nombre reservado con DIRECCION REGIONAL DE GENDARMERIA DE CHILE

Punta Arenas, quince de marzo de dos mil veintiuno.

VISTOS:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones, nombre reservado, Defensor Público Penitenciario de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, domiciliado en domicilio reservado, actuando en representación de los internos del Centro de Detención Preventiva de Puerto Natales, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado e interpone recurso de protección en contra de la Dirección Regional de Gendarmería de Chile, atribuyéndole vulneración de derechos y garantías fundamentales respecto de sus representados, y que se traducen en afectación a las garantías contenidas en los artículos 19 N° 1 y 19 N° 2 de la Carta Fundamental.

Refiere que con fecha 29 de diciembre de 2020 en entrevista con sus representados, éstos manifestaron que no cuentan con plan de intervención desde hace nueve meses aproximadamente, es decir, desde este tiempo a la fecha no han accedido al referido plan, no dándoseles explicación alguna sobre los motivos.

Denuncia que lo anterior es una evidente afectación en el derecho a la reinserción, quienes se encuentran en calidad de condenados desde el 02 de marzo de 2019 (nombre reservado), 01 diciembre de 2017 (nombre reservado), 16 de marzo de 2019 (nombre reservado), 19 de junio de 2019 (nombre reservado), y desde 01 de julio de 2019 (nombre reservado) sin que a la fecha se les haya informado sobre las razones de la inexistencia de un plan de intervención, ni menos aún incorporarlos en la oferta programática para trabajar los supuestos factores de riesgo, a fin de evitar contagio criminógeno y los efectos de la encarcelación, postergando la posibilidad de modificar el cumplimiento de su saldo de condena.

Agrega que de forma “extraoficial” se le ha comunicado que esta falta de servicio se debería a que, en la ciudad de Puerto Natales, Gendarmería de Chile no tendría equipo de profesionales para efectuar dichas funciones, lo cual, en caso de ser cierto, supone una falta de servicio por parte del Estado.

Entiende, entonces, infringido el derecho a la reinserción social que tienen mis representados, siendo demorados sus planes de intervención por parte de la autoridad penitenciaria sin una explicación plausible, por lo que, solicita acoger la presente acción constitucional y ordenar a Gendarmería de Chile la evaluación mediante los instrumentos correspondientes, la elaboración inmediata de plan de intervención individual para cada uno de sus representados y la reactivación de los mismos, debiendo ser incorporados en la oferta de intervenciones una vez que se retomen las actividades.

Explica que es Gendarmería de Chile, organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el que tiene como misión la atención, custodia y vigilancia de las personas privadas de libertad, así como también, contribuir a la reinserción social de aquellas personas que han sido condenadas. En este caso Gendarmería no ha propuesto ninguna alternativa de intervención a las personas condenadas en el centro penitenciario de Natales, afectando con esto, entre otros:

- Permisos de Salida - Libertad Condicional - Fomento de la educación y el trabajo.

Refiere entonces, infracción al artículo 19 n° 2, inciso 2do, establece: “Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias;”

Esta Garantía, obviamente no se protege por el Estado mediante Gendarmería de Chile, toda vez que precisamente ésta institución está causando una diferencia arbitraria, desde el punto de vista de las calificaciones de conducta, el rechazo de beneficios penitenciarios y postulación a mecanismos alternativo de condena como sería la Libertad Condicional.

La falta de un Servicio Público, como lo es la labor de reinserción, por “falta de especialistas” no debiese condicionar el desarrollo y alcance del objeto final de la Pena, esto es la Reinserción Social sobre todo teniendo en especial consideración que uno de los principios de Gendarmería de Chile contenido en su Ley Orgánica es:

Artículo 1°.- Gendarmería de Chile es un Servicio Público dependiente del Ministerio de Justicia, que tiene por finalidad atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que por resolución de autoridades competentes, fueren detenidas o privadas de libertad y cumplir las demás funciones que le señale la ley.

Norma que se repite en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, cuando señala:

Artículo 1º.- La actividad penitenciaria se regirá por las normas establecidas en el presente Reglamento y tendrá como fin primordial tanto la atención, custodia y asistencia de detenidos, sujetos a prisión preventiva y condenados, como la acción educativa necesaria para la reinserción social de los sentenciados a penas privativas de libertad o sustitutivas de ellas.

Así, entonces, cuando en el Centro Penitenciario de Punta Arenas, en el Centro de Educación y Trabajo de Punta Arenas e incluso en el Centro de Detención Preventiva de Porvenir existen alternativas de intervención por la falta de profesionales idóneos para elaborar planes de intervención individual, en el Centro de Detención Preventiva de Puerto Natales, esto no existe y se “castiga” a los internos impidiéndole el acceso a Beneficios Intrapenitenciarios, a mejorar su calificación de conducta o a trabajar en aquellos factores de riesgo que le impiden a acceder, por ejemplo, a la Libertad Condicional lo que se torna en ilegal y arbitrario.

Concluye sugiriendo que se ordene a la brevedad que concedan Beneficios de Salida solicitados por los internos que cumplieren requisitos objetivos para ello: tiempo mínimo y calificación de conducta, y que hubieren manifestado de forma expresa su intención de acceder a dichos beneficios.

Además, que se ordene de forma inmediata y urgente, que se inicien evaluaciones por vía remota con profesionales de la Dirección Regional de Gendarmería, para determina las condiciones personales de los internos del Centro de Detención Preventiva de Puerto Natales con la finalidad de PROYECTAR INTERVENCIONES EN EL MEDIO LIBRE, respecto de aquellos internos que postularán a Libertad Condicional en el primer semestre de este año, y PROYECTAR INTERVENCIONES INTRAMURO respecto de aquellos internos que no cumplan con los requisitos para postular a Libertad Condicional durante el presente semestre.

Finaliza solicitando se acceda al recurso y se disponga se adopten todas las medidas tendientes a restablecer el imperio del Derecho, asegurando la tutela de los derechos consagrados y vulnerados, en la siguiente forma, concediendo Beneficios de Salida solicitados por los internos que cumplieren requisitos objetivos para ello: tiempo mínimo y calificación de conducta, y que hubieren manifestado de forma expresa su intención de acceder a dichos beneficios. Se ordene intervención inmediata y urgente, por vía remota con profesionales de la Dirección Regional de Gendarmería, para determina las condiciones personales de los internos del Centro de Detención Preventiva de Puerto Natales con la finalidad de PROYECTAR INTERVENCIONES EN EL MEDIO LIBRE, respecto de aquellos internos que postularán a Libertad Condicional en el primer semestre de este año, y PROYECTAR INTERVENCIONES INTRAMURO respecto de aquellos internos que no cumplan con los requisitos para postular a Libertad Condicional durante el presente semestre.

Comparece nombre reservado, Teniente Coronel, Director Regional de Gendarmería de Chile Región de Magallanes y Antártica Chilena e informa.

Luego de exponer los antecedentes del recurso, expone los antecedentes de cada uno de los recurrentes.

nombre reservado, CÉDULA DE IDENTIDAD N° RUT reservado: Interno privado de libertad en virtud de la condena dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas en Causa RUC N° 1300295361 - 1, RIT N° 21 - 2014, por el delito Femicidio consumado en su calidad de autor. Ingresó al Centro de Detención Preventiva de Puerto Natales en fecha 26 de julio de 2019, y se encuentra recluido en el Pabellón 1 Colectivo 1 del penal precitado. Ha sido calificado como un interno de bajo compromiso delictual, obteniendo un puntaje de 76,3 puntos sobre 171,0 posibles.

nombre reservado, CÉDULA DE IDENTIDAD N° RUT reservado: Interno privado de libertad en virtud de la condena dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas en Causa RUC N° 1900073609-3, RIT N° 107-2019, por el delito de Tráfico ilícito de drogas en su calidad de autor. Ingresó al Centro de Detención Preventiva de Puerto Natales en fecha 04 de marzo de 2019, y se encuentra recluido en el Pabellón 1 Colectivo 1 del penal precitado. Ha sido calificado como un interno de bajo compromiso delictual, obteniendo un puntaje de 64,3 puntos sobre 171,0 posibles.

nombre reservado, CÉDULA DE IDENTIDAD N° RUT reservado: Interno privado de libertad en virtud de la condena dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas en Causa RUC N° 1700212857-8, RIT N° 80-2018, por el delito de Abuso sexual de menor de 14 años en su calidad de autor. Ingresó al Centro de Detención Preventiva de Puerto Natales en fecha 28 de diciembre de 2018, y se encuentra recluido en el Pabellón 1 Colectivo 1 del penal precitado. Ha sido calificado como un interno de mediano compromiso delictual, obteniendo un puntaje de 88,9 puntos sobre 171,0 posibles.

nombre reservado, PASAPORTE N° 223–RUT reservado: Interno privado de libertad en virtud de la condena dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas en Causa RUC N° 1900253676 - 8, RIT N° 41 - 2018, por el delito de Tráfico ilícito de drogas en su calidad de autor. Ingresó al Centro de Detención Preventiva de Puerto Natales en fecha 28 de diciembre de 2018, y se encuentra recluido en el Pabellón 1 Colectivo 1 del penal precitado. Ha sido calificado como un interno de bajo compromiso delictual, obteniendo un puntaje de 64,8 puntos sobre 171,0 posibles.

nombre reservado, CÉDULA DE IDENTIDAD N° RUT reservado: Interna privada de libertad en virtud de la condena dictada por el Juzgado de Garantía de Punta Arenas en Causa RUC N° 1800401888 - 1, RIT N° 1303 - 2018, por el delito de Robo en lugar habitado o destinado a la habitación en su calidad de autora. Ingresó al Centro de Detención Preventiva de Puerto Natales en fecha 21 de noviembre de 2019, y se encuentra recluida en el Pabellón 1 Colectivo 3 del penal precitado. Ha sido calificada como una interna de mediano compromiso delictual, obteniendo un puntaje de 83,8 puntos sobre 171,0 posibles.

Explica que los beneficios Intrapenitenciarios forman parte de las actividades de reinserción social y confieren a quienes se les otorgan, gradualmente, mayores espacios de libertad.

Estos permisos se encuentran regulados en el artículo 96º y siguientes del D.S. Nº 518, de 1998, de Justicia, Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, normativa que debe ser relacionada con los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, las facultades otorgadas a la Administración Penitenciaria en el D.L. 2859, de 1979, Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, y lo dispuesto en la Resolución Exenta N° 11523, de 19 de noviembre de 2012, del Director Nacional de Gendarmería de Chile, entre otros instructivos sobre la materia.

Para su concesión, es presupuesto necesario la ausencia de peligro de abuso, es decir, que pueda presumirse que el condenado respetará las normas que reglan el beneficio y no continuará su actividad delictiva. Para descartar el riesgo, se deberá considerar la disposición del condenado a participar y cooperar en el proceso de reinserción social (letras b y c del artículo 110) y los avances efectivos en su proceso de reinserción social (art. 97), para lo cual, se discurrirá sobre informe psicológico que dé cuenta de: (i) la conciencia de delito, (ii) del mal causado con su conducta y (iii) de la disposición al cambio; de modo que se procure, por una parte, constatar que el interno responde efectiva y positivamente a las orientaciones de los planes y programas de reinserción social y, por otra, evitar la mera instrumentalización del sistema con el fin de conseguir beneficios y considerará también, en este sentido, el contexto bajo el cual se desarrollará el permiso (letra d artículo 110) y la conducta que ha mantenido en el recinto penitenciario (letra a artículo 110).

A su vez, las citadas medidas encuentran regulación en el Título V del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios y son los siguientes:

a) Salida Esporádica. Los Jefes de los Establecimientos penitenciarios podrán autorizar, con vigilancia, la salida esporádica de los internos condenados con el objeto de que éstos visiten a sus parientes próximos o a las personas íntimamente ligadas con ellos, en caso de enfermedad, accidente grave o muerte de ellos o que estén afectados por otros hechos de semejante naturaleza, importancia o trascendencia en la vida familiar. En estos casos, la salida esporádica no podrá ser superior a diez horas, para lo cual se tendrán en cuenta los antecedentes respecto a la conducta y confiabilidad del interno y las medidas de seguridad que se requieran.

b) Salida Dominical. Los internos condenados, previo informe favorable del Consejo Técnico del respectivo establecimiento penitenciario y a partir de los doce meses anteriores al día en que cumplan el tiempo mínimo para optar a la libertad condicional, podrán solicitar autorización al Alcaide para salir del establecimiento los días domingo, sin custodia, por un período de hasta quince horas por cada día.

c) Salida de Fin de Semana. Previo informe del Consejo Técnico del establecimiento penitenciario respectivo, podrán solicitar al Alcaide la salida de fin de semana, los internos condenados que durante tres meses continuos hayan dado, cumplimiento cabal a la totalidad de las obligaciones que impone el beneficio de salida dominical. En este caso podrán ser autorizados para salir del establecimiento desde las dieciocho horas del viernes hasta las veintidós horas del día domingo como máximo.

d) Salida controlada al medio libre. Los internos condenados, previo informe favorable del Consejo Técnico del respectivo establecimiento penitenciario y a partir de los seis meses anteriores al día en que cumplan el tiempo mínimo para optar a la libertad condicional, podrán ser autorizados para salir durante la semana por un período no superior a quince horas diarias, con el objeto de concurrir a establecimientos de capacitación laboral o educacional, a instituciones de rehabilitación social o de orientación personal, con el fin de buscar o desempeñar trabajos. El permiso se concederá por los días y extensión horaria estrictamente necesarios para la satisfacción del objetivo que le sirva de causa. Los internos a quienes se haya concedido este permiso para salir todos los días de la semana podrán ser autorizados para gozar de la salida de fin de semana.

Los requisitos concretos previstos para todos los permisos, con la excepción de las salidas esporádicas, son, según el artículo 110:

a) Haber observado muy buena conducta en su vida intrapenitenciario, en los 3 bimestres anteriores a su postulación, para lo que se debe constatar sí registra infracciones disciplinarias graves a considerar antes de conceder el permiso. Cabe destacar la incongruencia de este requisito con lo dispuesto en otras leyes que regulan la ejecución de la pena y que establecen como requisito para acceder a determinados beneficios (libertad condicional y rebaja de condena), el tener una conducta buena o muy buena.

b) Haber asistido regularmente y con provecho a la escuela del establecimiento, según conste del informe emanado del Director de la escuela, salvo que el interno acredite dificultades de aprendizaje o estudios superiores a los que brinda el establecimiento;

c) Haber participado en forma regular y constante en las actividades programadas en la Unidad, tales como de capacitación y trabajo, culturales, recreacionales, según informe del Jefe operativo;

d) Informe social referido a las posibilidades del interno de contar, de manera cierta, con medios o recursos de apoyo o asistencia, sean familiares, penitenciarios o de las redes sociales. Cabe hacer presente que este requisito en la práctica ha constituido un obstáculo para el otorgamiento de permisos a mujeres y extranjeros que no cuentan con redes de apoyo, resultando así discriminador.

En la consideración de estos requisitos deberá tenerse presente las circunstancias personales del interno y las características y recursos del establecimiento, además de otros antecedentes que buscan confirmar o descartar el peligro de fuga, como la gravedad de la pena asignada al delito68, el número de delitos, los procesos pendientes, si existe una medida cautelar personal vigente, las condenas anteriores pendientes y, en general, cualquier referencia sobre la confiabilidad del beneficiario, que permita presumir que no quebrantará.

El inciso 1º del artículo 98 del citado cuerpo reglamentario es claro al disponer que “La concesión, suspensión o revocación de los permisos señalados en el artículo 96º será una facultad privativa del Jefe del Establecimiento; sin embargo, sólo podrá concederlos a los internos que gocen de informe favorable del Consejo Técnico”, entregando de manera exclusiva y excluyente la facultad de conceder, suspender o revocar los permisos señalados al Jefe del Establecimiento Penitenciario, sin que pueda otra autoridad, ni aún el Jefe Superior del Servicio, resolver al respecto. En ese sentido, si la instancia colegiada se pronuncia positivamente, el mentado Informe no le es vinculante al Jefe del Establecimiento, pudiendo éste autorizar o denegar el permiso; en cambio, si se pronuncia desfavorablemente, el Superior deberá negar la solicitud.

Complementa lo anterior lo dispuesto en el artículo 109 del mismo cuerpo reglamentario, que radica en Superioridad de la Unidad Penal la facultad de conceder o denegar el beneficio, indicándole que, entre otros factores a analizar, debe considerar la gravedad de la pena, el número de delitos que se le imputaren, y el carácter de los mismos, cuestión que se cumple en la especie al ser dichas circunstancias tenidas en vista por la respectiva Autoridad Penitenciaria para denegar el beneficio solicitado.

Respecto de la naturaleza jurídica del beneficio, el inciso final del artículo 96 es claro en determinar que el cumplimiento de los requisitos formales sólo da derecho al interno a solicitar a un permiso de salida, lo que, al contrario de lo que estima el recurrente, constituye una mera expectativa a obtenerlo y no un derecho adquirido sobre el beneficio intrapenitenciario al cual se postula. De esta forma, no puede lógicamente haber vulneración de un derecho indubitado, máxime si sólo existe una mera expectativa de su concesión.

A la luz de los preceptos legales y reglamentarios, y conforme a la información contenida en la Ficha Única de Condenado respectiva, no están legitimados para solicitar los beneficios, por no cumplir el requisito temporal fijado por el artículo 105, los siguientes protegidos:

- nombre reservado: considerando como fecha de inicio de su condena el 02 de marzo de 2019 y término original de la misma el 03 de marzo de 2024, la fecha del tiempo mínimo para beneficios es el 03 de julio de 2021.

- nombre reservado: considerando como fecha de inicio de su condena el 18 de junio de.2019 y término original de la misma el 18 de junio de 2025, la fecha del tiempo mínimo para beneficios es el 18 de junio de 2022.

- nombre reservado: considerando como fecha de inicio de su condena el 01 de julio de 2019 y término original de la misma el 28 de octubre de 2024, la fecha del tiempo mínimo para beneficios es el 31 agosto de 2021.

Por su parte, sí se encuentran en situación de postular los siguientes protegidos, conforme a los antecedentes estadísticos presentados a continuación:

- nombre reservado: por iniciar su condena el 16 de marzo de 2019 y teniendo término original de la misma el 29 de abril de 2023, la fecha del tiempo mínimo para postular a beneficios el día 16 de marzo de 2019;

- nombre reservado: por iniciar su condena el 01 de diciembre de 2017 y teniendo término original de la misma el 01 de diciembre de 2022, la fecha del tiempo mínimo para beneficios el día 01 de abril de 2020.

Según los hechos consignados en los respectivos Informes de postulación al Permiso de Salida Controlada al Medio Libre, ambos internos elevaron sus solicitudes de permisos de salida; sin embargo, en razón de los gravísimos delitos cometidos tanto por el condenado Sr. nombre reservado (Abuso sexual de menor de 14 años) y por el Sr. nombre reservado, (Femicidio), la evaluación del órgano colegiado arrojó las siguientes conclusiones vertidas en el marco del análisis efectuado en los Consejos Técnicos Nºs 9 y 17, correspondiente a las postulaciones de los meses de mayo y noviembre del año recién pasado, las que concluyeron, en lo relativo al proceso de reinserción social de los protegidos lo siguiente:

(i) Respecto del protegido nombre reservado en postulación al Permiso de Salida Controlada al Medio Libre de noviembre de 2020:

“Cabe señalar que de acuerdo a aplicación de instrumento específico en relación a los delitos sexuales (SVR-20), arroja un nivel ALTO en el nivel de riesgo, reiterándose resultados en la actividad sexual inapropiada, con un deficitario funcionamiento en el área interpersonal para establecer relaciones afectivas satisfactorias. Por lo demás se observa un déficit en la intimidad, minimización del delito con una falta de empatía en relación a la víctima. Sin prejuicio de lo anterior, presenta antecedentes diagnósticos vigentes mediante la aplicación de instrumento específico PCL-R; PCL: SV, ambos con fecha de aplicación de 03 de julio de 2020, que datan de un funcionamiento psicológico con aspectos psicopáticos en un nivel “Muy alto”.

“En relación al delito se observa una minimización de los hechos acontecidos contrastados en copia de sentencia, toda vez que presenta cogniciones que niegan y minimizan el delito. Así como un desajuste en la conducta ante las normas y convenciones sociales presentadas en su expediente”.

“En relación a los factores específicos de potencial criminógeno, presenta claros problemas de adherencia, por un quebrantamiento de beneficio. En relación a la deficiente capacidad de resolución de conflictos participo de taller observándose avances con un logro parcial de los objetivos”.

(ii) Respecto del protegido nombre reservado en postulación al Permiso de Salida Controlada al Medio Libre de noviembre de 2020:

“El evaluado presenta limitaciones para puesta en libertad, en concordancia a la presencia de factores específicos de riesgo y necesidad identificados en la sección 2, estos son claros problemas de adherencia, toda vez que presenta antecedentes asociados al ítem 8, de la sesión 1. Por lo demás se evalúa una deficiente resolución de conflictos, deficiente manejo de la ira, e actitudes intimidante controlador. Con presencia de antecedentes de agresión física no sexual y otras formas de violencia, tales corresponden; Violencia física contra la pareja, acoso/hostigamiento y el uso de armas en la comisión delictual. En cuanto a variables de personalidad, se aplicó instrumento de PCL-R, arrojando un nivel Moderado, no cuenta con rasgos asociados a psicopatía, se observa un descenso significativo en el área afectiva, por tanto, no es capaz de adecuarse a un intercambio afectivo convencional. Presenta una falta de empatía, en relación a la comisión delictual, con un reconocimiento parcial de los hechos, toda vez que presenta un locus de control externo, asignándole responsabilidad a la víctima, con efectos en su conducta poco convencionales”.

Sostiene que la Institución no ha incurrido en acto u omisión arbitrario o ilegal que haya conculcado garantía alguna de los protegidos, que pueda ser remediada a través de la acción cautelar de autos.

Sobre la supuesta actuación arbitraria de la Jefatura del establecimiento penitenciario respecto de las solicitudes de beneficios intrapenitenciarios, recalca que, del hecho de que los protegidos no se encuentren conformes con la evaluación denegatoria de los permisos solicitados, no se sigue que la actuación del Jefe de la Unidad Penal sea ilegal y despótica.

En la especie, existe un procedimiento administrativo sancionado en virtud de una facultad privativa que, primeramente, está consagrada en una norma jurídica, como es el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios; segundo, porque esa misma norma le dice qué es lo que debe ponderar al ejercer esa facultad; y tercero, porque esa norma llama precisamente al Jefe del Establecimiento a tomar una resolución en base a lo resuelto por el organismo técnico, consistente en un Informe negativo para los peticionarios.

En lo concerniente al “impedimento de mejorar su calificación de conducta o a trabajar en aquellos factores de riesgo que le impiden a (sic) acceder, por ejemplo, a la libertad condicional” que pesa sobre los protegidos, conforme con lo que se señala en el Oficio Circular N° 172 de fecha 15 de abril de 2020, se ha determinado por el Subdirector (S) de Reinserción Social de este Servicio que, a la totalidad de la población condenada que evalúe el Tribunal de Conducta, se hará aplicable únicamente la nota del Jefe de Régimen Interno, la que corresponderá al 100% de la nota para la calificación de la conducta con el correspondiente bimestre, aplicando esta instrucción para la calificación de la conducta del semestre marzo-abril de 2020, y se mantendrá vigente durante toda la actual emergencia sanitaria. Afirma que esta decisión no es antojadiza, sino que obedece a las disposiciones emanadas desde el Ministerio de Salud con el objeto de evitar la propagación del COVID-19, y en virtud de lo cual se han realizado modificaciones al régimen interno, afectando distintas áreas de desarrollo cotidiano de la población penal, siendo algunas de ellas el ámbito educacional, el que se encuentra actualmente suspendido en todos los establecimientos penitenciarios del país, y el ámbito laboral, con una afectación parcial o total.

Con todo, y a la luz de dicha Circular, trae a colación el hecho de que los internos nombre reservado y nombre reservado registran, en los últimos seis bimestres anteriores a su evaluación, las calificaciones bimestrales de Marzo – Abril 2020: Muy Buena; Mayo – Junio 2020: Muy Buena; Julio – Agosto de 2020; Septiembre – Octubre: Muy Buena; y Noviembre – Diciembre 2020: Muy Buena. Por lo tanto, mal podría este Servicio obstaculizar una mejora de los registros conductuales de los referidos internos postulantes pues la conducta necesaria para una eventual solicitud de beneficios intrapenitenciarios ha sido catalogada como Muy Buena, máxima calificación posible.

En lo referido a la ausencia de intervención psicosocial alegada por el recurrente, indica que el Centro de Detención Preventiva de Puerto Natales actualmente cuenta con profesionales de intervención en modalidad remota.

Con todo, el Área de Reinserción Social de la Dirección Regional de Magallanes ha realizado un programa de trabajo mediante el cual se efectúan atenciones profesionales por parte de psicóloga y/o asistente social con una frecuencia semanal para la población penal que lo requiere de manera espontánea y canalizada a través de la Encargada Técnica Local de la Unidad. En el contexto de la actual emergencia sanitaria, estas atenciones se han efectuado a través de videollamada como una forma de evitar la exposición de la población penal y de los funcionarios a factores de riesgo que puedan aumentar las condiciones de contagio del virus COVID-19. Este seguimiento semanal incluye también las evaluaciones de beneficio intrapenitenciario, los cuales siguen un procedimiento técnico estandarizado a nivel nacional a través de la aplicación de instrumentos validados y que resguardan el proceso de evaluación de modo que no se elaboren informes basados en criterios personales de los profesionales que elaboran los citados informes.

Pide rechazar el Recurso de Protección deducido, por carecer de fundamentos tanto en los hechos como en el derecho, con costas.

Se dispuso traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección ha sido instituido con el objeto de evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de actos u omisiones ilegales o arbitrarias que produzcan en el afectado una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que se protegen con este arbitrio jurisdiccional, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al ofendido.

Se trata de una acción constitucional de naturaleza cautelar que fue incorporada a nuestra legislación como una garantía jurisdiccional para ser ejercitada en un procedimiento de urgencia, informal, inquisitivo, unilateral, breve y concentrado con el propósito de servir de remedio rápido, expedito, pronto y eficaz frente a ostensibles o manifiestas violaciones a derechos fundamentales taxativamente señalados en el artículo 20 de la Constitución y que puedan establecerse sumariamente, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amenace o moleste dicho ejercicio, siendo requisito indispensable demostrar la existencia de dicho acto u omisión, así como la forma en que se están vulnerando los derechos invocados.

Conforme a su naturaleza y claro objetivo, no genera, en sentido técnico, un juicio ni se persigue con su interposición establecer la responsabilidad civil, penal, infraccional o administrativa del ofensor. Por tanto, no se concibe respecto de una contienda civil entre partes ni da origen a un proceso penal o administrativo, es decir, no se aplica para discutir cuestiones de lato conocimiento respecto de las cuales el legislador ha establecido los procedimientos idóneos para que sean debatidas y resueltas.

SEGUNDO: Que el recurrente –en síntesis- reprocha a la Dirección Regional de Gendarmería como ilegal y arbitrario, el hecho que sus representados –cinco internos que cumplen condenas en el Centro de Detención Preventiva de Puerto Natales-, no cuentan con planes de intervención individual, lo que infracciona su derecho a la reinserción, impidiendo acceder a los cumplimientos de saldos de penas en modalidades de salidas autorizadas o accediendo a la libertad condicional, en los términos que se resumen en la parte expositiva.

TERCERO: Que, por su parte la recurrida niega tal comportamiento, alegando que, en cumplimiento de las leyes y reglamentos penitenciarios, su conducta se ha ajustado a derecho, conforme lo expone en su informe.

Así, en lo relativo al primer reclamo, consistente en la ausencia de profesionales para la implementación de planes individuales de intervención, niega tal falta de servicio, afirmando que actualmente operan equipos profesionales los que, atendida la emergencia sanitaria, desarrollan sus actividades mediante medios tecnológicos, principalmente video llamadas.

Por otro lado, la autoridad recurrida, niega haber incurrido en alguna acción concreta y determinada que obstaculice o le impida a los recurrentes acceder a beneficios intrapenitenciarios, o el acceso a programas educacionales o laborales, extra o intramuros, sosteniendo que en la especie se han aplicado los reglamentos y leyes que regulan el régimen penitenciario, dentro del ámbito de su competencia, según lo dispone el artículo 1 de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile y el respectivo reglamento.

CUARTO: Que sobre la actuación que se atribuye a la autoridad penitenciaria recurrida y la controversia generada en este recurso, se deben tener en cuenta las disposiciones que regulan el control de la ejecución de las condenas en nuestro ordenamiento procesal penal. Dicha materia –al no existir en nuestro país Jueces de Ejecución Penal-, fue encomendada a los Jueces de Garantía en el artículo 14 letra f) del Código Orgánico de Tribunales, según el cual les corresponde: “f) Hacer ejecutar las condenas criminales y las medidas de seguridad, y resolver las solicitudes y reclamos relativos a dicha ejecución, de conformidad a la ley procesal penal”.

De este modo –por mandato legal- se radicó en dichos jueces el conocimiento de los incidentes promovidos por o a favor de imputados que han sido condenados en el ejercicio de los derechos que a éstos se les reconocen en la Constitución Política de la Republica y en las leyes, conforme también se desprende del artículo 113 del mismo código y de los artículos 102 y 466 de Código Procesal Penal, pudiéndose concluir en base a la referida normativa que el conocimiento de los asuntos de trascendencia jurídica generados a propósito de la ejecución penal, se regulan y entregan a la decisión del Juez de Garantía que hubiere intervenido en el respectivo procedimiento, salvo la excepción contenida en el artículo 36 de la Ley N° 18.216, que dispone que en materia de penas sustitutivas, el juez competente puede ser el del lugar en que deba cumplirse la pena, si existe una distancia considerable entre este último y el de dictación de la condena.

Asimismo, la citada Ley N° 18.216, contiene diversas normas que se preocupan de regular el papel que desempeña el Juez de Garantía en la ejecución de dichas penas, tales como los artículos 13 bis, 16, 23, y 25 al 33, entre otras, de cuya lectura se concluye que el legislador se preocupó principalmente de fiscalizar el control del cumplimiento de las penas y la protección de los derechos del condenado durante la ejecución de la sanción corporal efectiva, sustitutiva o de la medida de seguridad, en su caso; sin perjuicio de las peticiones ordinarias que pueden ser invocadas y que se regulan en el Código Procesal Penal, tal como acontece con la audiencia de cautela de garantías contenida en su artículo 10, que en su inciso primero dispone: “En cualquiera etapa del procedimiento en que el juez de garantía estimare que el imputado no está en condiciones de ejercer los derechos que le otorgan las garantías judiciales consagradas en la Constitución Política, en las leyes o en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, adoptará, de oficio o a petición de parte, las medidas necesarias para permitir dicho ejercicio”, contemplándose así los procedimientos necesarios para dicho efecto.

QUINTO: Que, de acuerdo a lo razonado en los motivos precedentes, la controversia surgida en la presente causa, se ha transformado en un debate que no es propio de la acción constitucional entablada y teniendo presente que la amplia regulación de que disponen los recurrentes para que sean conocidas y resueltas sus peticiones, no se divisa la necesidad de cautela urgente que deba ser proporcionada por esta vía, atendida su naturaleza y características, por lo que no cabe sino desestimar el recurso interpuesto, sin perjuicio de las acciones o derechos que los recurrentes decidan entablar o hacer valer en contra de la recurrida.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales de veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y dos y sus modificaciones, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, Defensor Público Penitenciario, en representación de nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado en contra de la Dirección Regional de Gendarmería de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Dese cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 14 del referido Auto Acordado.

Regístrese, notifíquese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por el Ministro Kusanovic.

Se deja constancia que no firma la Ministra Suplente Sra. Paola Oltra Schüler, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por haber cesado en su cargo.

Rol N° 10-2021. PROTECCION.-