nombre reservado con CORPORACIÓN MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN AL MENOR

nombre reservado, cuatro de enero de dos mil veintidós.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones nombre reservado, profesora, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la Corporación Municipal de Punta Arenas, Rut: RUT reservado, representada legalmente por el Secretario General nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado de nombre reservado, solicitando declarar ilegal el acto de cese en las funciones de Coordinadora CRA de que fui objeto, dejarlo sin efecto y ordenar mi reincorporación al cargo que detento desde el año 2018, escriturando anexo de contrato que así lo señale, y que se termine con la persecución que he vivido por parte del director del establecimiento, todo ello con costas.

Explica que comenzó a trabajar para la recurrida en 1995 y como titular en cargo docente desde 1999, desempeñándose desde 2018 como Coordinador del Centro Recursos Aprendizajes en el Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez, con 4 horas en el año 2018, 14 horas en el año 2019 y 30 horas en el año 2020 y 2021, además de 14 horas de docencia.

Refiere que no ha tenido conflictos en el desarrollo de sus actividades laborales, lo que cambió durante 2021, relatando hechos que tienen lugar desde marzo a diciembre del año recién pasado.

Al efecto señala que en un primer momento no se le hizo entrega de los horarios para el año lectivo 2021, se le niega una audiencia solicitada para los mismos fines y además se le indica que se eliminará el CRA para ese año, lo que es desmentido por la coordinadora del Centro dependiente de MINEDUC. El 03 de marzo se le aclara por la Corporación recurrida que continuaría cumpliendo labores como coordinadora del Centro y como docente de aula, lo que se confirmaría por el Director, ello no ocurrió, tampoco informó a la comunidad educativa que cumpliría tal rol; todo lo que afecta el funcionamiento del CRA, ya que de no confirmarse su actividad se torna inviable la obtención de recursos. Insistió en obtener audiencia con la encargada de la Corporación, sin respuesta.

En abril de 2021 fue elegida en Consejo de Profesores como representante gremial de los docentes, en tal rol solicitó autorización al Director, vía correo electrónico, un espacio en la reunión del Consejo de Profesores para informar detalles de los asuntos gremiales, en particular acciones acerca del proceso de desmunicipalización por un tiempo acotado en dos reuniones, lo que fue desestimado por el Director, lo que considera, entorpece su labor, por la dificultad de poder reunir a los docentes, vía remota, siendo una medida adoptada en otros establecimientos dependientes de la Corporación. Luego, la recurrida sugirió facilitar espacio para reuniones gremiales en Consejo de Profesores, sin embargo la decisión del Director se mantuvo.

Añade que recién en mayo pudo efectuar la presentación formal de los planes de trabajo del CRA, sin la presencia del Director.

En septiembre de 2021, solicitó al Secretario de la Corporación se modifique su contrato mediante un anexo que señale expresamente su función de coordinadora CRA desarrollada en el Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez con la finalidad de formalizar su situación contractual debido a la inexistencia de una confirmación formal por parte de director de su establecimiento. Para dichos fines debió requerir en dos ocasiones un certificado de horas destinadas al CRA, ya que se emitía con información errónea. En el mismo mes presentó su proyecto CRA ante la encargada del Área de Educación de la Corporación.

En octubre se le requirió por el Jefe de UTP un informe de las actividades realizadas en el Centro para ser presentadas en una reunión solicitada por la Corporación, lo que cumplió. Durante el mismo periodo, se realizó una reunión presencial del equipo CRA donde el Director requiere que se realicen turnos de trabajo presencial de la biblioteca CRA, designando a nombre reservado como encargado, nombre reservado bibliotecaria y la actora como coordinadora para el año lectivo 2021-2022.

En el marco de la modificación contractual solicitada se le ofrece por la recurrida un reemplazo por 20 horas de Lenguaje en el liceo Pedro Pablo Lemaitre, por licencia médica de una docente de tercero medio, lo que consideró inaceptable y una burla, en virtud de las múltiples funciones que desarrolla.

El 09 de noviembre de 2021 recibió un llamado telefónico del Inspector General del establecimiento, para que acuda en reemplazo de dos funcionarios asistentes de educación del CRA, por licencia médica de la bibliotecaria y permiso gremial del encargado, a lo que se niega por ser ajeno a su función. Más tarde, el Director le envía un correo electrónico, donde señala que no está considerada en funciones de Coordinadora CRA para el año 2022, sin expresar motivos de la decisión, no obstante previamente haberla confirmado en dicha función.

Al día siguiente es conducida a una improvisada reunión con el Inspector General, el Jefe de UTP y el Director. En ella explica las razones de su negativa al reemplazo respectivo, se le insiste en la necesidad de asumir dichas funciones por las reiteradas ausencias, lo que estima escapa a su función de coordinadora. Luego el Director, responde a su requerimiento, señalando que la decisión de separarla de su función de coordinadora se debe a un informe lapidario sobre su desempeño, el que no le facilita, sin embargo añade que no habría participado en concursos relacionados a su labor, lo que niega. Sostiene que continuó un ataque en su contra, referido a su no asistencia presencial desde agosto, cuando se trataba de un retorno voluntario según comunicaciones internas del establecimiento. Al finalizar la reunión manifiesta el Director que puede que sea una persona externa al establecimiento o interna quien asuma en su reemplazo, “al que no le guste mis decisiones, se va”, en un trato autoritario, burlesco, vejatorio, humillante y denigrante.

El día 11 de noviembre fue notificada que debía cumplir funciones presenciales de 9:00 a 12:00 horas a partir del viernes 12, siendo la única docente a la que se le obliga a ello, a pesar de que presentó ante la Corporación e Inspector General el certificado de enfermedad de base, sin pronunciamiento al respecto a la fecha.

Los hechos descritos motivaron que asista a la Mutual de Seguridad, se le otorga licencia médica por 9 días, la que entregó el día 11 al Director, para ser completada con los datos solicitados por la entidad de salud, comunicándosele a las 22:53 horas del mismo día que puede retirar el documento, y lo entregue en la Corporación Municipal. Se le llama reiteradamente al día siguiente para que retirase la licencia, la dejan en la portería sin resguardar la privacidad del instrumento y sin llenar los datos necesarios, retardando su tramitación. Se mantiene a la fecha con licencia médica, dada su gran afectación emocional por todos los malos tratos vividos, teniendo como diagnostico Trastorno de Adaptación en evolución.

Los hechos denunciados han provocado un menoscabo psíquico importante, por cuanto he vivido una incertidumbre laboral, dadas las decisiones arbitrarias e infundadas de su empleador, representada en este caso por el Director del Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez, don nombre reservado, quien de manera arbitraria y antojadiza ha perseguido, vulnerado y menoscabado su labor profesional, presionándola a realizar actividades laborales que no le competen, a asistir presencialmente al establecimiento educacional, conociendo que tengo una enfermedad de base que la excluiría y la decisión de no considerarla como coordinadora del CRA para el año 2022; todo lo que ha provocado un menoscabo en su psiquis. Tal aflicción es justamente lo que trata de evitar esta garantía fundamental.

Acompaña 1) Carta de fecha de 9 noviembre de 2016, en la que se me comunica que desde el año 2022, no estoy considerada en funciones de coordinación del CRA.

2) Certificado N° 2887 de fecha 29 de septiembre de 2021 de la Corporación Municipal de Punta Arenas.

3) Correo electrónico de fecha 14 de septiembre de 2021, dirigido a don nombre reservado, secretario corporación municipal nombre reservado.

4) Correo electrónico de fecha 23 de septiembre de 2021, dirigido a don nombre reservado, secretario corporación municipal nombre reservado

5) Comunicado de fecha 2 de septiembre de 2021.

6) Correo electrónico de fecha 11 de noviembre de 2021, de don nombre reservado, Inspector General CORMUPA.

Informa por la recurrida Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al menor, la abogada Patricia Jara Rojas, quien solicita el rechazo con costas.

Alega como cuestión previa que lo discutido, de acuerdo a la petición concreta planteada y fundamento de derecho, resulta improcedente el recurso interpuesto dado que es de competencia de la judicatura laboral el conocer la correspondiente acción, en el cual podrá hacerse valer las pretensiones de la docente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 420 letra a) del Código del Trabajo. Si el trabajador tiene intención de impugnar las determinaciones del empleador o discutir el fondo de ellas, no se trata de un derecho adquirido o indubitado, debiendo ocurrir al Juzgado del Trabajo, no siendo entonces el recurso de protección la vía idónea para plantear la discusión de la terminación de los contratos de trabajo, debiendo la controversia analizada en un procedimiento declarativo.

Agrega que los fundamentos de hecho del libelo no guardan relación con las peticiones concretas sometidas al conocimiento de esta Corte, buscando se conserve a la docente en funciones determinadas, sin que exista un derecho adquirido sobre las mismas.

En cuanto al fondo, refiere que la docente es titular de 44 horas cronológicas semanales, mediante contrato de 02 de diciembre de 1999 y anexo de 02 de marzo de 2009, desarrolla desde 2018, por 30 horas cronológicas, labores en la Biblioteca Escolar CRA (Centro de Recursos para el Aprendizaje) en calidad de encargada en el Liceo Politécnico Raúl Silva Henríquez y las 14 horas cronológicas restantes como docente de Lenguaje en el mismo establecimiento.

En 2021 aun cuando no era legalmente exigible, se suscribió anexo de teletrabajo, haciendo presente que producto de la pandemia de COVID 19, durante 2020 y 2021, producto de las cuarentenas y otras medidas restrictivas impartidas por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud, no se efectuaron clases presenciales, aludiendo a las distintas medidas adoptadas por la autoridad.

En razón de ello se debió implementar las medidas necesarias para asegurar la vida y la salud los trabajadores, cumpliendo con las instrucciones del Ministerio de Educación en orden a realizar clases vía remota y prescindir del trabajo presencial de los trabajadores. Explica que durante 2020 se mantuvieron turnos éticos en caso de encontrarse abierto el establecimiento. Para el año 2021, en septiembre se dictó la resolución interna Nº 552 que impartía instrucciones sobre retorno gradual y seguro de la Ley N° 21.342, complementado luego por las Resoluciones N° 554 y N° 618 de 04 y 26 de octubre de 2021.

Enfatiza que de las situaciones donde se alude al Director de establecimiento, no le constan, discutiendo la veracidad de sus aseveraciones, por cuanto tomo conocimiento de las supuestas conductas vulneratorias con el presente recurso, sin denuncias previas. Niega que se haya eliminado el CRA ya que con fecha 09 de abril de 2021, se suscribió la renovación de acta de compromiso por el propio Director del establecimiento educacional, no obstante que al no haber clases de naturaleza presencial, como lo reconoce la recurrente, no se llevó a cabo actividades en lugar físico alguno del Liceo Politécnico. Sin perjuicio de ello, la recurrente continuó prestando sus servicios, tal como lo reconoce en su recurso. En cuanto al uso de horas gremiales el 19 de abril de 2021, se remitió a los directores de todos los establecimientos educacionales, el Ord. N° 07/242 que sugiere –no ordena- permitir el uso de 60 minutos mensuales a fin que los docentes tengan consejos y/o actividades gremiales en el establecimiento educacional, no necesariamente durante el Consejo de Profesores. En este orden de ideas, no se ve que se entorpezca el desarrollo de estas reuniones, sino que señala que se realicen en otro horario.

Añade que la docente es una profesional altamente calificada ya que ha realizado una serie de cursos, diplomados, master y pertenece al tramo del Sistema de Desarrollo Profesional Docente Experto N° 1, definida en el artículo 19 D inciso segundo de la Ley N° 19.070. Al tener un completo y amplio currículum, fue considerada por el sostenedor para desarrollar las 44 horas cronológicas de las cuales es titular, a partir del año 2022, en aula como profesora de lenguaje, lo que se ve reflejado en el Plan Anual de Educación Municipal 2022. Todo lo anterior atendido el retiro de docentes por distintas circunstancias, unido al hecho que producto de la pandemia COVID 19, uno de los factores de mayor descenso en los alumnos, lo ha sido las materias de lenguaje. Por instrucciones de este sostenedor, el director procedió a comunicarle esta determinación por escrito a la docente mediante carta de 09 de noviembre de 2021.

Aclara que la docente solicitó al Secretario General que se modificara su contrato de trabajo, destinándola en forma indefinida como encargada de CRA, sin embargo, no fue posible acceder a lo peticionado, dado que no estamos ante un derecho adquirido, la Sra. nombre reservado tiene el cargo de docente de educación media de la dotación comunal del sector municipal de la comuna de nombre reservado, según reza la cláusula primera y segunda del contrato de trabajo y anexo que indica que es titular en el cargo de docente de lengua Castellana. La función de encargada CRA, no implica un cargo en propiedad en sí mismo, sino funciones que pueden ser asignadas a un docente, sin que ello implique que este no pueda ser destinado a otras funciones o a volver a ser reubicado a efectuar docencia de aula, como en el caso particular, definida en la Ley Nº 19.070.

De acuerdo a las últimas instrucciones impartidas por su representada, se dispuso la reincorporación al trabajo presencial de los trabajadores del sector educación que administra mediante el retorno gradual y seguro. Conforme a la Ley N° 21.342, a fin de determinar otra forma de prestación de servicios educativos (vía remota en este caso) se tomó en consideración la acreditación de padecer alguna condición que genere alto riesgo de presentar un cuadro grave de infección, de acuerdo a lo determinado por el Ministerio de Salud, creando además una mesa técnica para evaluar este retorno. La resolución N° 554, dispuso el retorno presencial a las labores, del personal que no se encuentre en las condiciones (de salud) comprendidas en la resolución anterior, debiendo acreditarse mediante documento idóneo dirigido al departamento de Recursos Humanos de la Corporación Municipal.

La actora mediante correo electrónico de fecha 25 de octubre de 2021, presentó un certificado médico de fecha 11 de marzo de 2021, que expresa “Se certifica que paciente es portadora de Asma en tratamiento actualmente…”; la comisión Salud-Educación se determinó que debía complementar el certificado, notificándose que debía entregar “Certificado con severidad de la patología”, que a la fecha no se ha recibido.

Reconoce la licencia médica otorgada a la recurrente, añadiendo que la enfermedad que padece fue calificada de origen común según resolución de 07 de diciembre de 2021.

Niega alguna vulneración a ningún derecho amparado por el presente recurso de protección, limitando su actuar a cumplir con la normativa vigente, sin que exista una decisión caprichosa por parte de la Corporación Municipal de Punta Arenas.

Encontrándose la causa en estado de ser vista, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio ni se persigue con su interposición establecer la responsabilidad civil, penal, infraccional o administrativa del ofensor. Por tanto, no se concibe respecto de una contienda civil entre partes ni da origen a un proceso penal o administrativo, es decir, no se aplica para discutir cuestiones de lato conocimiento respecto de las cuales el legislador ha establecido los procedimientos idóneos para que sean debatidas y resueltas.

SEGUNDO: Que, el hecho vulneratorio que la actora tilda de ilegal y arbitrario, lo hace consistir en la determinación de la recurrida de apartarla de sus funciones como Coordinadora del Centro de Recursos para el Aprendizaje para el año lectivo 2022, destinándola a labores de docencia en aula por las 44 horas de las que es titular; decisión que deriva de las conductas de persecución de las que ha sido sujeto durante 2021 por parte del Director del establecimiento educacional Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez, lo que conculca la garantía constitucional que invoca.

TERCERO: Que, la recurrida solicita el rechazo del recurso, alegando en primer término que la acción deducida no es la vía idónea para discutir lo planteado, para luego argüir que no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario alguno, limitándose a dar aplicación a la normativa legal y reglamentaria que los rige, por lo que no ha conculcado las garantías constitucionales de la recurrente.

CUARTO: Que, obsta a acoger la acción incoada la circunstancia que no existe un derecho indubitado respecto de la actora; requisito de procedencia de la acción constitucional y condición que, estima esta Corte, no se verifica, porque los derechos cuya protección se persigue por esta vía, cautelar y de emergencia, no tienen el carácter de indiscutidos.

Se tiene presente para ello, que dentro de las facultades del Director del establecimiento figuran aquellas de dirigir y liderar el proyecto educativo y dentro de ellas organizar y orientar las instancias de trabajo técnico-pedagógico de conformidad a lo previsto en los artículos 7° y 7° bis la Ley Nº 19.070. Del mismo modo se define docencia de aula en el artículo 6° de la citada ley como aquella de carácter profesional de nivel superior, que lleva a cabo directamente los procesos sistemáticos de enseñanza y educación, lo que incluye el diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de los mismos procesos y de las actividades educativas generales y complementarias que tienen lugar en las unidades educacionales de nivel parvulario, básico y medio.

Así las cosas, la asignación de determinadas funciones en el marco de la carga horaria de trabajo de la recurrente dentro de las facultades legales conferidas al empleador no configura un derecho adquirido, contando la actora únicamente con una mera expectativa de mantener esta asignación de actividades educativas complementarias.

Consecuencialmente lo solicitado excede el marco de la acción interpuesta, ya que ésta, en ningún caso, constituye una instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquellos que, como se dijo, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política del Estado, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Corporación Municipal de Punta Arenas, representada legalmente por el Secretario General nombre reservado, todos ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Nº 1125-2021. Protección.