nombre reservado con CENTRO PENITENCIARIO DE PUNTA ARENAS

Punta Arenas, tres de febrero de dos mil veintitrés.

VISTO:

Que comparece el abogado Pablo Daniel Chandía Ayala, en representación de don nombre reservado, quien se encuentra cumpliendo condena en el CENTRO PENITENCIARIO DE PUNTA ARENAS, deduciendo acción constitucional de protección en contra de la resolución administrativa de 25 de noviembre de 2022, dictada por ese servicio, que rechazó la solicitud del beneficio de salida dominical, lo que a su juicio vulnera las garantías constitucionales de los N°s. 1, 2 y 3, inciso quinto, del artículo 19, de la Carta Fundamental.

Indica que con fecha 24 de noviembre del 2022 sesionó el Consejo Técnico del Complejo Penitenciario de Punta Arenas, conforme a lo previsto en el artículo 96 del Reglamento de Establecimientos penitenciarios, instancia en la que se revisaron, entre otros, la postulación del recurrente al beneficio Penitenciario de Salida Dominical.

Señala como antecedente que el recurrente nunca ha tenido sanciones disciplinarias, cuenta con el respaldo de la Alta Jefatura del establecimiento penitenciario, lo que le ha permitido acceder a una serie de beneficios al interior del Recinto Penal, entre otros, al Venusterio que consiste en un beneficio intrapenitenciario de la mayor confianza puesta sobre el interno o interna por medio del cual se le concede una visita íntima con la pareja estable que disponga en el medio libre con la finalidad de afianzar el vínculo familiar con miras a la reinserción social, lo que constituye un antecedente subjetivo de especial relevancia.

Agrega que el recurrente tiene una conducta sobresaliente, y a la fecha cuenta con más de veinte bimestres de conducta “muy buena”, obteniendo incluso autorización para ser trasladado al Centro de Educación y Trabajo, pero por motivos de salud no pudo ingresar a dicho establecimiento. Luego de haber cumplido su tiempo mínimo para postular a los beneficios Penitenciarios con fecha 20 de octubre del 2022, procedió a presentar su solicitud para acceder al Beneficio de Salida dominical.

Destaca que la resolución fue notificada, aparentemente, el 27 de noviembre al Señor nombre reservado, pero quien tuvo acceso a la misma, junto con este letrado, recién el día 05 de diciembre del año recién pasado.

Transcribe la resolución reclamada la que señaló: “Por unanimidad de pareceres desfavorables emitidos por los integrantes de esta mesa penitenciara, presidida por el Sr. Alcaide de este Complejo Penitenciario se determina, No ha lugar al permiso en solicitud. Presenta una red de apoyo insuficiente.” (SIC)

Alega que el acto administrativo recurrido deviene en arbitrario porque de acuerdo con los requisitos y objetivos del Reglamento Penitenciario para otorgar el beneficio solicitado, el señor nombre reservado ha demostrado una conducta sobresaliente, un proceso de reinserción impecable y goza de beneficios que otros internos en su misma situación no detentan y que a pesar de ser extranjero, su pareja se trasladó desde República Dominicana a la ciudad de Punta Arenas, para apoyarlo en su proceso de reinserción lo que le constaría a Gendarmería de Chile, lo que hace que el rechazo carezca de fundamento tornándose arbitrario.

Agrega, que su pareja, que es su red de apoyo familiar, se encuentra establecida en la región, con trabajo estable, arrienda un inmueble para la familia, cuentan con una relación prolongada en el tiempo y, es quien fue validada por el Consejo Técnico para detentar el beneficio de Venusterio, por lo que es evidente que resulta ser un referente de control en el medio libre, por tratarse de una persona conocida por Gendarmería de Chile.

Añade que el acto recurrido también es ilegal porque su representado cumple satisfactoriamente con todos los requisitos que exige el citado reglamento para acceder al beneficio de salida dominical, no contándose entre los requisitos exigidos una red de apoyo social, que es el fundamento de la decisión que se reclama.

Explica que la conculcación a la garantía constitucional contemplada en el N°1 del artículo 19, porque Gendarmería ejerce “apremio” sobre su representado, toda vez que la RAE ha definido como tal en su tercera acepción “Mandamiento de una autoridad judicial para compeler al pago de alguna cantidad o al cumplimiento de otro acto obligatorio”, en la especie el apremio consiste en coartarle un derecho a su representado al contacto familiar, y a la reinserción familiar dando lugar a una afectación psicológica.

Respecto a la infracción a la garantía de igualdad ante la ley, el recurrente indica que Gendarmería discrimina a su defendido porque su pareja es de nacionalidad extranjera y no la ven como una “real red de apoyo” para su reinserción social. En apoyo a este argumento cita las Reglas de Mandela.

Ante estrado el abogado recurrente agregó que a su entender el permiso dominical constituye un derecho que se le está negando a su representado, atendido que es una obligación del Estado por medio de Gendarmería que se logre a través de estos mecanismos la reinserción social del interno conforme lo establece el artículo 3°, N°3, letra f), de la Ley Orgánica de Gendarmería, explicando, además, que en este caso particular a un extranjero no pueden exigirle la misma red familiar que a los chilenos, situación de la que la institución recurrida no se hace cargo al calificar su red de apoyo como insuficiente.

En virtud de lo alegado, pide que se acoja la pretensión del condenado y se ordene dar lugar al beneficio de salida dominical con fines familiares; o en subsidio se ordene al Consejo Técnico de Gendarmería de Chile, efectuar, extraordinariamente, un nuevo Consejo Técnico y que evalúen nuevamente la petición del señor nombre reservado.

Evacuando el informe el Jefe (s) del Centro Penitenciario indica que el día veinticuatro de octubre del año dos mil veintidós, el condenado realizó una postulación al beneficio intrapenitenciario de salida dominical, la que fue analizada por el consejo técnico, lo que se encuentra consignado en el acta N° 27 de esa fecha, en la que se encuentran consignados todos los antecedentes proporcionados por los integrantes de dicho consejo, indicando lo siguiente:

• Área Educacional: Usuario que ingresó al sistema penitenciario el año 2018, sin documentación que acredite su nivel escolar, por cuanto se le realiza validación de estudios correspondientes a séptimo y octavo básico, teniendo matricula en el colegio andino, el cual funciona al interior de este establecimiento penal. En la actualidad se encuentra cursando primer nivel medio de manera regular. En el año 2019, registra postulación en curso de alfabetización en calidad de aprobado. Posterior a esto, no ha participado en nuevas actividades extra programáticas.

• Área laboral: Actualmente se encuentra en lista de espera para una actividad laboral, solo cumple con las exigencias básicas del régimen penitenciario y de convivencia en el módulo que habita. Presenta capacitación en construcción de METALCOM. Esta área estima pertinente considerar su evolución en proceso de intervención psicosocial antes de exponer al individuo al medio libre.

• Jefe Operativo: Usuario que no registra comisión de delitos al interior del establecimiento. Presenta un bajo compromiso delictual, a la fecha mantiene muy buena conducta, sin embargo, mi voto es desfavorable en virtud de los antecedentes presentados.

• Jefe Interno: Usuario que a la fecha mantiene muy buena conducta, pero registra faltas al régimen interno durante su periodo de reclusión, siendo la última el veinte de febrero de dos mil diecinueve, cumple con exigencias básicas del régimen penitenciario adecuándose a las normas establecidas, sin embargo, en virtud de los antecedentes presentados mi voto es desfavorable.

• Jefe de Reinserción Social: presenta un riesgo de reincidencia medio, asociado principalmente a los factores criminógenos de asociación a pares vinculados al ámbito delictual y a la actitud pro criminal, donde los principales elementos tiene relación con el desarrollo de creencias que lo llevan a justificar su actual delito y a minimizar las acciones ejercidas. Se visualiza alteración en los factores afectivos e interpersonales, específicamente en los ítems de manipulación y engaño, superficialidad afectiva y sensación elevada en auto valía. Si bien, es consciente del delito cometido, es una conducta plenamente planificada. Ha mostrado estabilidad en su proceso de reinserción social, cabe señalar que el área laboral no presenta una necesidad de intervención primordial. En relación a su postulación, presenta escasa red de apoyo, por lo que, debe seguir trabajando en su plan de intervención individual, principalmente en el fortalecimiento de redes pro sociales, y profundizar en los aspectos de orientación pro criminal.

En conclusión, el Jefe de la Unidad, en vista y considerando las opiniones vertidas en la mesa de trabajo, no concede el beneficio en solicitud, en atención a los pareceres desfavorables emitidos por las diferentes áreas participantes que conforman el Honorable Consejo Técnico, toda vez que el usuario requiere profundizar más en su proceso de intervención, y fortalecer su red de apoyo.

Con fecha treinta de enero del año en curso, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional para ser ejercitada en un procedimiento de urgencia, informal, inquisitivo, unilateral, breve y concentrado con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio ni se persigue con su interposición establecer la responsabilidad civil, penal, infraccional o administrativa del ofensor. Por tanto, no se concibe respecto de una contienda civil entre partes ni da origen a un proceso penal o administrativo, es decir, no se aplica para discutir cuestiones de lato conocimiento respecto de las cuales el legislador ha establecido los procedimientos idóneos para que sean debatidas y resueltas.

SEGUNDO: Que, para que proceda el recurso se requiere la concurrencia de los siguientes requisitos:

a)Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto (hecho) o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida, esto es, si se encuentra en condiciones de adoptar alguna medida para proteger la garantía vulnerada.

TERCERO: Que, el hecho que el recurrente califica de arbitrario e ilegal, lo hace consistir en la negativa de el Centro Penitenciario de Punta Arenas, -a través de la Resolución que indica y acompaña-, de conceder el permiso dominical que su representado solicitó, afirmando que éste cumple con todos los requisitos que establece la reglamentación pertinente, privándolo en consecuencia de un derecho que Gendarmería tiene que dar cumplimiento como parte de sus obligaciones de obtener la reinserción social de los internos, lo que constituye a su juicio un apremio psicológico ilegítimo y una discriminación arbitraria por su calidad de extranjero, toda vez que la única red familiar que tiene en el medio libre es su pareja de su misma nacionalidad.

CUARTO: Que, evacuó informe la recurrida en los términos que se consignan en lo expositivo del presente fallo, explicando que se rechazó al peticionario el permiso de salida dominical, por la unanimidad de los integrantes del Consejo Técnico de dicho centro penitenciario, quienes tuvieron en consideración para rechazar la aludida petición los motivos que se expresan en el Acta N°27 de fecha 24 de octubre de 2022, que detalla los antecedentes que se tuvieron a la vista por los miembros de la referida comisión y el fundamento de su voto.

QUINTO: Que, de la lectura del Acta N°27 precedentemente citada, se advierte que tanto el Jefe Operativo como el Jefe Interno, no obstante que reconocen que actualmente el condenado tiene buena conducta, emiten un voto desfavorable a su solicitud teniendo a la vista los antecedentes que se analizaron.

En este orden, el Jefe de Reinserción Social expuso que el peticionario presenta un riesgo de reincidencia medio, asociado principalmente a los factores criminógenos de asociación a pares vinculados al ámbito delictual y a la actitud pro criminal, donde los principales elementos tiene relación con el desarrollo de creencias que lo llevan a justificar su actual delito y a minimizar las acciones ejercidas. Se visualiza alteración en los factores afectivos e interpersonales, específicamente en los ítems de manipulación y engaño, superficialidad afectiva y sensación elevada en auto valía. Si bien, es consciente del delito cometido, es una conducta plenamente planificada. Ha mostrado estabilidad en su proceso de reinserción social, cabe señalar que el área laboral no presenta una necesidad de intervención primordial. En relación a su postulación, presenta escasa red de apoyo, por lo que, debe seguir trabajando en su plan de intervención individual, principalmente en el fortalecimiento de redes pro sociales, y profundizar en los aspectos de orientación pro criminal.

Por tanto, la Comisión concluye por unanimidad que el usuario requiere profundizar más en su proceso de intervención, y fortalecer su red de apoyo.

SEXTO: Que, sobre la materia cabe tener presente que los permisos intrapenitenciarios constituyen actividades de reinserción social que otorgan gradualmente a los beneficiarios mayores espacios de libertad, siendo fundamental para su concesión el informe psicológico que dé cuenta de la conciencia del delito, del mal causado con su comisión y de la disposición al cambio, pudiendo acceder a los mismos los internos que gocen de informe favorable del Consejo Técnico, según dispone el artículo 97 del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, aprobado por el Decreto Supremo N°518 de 1998, del Ministerio de Justicia.

Que, como se ha indicado, en el caso del recurrente, consta el voto desfavorable de todos los integrantes del Consejo Técnico, según aparece de la documentación que se acompañó, por lo que debe tenerse en cuenta que se trata de una decisión unánime de un órgano colegiado, que ha actuado dentro del ámbito de sus atribuciones.

De manera que no se divisa la existencia de una decisión arbitraria, por cuanto la misma ha sido adoptada teniendo en consideración el informe del Consejo Técnico, que da cuenta que falta cumplir algunos objetivos del régimen de reinserción social, lo que por lo demás es un asunto de mérito que no le corresponde analizar a esta Corte.

SEPTIMO: Que, en concordancia con lo señalado precedentemente, el artículo 96 del citado Reglamento de Establecimientos Penitenciarios dispone que:

“Artículo 96.- Los permisos de salida son beneficios que forman parte de las actividades de reinserción social y confieren a quienes se les otorgan gradualmente, mayores espacios de libertad. Dichos permisos de salida son los siguientes:

a) la salida esporádica;

b) la salida dominical;

c) la salida de fin de semana, y d) la salida controlada al medio libre.

Los permisos mencionados, ordenados según la extensión de la salida, se inspiran en el carácter progresivo del proceso de reinserción social y se concederán de modo que sólo el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones que impone el uso provechoso del que se conceda, permitirá postular al siguiente.

El cumplimiento de los requisitos formales sólo da derecho al interno a solicitar el permiso de salida correspondiente, en tanto que su concesión dependerá, fundamentalmente, de las necesidades de reinserción social del interno y de la evaluación que se efectúe respecto de su participación en las actividades para la reinserción social que, con su colaboración, se hayan determinado según los requerimientos específicos de atención, de modo que pueda presumirse que respetará las normas que regulan el beneficio y no continuará su actividad delictiva”.

OCTAVO: Que, como es posible advertir de lo dispuesto en el inciso final del precedentemente transcrito artículo 96, -sin perjuicio del derecho del interno de solicitar algunos de los permisos enumerados-, Gendarmería no se encuentra obligado a conceder dicho permiso, toda vez que su concesión dependerá “de las necesidades de reinserción social del interno y de la evaluación que se efectúe respecto de su participación en las actividades para la reinserción social”, razón por la que el permiso de salida dominical propiamente tal, no tiene la naturaleza jurídica de un derecho como alegó el recurrente ante estrado, sino que constituye sólo una expectativa para el peticionario, debiendo agregarse en este orden que la obligación de realizar acciones para la reinserción social del interno es una obligación de medio y no de resultado.

En este orden, la norma aludida es clara al definir que se trata de un beneficio, y no de un derecho Por tanto, es un error argumentativo sostener que la concesión del permiso a la salida dominical es un derecho indubitado del interno.

Así las cosas, en este sentido la Corte no observa que el Centro Penitenciario de Punta Arenas haya realizado una acción ilegal al rechazar la solicitud de permiso dominical del caso.

NOVENO: Que, además del análisis de las normas del citado reglamento que permiten entender que no existe la ilegalidad o arbitrariedad que se imputa a la autoridad recurrida, en virtud de lo expuesto se aprecia también que la cuestión sometida a conocimiento de esta Corte trata de un asunto administrativo que no está basada en un derecho indubitado o indiscutido, motivos por los cuales la acción constitucional entablada no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y el Auto Acordado para la tramitación del Recurso de Protección, se declara que: SE RECHAZA SIN COSTAS, el recurso de protección presentado en favor de nombre reservado en contra del Centro Penitenciario de Punta Arenas.

Redacción de la Abogada integrante Carmen González Mundaca.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Se deja constancia que no firma el Ministro Suplente, Sr. Jaime Álvarez Astete, no obstante, haber concurrido a la vista y al Acuerdo, por encontrarse en el día de hoy con permiso, conforme al artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°10-2023. PROTECCIÓN.