nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.5

Puerto Montt, nueve de septiembre de dos mil veintiséis Vistos:

A folio 1, comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, por sí y a favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, con domicilio en domicilio reservado, quién interpone acción de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A., por el acto ilegal y arbitrario de fecha 07 de enero de 2025 mediante el cual se rechaza una solicitud de retiro de fondos para extranjeros efectuada por la recurrente, en base a los argumentos que expone en su presentación.

Afirma que el recurrente solicitó la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la ley N°18.156, quien fue notificada, con fecha 07 de enero de 2025, que su solicitud no era procedente bajo el motivo de existir una falta de constancia de afiliación vigente, cual debe estar apostillado en el país extranjero en el que fue otorgado.

Sostiene que el recurrente cumple con todos los requisitos establecidos por la ley, enfrentándose a una obstaculización en su proceso, donde la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma, desatendiendo a la finalidad del legislador, esto es, disponer de sus ahorros previsionales entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, tanto el contrato, sus anexos y el certificado de afiliación al seguro social del país de origen.

Afirma que la recurrida incorpora requisitos que no están expresamente establecidos en la ley, sosteniendo, además, que el certificado de afiliación puede verificarse en el sistema respectivo a través del link http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/verificarConstancia.ivss o bien, bajo el link: http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/.

Indica que en la especie se cumplen con todos los requisitos de los artículos 1 y 7 de la ley 18.156 para proceder con la solicitud en cuestión, agregando que la falta de apostilla o de legalización es un hecho que no se encuentra dentro de la esfera del recurrente, sino únicamente de las relaciones diplomáticas de los Estados de Chile y de Venezuela, las que son inexistentes a la fecha, incurriendo la recurrida en una omisión de verificación que deviene en ilegal y arbitrario, atentando con ello a las garantías constitucionales del artículo 19 Nº2 y Nº24 de la Constitución Política al exigir requisitos no contemplados en la ley.

Previas citas jurisprudenciales, solicita que se acoja la presente acción ordenando que se reconozca como válida la documentación indicada por el recurrente, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente y adoptándose las medidas que se estimen pertinentes.

A folio 4, se tuvo por interpuesto el presente recurso de protección.

A folio 6, consta informe evacuado por Ana María Herrera Brummer, abogada, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Provida Sociedad Anónima, señalando que la presente acción no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento como la de autos.

Continúa señalando la ausencia de actos ilegales o arbitrarios de su parte, dado que con fecha 07 de enero de 2026, la informante rechazó solicitud de la recurrente de autos, debido a que “Falta constancia de afiliación vigente, el cual debe estar apostillado en el país extranjero en el que fue otorgado. Documento aportado por el afiliado corresponde a una constancia de cotización, por lo que no es el documento solicitado.” Sostiene que si bien la actora aporta una constancia de cotización sin firma y una declaración jurada, aquellas no pueden considerarse válidas para los efectos que persigue en base a lo establecido en Oficio N°5376 emitido por la Superintendencia de AFP.

En este orden las certificaciones electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana y sin que señalen las coberturas con que cuenta el afiliado y respecto de las cuales no se pueda inferir un determinado período de cobertura, cuando se limitan a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) de la citada ley N°18.156.

Respecto de la apostilla, se debe hacer presente que, a contar del 30 de agosto de 2016, fecha de entrada en vigor del Convenio de la Apostilla en Chile, y considerando que Venezuela también es un Estado Parte de dicha convención, se exigió que dicha certificación debía venir apostillada por la autoridad competente venezolana.

Sobre el mérito de las declaraciones juradas, la Superintendencia de Pensiones ha instruido expresamente que aun cuando aquellas hayan sido certificadas ante un notario público chileno y cuenten con su respectiva apostilla, tampoco resultan útiles para estos efectos, por cuanto no constituyen medios idóneos, dado que las certificaciones que sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero deben emanar de la autoridad previsional competente del país en el cual el trabajador extranjero ha tenido la cobertura por todos los riesgos previstos en la letra a) de la citada ley N°18.156.

Respecto del contrato de trabajo acompañado, de fecha 16 de marzo de 2023, en el mismo nada se señala respecto del régimen previsional. Recién en anexo de fecha 15 de abril de 2025 se da cuenta de la declaración del trabajador de mantener la afiliación a un régimen previsional extranjero.

Así mismo, cabe señalar, que la parte recurrente cuenta con cédula de identidad chilena y residencia permanente, lo cual como lo señala la Superintendencia de Pensiones en oficio 21.880, de 17 de noviembre de 2025, “no garantiza el retorno a su país de origen y pone en riesgo, que, pese al retiro de sus fondos previsionales, se deba cubrir, en su momento, su pensión con fondos fiscales.”

Previas citas jurisprudenciales y normativas, sostiene la inexistencia de un actuar ilegal o arbitrario de su parte que importe la vulneración de garantías fundamentales del recurrente, razón por la cual solicita el rechazo de la presente acción, con costas.

Encontrándose en estado de ver, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO Primero: El recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Segundo: De lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que el hecho que se denuncia como ilegal y arbitrario en esta causa consiste en la negativa a dar inicio al procedimiento de devolución de cotizaciones previsionales contenido en la ley 18.156 por parte de la recurrida, sosteniéndose el cumplimiento de todos los requisitos legales establecidos en el artículo 1 de la citada ley, concretamente en lo que respecta a la letra a) de dicho artículo, habiéndose efectuado una lectura formalista de la norma al exigirse el apostillamiento o legalización del documento denominado Constancia Electrónica de Cotizaciones presentado en su oportunidad.

Cuarto: Que la recurrente acompañó a su solicitud 1) declaración jurada firmada ante notario en la que declara que se encuentra afiliada en el sistema previsional de su país de origen, siendo el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales desde el 1 de agosto de 2016. 2) Constancia electrónica de cotizaciones en la que se indica que posee 100 semanas cotizadas ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Agrega que en tal sentido, de conformidad con el Artículo N° 1 de la Ley del Seguro Social aprobada bajo Gaceta Oficial N° 5.976 de fecha 24/05/2010, establece lo siguiente: "La presente Ley rige las situaciones y relaciones jurídicas con ocasión de la protección de la Seguridad Social a sus beneficiarios y beneficiarias en las contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso." 3) Certificado de título de ingeniero industrial. 4) Anexo de contrato de trabajo de 15 de abril de 2025 en el cual se agrega la cláusula previsional, en la que el trabajador declara ser técnico profesional extranjero, conforme al artículo 1 de la Ley 18.156 y número 1 de la Circular 553 de 1988 de la Superintendencia de pensiones, encontrarse afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, el que le otorga prestaciones, a lo menos en caso de enfermedad, invalidez, vejez o muerte y su voluntad de mantener su afiliación al referido sistema de seguridad social o previsión en el extranjero.

Quinto: Que el artículo 1° de la Ley N°18.156 dispone: “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”. Por su parte, el artículo 7° de la referida ley dispone “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Sexto: Que la Superintendencia de Pensiones ha emitido una serie de disposiciones para la correcta aplicación de la Ley 18.156, las que se contienen en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Señaló que: “Sobre el particular, cabe reiterar que la ley N° 18.156 establece un beneficio consistente en la exención, tanto para las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero como para dicho personal, de la obligación de efectuar cotizaciones previsionales en organismos de previsión chilenos.

Que, el artículo 1° de la ley N° 18.156, en sus letras a) y b) establece los requisitos copulativos para que opere esta exención y su artículo 7° contempla la situación de trabajadores extranjeros, que registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, señalando que éstos podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley, a saber:

a) Que el técnico extranjero se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica que le otorgue prestaciones a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

b) Que el contrato de trabajo contenga una cláusula relativa a la mantención de la afiliación, por parte del trabajador, a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile.

Por su parte, el artículo 7° del mismo texto legal dispone:

“En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Agrega que ahora bien, es útil advertir que, según la sostenida jurisprudencia de este organismo fiscalizador, se ha exigido para acreditar el requisito de cobertura previsional de la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, que el trabajador extranjero acredite que ha contado con un seguro por todos los riesgos exigidos en ese mismo precepto y durante toda la extensión del tiempo en que prestó servicios en Chile. En cuanto a la cobertura de salud, cabe aclarar que se ha exigido que aquella sea integral, es decir, que comprenda el otorgamiento de prestaciones médicas y pecuniarias, en caso de enfermedad de origen común.

Indica que no basta un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado, ni tampoco una cartola que dé cuenta de las cotizaciones previsionales enteradas en tal sistema, sino que se ha requerido para acreditar dicha exigencia, que se consigne en forma por la autoridad previsional competente el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.

Señala que el N° 1 del Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones dispuso que para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, el trabajador extranjero debe aportar la certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste su obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Precisado lo anterior, se debe hacer presente que, a contar del 30 de agosto de 2016, fecha de entrada en vigor del Convenio de la Apostilla en Chile, y considerando que Venezuela también es un Estado Parte de dicha convención, se exigió que dicha certificación debía venir apostillada por la autoridad competente venezolana. Lo anterior, en conformidad con los artículos 345, 345 bis del Código de Procedimiento Civil, en relación con el artículo 1° del Convenio de la Apostilla, o Convención de la Haya que Suprime la Exigencia de Legalización de Documentos Públicos Extranjeros.

Séptimo: Que analizando la normativa expuesta se concluye que la exigencia de legalización o apostilla por parte de la Administradora de Fondos de pensiones no se trata de una interpretación formalista como lo señala la actora, sino que se enmarca dentro de la normativa vigente establecida en la Ley 18.156 y el Compendio de Normas de Sistema de Pensiones.

Octavo: Que en consecuencia, no se vislumbra una ilegalidad en la conducta de la recurrida, ya que se funda en los artículos 1 y 7 de la Ley 18.156. Asimismo el acto no es arbitrario, ya que la negativa se funda en que la recurrente no cumplió la normativa indicada.

Noveno: Que en cuanto a la dificultad material de obtener la apostilla o legalizar el documento por la falta de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela se debe indicar que esta situación si bien dificulta su obtención, no la hace imposible, ya que se puede obtener en línea o presentando los documentos físicos a través de terceras personas.

Que en consecuencia el recurso de protección interpuesto deberá rechazarse.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas la acción interpuesta por Pablo Daniel Peñaloza Parra en favor de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Redacción a cargo de la Ministra (s) Loreto Paredes Carreño.

No firma la Ministra (S) doña Loreto Paredes Carreño quien concurrió a la vista y acuerdo por haber cesado su cometido funcionario.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°99-2026.