Protección contra SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

Punta Arenas, veintiséis de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS:

Que a folio 1, comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, y deduce recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, domiciliado en domicilio reservado, en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, representado por don nombre reservado y en contra de la SUBSECRETARÍA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, representada por don nombre reservado, en razón del acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en la dictación de la Resolución Exenta N°1480 de 22 de enero de 2026, que rechazó su solicitud de regularización extraordinaria, vulnerando con ello el principio de igualdad ante la ley, consagrado en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 10, 11, 16, 17, 31 y 41 de la Ley N°19.880.

Señala que en recurrente, de nacionalidad venezolana, motivado por la difícil situación socioeconómica de su país de origen, se vio obligado a ingresar al país por paso fronterizo no habilitado en el año 2021. Indica que, con el propósito de residir legalmente en Chile, el 15 de noviembre de 2021 envió una solicitud de regularización extraordinaria a la Subsecretaría del Interior, de acuerdo al artículo 155 Nro. 9 de la Ley Nro. 21.325. Agrega que, además, el recurrente se sometió el 17 de noviembre de 2023 al proceso de empadronamiento.

Refiere que, en la actualidad, el recurrente cuenta con un contrato de trabajo en el cual desempeña el cargo de ayudante soldador en la ciudad de Punta Arenas, lo que acredita su arraigo laboral y social. Asimismo, tiene arraigo familiar respecto de su hija de 19 años, de nacionalidad venezolana, quien vive bajo sus expensas, lo que permite acreditar que el recurrente tiene los medios económicos suficientes para cubrir sus gastos y los de su hija, demostrando que no es una carga para el Estado de Chile.

Afirma que, no obstante lo anterior, recibió el rechazo de la solicitud de regularización extraordinaria mediante Resolución Exenta N°1480 de fecha 22 de enero de 2026, notificada el 05 de febrero de 2026, la que indica que la autoridad consideró “que no se configura un caso excepcional, calificado ni humanitario, por cuanto su requerimiento se fundamenta en situaciones fácticas de carácter genérico que no logran configurar una afectación lo suficientemente especial como para justificar su ingreso al país por un paso no habilitado, y, además, que se regularice su condición migratoria y se le otorgue un permiso de residencia temporal excepcional, a pesar de haber vulnerado el ordenamiento jurídico nacional por voluntad propia”.

Destaca que, posterior al ingreso al país por paso no habilitado, el recurrente realizó la autodenuncia de forma voluntaria ante la Policía de Investigaciones de Chile, con la finalidad de ponerse a disposición de la autoridad correspondiente, declarando la situación de ingreso irregular, pues su intención en todo momento ha sido contar con una estadía legal en el país.

Indica que el acto administrativo que se recurre afecta gravemente la situación migratoria del recurrente, no resultando razonable que una persona con conducta intachable, sin antecedentes penales y que ha agotado todas las vías para obtener un pronunciamiento, reciba una respuesta negativa sin considerar su situación y la del país del que proviene, el cual se encuentra inmerso en una crisis política.

Sostiene que la discrecionalidad administrativa no puede entenderse como absoluta, sino dentro de los límites de lo razonable, control que puede ser ejercido por el Poder Judicial en un Estado de Derecho.

Refiere que la resolución recurrida no contiene una debida fundamentación fáctica conforme a los estándares de los artículos 11 inciso 2 y 41 inciso 4 de la Ley N°19.880, sustentándose en una mera afirmación de autoridad, lo que convierte en arbitrario el acto recurrido. Indica que la decisión de rechazo debe necesariamente ser antecedida de un procedimiento administrativo que se subordine a los principios de escrituración, transparencia, contradictoriedad e imparcialidad.

Por lo expuesto solicita se deje sin efecto la resolución que se recurre por ilegal y arbitraria, disponiendo realizar un nuevo estudio documental a fin de decidir conforme a derecho la solicitud formulada.

Que informa el recurso doña Danna Garbarino Correa, abogada, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, pidiendo que se rechace el recurso.

Señala que hasta el 11 de febrero de 2022 las regularizaciones de condición migratoria se trataban en el derogado decreto ley Nro. 1.094 de 1975, y que actualmente es la Ley Nro. 21.325 de Migración y Extranjería la norma que regula estas materias, estableciendo en sus artículos 69 inciso 2 y 155 Nros.8 y 9 que corresponde a la Subsecretaría del Interior el establecimiento de mecanismos de regularización de extranjeros en condición irregular.

Sostiene que el Servicio Nacional de Migraciones es incompetente para informar sobre los hechos fundamentales narrados por la recurrente en su escrito y que dicha materia le corresponde informar el fondo de este recurso es a la Subsecretaría del Interior.

Que informa el recurso don Sebastián González Rubio, abogado, en representación de la Subsecretaría del Interior, pidiendo que se rechace el recurso, con expresa condena en costas.

Señala que, el 4 de marzo de 2026, se interpuso una acción de protección en favor de nombre reservado, mediante la cual se alega una actuación ilegal y arbitraria consistente en el rechazo de su solicitud de regularización extraordinaria de su condición migratoria.

Indica que el artículo 24 de la Ley Nro. 21.325 mandata que la entrada y salida de personas al y del territorio nacional se efectúe por pasos habilitados, con documentos de viaje y siempre que no existan prohibiciones legales a su respecto, imperativo reforzado por el Decreto Supremo Nro. 296 de 2022.

Refiere que la normativa actual contempla dos tipos de regularizaciones migratorias: una de carácter general, cuyos criterios y procedimientos son dispuestos por el Subsecretario del Interior, pero ejecutados por el Servicio Nacional de Migraciones, y otra de carácter excepcional, de aplicación particular, por casos calificados o motivos humanitarios, sujeta a un procedimiento desformalizado que resuelve el Subsecretario del Interior. Sostiene que actualmente no existen procedimientos vigentes de regularización migratoria de general aplicación, por lo que cualquier solicitud sólo puede tramitarse como de otorgamiento excepcional de permisos de residencia temporal conforme al artículo 155 Nro. 9 de la Ley Nro. 21.325.

Afirma que la acción de protección no es la vía idónea para conocer los planteamientos efectuados por la parte recurrente, atendida su naturaleza cautelar, autónoma y excepcional, en la cual no es pertinente declarar nuevos derechos ni tutelar meras expectativas. Destaca que en el ordenamiento jurídico nacional existen otras vías idóneas administrativas de lato conocimiento, conforme al artículo 139 de la Ley Nro. 21.325, que reconduce a los recursos de la Ley Nro. 19.880. Indica que resulta improcedente que el Poder Judicial califique y valore el mérito de las medidas adoptadas por la autoridad administrativa en materia de migración y extranjería, ya que ello escapa al sentido y alcance de este remedio judicial y resulta atentatorio contra los principios de legalidad y juridicidad. Establecidos en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política.

Sostiene que la autoridad ponderó debidamente los antecedentes aportados por la parte recurrente, en virtud de lo cual consideró que no se configura un caso excepcional, calificado ni humanitario, indicándose aquello expresamente en la parte considerativa de la Resolución Exenta Nro. 1480 de 22 de enero de 2026.

Refiere que la parte recurrente fundamenta su solicitud en situaciones fácticas de carácter genérico relacionadas con su bienestar económico, laboral y personal que no logran configurar una afectación lo suficientemente especial como para justificar su ingreso al país por un paso no habilitado. Destaca que el rechazo no obedece a que no se tuviesen por acreditadas las situaciones referidas, sino que, a pesar de haberse tenido como efectivas, no fueron consideradas como un caso excepcional, calificado o humanitario.

Por lo expuesto, solicita el rechazo del recurso con expresa condena en costas por no existir motivos plausibles para litigar.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, la acción de protección contemplada en la Carta Fundamental, existe con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé que cualquier persona por sí o a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechos sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado, si de los antecedentes proporcionados se establece que existe lesión a los derechos constitucionales de quien recurre.

Se trata de asuntos en que existe un derecho indubitado, y no disputado, garantizado constitucionalmente, que se encuentra en peligro o lesionado, por lo que se persigue su amparo o restablecimiento.

SEGUNDO: Que el artículo 155 de la Ley Nro. 21.325 que prescribe las funciones de la Subsecretaría del Interior, contempla, entre otras, las siguientes:

“8. Disponer, en concordancia con los objetivos de la Política Nacional de Migración y Extranjería, el establecimiento de mecanismos de regularización de extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular, fijando los requisitos correspondientes, los cuales deberán ser determinados prudencialmente con el objeto de facilitar y promover la regularidad migratoria, pudiendo considerar el tiempo de permanencia en condición migratoria irregular que tuviere el interesado.

9. Disponer, en casos excepcionales, el otorgamiento de permisos de residencia temporal a extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, en casos calificados o por motivos humanitarios, con independencia de la condición migratoria del beneficiario, debiendo informar anualmente el número de permisos otorgados al Consejo de Política Migratoria. Esta potestad será indelegable.”

Por otro lado, el artículo 157 Nro. 2 del mismo cuerpo legal establece: “Funciones del Servicio Nacional de Migraciones. Corresponderán al Servicio Nacional de Migraciones las siguientes funciones… 2. Recopilar, sistematizar, analizar y almacenar los antecedentes relevantes sobre las migraciones en el país. Para el cumplimiento de esta función tendrá acceso a la información señalada en los artículos 145 y 146, en la forma que allí se dispone.”

Por último, el artículo 14 inciso segundo de la Ley Nro. 19.880 dispone: “Requerido un órgano de la Administración para intervenir en un asunto que no sea de su competencia, enviará de inmediato los antecedentes a la autoridad que deba conocer según el ordenamiento jurídico, informando de ello al interesado.”

TERCERO: Que, de los antecedentes acompañados ha resultado acreditado que el requerimiento planteado por el recurrente dice relación con la regularización de su situación migratoria.

CUARTO: Que, conforme a lo razonado, obsta a acoger la acción impetrada, la circunstancia que el Servicio Nacional de Migraciones carece de competencia para pronunciarse sobre el requerimiento planteado, por cuanto ha sido el legislador el que ha limitado sus facultades en la materia, entregándosela a la Subsecretaría del Interior, en este sentido, el órgano recurrido carece de legitimidad pasiva, de lo que deviene el rechazo del recurso a su respecto.

QUINTO: Que, en cuanto al actuar que se reclama respecto de la recurrida Subsecretaría del Interior, de los documentos acompañados se observa que el rechazo de la solicitud efectuada por el recurrente se debió a que se estimó que el extranjero no aportó antecedentes suficientes que permitan considerar que se está ante un caso calificado o humanitario, por cuanto se limita a pedir a la autoridad que regularice su condición migratoria aludiendo a situaciones que no son de especial consideración, sino más bien genéricas y eventualmente aplicables a una multiplicidad de personas que podrían encontrarse en situaciones similares.

SEXTO: Que, de la normativa precitada y del análisis de la resolución recurrida, es posible concluir que en ella se expone de manera clara, razonada, detallada y debidamente fundamentada los motivos del rechazo, fundado en la insuficiencia de antecedentes que hiciesen posible acceder a lo solicitado.

En consecuencia, esta Corte estima que la resolución impugnada cumple con lo dispuesto en los artículos 4 y 41 de la Ley Nro. 19.880, al exponer ampliamente los motivos del rechazo de la petición, habiendo sido dictada por la autoridad competente en ejercicio de sus funciones y conforme a la normativa vigente en la materia.

SÉPTIMO: Que, conforme a lo razonado, los antecedentes de la causa permiten descartar un actuar ilegal o arbitrario de la autoridad administrativa, ya que, como se ha evidenciado, su decisión tiene un soporte legal y no se basó en un mero capricho, motivo por el cual la acción deberá ser desestimada.

Además, resulta un presupuesto básico para la interposición de la acción en estudio, la existencia de un derecho de carácter indubitado, susceptible de ser amparado por esta vía según lo expuesto en el motivo primero. A su turno, no resulta baladí recordar que ésta, se trata de una acción cautelar y de emergencia. Al respecto, del mérito de los antecedentes, resulta dudoso que el recurrente tenga de un derecho indubitado, en la manera que propone el recurso, susceptible de ser amparado por esta vía.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones y de la Subsecretaría del Interior, todos ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por nombre reservado, Fiscala Judicial subrogante.

Se deja constancia que no firma la Ministra Sra. Caroline Turner González, por encontrarse con permiso de acuerdo al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

ROL N°102-2026.PROTECCIÓN.