Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

Punta Arenas, veintitrés de marzo de dos mil veintiséis.

VISTO:

Comparece Juan José Navarro Salomón, abogado, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, de edad 17 años y deduce recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por don nombre reservado, por la omisión ilegal y arbitraria en la emisión de la orden de giro y dictación del acto terminal que aprueba o rechaza solicitud de carta de nacionalización realizada presentada el 06 de marzo de 2023, por impedir dicha omisión el principio de igualdad ante la ley, conforme lo preceptuado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República.

Afirma que 6 de marzo de 2023, habiendo cumplido con todos los requisitos legales, ingresó su solicitud de carta de nacionalización, pero que, a la fecha, el recurrente no ha recibido ninguna respuesta de su solicitud, lo que la mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre ante un trámite por demás demorado.

Señala que las garantías y derechos constitucionales que resultan afectados lo son por la omisión arbitraria e ilegal por parte del servicio recurrido en el excesivo tiempo de tramitación en dar respuesta a la solicitud de nacionalización realizada, y que han transcurrido aproximadamente 3 años sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado sobre la solicitud formulada.

Expone que cobra especial relevancia lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de Ley N°19.880, destacando los artículos 7 y 27, al consagrar el Principio de Celeridad, esto es, que el procedimiento sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites.

Añade dicha norma, que las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Asimismo, y en concordancia con lo anterior, el artículo 9°, se refiere al Principio de Economía Procedimental, estableciendo que la Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, por lo cual se decidirán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo, siempre que no sea obligatorio su cumplimiento sucesivo, evitando trámites dilatorios.

Por lo expuesto, solicita que se acoja el recurso de protección y se ordene al servicio recurrido pronunciarse sobre la emisión de la orden de giro y dictación del acto terminal que aprueba o rechaza solicitud de Carta de Nacionalización dentro de un plazo no mayor a 60 días, con expresa condena en costas.

Informa el recurso Danna Elizabeth Garbarino Correa, abogada, en representación del Servicio Nacional de Migraciones de la Dirección Regional de Magallanes.

Respecto del estado de la solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización, señala que el 06 de marzo de 2023, la recurrente solicitó la carta de nacionalización mediante la plataforma web de trámites (SIMPLE), mediante la solicitud ID NUM000, y que a la fecha del informe la solicitud se encuentra en trámite, en etapa de "Resolución".

Señala que la solicitud de nacionalización demora en promedio tres años en su tramitación, al tratarse de una especial gracia que otorga el Estado, cuyo procedimiento de análisis debe realizarse de manera exhaustiva requiere de un tiempo de tramitación superior al de los demás trámites administrativos y en donde intervienen distintos organismos públicos, a saber, el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones de Chile y el Ministerio del Interior, por lo que su otorgamiento escapa a las facultades de dicho Servicio, siendo finalmente el Ministro del Interior quien otorga o no la nacionalidad chilena, por delegación de facultades del Presidente de la República.

Indica que la recurrente cuenta con residencia definitiva en el país, es decir, se encuentra en situación migratoria regular, y que el hecho de que se encuentre en tramitación la solicitud no impide el ejercicio de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ni afecta su estatus migratorio.

Previo desarrollo de argumentos de derecho, solicita el rechazo del recurso por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esa autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos enumerados por el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Que se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el acto estimado ilegal y arbitrario alegado por la recurrente, lo hace consistir en la omisión de pronunciamiento relativo a su solicitud de nacionalización efectuada el 6 de marzo de 2023.

CUARTO: Que, al evacuar informe el Servicio Nacional de Migraciones insta por el rechazo del recurso en virtud de lo expuesto en la parte expositiva, indicando que actualmente la solicitud se encuentra en tramitación ante dicho Servicio en etapa de “Resolución”.

QUINTO: Que, de los antecedentes allegados se constata que la recurrente no ha obtenido respuesta a su solicitud de nacionalización presentada el 6 de marzo de 2023. De esta manera, procede definir si la omisión que le corresponde al Servicio Nacional de Migraciones puede ser calificada de ilegal o arbitraria.

SEXTO: Que, atendido que la carta de nacionalización es una concesión constitucional que otorga el Estado de Chile por gracia del Presidente de la República, que importa el otorgamiento de un reconocimiento, en razón del mérito de quien la solicita, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente en la materia, aparece que la recurrente carece de un derecho indubitado susceptible de cautela por esta vía de urgencia.

SÉPTIMO: Que, además, se tiene presente que el retardo en resolver la solicitud de la recurrente no conlleva perjuicio alguno a su estatus migratorio, toda vez que cuenta con residencia definitiva en nuestro país por lo que no es necesario adoptar medida urgente alguna, lo que impide que la presente acción constitucional pueda prosperar.

OCTAVO: Que, por todo lo ya razonado, el recurso interpuesto en autos será desechado, sin que resulte necesario pronunciarse sobre las demás alegaciones planteadas por las partes en estos autos.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Comuníquese, Regístrese y archívese oportunamente.

Redacción de la Ministra Sra. Berta Roxana Salgado Salamé.

Se deja constancia que no firma el Ministro Sr. Marcos Kusanovic Antinopai, por encontrarse con permiso de acuerdo al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Rol N°104-2026.Protección.