nombre reservado con ASOCIACIÓN NACIONAL FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

nombre reservado, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones nombre reservado, trabajadora social, soltera, domiciliada en domicilio reservado de nombre reservado e interpone acción de protección en contra de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, “ASOFUMI”, asociación gremial de funcionarios públicos, R.U.T. Nº RUT reservado, representada por su presidente don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana.

Relata que es trabajadora social de profesión y funcionaria de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia desde el año 2012; ingresando con fecha 01 de enero de 2017 a la Asociación de Funcionarios “ASOFUMI”. Además, durante el periodo comprendido entre el 23 de agosto de 2021 al 31 de noviembre de 2021 se desempeñó también como Secretaria Regional Ministerial Subrogante de forma exclusiva.

Agrega que el día 05 de agosto de 2022, se le notifica por parte del Comité de Ética de la ASOFUMI, de la existencia de 5 denuncias en su contra y el inicio de un procedimiento disciplinario por éstas, conforme al “Código de Ética y Disciplina ASOFUMI”.

Luego, el 19 de agosto de 2022, a pesar de encontrarse haciendo uso de licencia médica prenatal desde el 22 de julio del mismo año, presentó sus descargos, señalando que las denuncias únicamente responden a represalias y hostigamiento laboral por parte de sus compañeros de funciones, situaciones que denunció ante el mismo Ministerio.

Además, refiere que presentó una demanda por vulneración de derechos fundamentales ante los Tribunales Laborales de nombre reservado por la inacción de su jefatura frente al acoso y hostigamiento laboral que ha sufrido por parte de otros funcionarios, la cual actualmente se encuentra en tramitación (Rol T-77-2022 del Juzgado Laboral de nombre reservado).

Añade que tres de los denunciantes y la presidenta regional de dicha asociación, se encuentran siendo investigados en un Sumario Administrativo relativo a su denuncia ya referida.

Aquel sumario, tiene el carácter de secreto pero que en términos generales trata de una vulneración a la ley Nº 19.628 sobre protección a los datos personales, datos de a los cuales sus compañeros de trabajo accedieron en razón de sus funciones laborales, sin su autorización, los cuales mal utilizaron y divulgaron con la intención de perjudicarla laboralmente.

Entiende que al no obtener por su parte datos de aquel sumario constituye una vulneración a su derecho a la defensa, puesto que expuso en sus descargos esta situación y se le ignoró por completo, dejándola en la indefensión e interpretando sus descargos como meras alegaciones infundadas, siendo que tiene los medios de prueba pero no es posible divulgarlos en función del sumario.

Frente a las denuncias de vulneración efectuadas por 5 de sus compañeros de trabajo, reitera que estas sólo forman parte del hostigamiento y vulneración que ha sufrido a partir del año 2021, donde la jefatura ha sido cómplice de lo anterior, buscando alguna especie de “revancha política” siendo que es una funcionaria pública de carrera, que si bien en algún minuto tuvo la responsabilidad de ser subrogante de la autoridad, no es la única que ha subrogado, pero si la única a la cual se le ha acusado injustamente.

Entiende que dichas denuncias nunca deberían haber sido suficientes para el inicio del procedimiento disciplinario, en virtud de no contar con los quorums necesarios. Conforme al artículo 16 del reglamento del Comité de Ética, respecto a la interposición de una acción disciplinaria que dispone: “cuando el requerimiento sea interno de una región los demandantes deberán ser a lo menos el 20% del padrón regional, con antigüedad de al menos 6 meses. En ningún caso el requerimiento podrá ser iniciado por menos de 6 socios”

Agrega que, al momento de la notificación del procedimiento disciplinario, en el mes de agosto de 2022, existían 27 socios activos que cumplían con la antigüedad necesaria en la Región de Magallanes, por tanto 5 denuncias equivalen al 19% del padrón, siendo además necesario que el procedimiento sea iniciado por al menos 6 socios, situación que en autos no concurre.

Inclusive en la resolución final, donde se toma la determinación de expulsarla, se indica que son 5 denunciantes y 2 “patrocinantes” lo que “da cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 16º del Código de Ética y Disciplina de ASOFUMI”, donde en ninguna parte habla de los patrocinantes.

Sostiene que ninguna de estas situaciones fueron ponderadas por el Comité de Ética, quien contraviniendo expresamente sus propias normas, llevó a cabo un procedimiento arbitrario, dándole un tratamiento diferente al que se le ha dado a otros socios en situaciones idénticas, determinando además como sanción la expulsión, siendo la más grave que contiene su ordenamiento.

Entiende que aquella sanción es desproporcionada, como bien señalan los estatutos de la ASOFUMI en su artículo 41.

Luego de su apelación refiere que el 10 de enero de 2023, se ratifica la resolución por parte del Comité de Ética de la ASOFUMI que la expulsa de dicha asociación, de la cual tuvo conocimiento con fecha 22 de febrero del presente año.

Arguye que en virtud de lo expuesto existe un perturbación de los derechos y garantías constitucionales establecidas en los numerales 1º, 2º, 3º, 4º del artículo 19° de la Constitución Política de la República.

Solicita, se acoja la acción, dejando sin efecto la investigación, procedimiento sancionatorio y resolución que decide expulsarla de la asociación de funcionarios, con expresa condenación en costas, por los perjuicios causados.

Acompaña, Primera carta de notificación emitida por el Comité de Ética de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de fecha 05 de agosto de 2022; adjuntos que contienen las denuncias efectuadas, el cual acompañaba la primera carta de notificación del procedimiento, de fecha 05 de agosto de 2022; descargos efectuados por doña nombre reservado a las acusaciones del Comité de Ética, de fecha 19 de agosto de 2022; segunda carta emitida por el Comité de Ética de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que solicita antecedentes, de fecha 15 de noviembre de 2022; segundos descargos efectuados por doña nombre reservado a las acusaciones del Comité de Ética, de fecha 28 de noviembre de 2022; Resolución del Comité de Ética de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de fecha 19 de diciembre de 2022; Apelación a la resolución del Comité de Ética de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de fecha 19 de diciembre de 202; de doña nombre reservado, con fecha 23 de diciembre de 2022; Respuesta a la apelación emitida por Comité de Ética de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, de fecha 10 de enero de 2023; Código de Ética y Disciplina ASOFUMI y Estatutos ASOFUMI.

Informa, nombre reservado, presidente de la Asociación de funcionarios recurrida, quien solicita el rechazo del recurso con costas.

Manifiesta que los estatutos vigentes consagran la existencia de un organismo autónomo y electo por los socios que tendrá por objetivo, entre otros, analizar los conflictos que surjan entre socios y que transgredan los principios fundamentales de la Asociación, teniendo en cuenta los axiomas de solidaridad, respeto, autodeterminación, pluralismo y equidad.

Dicho estatuto sostiene que las decisiones se adoptarán por la mayoría absoluta de sus integrantes. Por su parte el reglamento, a su turno, contempla los principios generales de actuación, la constitución de los integrantes del CED, el inicio del procedimiento, su desarrollo y fin; además de las infracciones a la disciplina sindical y la necesaria contradicción procesal que debe existir.

Entiende que la comisión actuó autónomamente y con estricto apego a las reglas. Tal como señala la recurrente, se recibió una denuncia de 5 socios de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, patrocinada por dos socios más. De la denuncia, se notificó a la denunciada con fecha 5 de agosto de 2022, dando la posibilidad de que ejerciera su derecho a defensa.

Luego, el 19 de agosto, la denunciada (recurrente) presentó sus descargos, sin hacer objeción alguna a los supuestos vicios de procedimiento que existieron en su iniciación. A este respecto, indica que no existieron tales vicios y que, en el evento que hayan existido, la denunciada no los alegó oportunamente, debiendo inevitablemente dar por precluido su derecho en tal sentido.

En sus descargos respondió pormenorizadamente a cada uno de los cargos en esa oportunidad y también cuando el CED le pidió aclaraciones respecto de algunos dichos.

Añade que el CED emitió su fallo, por la unanimidad de sus integrantes, sancionando la expulsión de la recurrente.

En cuanto a que la sanción sería desproporcionada, hace presente, que el artículo 11 del reglamento de Ética y Disciplina de la Asociación, establece: “Será facultad exclusiva y excluyente de los miembros del CED calificar la gravedad de las conductas antes descritas, pudiendo agravar o atenuar la responsabilidad”.

Continua relatando que la recurrente tuvo la posibilidad de apelar, conforme al reglamento y frente a la apelación, los integrantes del CED decidieron, nuevamente de forma unánime, mantener la sanción.

Por lo que concluye que se cumplido entonces con las garantías del debido proceso y no corresponde que el Directorio intervenga en modo alguno en la decisión, por drástica que parezca. El CED analizó las denuncias, desechó algunas y estimó que las restantes, además de ser verídicas, denotaban una conducta suficientemente grave como para provocar la expulsión.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido como una acción constitucional que tiene por objeto evitar posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarios produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al recurrente.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional, con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales, taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

SEGUNDO: Que, en consecuencia, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el hecho vulneratorio calificado como ilegal y arbitrario por el recurrente, lo hace consistir en la decisión del Comité de Ética de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de expulsarla de dicha asociación.

CUARTO: Que, al evacuar su informe la recurrida insta por el rechazo del recurso en virtud de lo expuesto en la parte expositiva de este fallo.

QUINTO: Que, es un hecho cierto que se recibió denuncia de 5 socios de la Región de Magallanes, patrocinada por dos socios más en contra de la recurrente cumpliendo con el requisito establecido en el artículo 16 del Reglamento del Comité de Ética y Disciplina. De aquello se notificó a la denunciada con fecha 05 de agosto de 2022 otorgándole la posibilidad de ejercer su derecho a defensa, evacuando sus descargos pertinentes con fecha 19 de agosto del mismo año, respecto de la cual se solicitaron aclaraciones respondiendo las mismas en su oportunidad, haciéndose cargo de cada una de las acusaciones efectuadas en su contra.

Que, también es un hecho cierto que con fecha 19 de diciembre de 2022, el comité de ética y disciplina de la recurrida acogió tres de las denuncias efectuadas, determinando en definitiva la expulsión de la recurrente a la asociación. Respecto de aquella resolución la recurrente apeló dentro de plazo, ratificándose la misma con fecha 10 de enero de 2023.

SEXTO: Que, es necesario tener presente que el artículo 553 inciso 2 del Código Civil dispone que: "La potestad disciplinaria que le corresponde a una asociación sobre sus asociados se ejercerá a través de una comisión de ética, tribunal de honor u otro organismo de similar naturaleza, que tendrá facultades disciplinarias respecto de los integrantes de la respectiva asociación, las que ejercerá mediante un procedimiento racional y justo, con respeto de los derechos que la Constitución, las leyes y los estatutos confieran a sus asociados. En todo caso, el cargo en el órgano de administración es incompatible con el cargo en el órgano disciplinario".

SEPTIMO: Que, en lo pertinente, es el Reglamento y Código de Ética y Disciplina ASOFUMI, el que contempla el procedimiento y las sanciones que se aplican en casos de faltas a la disciplina de los asociados.

OCTAVO: Que, de lo anterior, corresponde aclarar que, a través del presente arbitrio, no se puede perseguir que se analice el mérito acerca de los antecedentes tenidos en cuenta por el órgano disciplinario, transformándose esta sede de protección en una instancia en que se conozca de los hechos por los cuales fue juzgada la actora o que se cuestionen los contenidos y alcances de actuaciones reglamentarias realizadas por los recurridos en el ejercicio de la autonomía que nuestra Constitución le reconoce a los grupos intermedios.

NOVENO: Que, en este orden de ideas, serán desestimadas las alegaciones de ausencia de un debido proceso y proporcionalidad de la sanción.

La primera de ellas por cuanto de la documentación allegada a estos autos se acreditó que la recurrente fue citada ante la Comisión de Disciplina y Ética de la recurrida, asistiendo, presentando sus descargos sin alegar vicio alguno relativo al inicio del procedimiento, y siendo notificada de la resolución de expulsión que se adoptó por dicha comisión, recurriendo respecto de la misma. En suma, en el proceso disciplinario la actora se impuso de los hechos materia de la imputación y pudo ejercer su derecho a defensa y ser oído, pues compareció formulando sus descargos, pudiendo desplegar finalmente los medios de impugnación que a su respecto contempla la referida normativa.

Respecto de la segunda, se puede verificar que el hecho que motivo la sanción no se encuentra controvertido, y fue analizado y juzgado por la Comisión de Disciplina, el cual se ajustó a las normas estatutarias y reglamentarias que rigen a los miembros, no verificándose en la especie una falta de proporcionalidad.

DECIMO: Que, por los motivos referidos el arbitrio intentado no puede prosperar, debiendo ser rechazado, sin que resulte necesario analizar una posible vulneración de garantías constitucionales puesto que no existe un hecho que revista caracteres de arbitrario o ilegal.

Por estas consideraciones, y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la Republica, y por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo de esta clase de recursos, de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, todos ya individualizados.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Srta. San Martín.

ROL N°100-2023- PROTECCIÓN.