nombre reservado con INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

Punta Arenas, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Comparece doña nombre reservado, cedula de identidad N° RUT reservado, chilena, viuda, domiciliada en domicilio reservado norte comuna de Punta Arenas quien deduce acción de protección en contra del Instituto de Previsión Social, rol único tributario N° 61.979.440-0, representada legalmente por su Director Nacional don Patricio Coronado Rojo, ignora profesión u oficio, cedula nacional de identidad N° RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, o por quien en derecho la represente a fin de que se adopten las medidas tendientes para cautelar el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales establecidos en los artículos 1 y 19 N° 2, 18, 24 y 26 de la Constitución Política de la República. De cuyo legítimo ejercicio se amenaza a su parte a consecuencia del proceder arbitrario e ilegal de la recurrida.

Expone que, con fecha 21 de diciembre de 2016, celebró un acuerdo de unión civil con don nombre reservado, quien Lamentablemente falleció el día 01 de octubre de 2020. Su ex conviviente civil era pensionado por EX-EMPART, pensión que era pagada por el Instituto de Previsión Social y, para ello se aplican en su caso la Ley 10.475 Y Decreto Ley 2448.

Agrega que, con fecha 05 de octubre de 2020, fue personalmente al Instituto de Previsión Social, para solicitar el derecho a pensión de viudez o por invalidez, y de orfandad para su hija en común, menor de edad. Dichos antecedentes fueron remitidos al Departamento de Apoyo Legal para pronunciarse sobre la procedencia de los beneficios solicitados.

Con fecha 5 de febrero de 2021, se aprobó la pensión de orfandad en favor de su hija, a contar del 1° de noviembre de 2020, pero se rechazó la solicitud de pensión de convivencia por cuanto el Acuerdo de Unión Civil, le otorgó el estado civil de conviviente civil y no de soltera que exige el artículo 24 de la Ley N° 15.386.

Reiterada la solicitud a través de la Sucursal Punta Arenas, siendo reiterado el rechazo de la solicitud de pensión de convivencia por pronunciamiento de fecha 15.03.21, por la misma razón antes señalada.

Posteriormente, con motivo de un reclamo formulado a través de la página WEB de IPS, se efectuó un nuevo estudio de su situación previsional, pudiéndose comprobar que a la fecha de fallecimiento de su ex conviviente, éste había contraído el Acuerdo de Unión Civil con la recurrente, conforme con lo dispuesto en la Ley N° 20.830, por lo que no tenía la calidad de cónyuge sobreviviente, en cuyo caso habría tenido derecho a la pensión de viudez, como tampoco tenía la calidad de soltera o viuda, en que habría accedido a pensión de convivencia. Por lo que con fecha 06 de septiembre de los corrientes se me notifica del rechazo total de la pensión de sobrevivencia.

Argumenta que, como conviviente civil sobreviviente la ley le reconoce y eleva su convivencia civil, al estado de cónyuges y les reconoce como tales para todos los efectos legales, lo anterior según el artículo 16 de la ley 20.830 Es más, el artículo 7° del Decreto Ley N°3.500, contempla el derecho a acceder a la pensión de invalidez a los convivientes sobrevivientes que hayan celebrado la unión civil hace más de un año, por lo que se encuentra dentro de los beneficiarios de dicha pensión, porque llevaba 3 años de unión civil con don nombre reservado.

Expresa se han vulnerado los derechos establecidos en los artículos 1 y 19 N° 2, 18, 24 y 26 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se acoja el presente recurso, adoptando las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, ordenando al Instituto de Previsión Social otorgar dicha pensión de sobrevivencia, en las mismas condiciones de cobertura vigente y en las condiciones y montos establecido en la ley 10.475, todo lo anterior con expresa condena en costas.

Acompaña a su presentación Certificado de Acuerdo de Unión Civil y Respuesta del Instituto de Previsión Social a la solicitud de pensión de Viudez o de discapacidad, de fecha 06 de septiembre de 2021.

Informa Rubén Gutiérrez Ayala, abogado en representación la recurrida, solicitando el rechazo del recurso, manifestando que el recurso es tan confuso en su exposición y peticiones que no resulta aventurado señalar que se dificulta al máximo el derecho a defensa, no cumpliendo con el estándar requerido para que la acción pueda prosperar.

En efecto, en determinados pasajes pareciera ser que lo pretendido es la pensión regulada en el artículo 24 de la Ley 15.3861 (para madre soltera o viuda de hijo no matrimonial); en otros pareciera que requiere una pensión de viudez y en otros, al parecer pretende una pensión de invalidez del todo improcedente, confundiéndolas permanentemente, en circunstancias que cada una de ellas está sujeta al cumplimiento de distintos requisitos.

Por otro lado expone que, la discusión excede el ámbito de aplicación de la acción cautelar y las materias de seguridad social son ajenas a la acción de protección ya que, de la simple lectura del recurso, y en particular de su parte petitoria, se colige que lo que se pretende en definitiva es que se declare el derecho a una pensión que, no queda claro si se refiere a la de madre soltera o viuda de hijo no matrimonial, a la de viudez o a la de invalidez, y que SS Iltma ordene su otorgamiento, no siendo esta una instancia de declaración de derechos como pretende la recurrente.

Arguye que no se cumple con el requisito de estar presente ante un derecho indubitado, puesto que se persigue simplemente que se declare que tiene derecho a una Pensión de sobrevivencia, lo que ha sido negado, controvertido justificadamente por su representado, no siendo la acción cautelar una instancia de declaración de derechos.

Que el derecho de Seguridad Social, necesariamente debe ventilarse en un juicio declarativo, ya que dicha garantía, señalada como infringida por el actor, no está protegida por la acción de protección.

Sin perjuicio que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver el conflicto jurídico de autos, cabe señalar que su representado ha actuado en todo momento ajustado a derecho, y no existe ningún acto ilegal o arbitrario que lesione algún derecho o garantía constitucional del recurrente.

Que los actos de este Instituto se encuentran ajustados al principio de legalidad, y dentro de las competencias, que le han sido otorgadas (entre otros) por la Ley 20.255, DFL N°17, del año 1989, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Agrega que mediante Of. N° 27.902, de fecha 06.12.2017, la Superintendencia de Pensiones impartió instrucciones sobre los efectos de la Ley n° 20.830 respecto de los regímenes previsionales administrados por este instituto y fiscalizados por ese Organismo, en el que se incluye a la ex Caja EMPART, y que determinó que esa Ley no introdujo modificaciones respecto de los regímenes previsionales del antiguo sistema para que los convivientes civiles fuesen incluidos en los beneficiarios de sobrevivencias, por lo que no se deben asimilar los derechos previsionales que confiere el matrimonio con los que otorga el acuerdo de unión civil.

Infiere que la conclusión de la Superintendencia de Pensiones, resulta obligatoria para su representado. En efecto, de no respetar la postura del organismo superior, su representado infringiría uno de los principios rectores de nuestro derecho positivo: El de juridicidad.

En relación con una supuesta infracción al numeral 2 del artículo 19 y a una eventual discriminación arbitraria, se niegan rotundamente. En efecto, no se ha acreditado en forma alguna que, en circunstancias similares y/o equivalentes, su representado haya actuado en forma distinta, concediendo el beneficio que indebidamente reclama.

Por otro lado, respecto a la supuesta vulneración del artículo 19 N° 18.- El derecho a la seguridad social, se expone que éste no es de aquellos amparados por la acción de protección.

A su vez niega la vulneración al numeral 24 del artículo 19, toda vez que, el otorgamiento de un determinado beneficio previsional está sujeto al cumplimiento de determinados presupuestos, lo que desgraciadamente, la actora no cumple, por lo que solo tiene una mera expectativa.

Hace presente que, debido a las características del antiguo sistema previsional, esto es, un sistema solidario y de reparto, no existe derecho de propiedad sobre las cotizaciones efectuadas para obtener tal beneficio previsional.

Finalmente, para el improbable caso de que se acoja la acción plantea la improcedencia de condena en costas a su parte atendido que la buena fe de la defensa es manifiesta y en autos no existe hecho alguno que la desvirtúe. La plausibilidad que se tiene para litigar también lo es, resultando inaceptable la petición y posterior condena en costas a mi representada, una Institución inserta dentro del área de la Seguridad Social.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios que produzcan en los afectados una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a los ofendidos.

SEGUNDO: Que, el acto que la recurrida estima ilegal y arbitrario, es el rechazo del Instituto de Previsión Social a su solicitud de pensión esgrimiendo que por tener el estado civil de conviviente civil, producto de un Acuerdo de Unión Civil que contrajo con el causante el año 2016, no tiene derecho a pensión de viudez ya que no detenta la calidad de cónyuge sobreviviente, como tampoco puede acceder a una pensión de convivencia por no tener la calidad de soltera o viuda, sin perjuicio que si se otorgó pensión de orfandad a la hija en común con el causante; alegando que el rechazo conculca sus garantías constitucionales de los números 2, 18, 24 y 26 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

TERCERO: Que, al informar la recurrida pide el rechazo del recurso, planteando que no ha existido actuar arbitrario o ilegal, ya que lo que se discute es el derecho a la seguridad social lo que debe ventilarse en un juicio declarativo, y que, además, mediante el oficio N°27.902, de 6 de diciembre de 2017, la Superintendencia de Pensiones impartió instrucciones sobre los efectos de la Ley N°20.830 respecto de los regímenes previsionales administrados por el Instituto de Previsión Social, determinando que esa Ley no introdujo modificaciones respecto de los regímenes previsionales del antiguo sistema para que los convivientes civiles fuesen incluidos como beneficiarios de sobrevivencias, por lo que no se deben asimilar los derechos previsionales que confiere el matrimonio con los que otorga el acuerdo de unión civil, siendo necesario una ley complementaria para aquello.

CUARTO: Que, sobre la materia cabe tener presente que la Ley N°20.830 que Crea el Acuerdo de Unión Civil, señala en su artículo 1°, que este es un contrato celebrado entre dos personas que comparten un hogar, con el propósito de regular los efectos jurídicos derivados de su vida afectiva en común, de carácter estable y permanente, y serán considerados parientes para los efectos del artículo 42 del Código Civil.

Agrega dicha norma en su inciso segundo que su celebración conferirá el estado civil de conviviente civil, y que el término de este acuerdo restituirá a los contrayentes el estado civil que tenían antes de celebrar este contrato, salvo cuando éstos contraen matrimonio entre sí.

En este orden, el artículo 26, letra a), de este mismo cuerpo legal, establece que, “El acuerdo de unión civil terminará: a) Por muerte natural de uno de los convivientes civiles”.

QUINTO: Que, en virtud de las normas referidas precedentemente, se advierte textualmente, de su sola lectura, que la muerte del causante ha puesto término al acuerdo de unión civil existente entre éste y la recurrente, por lo que, en conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo, del artículo primero, de la Ley N°20.830, por el solo ministerio de la ley a la contrayente se le ha restituido el estado civil que tenía antes de celebrar el contrato.

En consecuencia, los fundamentos que ha esgrimido el Instituto de Previsión Social para rechazar la solicitud de la recurrente, al sostener que ésta posee actualmente el estado civil de conviviente civil, no se ajustan al texto expreso dispuesto por el legislador, por lo que el acto recurrido deviene en ilegal.

Que, la ilegalidad indicada se encuentra corroborada, además, por la circunstancia que lo argumentado por el Instituto de Previsión Social desobedece lo dispuesto en el artículo 24 de la ley en comento que estatuye que, “Las leyes y reglamentos que hacen alusión a los convivientes, sea con esta expresión u otras que puedan entenderse referidas a ellos, serán igualmente aplicables a los convivientes civiles”.

SEXTO: Que, como resulta evidente, en la especie, la situación fáctica en que se encuentra la recurrente se encuentra regulada por la Ley N°20.830, no existiendo al respecto un vacío legal que necesite ser integrado por el sistema jurídico, ni hace necesario que para resolver su caso deba esperarse la dictación de una ley complementaria.

SEPTIMO: Que, siendo claro el texto literal de las normas legales, su sentido no puede ser modificado por oficios instructivos emanados de la autoridad administrativa, la cual solo puede ejercer las facultades que el ordenamiento jurídico le otorga subordinada a los principios de legalidad y de jerarquía de las normas jurídicas.

OCTAVO: Que, por otra parte, tal como consta en la historia de la Ley N°20.830, ésta tuvo su origen en una Moción Parlamentaria en Sesión 30, Legislatura 358, en la que se señaló su finalidad diciendo que: “También nos ocuparemos de los dos millones de chilenos que conviven en pareja sin estar casados. Por ello, protegeremos sus derechos de acceso a la salud, a la previsión, a la herencia y a otros beneficios sociales, removiendo los obstáculos que hoy les impiden ese acceso, y las discriminaciones existentes, de forma de constituir una sociedad inclusiva y acogedora y no excluyente y castigadora”, ello teniendo presente que el artículo 1°, de la Constitución Política de la República, establece que el Estado está al servicio de la persona humana, y que su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a “crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”.

Con esa finalidad, la ley reconoció tanto en el Título IV de la Ley N°20.830, como en las modificaciones a los textos legales que introdujo, el reconocimiento de derechos tales como el de ayuda mutua, sucesorios, patrimoniales, laborales, previsionales, de salud y otros, de lo que puede deducirse que lo que ha perseguido el legislador es colocar en un plano de igual protección de sus derechos a quienes han celebrado acuerdos de unión civil.

Por tanto, si la Ley N°20.830 vino a establecer una mayor protección para los convivientes, no resulta lógico pretender, como postula la recurrida, que por haberse celebrado un acuerdo de unión civil resulte empeorada la situación de los contrayentes, produciendo al efecto una discriminación ilegal.

En consecuencia, excluir a la recurrente de la aplicación de las normas de seguridad social por haberse encontrado vinculada con el causante antes de su fallecimiento, por un acuerdo de unión civil, contraviene la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N°2 de la Carta Política, toda vez que se está dando un trato discriminatorio a su situación, razón por la cual esta acción constitucional deberá acogerse solo en cuanto el Instituto de Previsión Social deberá abstenerse de considerar que la recurrente se encuentra excluida de la aplicación de las normas de competencia de ese organismo por haber celebrado un acuerdo de unión civil con un imponente ya fallecido.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, se declara que SE ACOGE PARCIALMENTE el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra del Instituto de Previsión Social, representada legalmente por su Director Nacional don Patricio Coronado Rojo, disponiéndose como medida para restablecer el imperio del derecho, que dicho Instituto debe volver a estudiar la solicitud de pensión pedida por la recurrente teniendo en consideración lo dispuesto en los artículos 1°, 24, y 26 letra a), de la Ley 20.830.

Acordada con el voto en contra del Fiscal Judicial señor nombre reservado, quien fue del parecer de rechazar el recurso de protección deducido, en virtud de los siguientes fundamentos:

1.- Que del texto de la acción constitucional interpuesta, resulta que la recurrente estima como arbitrario e ilegal y atentatorio a sus derechos fundamentales, la decisión de la recurrida en orden a rechazar la pensión solicitada.

Así las cosas, conviene precisar que de los antecedentes acompañados, fluye que en su oportunidad la recurrente solicitó una pensión de madre de hijo de filiación no matrimonial, respecto del pensionado fallecido nombre reservado, conforme lo facultaría el artículo 24 de la Ley 15.386, beneficio que fue desestimado.

2.- Que sin embargo, en esta sede, las alegaciones de la recurrente y las peticiones formuladas, discurren en torno a que se le otorgue una pensión de viudez o de invalidez, dado que había celebrado un acuerdo de unión civil con el imponente, la que resultaría procedente atento a los derechos previstos en la Ley N° 20.830.

3.- Que así las cosas, un mínimo de rigor para la procedencia de esta acción constitucional, exige que el acto supuestamente arbitrario e ilegal y las peticiones que se sometan a la decisión de esta Corte, se relacionen directamente, cuestión que no ocurre en la especie, desde que como se observó, la recurrente emitió un pronunciamiento negativo en relación a un específico beneficio requerido y el recurso, discurre sobre la procedencia de una pensión diversa a la solicitada en su momento, dado el vínculo civil que existió con el imponente, cuestión que torna en infundado el presente recurso.

4.- Que por lo demás, dada su naturaleza eminentemente cautelar, la acción de protección en caso alguno puede constituir una instancia declaratoria de derechos, como se pretende en la especie y donde el derecho a una pensión en favor de la recurrente, constituye precisamente el objeto de debate, materia que es propia de un juicio de lato conocimiento, conforme lo establece el artículo 5 de la Ley N° 19.620.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Redactada por la abogada integrante doña Carmen González Mundaca.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

ROL N°1053-2021- PROTECCIÓN