Recurso de protección

nombre reservado, trece de febrero de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, técnico superior en enfermería, cédula de identidad N°NUM000, con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Punta Arenas, RUT. RUT reservado, representada legalmente por su Secretaria General, doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N°NUM001, ambos domiciliados en domicilio reservado nombre reservado, Provincia de Magallanes, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, imputando como acto ilegal y arbitrario la decisión de trasladarla desde la unidad dental del CESFAM Dr. Mateo Bencur a la Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO), sin dictación —según afirma— de un acto administrativo formal, sin fundamentos explícitos y sin determinación concreta de funciones y vulnerando entonces las garantías del artículo 19 N°2, derecho a la igualdad ante la ley y no discriminación, 19 N°3 incisos tercero y cuarto, esto es, derecho al debido proceso y defensa y 19 N°4, derecho a la honra consagradas en la Constitución Política.

Expone la recurrente identificando como acto impugnado la decisión de trasladarla desde el Servicio dental del CESFAM Mateo Bencur a la UAPO, a contar del 2 de enero de 2026. Señala que la comunicación de dicho traslado le fue efectuada en reuniones y correos electrónicos de fines de diciembre, con ausencia —según sostiene— de decreto, resolución fundada o anexo contractual firmado que formalice el cambio.

Añade que concurre una falta de explicitación de motivos y de las funciones a desempeñar y que el traslado se vincula indirectamente con una investigación sumaria instruida respecto de la unidad dental, en la cual ella declaró solo como testigo.

Agrega como antecedentes y situación funcionaria y personal que es TENS y se desempeña desde 2018 en el CESFAM Mateo Bencur, principalmente en el área dental. Que inicialmente prestó servicios a honorarios y luego bajo contratos a plazo fijo sucesivos, participando en llamados de antecedentes para desempeñarse en unidades de esa área. Cita que mantiene continuidad laboral en el mismo establecimiento y unidad por aproximadamente siete años.

Describe además que tiene una situación familiar calificada, puesto que es madre de una adolescente de 15 años con enfermedad renal crónica, en diálisis peritoneal domiciliaria diaria (10 horas nocturnas); que ella es cuidadora única de su hija y que debe coordinar entregas mensuales de insumos clínicos en domicilio. Señala también que debe efectuar viajes periódicos con su hija a Santiago para controles en el Hospital Calvo Mackenna; que mantiene una activación de seguro SANNA para cobertura de cuidado y que en relación a toda la situación anterior, arrendó una vivienda cercana al CESFAM donde labora, con el fin de compatibilizar trabajo y tratamiento domiciliario.

Añade que estos antecedentes son invocados como elementos que, a su juicio, debieron ser ponderados antes de disponer el traslado.

Expone también como contexto fáctico, la existencia de una investigación sumaria, narrando que en noviembre de 2025 fue citada a declarar como testigo en investigación sumaria instruida por Resolución Interna N° NUM002 vinculada al servicio dental donde trabaja. Indica que al efecto, fue interrogada sin información clara del objeto de la investigación; que se le exhibieron fotografías tomadas sin consentimiento en espacios de uso personal (casilleros) y que ello generó un ambiente de tensión en el equipo de la unidad dental.

Narra que posteriormente la dirección comunicó que, producto de esa investigación, se desintegraría el equipo dental y se reubicaría a los funcionarios.

En relación a los hechos concernientes al traslado, expone cronológicamente que el día 30 de diciembre recibió un correo citándola a una reunión administrativa y que al día siguiente 31 del mismo mes, se le informa que debe trasladarse a la UAPO a contar del 2 de enero de 2026.

Señala que expone en esa reunión su situación de cuidadora y objeta la medida adoptada por arbitraria y discriminatoria, agregando que no se le entregan fundamentos formales. Añade que el 2 de enero se presenta a trabajar y constata la reestructuración de la unidad dental. Consigna que en una reunión posterior se le indica la existencia de un “nuevo contrato” asociado a funciones en la Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO)y sostiene que no se le notificó procedimiento disciplinario en su contra.

En razón de lo señalado afirma que el traslado, incrementa los tiempos y costos, altera funciones especializadas en área dental; afecta la disponibilidad para el cuidado clínico de su hija y carece de motivación formal.

Alega entonces como garantías constitucionales vulneradas la del artículo 19 N°2 — igualdad ante la ley y no discriminación; artículo 19 N°3 incisos 3° y 4° — debido proceso y derecho de defensa y el artículo 19 N°4 — honra, desarrollando argumentación extensa acerca sobre el interés superior del niño, el bloque de constitucionalidad (Convención sobre Derechos del Niño) relativo a esta materia; el deber estatal de protección de la familia; el principio de proporcionalidad y la prohibición de discriminación por su condición de cuidadora.

En lo concerniente a los argumentos jurídicos del recurso, la actora sostiene que el acto es ilegal y arbitrario porque no existe acto administrativo fundado que disponga un traslado; no se han formalizado anexos contractuales que materialicen esa situación; no se han explicitado sus nuevas funciones; se ha alterado la naturaleza de servicios prestados (de dentales a oftalmológicos) y no se cumplen los requisitos del ius variandi consagrado en el artículo 12 del Código del Trabajo, puesto que existiría menoscabo y se alteraría la naturaleza de los servicios que prestaba, toda vez que ahora se desempeñara en un área de oftalmología que desconoce totalmente. Añade que además se afecta gravemente su organización familiar y deber de cuidado sanitario y, finalmente, alude a “antecedentes” disciplinarios no notificados, lo que vulneraría su derecho a defensa.

Culmina solicitando se acoja el recurso interpuesto y se ordene a la recurrida el cese de toda acción ilegitima y de discriminación de la que es objeto; que no exista traslado del lugar en que desempeña sus funciones y que se impida a la recurrida y su área directiva proceder de manera ilegítima, permitiendo que siga ejerciendo sus funciones en el CESFAM Mateo Bencur, todo ello con condena en costas.

Informa la recurrida Corporación Municipal de Punta Arenas para la Educación, Salud y Atención al Menor, pidiendo el rechazo del recurso.

Explica al efecto la naturaleza jurídica y marco institucional que regula la materia, señalando la naturaleza de corporaciones municipales como personas jurídicas de derecho privado creadas por mandato legal para administrar servicios traspasados.

Prosigue señalando la incompetencia de la vía de protección elegida por la recurrente, puesto que afirma que la controversia es de naturaleza laboral —destinación y condiciones de prestación de servicios— y, en razón de ello, corresponde al conocimiento a la judicatura laboral, de conformidad al artículo 420 del Código del Trabajo y no en sede de protección.

Agrega que hay inexistencia de un acto ilegal de traslado, puesto que no existe un existe acto administrativo de destinación, sino que un nuevo contrato a plazo fijo disponible para la firma.

Añade que la recurrente no firmó este nuevo contrato, por estar con licencia médica desde el 3 de enero. Afirma que no se trata en este caso de un traslado sancionatorio, sino de una reorganización funcional.

En ese contexto destaca la facultad de destinación en el área de Atención Primaria de Salud, indicando que los funcionarios sujetos al “Estatuto de Atención Primaria”, pertenecen a la dotación comunal y pueden ser destinados a distintos dispositivos, según necesidades del servicio. Al efecto, precisa que la Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO) pertenece al mismo CESFAM Mateo Bencur.

Agrega que las funciones de TENS son transversales en dispositivos de salud (apoyo clínico, procedimientos básicos, asistencia a profesionales) y que son funciones equivalentes, por lo que no existiría un cambio sustancial de las mismas tareas.

Invoca la institución del ius variandi consagrada en el artículo 12 del Código del Trabajo, indicando que de haber menoscabo, corresponde presentar una reclamación ante la Dirección del Trabajo y tribunales laborales, pero no a través de la vía de un recurso de protección.

Respecto de la situación personal de la actora, señala que se aprecia cierta inconsistencia en ellas, toda vez que indica que requiere mantenerse cerca de su domicilio, para efectos de coordinar la entrega de medicamentos suministrados para el tratamiento farmacológico de su hija. Sin embargo, como ella misma señala en su recurso, esta distribución de medicamentos se realiza una vez al mes, mediando información que se entrega dos días antes de dicha entrega, razón por la que es perfectamente posible una acción de coordinación y organización con antelación suficiente, de tal manera que no afecte el desarrollo de sus funciones y destacando que en ese escenario no se justifican salidas intempestivas del trabajo para ese fin.

En relación a la situación del seguro de la ley SANNA, la recurrida expone que la activación del seguro que contempla dicha ley, no procede en la forma señalada por la actora. Así, la normativa en cuestión establece permisos para aquellos padres que tienen algún hijo con enfermedades graves, pero en base a la emisión de una licencia médica por parte del facultativo tratante. Ello con el fin de poder justificar la ausencia laboral de los padres, de forma tal que se puedan acompañar los tratamientos, controles y otros requerimientos de los hijos, obteniendo un subsidio que reemplaza parcialmente la remuneración. Aclara que ello no se refiere a aquellas salidas intempestivas del lugar de trabajo sin causa justificada, señalando que llama poderosamente la atención el relato de la recurrente en este punto, puesto que no se ajustaría a lo normado.

Agrega que la Corporación Municipal recurrida debe mantener la remuneración íntegra de los funcionarios mientras se encuentran haciendo uso de licencias médicas, siendo responsabilidad del empleador el cobro y recuperación de los subsidios de incapacidad laboral por parte de las Isapres, COMPIN o Cajas de Compensación, según corresponda, cuando las licencias médicas sean autorizadas. Señala sobre el punto que la recurrente ha percibido entonces un doble pago al efecto, por lo cual se le solicitó aclarar ese aspecto, a fin de proteger el patrimonio fiscal. Añade que a la fecha no se ha recibido, sin embargo, respuesta alguna.

Sobre la investigación sumaria aludida, confirma su existencia, en razón de una denuncia relacionada con la unidad dental, sumario aún en curso, pero no específicamente dirigido en contra de la recurrente.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata por consiguiente, de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, vale decir, que se encuentre en posición y condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, en ese orden de ideas, se precisa que el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario por la recurrente, se corresponde con la decisión de trasladarla desde la unidad dental del CESFAM Dr. Mateo Bencur a la Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO), sin dictación —según afirma— de un acto administrativo formal fundado y sin determinación concreta de funciones, afectando con ello diversas garantías constitucionales.

CUARTO: Que la recurrida solicitó el rechazo del recurso, conforme a los antecedentes reseñados en la parte expositiva.

QUINTO: Que examinado el recurso y los antecedentes que lo informan, se concluye que el debate acerca de la legalidad y arbitrariedad del acto se corresponde con la naturaleza contractual del vínculo que actualmente une a la recurrente y a la recurrida y, en ese contexto, a la posibilidad fundada que puedan variarse las condiciones de las funciones o tareas laborales de salud desempeñadas por la recurrente.

SEXTO: Que, en ese orden de ideas y sin perjuicio que esa discusión contractual también encierra un debate respecto de la existencia o no del acto de destinación impugnado y del impacto que en el caso de concurrir, pueda tener en la situación familiar de la recurrente, resulta evidente que la potencial afectación de los derechos de dicha actora, se corresponden con un asunto de orden laboral, cuya resolución esta entregada por ley a órganos administrativos o a la judicatura especial competente en esta materia, de tal suerte que la vía jurisdiccional utilizada por la recurrente, en la especie una acción de protección, es inidónea para estos fines, acarreando por este motivo que el recurso incoado no pueda prosperar.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por la recurrente nombre reservado en contra de la recurrida Corporación Municipal de Punta Arenas, ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante SR. Osvaldo Oyarzun Miranda.

Se deja constancia que no firma el abogado integrante Sr. Oyarzun, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse ausente.

Rol N°11-2026 PROTECCIÓN.