nombre reservado con COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ DE PUERTO MONTT

nombre reservado, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno.

VISTOS:

A folio 1, comparece la abogada Viola Andrea Fuentealba Serón en representación de nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, quiénes recurren en contra del presidente de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de nombre reservado, o quién lo subrogue, por los hechos que exponen a continuación.

Sostiene que con fecha 06 de julio del año en curso, al ingresar una licencia médica ante la Caja de Compensación Los Andes, en la ciudad de Concepción, para su derivación a la COMPIN de esta ciudad, dicha institución entregó información respecto del estado de trámite de solicitudes de reposo precedente que se habían efectuado mediante las licencias médicas N°3-050978871-5 por 30 días a contar del 07.04.2021; N°3-052359993-3 por 30 días a contar del 07.05.2021; N°3-053772169-3 por 30 días a contar del 06.06.2021 y N°3-055310191-3 por 30 días a contar del 06.07.2021, las que fueron todas otorgadas por médico psiquiatra y acompañadas con sus respectivos informes de especialidad, que dan cuenta del curso de la enfermedad que padece el actor junto con el pronó1stico de recuperabilidad conforme al tratamiento en el que se encuentra, junto con reposo en tierra.

Dichas licencias fueron todas ingresadas mediante la misma caja de compensación y recibidas por la COMPIN, las que fueron devueltas con la observación “sin requisitos” y sin notificar de ellas al actor. De este modo, dicho actuar se tornó ilegal de acuerdo con el mandato legal establecido en los artículos 45 y 46 de la ley N°19.880, que obliga a la COMPIN notificar a los interesados de sus actos administrativos y la integridad del mismo, no informando en este caso el requisito que para dicha institución falta a los instrumentos señalados, faltando con ello por tanto a la obligación de los artículos 40 y 41 del citado cuerpo legal.

Luego, dicho actuar se torna arbitrario por cuanto las licencias médicas han sido correctamente emitidas por profesional respectivo, junto con los debidos informes que corresponden, por lo que la causal de devolución y rechazo, al no estar fundadas ni notificadas, responden a un mero capricho. A su vez, el impedimento mental o emocional del actor se encuentra descrito y acreditado en los informes ya señalados, quien ejerce su oficio de marinero y en caso de enfermarse, este debe ser desembarcado, debiendo cursarse su reposo en tierra según lo indicado en el artículo 126 del Código del Trabajo.

A su vez, de conformidad a lo señalado en el artículo 24° del reglamento de licencias de la COMPIN, esta dispone de un plazo fatal de 7 días hábiles para emitir su pronunciamiento respecto de una licencia médica, y en caso de no hacerlo, la licencia debe entenderse como autorizada, y al haber dictado resoluciones con los vicios señalados, se entiende que el plazo ha transcurrido al respecto.

Dicho actuar vulnera las garantías del artículo 19 N°1 de la Constitución, esto es, la integridad física o psíquica, la del artículo 19 N°2, esto es la igualdad ante la ley; y del artículo 19 N°24, es decir, su derecho de propiedad. Por tanto, solicita que se acoja la presente acción y se resuelva que, la inobservancia de normas esenciales del debido procedimiento administrativo, así como la carencia de sustento fáctico en la decisión de devolución y/o rechazo de pronunciamiento de las licencias médicas, es ilegal y arbitrario, o lo que la Corte estime pertinente, en definitiva.

Acompaña a su presentación set de las licencias médicas señaladas y copia de la información obtenida mediante la Caja de Compensación Los Andes sobre el estado de sus licencias médicas.

A folio 2, se tuvo por interpuesto la presente acción de protección.

A folio 7, y atendido el tiempo transcurrido respecto del informe solicitado a la recurrida, se ordenó prescindir del mismo.

Encontrándose en estado de ver, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO PRIMERO: El recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio SEGUNDO: De lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

TERCERO: El acto materia de este recurso dice relación con el hecho de que la actora, habiendo presentado cuatro licencias médicas a la fecha, mediante la Caja de Compensación Los Andes, no habría obtenido una respuesta directa ni fundada respecto del rechazo que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Los Lagos habría efectuado al respecto, indicando de forma genérica una falta de requisitos, pero sin realizar una notificación oportuna y eficaz en la persona de la recurrente quién tomo conocimiento de lo anterior solo ante una nueva solicitud efectuada con fecha 06 de julio del presente año.

Al respecto, se ordenó a la recurrida que informara sobre los hechos relatados, quién no evacuo el informe solicitado según a quién se le tuvo por incursa por tanto en esta causa.

CUARTO: En este sentido, cabe señalar que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez es un servicio público sobre el cual se aplican todas las leyes que dirigen el actuar de los organismos del Estado, no pudiendo por tanto eludir su cumplimiento sino es por expresa causal legal que permita aquello.

De este modo, se hace plenamente aplicable todas las disposiciones contenidas en la ley 19.880 que establece los procedimientos administrativos que rigen los actos de la administración pública, siendo relevantes para este caso lo señalado en los artículos 40 y 41 del citado cuerpo legal, que establece la obligación de conclusión de todo procedimiento administrativo y el deber de fundamentación de toda resolución que emane de un organismo del Estado, las que deben ser notificadas de conformidad a lo indicado en los artículos 45 y 46 de la misma ley.

QUINTO: De los antecedentes aportados por la actora, y ante la inactividad mostrada por el órgano administrativo en esta causa ante el requerimiento efectuado por esta Corte, se observa que esta última no ha dado cumplimiento a los deberes precedentemente señalados y estando obligado por ley a ello, cuestión que importa tanto una actuación ilegal de su parte al no estar esta ajustada a las normas precedentemente señaladas, como arbitraria al no dar ningún tipo de explicación de su actuar en tiempo y forma requeridos tanto por el administrado como por el órgano Jurisdiccional, no habiendo por tanto concluido el proceso administrativo en la forma en que ordena la ley.

Lo anterior importa una vulneración de las garantías fundamentales de la recurrente en lo que dice relación con la igualdad ante la ley, consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política, y que se deberá enmendar por tanto de acuerdo con lo que se establecerá en lo resolutivo de este fallo.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I. Que se acoge, con costas, el recurso interpuesto por Viola Andrea Fuentealba Serón en representación de nombre reservado y en contra de la recurrida Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de nombre reservado.

II. Que se ordena a la recurrida, por tanto, volver el procedimiento administrativo al estado de pronunciarse nuevamente sobre el mérito de cada una de las licencias médicas presentadas por el actor, concluyendo el acto administrativo de conformidad a las exigencias legales y cumplir con las notificaciones en la forma señalada por la ley para estos efectos, lo anterior en el más breve plazo posible.

Redacción a cargo del Ministro Titular Jorge Pizarro Astudillo.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°994-2021.