatándose la Unidad de Personal de la Municipalidad´ de esta situación, procedió a revisar nuevamente la asistencia de la funcionaria y el período de sus licencias médicas, corroborando que aquélla se había ausentado dos días seguidos de su lugar de trabajo, situación que es subsumida por el artículo 72 letra c) de la Ley 19.070. De esta forma, se realizó un breve, desformalizado y sumario procedimiento administrativo destinado a determinar la hipótesis abstracta del artículo en comento, y una vez certificado ello, se procedió a confeccionar el acto administrativo terminal que dio por terminada la relación estatutaria. Así, el día 03 de julio de 2018 se expidió el Decreto Alcaldicio fundado, mediante el cual se puso término a la contrata de la recurrente, ordenando notificarla personalmente, por correo certificado o correo electrónico, estipulándose, además, que debía hacer entrega de la vivienda fiscal que ocupaba en razón de su cargo; para dotar de mayor certeza al despido, se procedió a informar a la Dirección Provincial el Trabajo. Con fecha 06 de julio de 2018, la Sra. nombre reservado interpuso reclamo ante la Contraloría General de la República, solicitando el reintegro a sus funciones e informando estado de embarazo. El ente controlador, consultó el parecer y opinión jurídica de la Municipalidad, y luego de cumplido aquello, emite el Oficio Nº180, de 21 de enero de 2019, que da por acreditado que la funcionaria se había ausentado sin causa y solicita a la entidad edilicia tomar las medidas necesarias para garantizar que el procedimiento desformalizado de despido se hiciera en forma correcta. Este oficio fue contestado mediante Ordinario Nº 60, de 15 de febrero de 2019.

Dicho esto, alega, en primer término, la extemporaneidad del recurso deducido, por cuanto de su lectura, existe un único momento desde el cual puede entenderse se cuenta el plazo para su interposición, y es desde que la recurrente tomó conocimiento del término de su contrata, esto es, el 04 de julio de 2018, de manera que habiéndose presentado el mismo, el día 13 de enero de 2019, lo ha sido fuera de plazo.

Asimismo, reclama la improcedencia del recurso, ante la existencia de mecanismos especiales de lato conocimiento, por cuanto la recurrente mantuvo una relación estatutaria con la Ilustre Municipalidad de Timaukel, regida por la ley 19.070, que establece el Estatuto Docente, el cual en su artículo 75 establece que “Si el profesional de la educación estima que la Municipalidad o Corporación, según corresponda, no observó en su caso las condiciones y requisitos que señalan las causales de término de la relación laboral establecidas en la presente ley, incurriendo por tanto en una ilegalidad, podrá reclamar por tal motivo ante el tribunal de trabajo competente, dentro de un plazo de 60 días contado desde la notificación del cese que le afecta y solicitar la reincorporación en sus funciones. En caso de acogerse el reclamo, el juez ordenará la reincorporación del reclamante”. Por otra parte, no hay que desconocer, además, la vía judicial, pues los funcionarios públicos -en particular los municipales- tienen derecho de recurrir de los actos de autoridad a través del procedimiento dispuesto en la ley 18.883, que en su artículo 165 dispone que los funcionarios tendrán derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República, cuando se hubieren producido vicios de legalidad que afectaren los derechos que les confiere este Estatuto; para dicho efecto, los funcionarios tendrán un plazo de diez días hábiles, contado desde que tuvieren conocimiento de la situación, resolución o actuación que dio lugar al vicio de que se reclama. De otra parte, el artículo 54 de la ley 19.880, sobre Bases de Procedimientos Administrativos, dispone que, si el interesado interpone una reclamación ante la Administración, no puede deducir igual pretensión ante los tribunales de justicia. En suma, correspondía que, si la recurrente estimaba que la Municipalidad incurrió en ilegalidad en su despido, recurriera al Juzgado del Trabajo competente y pidiera su reintegro y el pago de remuneraciones; al no hacerlo, no puede hoy discutirse este asunto de lato conocimiento en un procedimiento sumarísimo y de urgencia constitucional.

Expone que, en cuanto al fondo del asunto, no existe claridad acerca de si es el decreto mismo del despido el que adolecería de ilegalidad o si es la decisión de no renovar la contrata, encontrándose la recurrente embarazada. Respecto de esto último, se debe hacer presente que la Municipalidad no estaba en conocimiento -ni formal ni informalmente- del estado de gravidez de la recurrente, lo que es doblemente importante: primero, por cuanto al no estar en conocimiento de esta circunstancia, la no renovación de la contrata no obedece a un actuar ilegal o arbitrario, desde que se funda en una causal legal contemplada en el artículo 72 letra c) del Estatuto Docente y, segundo, pues no se ha acreditado que el embarazo haya terminado con el nacimiento ni el hecho que la recurrente se haya encontrado embarazada al momento del despido.

Ahora bien, en cuanto a la legalidad del Decreto Alcaldicio que dispuso el término de la contrata de la recurrente, se debe señalar que existió un procedimiento desformalizado tendiente a verificar la concurrencia de los hechos -ausencia injustificada los días 26 y 27 de junio- y su coincidencia con la hipótesis regulada en el Estatuto Docente. Dicho decreto fue fundado, manifestando los antecedentes fácticos y jurídicos que permitían llegar a la conclusión de que la sanción de destitución era acertada y proporcional a la gravedad de los hechos acreditados. Por otra parte, aun si se considerara que la investigación desformalizada exigida no satisface el estándar del artículo 72, lo cierto es que esa conclusión sólo podría traer aparejada alguna medida administrativa de índole interno, mas nunca la invalidación del acto administrativo. A juicio de esta parte, no es necesario consultar dentro de la investigación desformalizada la opinión del funcionario infractor, desde que tiene un abanico de posibilidades para atacar el acto administrativo formal, dándose así pleno vigor y cumplimiento a la garantía del debido proceso.

Respecto a la vulneración de las garantías constitucionales reclamadas, la recurrente no explica de qué forma se ha visto conculcado el derecho a la igualdad ante la ley, no habiendo otra situación similar, de manera que no existe discriminación arbitraria. Por otra parte, si lo que se pretendía era argumentar derecho de propiedad sobre el trabajo y que se ha privado del mismo sin causa, lo cierto que se ha justificado que el empleo de la causal del artículo 72 letra c) del Estatuto Docente fue ajustado a derecho.

Reitera que el hecho de encontrase embarazada la recurrente, al momento del despido, es algo que escapa a la jurisdicción del recurso de protección, por tratarse de un asunto de lato conocimiento. La Municipalidad no se ha manifestado contraria a la opción de reincorporación de la recurrente si ésta demuestra haber estado embarazada al momento del despido, por lo que se solicita el rechazo del recurso interpuesto, con costas.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las Garantías Constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

SEGUNDO: Que, el hecho que la recurrente califica como arbitrario e ilegal lo hace consistir en el término de su contrata, como funcionaria municipal, no obstante encontrarse embarazada, sin proceder a su reincorporación posterior.

TERCERO: Que se ha emitido informe por la parte recurrida Ilustre Municipal de TImaukel, representada por su Alcalde don Marcos Martic Haros, en los términos consignados en la parte expositiva de esta sentencia.

CUARTO: Que en primer término la recurrida alega la extemporaneidad del recurso deducido, expresando que existe un único momento desde el cual puede entenderse, se cuenta el plazo para su interposición, y es desde que la recurrente tomó conocimiento del término de su contrata, esto es, el 4 de julio de 2018, de manera que habiéndose presentado el mismo, el día 13 de enero de 2019, lo ha sido fuera de plazo.

QUINTO: Que se procederá al rechazo de la petición de extemporaneidad planteada puesto que nos encontramos frente a una acción de la recurrida que se ha mantenido en el tiempo, y también teniendo en consideración lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 19.880 sobre Bases de Procedimientos Administrativos, que dispone que el interesado cuando interpone una reclamación ante la Administración, no podrá el mismo reclamante deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia, mientras aquella no haya sido resuelta o no haya transcurrido el plazo para que deba entenderse desestimada. Que en el caso de autos el acto que resolvió la reclamación interpuesta ante la Contraloría se notificó con fecha 21 de enero de 2019, data desde la cual y hasta la interposición del presente recurso de protección – 13 de febrero de 2019 – no ha transcurrido el plazo fatal de treinta días que autoriza el Auto Acordado sobre Tramitación de esta clase de libelos para su interposición.

SEXTO: Que se procederá a rechazar la petición de improcedencia planteada, toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en forma expresa advierte que la posibilidad de accionar de protección es sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante las autoridades o tribunales correspondientes quien estima vulnerada algunas de las garantías constitucionales protegidas. Que en consecuencia el hecho de existir la posibilidad de reclamar de la situación de autos ante las instancias administrativas o los Juzgados Laborales, como lo alega la recurrente, no impide que esta Corte ordene la adopción de medidas cautelares con el fin de restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la afectada, si ello fuere procedente.

SEPTIMO: Que mediante el Decreto 548 de 3 de julio de 2018, suscrito por el Alcalde y Secretario Municipal de la Municipalidad de Timaukel, se puso término a la contrata de doña nombre reservado, recurrente en estos autos, quien se desempeñaba en calidad de educadora de párvulos de la Escuela Ignacio Carrera Pinto de Villa Cámeron, a contar del día 28 de junio de 2018. El referido Decreto como fundamentos señala que hubo dos días en que la actora no se presentó a trabajar, correspondiendo a los días 26 y 27 de junio del año 2018, en ambos días, la docente no se presentó a su lugar de trabajo, sin aviso previo ni causa justificada, ni solicitud de días administrativos, lo anterior fundado en las respectivas licencias médicas que se mencionan.

Como fundamento de derecho invoca el artículo 72 letra c) de la Ley 21.093, esto es por la causal de incumplimiento grave de las obligaciones que impone su función, tales como la no concurrencia del docente a sus labores en forma reiterada, impuntualidades reiteradas del docente, incumplimiento de sus obligaciones docentes conforme a los planes y programas de estudio que debe impartir, abandono injustificado del aula de clases o delegación de su trabajo profesional en otras personas. Se entenderá por no concurrencia en forma reiterada la inasistencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos, dos lunes en el mes o un total de tres días durante igual periodo de tiempo.

OCTAVO: Que la reiterada jurisprudencia de la Contraloría General de la República, la que es vinculante para la recurrida, señala que para proceder al cese de funciones de un profesional por la causal estipulada en el artículo 72 letra c) de la Ley 21.093, es necesaria la instrucción de una breve investigación, destinada a establecer la ocurrencia de los hechos imputados al servidor de que se trata, procedimiento que no requiere sujetarse a reglas rígidas de tramitación, bastando que el afectado tome conocimiento de las infracciones que se le atribuyen, que se le otorgue la posibilidad de defenderse y se le notifique la sanción.

Así lo expresa el dictamen 63025 de la Contraloría General de la República del año 2012, que señala: “N° 63.025 Fecha: 10-X-2012. (…) Enseguida, cabe señalar que el artículo 72, letra c), de la ley N° 19.070, establece que los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal, dejarán de pertenecer a ella, por incumplimiento grave de las obligaciones que le impone la función, tales como la no concurrencia del docente a sus labores en forma reiterada, impuntualidades reiteradas del docente, incumplimiento de sus obligaciones docentes conforme a los planes y programas de estudio que debe impartir, abandono injustificado del aula de clases o delegación de su trabajo profesional en otras personas. En relación con la disposición mencionada, la jurisprudencia de este Organismo Contralor, contenida en los dictámenes N°s. 4.176 y 25.084, ambos de 2009, entre otros, concluyó que para proceder al cese de funciones de un docente por la aludida causal, es necesaria la instrucción de una breve investigación destinada a establecer la ocurrencia de los hechos imputados al servidor de que se trate, procedimiento que no requiere sujetarse a reglas rígidas de tramitación, bastando que la afectada tome conocimiento de las infracciones que se le atribuyen y que se le otorgue la oportunidad de defenderse. De acuerdo con lo expresado, entonces, los procedimientos que instruyan los municipios para acreditar que se ha verificado lo establecido en la letra c) del artículo 72 de la ley N° 19.070 -a diferencia de lo que sucede con la causal contemplada en la letra b) del mismo precepto-, no se rigen por la normativa de la ley N° 18.883”.

En igual sentido que el reproducido anteriormente lo consigna el Dictamen N° 44.280 de 18-VI-2014 que dispuso: “Ahora bien, es dable manifestar, tal como se expresara en los dictámenes N°s. 4.176, de 2009, 63.025, de 2012, y 12.060, de 2014, entre otros, que en aquellos casos en que se aplique la causal de término de la relación laboral de la letra c) del artículo 72 de la ley N° 19.070, es necesaria la instrucción de una breve investigación en la que se compruebe la existencia de la misma, procedimiento que si bien no debe sujetarse a reglas rígidas de tramitación, tiene que asegurar el derecho a un debido proceso, bastando para ello que se acredite la ocurrencia de los hechos que configuran el motivo del cese de funciones, se oiga al afectado, otorgándole la oportunidad de defenderse y se le notifique la sanción, dando así cumplimiento a lo establecido en los artículos 1° y 18 de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”.

NOVENO: Que en la dictación del Decreto Alcaldicio cuestionado no se dio cumplimiento a la obligación antes referida, esto es, a la instrucción de una breve investigación, destinada a establecer la ocurrencia de los hechos, lo que llevó a la imposibilidad de la recurrente de defenderse, máxime cuando la misma alegaba un desfase en las fechas de las licencias médicas y la situación de encontrarse a la fecha del despido, embarazada, lo que le habría permitido a la recurrida fundamentalmente advertir el estado de gravidez que ahora se pretende desconocer y que le impedía despedirla por contar la misma con fuero maternal, por así disponerlo el artículo 71 de la Ley 19.070, en relación 174 del mismo cuerpo legal, que dispone que no se puede poner término a este vínculo laboral sino que con la autorización del Juez competente.

DECIMO: Que de la forma razonada precedentemente estos sentenciadores estiman que el actuar de la recurrida con motivo de la dictación del Decreto Alcaldicio N° 548 se encuentra apartada de la legalidad vigente y se torna caprichosa, vulnerándose con ello la garantía constitucional contenidas en el artículo 19 N° 2 y 3, esto es, la igualdad ante la ley y el debido proceso.

UNDECIMO: Que también así lo entendió la Contraloría al indicar que el municipio deberá adoptar las medias que sean necesarias para subsanar la referida observación y la conmina igualmente a tener en cuenta los artículos 201 inciso primero del Código del Trabajo, y 194 y 71 de la Ley 19.070, indicándole incluso el contenido de los Dictámenes pertinentes N° 97797 de 2015 y 16099 de 2017. Que no obstante la respuesta dada a la reclamante y comunicada a la reclamada, ésta última no adoptó medida alguna al efecto, lo que llevó a la actora finalmente a deducir el presente arbitrio constitucional.

DUODECIMO: Que estos sentenciadores al concluir de la manera antes dicha han respetado también los principios de la igualdad ante la ley, de la maternidad y de la estabilidad en el empleo y los diversos tratados internacionales que se encuentran ratificados por nuestro país. Así, el Convenio Nº 3 y 103 de la OIT sobre protección a la maternidad, en sus artículos 4 y 6, respectivamente, consagran la ilegalidad del despido de la trabajadora embarazada; el Convenio Nº 156 de la OIT sobre trabajadores con responsabilidades familiares, señala en su artículo 8 que las responsabilidades familiares no deben constituir de por sí una causa justificada para poner fin a la relación de trabajo. Asimismo, el Convenio Nº 158 de la OIT sobre terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador, en su artículo 5 e) excluye como motivos justificantes del despido el estado de embarazo y ausencia por maternidad, independientemente de la naturaleza del vínculo jurídico que los ligue.

DECIMO TERCERO: Que lo anterior nos lleva a concluir que el recurso de protección debe ser acogido, sólo en cuanto se ordena al Municipio de Timaukel, dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 548, de 3 de julio de 2018 que puso término a la contrata de la recurrente doña nombre reservado.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE la acción constitucional deducida por nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Timaukel, sólo en cuanto se declara ilegal y arbitrario el Decreto Alcaldicio N° 548 de fecha 3 de julio de 2018, y en su lugar se dispone que la recurrida deberá dictar el correspondiente decreto, una vez realizada una breve investigación, en que se oirá a la recurrente, otorgándosele la oportunidad de defenderse y notificándosele una eventual sanción, si fuere procedente, todo ello con costas.

Redacción de la Ministra Srta. San Martín.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, comuníquese y archívese, si no se apelare.

Rol Protección Nº 119-2019