Protección contra Inspección Provincial del Trabajo de Magallanes

Punta Arenas, siete de enero de dos mil diecinueve.

VISTO:

nombre reservado, ingeniero agrónomo, domiciliado en domicilio reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Magallanes, representada por doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado.

Explica que con fecha 08 de julio del año recién pasado interpuso una demanda de desafuero en contra de una trabajadora de casa particular, decidiendo el Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas, al día siguiente, autorizar la separación de funciones de la trabajadora, en virtud de los antecedentes expuestos en la demanda. Agrega que a pesar de dicha autorización de separación, la Inspección del Trabajo, constantemente acudió a su domicilio exigiendo se reincorporara a la trabajadora, aun cuando se expuso que ello no era posible con la autorización del tribunal. En ese contexto se impone una multa administrativa multa de 15 IMM, lo cual equivale a $2.670.555.- Manifiesta que entendiendo que la referida sanción era desproporcionada, indebida e injusta, y que el funcionario fiscalizador no atendió a las circunstancias fácticas que se presentaban en ese momento, con fecha 07 de Septiembre de 2018 interpuso, conforme lo dispone el artículo 512 del Código del Trabajo, fundado recurso de reconsideración administrativa en contra de la multa N°1731/2018/31-1. La notificación de la resolución administrativa de multa, según los registros de la Inspección del Trabajo correspondió al día 07 de Agosto de 2018. Sin embargo, con fecha 13 de Noviembre, se notificó por parte de la Inspección del Trabajo la resolución 01125, de fecha 12 de Noviembre de 2018, por medio de la cual se resuelve: "No se dio curso a dicha solicitud, por incumplimiento de los requisitos legales, considerando que: NO SE PRESENTÓ nombre reservado LEGAL DE 30 DIAS CORRIDOS CONTADOS DESDE SU NOTIFICACION; plazo que venció el 06 de Septiembre de 2018. En consecuencia, en mérito de lo expuesto, informo a usted, que no resulta jurídicamente para este Servicio, admitir a tramitación su solicitud de reconsideración administrativa de multa...".

Señala que la recurrida de manera majadera y antojadiza, interpretó para este caso particular, que la norma del artículo 512 del Código del Trabajo, establece un plazo de días corridos, no dando siquiera tramitación al fondo de lo solicitado. Sin embargo, al no existir norma expresa que establezca si el término de días utilizado por el citado artículo es de días hábiles, debe entonces aplicarse supletoriamente la Ley 19.880, y por consecuencia entender que los días establecidos por dicha norma son hábiles administrativos y no corridos, por lo que de haberse interpretado y aplicado correctamente la norma, el plazo vencía el día 25 de septiembre de 2018, y la solicitud de reconsideración habría sido tramitada regularmente.

Expresa que la más reciente jurisprudencia de los Tribunales superiores de justicia ha sido unánime: el plazo establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo es de días hábiles y no de días corridos, resolviendo en recientes casos que cada vez que la Inspección del Trabajo no admite a trámite estos recursos por interpretar lo contrario, ha actuado de manera arbitraria e ilegal, acogiendo en consecuencia recursos de protección al respecto, con lo cual desde ya se descarta cualquier argumento en el sentido de que el presente recurso debiese ser un asunto de lato conocimiento. (Excma. Corte Suprema rol 23.603-2014, 6.956-2017 y 20.669-2018)

Refiere que por si el punto anterior no fuese suficiente argumento, Controlaría General de la República, con fecha 16 de Octubre de 2018, ha emitido un Dictamen jurídico, puntualmente el número 25.891, en virtud del cual se aprecia un hecho sorprendente: La propia Dirección del Trabajo solicitó pronunciamiento al Contralor General de la República sobre reconsiderar la jurisprudencia administrativa anterior, a fin de establecer que la correcta interpretación del artículo 512 del Código del Trabajo, es que debe ser complementado con el artículo 25 de la Ley 19.880, debiendo concluirse que el plazo establecido en la normativa laboral es de días hábiles administrativos, cuestión que el Contralor Jorge Bermúdez acoge señalando: "Así, del examen de las disposiciones previamente citadas, se colige que el plazo contenido en el artículo 512 forma parte de un procedimiento administrativo especial sustanciado ante un órgano de la Administración, en el cual existe un aspecto específico que no ha sido contemplado por dicha normativa, esto es, si dicho término corresponde a días hábiles o corridos. En tal sentido, con arreglo al artículo 1° de la ley N° 19.880, cuando la ley establece procedimientos administrativos especiales, sus disposiciones se aplicarán con carácter supletorio. Al respecto, la jurisprudencia de este Órgano de Fiscalización ha precisado mediante sus dictámenes N°s. 33.255, de 2004: 15.492, de 2008 y 90.462, de 2015, entre otros, que esa aplicación supletoria debe ser conciliable con el conjunto de preceptos que regulan el correspondiente procedimiento administrativo especial. De ello se sigue que resulta procedente complementar el citado artículo 512 con el inciso primero del artículo 25 de la ley N° 19.880, acorde con el cual los plazos de días son de días hábiles, siendo inhábiles los sábados, los domingos y los festivos. En consecuencia, cabe entender que el plazo previsto por el artículo 512 del Código del Trabajo es de días hábiles administrativos. Reconsidéranse los dictámenes N°s. 64.985, de 2009: 85.946, de 2013, y 17.344, de 2014, como asimismo todo otro en contrario.”

Sostiene que en el presente caso, mediante la dictación del oficio O1125, de 12 de Noviembre de 2018, la Inspección Provincial del Trabajo, actúa ilegalmente toda vez que establece el término de días corridos cuando la ley en el artículo 512 del Código del Trabajo nada ha señalado, y desconoce la aplicación supletoria {al no señalar plazo especial}, del artículo 25 y siguientes de la ley 19.880 que establece el plazo de días hábiles administrativos; y actúa de manera arbitraria, porque lo hace a sabiendas de sus propios criterios que ha solicitado enmendar a Controlaría General de la República, en virtud de los reiterados y unánimes pronunciamientos de la Excma. Corte Suprema.

Concluye que en virtud de los hechos expuestos la recurrida ha vulnerado las garantías consagradas en los N° 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se deje sin efecto el ORD. 01125, de fecha 12 de Noviembre de 2018, debiendo ordenarse se tramite por la recurrida la solicitud de reconsideración administrativa interpuesta con fecha 07 de Septiembre de 2018, con costas.

Informa por la recurrida, doña Karenn Ulloa Heinsohn, abogada, en representación de la Inspección Provincial del Trabajo de Magallanes, solicitando el rechazo del recurso interpuesto.

Reconoce que su representada impuso una multa a la recurrente, mediante la Resolución indicada en el libelo cursada el 25 de julio de 2018 y fue notificada, por carta certificada, depositada en la Oficina de Correos con fecha 31 de julio de 2018, por lo que de conformidad a lo que indica el artículo 508 del Código del Trabajo, se entiende notificada el día 7 de agosto de 2018. Con fecha 07 de septiembre de 2018, el recurrente presentó solicitud de reconsideración administrativa ante la Inspección Provincial del Trabajo de Magallanes. Con fecha 12 de noviembre de 2018, se informó al recurrente que no se daría tramitación a su solicitud por haber sido interpuesta fuera del plazo legal de treinta días corridos contados desde su notificación, el que venció el 06 de septiembre de 2018.

Alega que la acción constitucional intentada debe ser rechazada, por el solo hecho de desconocer el recurrente los mecanismos de impugnación concedidos por el Código del Trabajo, en específico, la jurisdicción ordinaria, ya que en contra de lo resuelto por el servicio no recurrió ante el Juzgado del Trabajo, como indica expresamente el artículo 512 del Código del Trabajo, sino que decidió recurrir a la jurisdicción cautelar de garantías constitucionales para revisar una actuación administrativa que la propia norma legal establece un procedimiento de impugnación jurisdiccional específico, por lo que este procedimiento es improcedente.

Señala, además, que la discusión de si el plazo a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo es de "días hábiles" o "días corridos", es de larga data; como servicio han tratado muchas veces que la Contraloría General de la República, cambiara la interpretación que efectuaba del plazo del artículo 512 del Código del Trabajo, a fin de que la doctrina administrativa coincida con la jurisprudencia judicial, así, por ejemplo, se solicitó a la Contraloría General de la República la reconsideración del Dictamen N°64.985 de 20 de noviembre de 2009, pero Contraloría, mediante Dictamen N°17344, de 10 de marzo de 2014, desestimó la reconsideración solicitada. Ahora bien, dado que desde diciembre del año 2015 hay un nuevo Contralor General de la República, el servicio solicitó nuevamente una reconsideración de los Dictámenes N° 64985 del año 2009, N° 85946 del año 2013 y N° 17344 del año 2017, solicitud que fue resuelta por el Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez Soto, con fecha 16 de octubre de 2018, mediante el Dictamen N° 25891, que en lo pertinente expresa:

"( ... ) del examen de las disposiciones previamente citadas, se colige que el plazo contenido en el artículo 512 forma parte de un procedimiento administrativo especial sustanciado ante un órgano de la Administración, en el cual existe un aspecto específico que no ha sido contemplado por dicha normativa, esto es, si dicho término corresponde a días hábiles o corridos. En tal sentido, con arreglo al artículo 1° de la ley N° 19.880, cuando la ley establece procedimientos administrativos especiales, sus disposiciones se aplicarán con carácter supletorio. Al respecto, la jurisprudencia de este Órgano de Fiscalización ha precisado mediante sus dictámenes N°s. 33.255, de 2004; 15.492, de 2008 y 90.462, de 2015, entre otros, que esa aplicación supletoria debe ser conciliable con el conjunto de preceptos que regulan el correspondiente procedimiento administrativo especial. De ello se sigue que resulta procedente complementar el citado artículo 512 con el inciso primero del artículo 25 de la ley N° 19.880, acorde con el cual los plazos de días son de días hábiles, siendo inhábiles los sábados, los domingos y los festivos. En consecuencia, cabe entender que el plazo previsto por el artículo 512 del Código del Trabajo es de días hábiles administrativos." Manifiesta que de lo anterior se desprende claramente que desde el 16 de octubre de 2018 (fecha de dictación del Dictamen N° 25981), para la Inspección del Trabajo, el plazo a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo es de día hábiles administrativos. Sin perjuicio de ello, se debió determinar qué sucedería con las solicitudes de reconsideración administrativas presentadas antes del 16 de octubre de 2018, y que a la fecha del cambio de doctrina de la Contraloría General de la República no hubieran estado por algún motivo declaradas inadmisibles. Para evitar disparidad de criterios, se determinó que todas las solicitudes de reconsideración administrativa (o recursos administrativos del Código del Trabajo) presentados hasta el día 15 de octubre de 2018, se resolverían con la doctrina imperante hasta esa fecha, esto es, con la exigencia de plazo de presentación de 30 días corridos desde la notificación de la multa; y las presentadas desde el 16 de octubre de 2018, se les exigiría para proceder a su tramitación, un plazo de presentación de 30 días hábiles administrativos contados desde la notificación de la multa, como lo indica el nuevo Dictamen de la Contraloría General de la Republica. En este caso particular, tal como lo señala el recurrente, éste presentó su solicitud de reconsideración con fecha 7 de septiembre de 2018, razón por la cual, de acuerdo a la instrucción señalada previamente, se resolvió de conformidad a la doctrina imperante en esa época, y se declaró inadmisible la solicitud por haber sido presentada fuera del plazo legal de 30 días corridos.

Expone que en el presente caso no existe arbitrariedad, por cuanto la decisión adoptada por el servicio, en el sentido de aplicar a las presentaciones efectuadas hasta el 15 de octubre de 2018, la doctrina imperante en esa época, a nivel nacional, fue una decisión pensada precisamente para evitar disparidad de criterios en la resolución de dichas presentaciones, y no caer en decisiones arbitrarias. Asimismo, tampoco existe ilegalidad en la actuación, puesto que el servicio al resolver como lo hizo, aplicó la doctrina administrativa imperante en la época de la presentación de la solicitud, vinculante para el servicio; que si bien no es la doctrina jurisprudencial imperante, no por eso se puede calificar de contraria a derecho.

Sin perjuicio de lo anterior, el Servicio en ningún caso ha vulnerado la garantía de igualdad ante la ley ni ha establecido diferencias arbitrarias, sino que la decisión adoptada, en el sentido de que todas las solicitudes de reconsideración administrativa (o recursos administrativos del Código del Trabajo) presentados hasta el día 15 de octubre de 2018, se resolverían con la doctrina imperante hasta esa fecha, esto es, con la exigencia de plazo de presentación de 30 días corridos desde la notificación de la multa, fue precisamente para evitar vulnerar esta garantía constitucional; ya que de no adoptar esta decisión, se habría llegado al absurdo de que ante una presentación efectuada el mismo día, se hubiera resuelto de distinta forma, dependiendo de la fecha de la resolución. Tampoco es efectivo que se haya vulnerado la garantía constitucional del derecho de propiedad, por cuanto la función de un servicio fiscalizador –como la Inspección del Trabajo- no se puede concebir sin sanciones monetarias, pero éstas así como las resoluciones son siempre revisables por los Tribunales de Justicia, quienes son, en definitiva los que determinan si la actuación es conforme o no a derecho.

Hace presente, por último, que la actuación reclamada, no significó, a su entender, incurrir en un acto ilegal o arbitrario alguno que prive, perturbe o amenace alguna garantía constitucional, de aquellas protegidas por este arbitrio; por lo que no sería procedente la condena en costas solicitada por el recurrente en el caso de que se acogiera el reclamo.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar, que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en la Constitución y que puedan establecerse sumariamente.

SEGUNDO: Que, el hecho que el recurrente califica de arbitrario e ilegal, lo hace consistir en el rechazo, de la reconsideración administrativa de multa interpuesta ante la Inspección del Trabajo, por extemporánea, no obstante que el plazo previsto en el artículo 512 del Código del Trabajo es de treinta días hábiles según lo dispuesto en el artículo 25 de la ley N° 19.880, aplicable en la especie, al tratarse de una gestión administrativa ante un órgano del Estado, por lo que su impugnación se encontraba nombre reservado, considerando la data de notificación de la resolución reclamada.

TERCERO: Que, informó la recurrida, en los términos que se consignan en lo expositivo del presente fallo.

CUARTO: Que, en cuanto a la improcedencia de la acción fundada en el hecho de desconocer el recurrente los mecanismos de impugnación concedidos por el Código del Trabajo, en específico la jurisdicción ordinaria, se debe tener presente que conforme al artículo 20 de la Constitución Política de la República, el recurso de protección por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales que importen privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de los derechos y garantías protegidos por el artículo 19, puede ser interpuesto sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer el afectado ante la autoridad o los tribunales correspondientes, de manera que no obsta a su interposición la existencia de otras acciones o mecanismos de que pueda disponer el recurrente para impugnar el acto reclamado, razón por la cual esta alegación deberá ser desestimada.

QUINTO: Que, dicho lo anterior, para efectos de resolver el presente recurso, es menester determinar la naturaleza del plazo consagrado en el artículo 512 del Código del ramo, referido a la facultad del Director del Trabajo de reconsiderar las multas administrativas impuestas por funcionarios de su dependencia, estableciéndose un término de treinta días para su interposición, contados desde la notificación de la resolución impugnada.

SEXTO: Que, la norma en comento no precisa si el plazo es de días hábiles o de días corridos, por lo que se debe acudir a la normativa supletoria. En este sentido, al tratarse de un plazo de carácter administrativo, toda vez que faculta para la interposición de un recurso en sede administrativa y no judicial; la normativa aplicable, atendido la especialidad, es la ley Nº 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, atendido lo consagrado en su artículo 1º. Así las cosas, el inciso primero del artículo 25 de la citada ley dispone en cuanto al cómputo de plazos, que los establecidos en ella son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

SEPTIMO: Que, de acuerdo a lo razonado, y conforme lo ha resuelto previamente esta Corte en autos Rol Protección Nº 560-2015 y la Excma. Corte Suprema, en autos rol Nº 23.996-2014 y Nº 4015-2015, es posible concluir que el plazo de días del mencionado artículo 512 del Código del Ramo, es de días hábiles y al no considerarlo así, la Inspección del Trabajo, ha actuado en forma ilegal afectando la garantía del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política al impedir la prosecución del procedimiento tendiente a dejar sin efecto la multa administrativa, no obstante haberse interpuesto nombre reservado la correspondiente reconsideración, motivo por el cual se acogerá este arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, se declara que se ACOGE el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Magallanes y se resuelve que se deja sin efecto la decisión contenida en el Ordinario Nº1125, de 12 de noviembre de 2018, que declaró extemporánea la solicitud de reconsideración de multa N°1731/2018/31, estimándose que aquella fue deducida nombre reservado, debiendo la recurrida pronunciarse sobre el contenido de la misma, como en derecho corresponda, con costas, por encontrarse a la fecha de dictación del acto impugnado vigente el Dictamen N°25.891 de la Contraloría General de la República.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Corte N°1037-2018. PROTECCIÓN.