nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES Y OTRO.

Punta Arenas, veintiséis de enero de dos mil veintidós.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Comparece don nombre reservado, empleado, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA - en adelante “CCAF La Araucana” -, representada legalmente por doña nombre reservado, ambas con domicilio en domicilio reservado, y de la CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LOS ANDES - en adelante “CCAF Los Andes” -, representada legalmente por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto que se considera arbitrario e ilegal consistente en disponer la retención, a través de su empleador, de sumas de dinero correspondientes a su remuneración por concepto de créditos pasados, cuyo descuento no ha autorizado.

Relata que en su liquidación de sueldo del mes de octubre de 2021, apareció un descuento bajo la nomenclatura “Crédito Social C.C.A.F”, por $206.188 y $114.185, reconociendo únicamente el último concepto, que correspondía a una repactación reciente, mas no el primero.

Hace presente que el año 2015 trabajó para la empresa PETREVEN, la que estaba afiliada a la CCAF La Araucana, entidad a la que le solicitó dos créditos: el primero, por $9.922.430 y, el segundo, por $4.286.071. Respecto de ambos préstamos, sólo pagó una cuota por las sumas de $250.000 y $116.273, respectivamente. A mediados de 2015, la empresa dejó de trabajar en la región y desvinculó a todo el personal, informándosele al momento de efectuar el finiquito que los saldos por concepto de créditos de consumo serían pagados directamente por el liquidador a la caja de compensación a la que se hallaba afiliada.

Reclama que la CCAF La Araucana pretende por la vía de este descuento ilegal, corregir la negligencia con que ha ejercido las acciones legales para el cobro del crédito, las que no han tenido éxito. No obstante el desconocimiento de su parte, a través de su abogado fue informado que aquélla ha iniciado con anterioridad tres procedimientos prejudiciales, de Gestión Preparatoria de la Vía Ejecutiva, ante Juzgados de Letras de Punta Arenas, todas las cuales se archivaron – los años 2017, 2018 y 2020 -, sin que el recurrente fuera notificado o emplazado en ellas.

Señala que, al no contar con un título ejecutivo y al no ejercer ninguna otra acción ordinaria, esta recurrida ha optado por actuar, a su conveniencia, presuntamente amparada en la ley de cajas de compensación, y ordenar a su empleador un descuento mensual “por planilla”, sin fundamento legal. Añade que la caja de compensación que en la actualidad retiene de la liquidación las sumas indicadas (para octubre 2021, $206.188), es la CCAF Los Andes, entidad con la cual jamás ha suscrito un contrato de afiliación por esos créditos.

Afirma que los hechos descritos constituyen vulneración de las garantías consagradas en los numerales 3, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política. El hecho arbitrario e ilegal de las recurridas ha vulnerado la garantía de igualdad ante la ley, toda vez que sin fundamento legal se ha puesto al recurrente en una situación desventajosa, distinta y precaria en relación con todos los otros deudores civiles, pues a aquellos, para obtener el pago de un crédito, se los debe demandar en los tribunales ordinarios, cuestión que las recurridas han obviado con la finalidad de proceder al cobro ilegal, abusivo y extemporáneo de una eventual deuda que por lo demás, a la fecha, se hallaría prescrita.

Por otra parte, en una abierta vulneración del derecho de propiedad y libertad contractual, se ha vinculado al recurrente ilegalmente con una caja de compensación a la que nunca he pertenecido (Los Andes), y a otra, a la que no pertenece hace más de seis años (La Araucana), privándolo de parte de la remuneración que obtiene de su actividad laboral.

Finalmente, señala que en su trabajo actual jamás firmó una afiliación con la recurrida Caja los Andes, que la habilite para esos cobros, por lo que no procede el descuento por planilla realizado vía su actual empleador, “ETYS LTDA”.

En razón de lo expuesto, solicita se ordene el reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas descontadas de las remuneraciones del recurrente, con los intereses que legalmente correspondan y debidamente reajustadas hasta el momento de dicha devolución.

Evacuó informe la recurrida CCAF DE COMPENSACION Y ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA, a través de la abogada Yasna Vukic Z., solicitando el rechazo de la acción incoada, en base a los argumentos que expone.

Comienza detallando los dos créditos sociales otorgados al recurrente Sr. nombre reservado, cuyos montos y dividendos mensuales señaló éste en su libelo, ambos pactados en sesenta cuotas mensuales, a descontar de su remuneración por su empleador Petreven Chile SpA.

Explica que habiéndose pagado sólo una cuota de cada crédito, no existiendo tampoco pagos mediante finiquito, ni concurrencia del deudor a regularizar su deuda y no siendo tampoco posible ubicarlo, se procedió a enviar la información para la búsqueda del deudor al sistema “Intercajas”, que utilizan las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (C.C.A.F.), para que la Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha afiliado ese deudor, la recaudación de las cuotas en mora. Entonces, la particularidad que reviste este sistema es que el descuento lo efectúa un tercero, que es otra Caja de Compensación, lo que permite regularizar la deuda pendiente de un trabajador con una Caja, lo que en este caso ocurrió en septiembre de 2021, cuando se remitió la nómina de descuento a su actual empleador, quien los comenzó a aplicar a partir de octubre de 2021.

Agrega que las causas indicadas por el recurrente, dos iniciadas ante el Tercer Juzgado de Letras de Punta Arenas y una ante el Segundo Juzgado de Letras de esta misma ciudad, no son juicios iniciados por CCAF La Araucana, sino que corresponden a CCAF Los Andes, por obligaciones contraídas con dicha Caja de Compensación.

Explica que dada la naturaleza de entidad de previsión social de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, la ley ha establecido garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan. Es así que los descuentos a aplicar en una remuneración tienen su fundamento en el artículo 22, inciso 1° de la Ley N° 18.833, que establece un nuevo Estatuto General para las C.C.A.F., en relación con el artículo 11, inciso 1° del D.S. N° 91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y con el artículo 22, inciso 1° de la Ley N° 17.322; además de lo dispuesto en el artículo 58 del Código del Trabajo.

Por ende, sostiene que este descuento no constituye una actuación ilegal o arbitraria, sino que implica el ejercicio de la facultad legal, que permite reanudar los descuentos cuando el deudor es habido, por tratarse de una obligación legal imperativa - NO facultativa - para esta entidad.

Hace presente que el propio recurrente reconoce haber pagado sólo una cuota de los créditos sociales otorgados y que estas deudas no se encuentran prescritas, conforme al criterio de la Superintendencia de Seguridad Social, según el cual estos descuentos son legales mientras no se declare judicialmente la prescripción de las acciones emanadas del crédito social, contrato de mutuo y del pagaré respectivo, lo que en este caso no ha ocurrido (Dictámenes N° 2659, de 12 de agosto de 2020 y N° 26204, de 22 de mayo de 2018).

Por otro lado, esta recurrida estima que el recurso de protección no es la vía idónea para alegar los descuentos practicados, por cuanto no se ha forzado una facultad legal, pero el recurrente sí está forzando por este medio el cese de un descuento por dos obligaciones que reconoce adeudar. Añade que esta acción constitucional es sumaria y breve, encaminada a estudiar el asunto en caso que se den los supuestos denunciados, para restablecer el imperio del derecho, sin que proceda utilizarla en reemplazo de las acciones ordinarias para la solución de conflictos entre partes, a través de las cuales se puede exponer y debatir en plenitud, con el fin de obtener una resolución al derecho que se reclama.

En cuanto al descuento efectuado al recurrente por medio del Sistema Intercajas, señala que éste ha sido validado por la jurisprudencia administrativa: Ordinario N° 67989, de 13 de diciembre 2016, de la Superintendencia de Seguridad Social y Dictamen N° 4527/093, de 2011, de la Dirección del Trabajo.

En consecuencia, concluye que la CCAF La Araucana no ha privado, perturbado, o amenazado los derechos y garantías constitucionales del actor, ya que en todo momento se ha obrado conforme a derecho en atención a las facultades otorgadas por ley y además salvaguardando las garantías constitucionales contenidas en el artículo 19 N° 3, N° 16 y N° 24 de la Constitución, razón por la cual no existen actos u omisiones arbitrarias o ilegales.

Evacuó informe la recurrida CAJA DE COMPENSACION Y ASIGNACION FAMILIAR LOS ANDES, representada por el abogado don Matías Amigo García, solicitando igualmente el rechazo del presente recurso de protección.

Indica que CCAF Los Andes ha procedido a efectuar los cobros reclamados por el recurrente, por encargo de CCAF La Araucana, en calidad de diputada para efectuar el cobro y recibir el pago, en virtud del convenio y mandato recíproco “Proyecto Intercajas”.

Explica que las Cajas de Compensación, con fecha 15 de abril de 2013, celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios, denominado “Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar”, cuyo objeto es el que ha explicado ya la CCAF La Araucana en su informe. Fundamenta también este sistema en lo dispuesto en el artículo 19, Nº 7, de la Ley 18.833, que autoriza a las Cajas de Compensación para prestar servicios mediante convenios a entidades que administren prestaciones de seguridad social, cual es precisamente el objeto de estas entidades, según al artículo 1 de dicha ley.

Agrega que cada Caja de Compensación, cumpliendo con los requisitos de este proyecto “Intercajas”, se ha obligado a proveer la información que determine el Comité Técnico generado para el proyecto y se basará en la contenida en los archivos y procesos propios para la operación del sistema, en especial, los que se encuentran en algunos campos de los archivos solicitados por la Superintendencia para la Central de Riesgo Financiero. Tales archivos cuentan con antecedentes relacionados con empresas afiliadas, operaciones de crédito y otros datos útiles para el desarrollo del proyecto y son transmitidos a la Superintendencia de Seguridad Social una vez al mes, por cada una de las Cajas; esta información es la base sobre la cual el sistema efectuará los procesos para cumplir los objetivos de prestar los servicios convenidos.

Señala que, en ese contexto, su representada CCAF Los Andes, a requerimiento de CCAF La Araucana, en calidad de diputada para recibir el pago del crédito social otorgado al recurrente, ha informado a su empleador la existencia de esta deuda y ha requerido su descuento en la remuneración, en los términos del artículo 22 de la Ley N° 18.833; es decir, su intervención es por vía de simple representación, por lo que legalmente es el acreedor quien recibe, conforme al artículo 1576, en relación al artículo 1448, ambos del Código Civil.

Finalmente, cita un fallo de la Excma. Corte Suprema, de 21 de abril de 2020, dictada en recurso ROL N° 31.756-2019, que reconoce que el sistema Intercajas se ajusta al contrato de mandato y prestación de servicios acordado conforme a lo dispuesto en el artículo 19, N° 7 de la Ley N° 18.833.

Se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

SEGUNDO: Que el hecho que el recurrente califica como arbitrario e ilegal lo hace consistir en la retención, a través de su empleador y por orden de la CCAF Los Andes, de una parte de su remuneración, por concepto de restitución de créditos pasados que mantenía con la CCAF La Araucana, cuyo descuento no ha autorizado. En virtud de ello, solicita el cese inmediato de estos descuentos que se le practican a su remuneración, como asimismo la devolución íntegra de los montos que ya le han sido descontados desde octubre de 2021.

TERCERO: Que, en sus respectivos informes, las CCAF La Araucana y Los Andes han invocado, entre otras normas, los artículos 22 y 19, N° 7 de la Ley N° 18.833, para justificar la forma de cobro de un crédito otorgado por la primera al recurrente, y que hoy en día gestiona la segunda, al estar afiliado a dicha Caja su actual empleador.

Las citadas normas disponen:

“Artículo 22.- Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.”.

“Artículo 19.- Corresponderá a las Cajas de Compensación la administración de prestaciones de seguridad social. Para el cumplimiento de este objeto desempeñarán las siguientes funciones: (…) 7.- Prestar servicios, mediante convenios, a entidades que administren prestaciones de seguridad social;”.

De la lectura de la primera norma transcrita, se deduce que esta se refiere al mecanismo general de cobro de los créditos sociales que estas entidades otorgan, a través de retención de las cuotas mensuales pactadas, que el empleador del deudor – afiliado a la misma C.C.A.F. – efectúa en su remuneración. Pero es claro que en las dos alusiones que el citado artículo hace a las Cajas de Compensación (llamándola “Caja acreedora” en la segunda mención), se está refiriendo a una misma entidad, no al caso de autos en que la deuda se contrajo con una - CCAF La Araucana – y el descuento es aplicado a instancias de otra - CCAF Los Andes -, que es en definitiva lo que cuestiona el recurrente: por qué en octubre de 2021, su actual empleador le aplica repentinamente un descuento a su remuneración, por instrucción de una Caja de Compensación con la cual nunca ha suscrito acuerdo de afiliación alguno, por concepto de un crédito que le otorgó seis años atrás otra C.C.A.F., a la cual se encontraba afiliado su empleador de ese entonces, que no se regularizó en el finiquito de dicho contrato de trabajo y que por negligencia de la acreedora no se ha reclamado por las vías judiciales que corresponde. Por lo tanto, el citado artículo 22 de la Ley N° 18.833, invocado por la recurrida, no logra justificar la aplicación del sistema “Intercajas”.

Igual conclusión arroja la disposición del artículo 19, N° 7 de la misma ley, que sólo contiene una facultad genérica otorgada a estas entidades administradoras de prestaciones sociales.

CUARTO: De lo expuesto por las partes de esta acción cautelar, se desprende que a través del sistema “Intercajas” las recurridas han aplicado el mecanismo regular que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 concede a las Cajas de Compensación, para cobrar los créditos sociales que otorgan.

Sin embargo, ese procedimiento regular no era aplicable en este caso, en que se trataba de un crédito concedido el año 2015, del cual se alcanzó a pagar solo una cuota, antes de que el deudor fuera despedido de la empresa en que se desempeñaba, sin regularizarse la situación en ese momento, y sin que la Caja acreedora hubiera ejercido las acciones de cobro de la deuda, como ésta lo reconoce en su informe, señalando que fue la CCAF Los Andes la que interpuso las tres demandas que el recurrente detalla en su libelo.

Debido, entonces, al extenso periodo de tiempo que transcurrió desde que la CCAF La Araucana dejó de percibir las cuotas mensuales pactadas – octubre de 2015 - hasta la fecha del primer descuento aplicado a la remuneración del recurrente - octubre de 2021 -, esto es, con seis años de diferencia, efectuado sin ningún tipo de notificación o aviso previo al afectado, es que el actuar de las recurridas es estimado por estos sentenciadores como arbitrario, por lo que el presente recurso será acogido.

QUINTO: Que, sin perjuicio de todo lo anterior, y de que los actos objeto del presente recurso efectivamente vulneran el derecho de propiedad del recurrente sobre su remuneración, contemplado en el artículo 19, N° 24 de la Constitución Política del Estado, debe tenerse presente que dichos actos también configuran un grave atropello al principio de la Intangibilidad de las Remuneraciones, ampliamente reconocido en materia laboral, y en cuya virtud la ley establece una serie de mecanismos destinados a garantizar al trabajador el cobro íntegro y oportuno de su salario.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, la acción constitucional deducida por don nombre reservado en contra de la CAJA DE COMPENSACION Y ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA y de la CAJA DE COMPENSACION Y ASIGNACION FAMILIAR LOS ANDES, ordenándose a las recurridas abstenerse de continuar aplicando descuentos a las remuneraciones del recurrente para el pago del crédito social Folio N° 12200073146, y reembolsar los montos indebidamente descontados a partir de octubre de 2021 en adelante, sin perjuicio del derecho de la recurrida CCAF La Araucana de perseguir el cobro del crédito a través de las acciones judiciales que sean procedentes.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Se deja constancia que no firma el Ministro suplente Sr. Cruces, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por haber cesado en el cargo.

Regístrese, comuníquese y archívese, si no se apelare.

Redacción del abogado integrante don Rolando Lizana H.

Rol Protección N°1103-2021.-