nombre reservado con INSTITUTO PROFESIONAL AIEP SA

Puerto Montt, trece de septiembre de dos mil diecisiete.

Vistos:

Con fecha 12 de julio del año en curso, comparece nombre reservado, egresada de la carrera de Técnico en Enfermería mención en Urgencia, domiciliada en domicilio reservado e interpone recurso de protección en contra de Instituto Profesional AIEP SpA, representada por su Secretario General don nombre reservado y por su Prorrectora, nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado y en domicilio reservado de la comuna de Puerto Montt.

Relata que es egresada de la carrera de Técnico en Enfermería mención Urgencia del Instituto Profesional AIEP, sede Puerto Montt. Sólo falta para obtener su título profesional dos trámites: aprobar la práctica profesional y aprobar el examen de título. Para realizar su práctica profesional, previamente, debe matricularse ante la institución recurrida, que tiene un costo de $130.000. Añade que el proceso de práctica profesional se inicia con la matrícula del alumno, luego rinde un examen de evaluación que otorga un puntaje y en consideración a dicho puntaje, el recurrido es quien entrega una nómina de instituciones en las que se puede desarrollar la práctica profesional.

Expresa que con anterioridad, se interpuso un recurso de protección tramitado con el Rol N° 526-2017, recurso que fue rechazado con voto de minoría, con fecha 21 de junio del año en curso, sentencia que se encuentra firme y ejecutoriada desde 3 de julio del año en curso.

Añade que los días 14 y 20 de junio del año en cursso, concurrió a matricularse, existiendo una orden de no innovar vigente y, luego, con fecha 5 y 10 de julio, concurrió nuevamente, obteniendo respuestas negativas, debido a deudas que mantiene con la casa de estudios. Expone que de los intentos por matricularse no queda constancia alguna. Para alumnos egresado, continua, no existe período de matrículas limitado, sino que se puede llevar a efecto durante todo el año, sin límites en el calendario académico.

Acusa que los actos de la recurrida, consistente en impedir su matrícula, han perturbado sus derechos constitucionales previstos en el artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la República, relativo a la libertad de trabajo, específicamente a la capacidad para contratar o celebrar un contrato de trabajo, ya que para ejercer el trabajo para el cual ha estudiado cumple con todos los requisitos de calificación y cualificación profesional y académica. Invoca, además, la vulneración del N° 24 del mismo artículo 19, derecho de propiedad sobre su calidad de alumna egresada, desconocimiento que le impide la realización de la práctica profesional. Por otra parte, se le ha vulnerado su derecho de propiedad ya que ha sido la propia recurrida quien permitió su desarrollo académico sin importar las deudas que presentó, produciendo en ella una justificada expectativa respecto de que la recurrida mantenga su comportamiento, permitiéndole continuar y finalizar sus estudios.

Atingente a la cosa juzgada con el Rol Protección N° 526-2017, concurre la triple identidad, diferenciándose en la causa de pedir, ya que los hechos en que se fundan son diversos. En dicho rol, en la negativa de 22 de marzo del año en curso, y el presente en la negativa de 5 y 10 de julio del presente año. Además, las garantías que estima vulneradas son distintas.

En subsidio, solicita que se dé lugar al presente recurso en consideración a que se han vulnerado en forma arbitraria las garantías constitucionales previstas en el N° 2 y N° 3 inciso quinto del artículo 19 de la Constitución Política de la República. El N° 2, igualdad ante la Ley, ya que se niega la posibilidad de matrícula por una menor capacidad económica y en cuanto a la garantía contenida en el N° 3 inciso inciso quinto, al incurrir la recurrida en un juzgamiento por propia parte respecto a su deuda, configurándose una autotutela.

Solicita que acoja su acción constitucional, declarando la conculcación de los derechos constitucional que expresó y se ordene a la recurrida permitir su matrícula.

Acompaña a su libelo copia de certificado de egreso de 28 de marzo de 2017 y copia del contrato de prestación de servicios educacionales N° 1495649, entre ambas partes y sus anexos.

Con fecha 2 de los actuales, al informar el presente recurso la recurrida, solicitó el rechazo del mismo, con costas.

Primeramente, expresa que las prácticas profesionales se realizan en instituciones ajenas al recurrido, por lo que no podría impedir la realización de la misma. Pendiente que sea dicho trámite, la recurrida no ha obstaculizado que la recurrente efectúe la práctica.

Acusa que la recurrente pretende matricularse sin haber regularizado la situación financiera de los años 2014, 2015 y 2017, habiendo sido ellos cursados por la recurrente, que no tiene que ver con la posibilidad que efectúe la práctica profesional para la obtención del título, sin accionar de autotutela sino, más bien, en cumplimiento de las obligaciones suscritas por la recurrente. Añade que no puede pretender no cumplir un contrato de prestación de servicios educacionales ya que reconoce que cursó la carrera en la casa de estudios de su representada.

En seguida, expresa que el recurso de protección es extemporáneo, toda vez que las acciones supuestas fueron realizadas con fecha 22 de marzo del año en curso y a la fecha de interposición del presente arbitrio constitucional, 20 de julio de 2017, se encontraba vencido el plazo de interposición del recurso, desde que las actuaciones de fechas 14 y 20 de junio del año en curso, fue creación de fechas de la recurrente.

Invoca la excepción de cosa juzgada entre este rol de protección y el Rol N° 526-2017, causa en la cual existe sentencia firme y ejecutoriada, en que se configuraría la triple identidad.

La conducta de la recurrida no ha conculcado ninguna de las garantías constitucionales invocadas. La exigencia del cumplimiento del contrato de prestación de servicios suscrito por las partes es de carácter civil y no vulnera ninguna de las garantías mencionadas como inculcadas por la recurrente.

Añade que se suscribió el 06 de marzo de 2015 contrato de prestación de servicios educacionales entre Instituto Profesional AIEP SpA y doña nombre reservado como aceptante y alumna. La recurrente, por ende, conoce los montos y pagos de la carrera en Técnico en Enfermería con mención en Urgencia que cursa, primando en este aspecto el artículo 1.545 del Código Civil, por lo que se le ha conminado a que cumpla con sus obligaciones monetarias que mantiene pendiente con el recurrido.

Por otra parte, en el reglamento de titulación, no existe requisito previo de matrícula para llevar a cabo la práctica profesional e insiste que no se le ha impedido efectuarla de ninguna forma.

Por todo lo anterior, quedaría de manifiesto que no ha vulnerado las garantías constitucionales que expresa la recurrente sino quien no ha cumplido con una obligación dineraria ha sido la recurrente que con esta acción constitucional pretende desconocer.

Con fecha 13 de septiembre del año en curso, se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Segundo: Que la presente acción constitucional se sustenta en el hecho que nombre reservado acusa que el recurrido, Instituto Profesional AIEP SpA, no le permite la matricula a dicha institución para verificar la práctica profesional conducente al título de Técnico en Enfermería con mención en Urgencias, fundado en las deudas que tendría con la casa de estudios, las que son reconocidas por ambas partes.

Tercero: Que atingente a la alegación de extemporaneidad invocada por el recurrido, ella será desechada, desde que los hechos que invoca la recurrente ocurrieron los días 14 y 20 de junio, como los días 5 y 10 de julio del año en curso, y no el día 22 de marzo de 2017, como lo expresa el recurrido al evacuar su informe. De esta forma, a la fecha de interposición del presente arbitrio constitucional, a saber, el día 12 de julio de 2017, no había transcurrido el plazo de 30 días que contempla el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales.

En atención a que los hechos que motivaron la presentación del presente arbitrio constitucional y los descritos en el Rol Protección N° 526-2017 son diversos, no concurre a su respecto la triple identidad invocada por el recurrido, por lo que se rechazara igualmente esta alegación, desde que los hechos y garantías ahí denunciadas son diversas a las denunciadas en esta sede.

Cuarto: Que respecto del fondo del libelo, el contrato de prestación de servicios educacionales N° 1495649 acompañado en autos, indica en su cláusula cuarta, el monto de la matrícula y arancel a cancelar, facultando al recurrido a hacer exigible el pago total de la deuda o el saldo a que ésta se hallare reducida, considerando la obligación como de plazo vencido. En la cláusula quinta se expresa que los contratantes son solidaria y personalmente responsables de todas las obligaciones económicas contraídas en virtud del contrato. En la cláusula duodécima, el aceptante confirió mandato especial al Instituto Profesional AIEP para emitir, llenar y suscribir pagarés a la orden de la recurrida, para documentar el pago de cualquiera de las obligaciones pecuniarias que asume en virtud del contrato.

Por otra parte, en el Decreto N° 07/2016 que modifica el reglamento académico del Instituto Profesional AIEP SpA, específicamente en su título XII, “Del Egreso y Titulación”, exige como requisito previo de titulación que los estudiantes egresados deben cumplir con aprobar la práctica profesional (artículo 42), la que es supervisada y calificada por las Direcciones Académicas o Jefaturas de Área de Carrera, instancias que deben arbitrar las medidas necesarias para el adecuado desarrollo de este proceso (artículo 44). El artículo 17 de dicho reglamento expresa que una vez inscritos en el Registro de matrícula, los postulantes adquirirán la calidad de alumnos regulares del instituto.

Quinto: Que si bien es cierto, como lo expuso el recurrido, en dicho Reglamento Interno no se exige específicamente el hecho de estar matriculado para efectos de verificar y realizar la práctica profesional, puesto que ella es impartida por terceros externos al recurrido, se aprecia del referido reglamento que el Instituto Profesional AIEP SpA debe supervigilar y calificar dicha práctica profesional, lo que no se realizaría en el evento que la recurrente no se encontrare matriculada en dicha institución, ya que no tendría la calidad de alumna regular.

Sexto: Que en ninguna parte del contrato de prestación de servicios educacionales ni en el reglamento académico del Instituto Profesional recurrido aparece la posibilidad de negar la matrícula a algún alumno por mantener deudas con la misma, por lo que el acto recurrido es ilegal, ya que no se ampara en ninguna normativa.

Séptimo: Que, por otra parte, el referido acto es arbitrario, toda vez que como lo reconoce el mismo recurrido, el contrato de prestación de servicios educacionales es de naturaleza Civil, por lo que para obtener su cumplimiento puede emplear los mecanismos que contempla la Ley y que se explicitaron en el referido contrato de prestación de servicios, facultándose al recurrido, incluso, para emitir, llenar y suscribir pagarés, entre otros, en el caso de incumplimiento contractual del recurrente.

Sin embargo, tampoco en dicho contrato de prestación de servicios, se observa la facultad del recurrido para negar la matrícula en el caso de deuda con la institución educacional, como es el caso de autos.

Octavo: Que por lo anterior, se estima que el instituto recurrido vulnera la garantía constitucional de igualdad ante la ley de la recurrente, por cuanto la priva de la posibilidad de matricularse, supeditándola al pago de una deuda, lo que le impide realizar su práctica profesional, pese a que puede obtener la satisfacción de lo adeudado ejerciendo las acciones judiciales de cobro pertinentes.

Además, se estima que también se vulnera el artículo 19 numeral 3 inciso quinto de nuestra Constitución Política, por cuanto la recurrida, autotutelándose en los derechos que considera que le asisten, pretende el cumplimiento de una obligación contractual, mediante una acción de presión al negar la matricula a la recurrente, sin agotar previamente las acciones de cobro pertinentes ante la justicia ordinaria, así como también hacer efectivas las garantías a su favor establecidas en el contrato de prestación de servicios que invoca como incumplido por la recurrente.

​​Por las consideraciones expuestas, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

Que SE ACOGE, con costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra del Instituto Profesional AIEP SpA., representada por don nombre reservado, Secretario General, y doña nombre reservado, Prorrectora, en cuanto la recurrida deberá matricular a la actora para el año académico 2017 y abstenerse de realizar actos que puedan impedir que la recurrente realice su práctica profesional, bajo apercibimiento de aplicar en su contra alguna de las medidas que establece el Numeral 15 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, todo ello sin perjuicio de las acciones civiles que pueda ejercer el instituto para perseguir el cobro de la deuda.

Regístrese, comuníquese, y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N° 998-2017.