COMERCIALIZADORA AGUA PUERTO VARAS LIMITADA con nombre reservado

Puerto Montt, ocho de julio de dos mil veinte.

Vistos:

Con fecha 9 de junio del presente año, comparece don Cristián Hales Opitz, abogado, en favor de la empresa “Comercializadora Agua Puerto Varas Limitada”, y deduce acción de protección de garantías fundamentales en contra de doña nombre reservado, en su calidad de Jueza del Juzgado de Letras de Puerto Varas, en contra de las resoluciones pronunciadas por ésta los días 4 de mayo de 2020 y 7 de mayo de 2020 en la causa RIT T-27-2019, en base a los hechos que relata en su libelo.

Señala, en primer lugar, que la doctrina y jurisprudencia avalan la posibilidad de recurrir contra resoluciones judiciales, vía acción de protección, aun cuando la causa se encuentre en actual tramitación, en los casos en que no existan más recursos procesales para impugnar la resolución que se estima conculcatoria de garantías, lo que ocurre en este caso. Asimismo, explica que los propios hechos denunciados hacen procedente la acción de protección, por existir vulneración al derecho de propiedad. Cita jurisprudencia que avalaría su pretensión.

Relata, en lo pertinente, que su parte acompañó a la causa T-27-2019 comprobantes de pago de las cotizaciones previsionales de la demandante de dicha causa, por lo que no procede se aplique la ley Bustos o artículo 162 del Código del Trabajo, no pudiendo devengarse a favor de ésta el monto de la última remuneración que percibió. Agrega que en dicho contexto, presentó solicitud, para que no se devengaran más remuneraciones a la demandante luego de su renuncia, pero la jueza recurrida, por resolución de 7 de mayo del año en curso, a pesar de haber acompañado todas las cotizaciones previsionales de la demandante señaló que de igual forma se devengarían, resolución de la cual repuso y se rechazó por la jueza recurrida, el día 11 de mayo de los corrientes.

Alega que por medio de la resolución del día 7 de mayo, la jueza recurrida, al rechazar la solicitud de que no se sigan devengando las remuneraciones y no se aplique la ley Bustos, infringe el artículo 19 N°24 de la Constitución, pues se afecta el patrimonio de Comercializadora Aguas Puerto Varas Limitada, pues de manera ilegal e indebida la obligan a hacer pagos.

Referente a la causa T-27-2019, dice que en la sentencia dictada se condenó a la recurrente a pagar cotizaciones previsionales adeudadas a doña nombre reservado, lo que se cumplió, y se le envió la respectiva carta certificada que indica el artículo 162 del Código del Trabajo, con lo cual se convalidó el despido. En ese contexto, dice, el día 5 de mayo del año en curso, su parte acompañó al tribunal todos los documentos que daban cuenta del pago de las cotizaciones de la trabajadora, y la carta certificada antes mencionada, por lo que solicitó en un otrosí de su escrito que no se aplicara la Ley Bustos, a lo cual la jueza recurrida no accedió.

Argumenta que si bien es efectivo que la demandante presentó un recurso de nulidad, el cual se encuentra en esta Corte de Apelaciones, es procedente en este caso el motivo o causal para detener la aplicación de la Ley Bustos, porque su parte convalidó el despido, y así debió resolverlo la jueza recurrida. Agrega que es imposible que esta Corte modifique la sentencia dictada, de oficio, señalando que se cumplió con la Ley Bustos. Tampoco podría de oficio acoger un recurso de nulidad, aplicando alguna causal del artículo 478 del Código del Trabajo, porque esa norma no señala nada respecto a qué sucede si las cotizaciones están pagadas por el empleador. No podría tampoco aplicar esta Corte las facultades oficiosas del artículo 479 del Código del Trabajo, y se le obliga en definitiva a seguir pagando las remuneraciones de la actora mientras se tramita el recurso de nulidad laboral, lo que afecta su derecho de propiedad.

Alega asimismo, que el actuar de la recurrida vulnera su derecho constitucional consagrado en el numeral 21 del artículo 19, pues la priva de explotar el giro de su negocio, al dejarla sin flujo de dinero, por pagar las remuneraciones que estima improcedentes. Pide, se tomen las medidas procedentes para que se detenga el actuar ilegal y arbitrario de las resoluciones dictadas, y de la jueza recurrida.

Acompaña a su recurso, la publicación que indica.

Solicitada orden de no innovar, ésta fue rechazada.

Evacuando informe la Jueza recurrida, además de alegar la improcedencia de la acción de protección respecto de resoluciones judiciales, refiere que en causa laboral Rit T-27-2019, caratulada “nombre reservado/Comercializadora Agua Puerto Varas Limitada”, seguida ante el Juzgado de Letras de Puerto Varas, con fecha 17 de marzo de 2019 se dictó sentencia definitiva por la Juez Subrogante doña Ruby Yáñez Kinzel, por la cual, en lo que aquí interesa, se acogió demanda subsidiaria de despido indirecto y cobro de prestaciones, condenándose a la demandada, recurrente del presente recurso de protección, al “Pago íntegro de las remuneraciones que se devenguen desde la fecha en que se produce el despido indirecto (18.10.19), hasta la convalidación del despido con el pago de las cotizaciones adeudadas, a razón de $862.946 mensuales, conforme al artículo 162 incisos 5° y 7° del Código del Trabajo…”

Indica que, en contra de la sentencia definitiva dictada en estos autos, sólo la parte demandante interpuso recurso de nulidad, elevándose los antecedentes a la Corte con fecha 02 de abril de 2020, encontrándose actualmente pendiente de resolución.

Luego, expone que una vez remitidos los antecedentes ante esta Corte, la parte demandada presentó un escrito con fecha 05 de mayo de 2020, acompañando documentos y solicitando se detenga la aplicación de la ley Bustos, en razón de haberse efectuado el pago total de las cotizaciones adeudadas, cuestión que fue rechazada por ella por resolución de fecha 07 de mayo de 2020, rechazándose el recurso de reposición opuesto en su contra.

Argumenta que, conforme lo dispone el artículo 20 de nuestra Constitución Política, el recurso de protección opera frente actos u omisiones arbitrarias o ilegales, siendo impugnado en la especie por el recurrente, la resolución de fecha 07 de mayo de 2020, decretada por ella en la causa antes individualizada, por la que se rechazó la solicitud de la parte demandada de detener la aplicación de la ley Bustos, frente a los pagos de cotizaciones previsionales que supuestamente habría efectuado. Que el recurrente impugna igualmente la resolución de fecha 11 de mayo de 2020, por el que se rechaza recurso de reposición de la parte demandada, manteniéndose el rechazo a su solicitud.

Dice que la parte recurrente, quien ostenta la calidad de demandada en la causa laboral antes citada, ha tenido la posibilidad de ejecutar los mecanismos entregados por ley para que su conflicto jurídico sea objeto de pronunciamiento, mediante la interposición de su solicitud de detención de la aplicación de la ley Bustos, y posterior recurso de reposición, sin que vea agotado sus medios de defensa dado que, como se dijera en la primera resolución recurrida, la causa laboral citada aún se mantiene ante la Corte, por lo que el éxito o revés del mismo fallo es aún incierto. Destaca que ha sido el propio litigante quien ha incurrido en una situación de incoherencia en su actuar, al pretender una convalidación del despido, pero a su vez, interponiendo sendos reclamos ante esta Corte, siendo en todo caso improcedente el recurso de protección respecto de resoluciones judiciales, emanadas de un órgano jurisdiccional, dentro de un procedimiento establecido por ley, que cuenta con los mecanismos de defensa e impugnación con miras a reconocer y posibilitar a las partes la consecución del derecho al debido proceso, por lo que estima este recurso debe ser desestimado.

Adjunta Ebook de causa laboral Rit T-27-2019 seguida ante el Juzgado de Letras de Puerto Varas.

Encontrándose en estado de ver, se trajeron los autos en relación, agregándose extraordinariamente en tabla.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para dicho efecto, deben concurrir los siguientes requisitos: que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Segundo: Que, en la especie, el acto materia de este recurso dice relación con el hecho de haber denegado la solicitud del recurrente, por resolución judicial de 7 de mayo del año en curso, y luego rechazado la reposición a su respecto por resolución de 11 de mayo de los corrientes, de no seguir aplicando la Ley Bustos, artículo 162 del Código del Trabajo, en autos laborales RIT T-27-2019, causa en la cual el recurrente tiene la calidad de demandado.

Lo anterior, por cuanto el recurrente estima que aquello vulnera el derecho de propiedad y su derecho a desarrollar una actividad económica, al haberse dictado las resoluciones judiciales que se atribuyen a la recurrida, de manera arbitraria y fuera de la legalidad, al no considerar que con los documentos acompañados a su presentación, se acredita el pago de las cotizaciones adeudadas y la convalidación del despido.

Tercero: Que por su parte, evacuando el informe solicitado, la recurrida señala en lo pertinente, que en causa laboral Rit T-27-2019, caratulado “nombre reservado/Comercializadora Agua Puerto Varas Limitada”, seguida ante el Juzgado de Letras de Puerto Varas, con fecha 17 de marzo de 2019 se dictó sentencia definitiva por la Juez Subrogante doña Ruby Yáñez Kinzel, por la cual se acogió demanda subsidiaria de despido indirecto y cobro de prestaciones, condenándose a la demandada, recurrente del presente recurso de protección, al “Pago íntegro de las remuneraciones que se devenguen desde la fecha en que se produce el despido indirecto (18.10.19), hasta la convalidación del despido con el pago de las cotizaciones adeudadas, a razón de $862.946 mensuales, conforme al artículo 162 incisos 5° y 7° del Código del Trabajo…”

Indica que, en contra de la sentencia definitiva dictada, sólo la parte demandante interpuso recurso de nulidad, elevándose los antecedentes ante esta Corte con fecha 02 de abril de 2020, encontrándose actualmente pendiente de resolución, por lo que el éxito o revés del mismo fallo es aún incierto.

Estima que no ha incurrido en ninguna vulneración de derechos respecto del recurrente, siendo del todo improcedente la acción de protección contra resoluciones judiciales, dictadas al amparo de las competencias y facultades legales, existiendo los recursos procesales ordinarios para reclamar, tal como hizo el actor.

Cuarto: Que, de lo expuesto, y conforme ha resuelto la Excma. Corte Suprema, a modo de ejemplo en autos Rol 7.980-2018, aparece que el conocimiento del asunto sustantivo que sirve de fundamento a la acción constitucional deducida en estos autos, se encuentra actualmente radicado en el Juzgado de Letras de Puerto Varas, en el marco de la causa laboral RIT N° T-27-2019, por lo que la materia en examen está sometida al procedimiento judicial correspondiente, que otorga a las partes las máximas garantías y mecanismos de impugnación para que puedan hacer valer sus pretensiones y derechos, garantizando de esta manera el cumplimiento cabal del debido proceso.

Quinto: Que, en este sentido, conforme el propio recurrente ha reconocido, se encuentra pendiente de resolución un recurso de nulidad presentado por la parte demandante en contra de la sentencia definitiva dictada, actualmente elevado a esta Corte.

Sexto: Que, asimismo, debe tenerse en consideración que lo atacado por esta vía son resoluciones judiciales, dictadas en un proceso legalmente tramitado, lo cual supone que las mismas están sometidas a los recursos y procedimientos que la ley establece, que permite tanto a las partes como a los afectados por ellas, ejercer las acciones que al efecto consagra la ley para su impugnación.

Séptimo: Que, desde este punto de vista, no parece acertado que por esta vía constitucional de protección se adopten decisiones de índole jurisdiccional, que supongan la modificación de aquellas que han tomado los tribunales a quienes se les ha requerido su intervención, en procesos legalmente tramitados.

Octavo: Que, de esta forma, tratándose de resoluciones judiciales, y encontrándose la situación controvertida actualmente bajo el imperio del derecho, el presente recurso extraordinario ha perdido su real objetivo atendida su índole y naturaleza, razón por la que no puede prosperar.

Por las consideraciones expuestas, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don Cristián Hales Opitz, abogado, en favor de “Comercializadora Agua Puerto Varas Limitada”, en contra de doña nombre reservado, en su calidad de Jueza del Juzgado de Letras de Puerto Varas.

Redacción a cargo de la Ministra doña Ivonne Avendaño Gómez.

Regístrese, comuníquese, y archívese, en su oportunidad.

Rol Nº 999-2020.