nombre reservado con CORPORACION DE EDUCACION SALUD Y MENORES DE PTO. NATALES

Punta Arenas, catorce de enero de dos mil veintidós.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, cedula de identidad N° RUT reservado, quien deduce acción de protección en favor de su padre don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado de esta ciudad, en contra de la Corporación de Educación, Salud y nombre reservado con domicilio en domicilio reservado y en domicilio reservado, nombre reservado, debido a que siente vulnerados sus derechos como ex funcionario de la recurrida (profesor), debido a que no dieron una revisión exhaustiva a la solicitud de optar al bono post laboral, después de darse a conocer la ley N° 21.306, que en su artículo 80 establece un nuevo plazo para postular al referido bono.

Manifiesta que con fecha 2 de febrero de 2021, se emitió la Circular N° 59 por parte de la Tesorería General de la república para las postulaciones realizadas en el plazo excepcional de la ley N° 21.306, para los ex funcionarios de los servicios públicos. Hace presente que el plazo para dicha postulación vence en diciembre del 2021.

Expone que a la solicitud de su padre la recurrida no responde conforme a la normativa vigente. Que la Tesorería suprime la línea que habla del plazo de solicitud del bono post-laboral de 12 meses después de haber cumplido la edad legal.

Expresa que dicha información fue recibida de manera informal en el mes de octubre, casi a la fecha límite para realizar la postulación.

Hace presente que su padre se encuentra en una recuperación neuro motora post covid19 desde hace más o menos un año.

Declara que su padre se retiró en agosto del año 2011, con casi 67 años de edad, solicitando el bono en cuestión en septiembre del mismo año y que por desconocimiento y la necesidad de seguir trabajando no realizó la postulación en el plazo establecido por la ley N° 20.305, cumpliendo eso si con todos los requisitos.

Al solicitarle a la recurrida la revisión por las modificaciones legales antes citadas, esta respondió después de un mes que su padre no postuló entre los 65 y 66 años de edad. Al recurrir a la Contraloría se le dijo que debe verlo con la Dirección del Trabajo, esta misma le dice que no es competente porque no hay relación laboral actual, por lo que se le sugiere solicitar ampliar plazo y pronunciamiento a la Corte de Apelaciones.

Solicita aplazar fecha de postulación y pronunciarse en relación a si corresponde entregar dicho beneficio a su padre, ya que según entiende cumple con todos los requisitos para obtener el bono.

Informa don nombre reservado, abogado por la recurrida Corporación de Educación, Salud y nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso interpuesto atendido que el Bono Post Laboral (Ley N° 20.305) favorece a los funcionarios que, al 1 de enero de 2009 se desempeñaban en un cargo de planta o a contrata, o estén contratados conforme al Código del Trabajo, en el Sector Público, Municipalidades y Universidades Estatales. Por consiguiente, también, son beneficiarios los profesionales de la educación del sector Municipal.

Procede a transcribir el artículo 80 de la ley N° 21.306, llegando a la conclusión que el señalado otorga por única vez, el plazo de un año, hasta el día 31 de Diciembre de 2021, para solicitar el Bono Post Laboral establecido en la Ley Nº 20.305 (plazo que a la fecha de esta presentación se encuentra extendido hasta el mes de mayo de 2022).

Manifiesta que podrán hacer uso de este nuevo plazo los ex funcionarios y ex funcionarias que, cumpliendo los requisitos legales para acceder al mencionado Bono Post Laboral, no presentaron la solicitud para pedir el reconocimiento del mismo o que habiéndolo solicitado, no hubiesen accedido al bono por motivos no imputables a ellos. En este sentido la norma establece dos situaciones muy precisas por las cuales se podría postular en el nuevo plazo señalado.

Es así como expone que el personal, que se desempeña en alguno de los servicios o entidades comprendidos en la cobertura del beneficio, deberá cumplir para beneficiario del bono, los siguientes requisitos de forma copulativa:

a) Encontrarse afiliado al Sistema de Pensiones del Decreto Ley Nº 3.500, de 1980, antes de mayo de 1981 y cotizar en dicho sistema por el ejercicio de su función pública;

b) Tener la calidad de funcionario público (planta o contrata) o estar contratado conforme al Código del Trabajo, en los órganos y servicios públicos comprendidos en la cobertura del beneficio o en sus antecesores legales tanto a la fecha de la postulación para acceder al bono, como con anterioridad al 01 de mayo de 1981;

c) Tener a lo menos 20 años de servicios en alguno de los servicios o entidades comprendidos en la cobertura del beneficio o en sus antecesores legales, a la fecha de la publicación de la presente ley (05 de diciembre de 2008);

d) Tener una tasa de reemplazo liquida estimada igual o inferior a 55%.

e) Acceder a una pensión de vejez líquida regida por el Decreto Ley Nº 3.500, de 1980, igual o inferior al monto del límite máximo inicial de pensiones de las ex cajas de previsión fusionadas en el Instituto de Normalización Previsional, a que se refiere el artículo 9º de la Ley Nº 19.200, vigente a la fecha en que la Superintendencia de Pensiones solicite a las administradoras de fondos de pensiones la información sobre la tasa de reemplazo líquida de los beneficiarios.

f) Tener cumplidos 65 de edad en el caso de los hombres y 60 años de edad tratándose de las mujeres, y cesar en el cargo o terminar el contrato de trabajo, por renuncia voluntaria, por obtener pensión por vejez de conformidad al decreto ley Nº 3.500, de 1980, por supresión del empleo o por aplicación del inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo, dentro de los 12 meses siguientes de cumplirse las edades señaladas.

Respecto del caso particular del recurrente y directamente relacionado con el requisito expuesto en la letra f) de esta presentación, su finiquito con esta Corporación, se ratificó ante la Inspección del Trabajo con fecha 02 de agosto de 2011, es decir, cuanto tenía 67 años de edad.

Expresa que no cumple con las condiciones para acogerse al beneficio contemplado en el artículo 80 de la Ley Nº 21.306.

Agrega que sin perjuicio de lo señalado y con solo objeto de acceder a una revisión de un órgano especializado y con competencia en materia de bono Post Laboral, hace presente que quienes pagan y autorizan la concesión del mencionado Bono es la Tesorería General de la República, la recurrida mediante Oficio remitió a la Tesorería Provincial de Última Esperanza los antecedentes de seis ex funcionarios docentes, dentro de los cuales se encuentra nombre reservado, para que pueda revisar nuevamente los antecedentes y emitir un pronunciamiento. Dicha respuesta se materializó mediante Ordinario N° 24142, de la Tesorería General de la República de Última Esperanza, de fecha 28 de diciembre de 2021, el cual concluye que el recurrente no cumple los requisitos para acceder al Bono Post Laboral solicitado.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio ni se persigue con su interposición establecer la responsabilidad civil, penal, infraccional o administrativa del ofensor. Por tanto, no se concibe respecto de una contienda civil entre partes ni da origen a un proceso penal o administrativo, es decir, no se aplica para discutir cuestiones de lato conocimiento respecto de las cuales el legislador ha establecido los procedimientos idóneos para que sean debatidas y resueltas.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el acto estimado ilegal y arbitrario alegado por la recurrente consiste en la negativa de otorgar el bono post laboral solicitado por el padre de la recurrente en su calidad de ex profesor.

CUARTO: Que, a su turno, la parte recurrida insta por el rechazo del recurso señalando – en lo sustancial - que don nombre reservado no cumple con el requisito de haber cesado en su cargo o terminado el contrato de trabajo dentro de los doce meses siguientes a haber cumplido los 65 años de edad.

QUINTO: Que, resolver el conflicto planteado mediante este arbitrio importa determinar si la Resolución de la recurrida de no otorgar el bono post laboral constituye un actuar ilegal y/o arbitrario y, por tanto, si ese proceder afectó o amenaza garantías constitucionales protegidas.

SEXTO: Que para la resolución de la presente acción constitucional, es del caso tener presente que, el artículo número 2 de la ley N° 20.035, en sus numerales 4 y 5 dispone que: “Artículo 2°.- Para tener derecho al bono del artículo anterior será necesario cumplir con los siguientes requisitos copulativos: (…) 4. Tener cumplidos 65 años de edad en el caso de los hombres y 60 años de edad tratándose de las mujeres. 5. Cesar en el cargo o terminar el contrato de trabajo, en las instituciones señaladas en el artículo 1º, sea por renuncia voluntaria, por obtener pensión de vejez de conformidad con el decreto ley Nº 3.500, de 1980, por supresión del empleo o por aplicación del inciso primero del artículo 161 del Código del Trabajo, dentro de los 12 meses siguientes de cumplirse las edades señaladas en el número anterior, según corresponda.”

A su vez, el artículo 80 de la ley N° 21.306 establece: “Artículo 80.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3 de la ley Nº 20.305, otórgase, por única vez, el plazo de un año contado desde la publicación de esta ley para impetrar el bono de la ley Nº 20.305, a los ex funcionarios y ex funcionarias que, cumpliendo los requisitos legales para acceder a él, no presentaron la solicitud para impetrar dicho bono o que habiéndolo solicitado no hubiesen accedido al bono por motivos no imputables a ellos. En este caso, se deberá postular en la institución ex empleadora y el bono se devengará a contar del día primero del mes siguiente de la fecha del acto administrativo que lo concede.”

SEPTIMO: Que, asentado lo anterior, y conforme al mérito de las probanzas incorporadas por la recurrida, es posible constatar que la decisión tomada por la Corporación de Educación, Salud y nombre reservado de rechazar la solicitud de bono post laboral, no es ilegal.

Por otro lado, es necesario señalar que el acto no es arbitrario, ya que no obedece a un mero capricho ni es la consecuencia de una actuación irracional de la recurrida, sino que por el contrario se circunscribe a dar cumplimiento a la normativa señalada en el considerando sexto.

OCTAVO: Que, así las cosas, en la especie la recurrida no ha incurrido en acciones u omisiones ilegales o arbitrarias que constituyan privación, perturbación o amenaza de alguno de los derechos fundamentales y garantías de la recurrente indicados en el libelo, por lo que el recurso de protección no puede ser acogido.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, se declara que SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en favor de su padre nombre reservado, en contra de la Corporación de Educación, Salud y nombre reservado, todos ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL N°1154-2021- PROTECCIÓN