MUNICIPALIDAD DE ANCUD con SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD REGION DE LOS LAGOS

Puerto Montt, dieciocho de noviembre de dos mil veinticuatro.

Vistos:

A folio 1 comparece el abogado y asesor jurídico don Jorge Luis Ulloa Ulloa, R.U.N. N°RUT reservado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Ancud, ambos con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Los Lagos, representada legalmente por doña nombre reservado, R.U.N. N°RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado.

Señala que mediante una visita inspectiva realizada por funcionarios de la SEREMI de Salud de Los Lagos al taller mecánico municipal ubicado en Parque Bellavista S/N, Ancud, se levantó un acta que consigna las siguientes observaciones: 1) Que el taller mecánico no cuenta con almacenamiento transitorio de residuos peligrosos. 2) Hay acumulación de residuos peligrosos en diversos sectores del taller que se especifican. 3) Acumulación de tambores con aceite usado en patio trasero del recinto evidenciando escurrimiento de hidrocarburos, que contamina la capa vegetal, provocando contaminación al cauce de un río cercano. 4) Desorden y acumulación de contenedores en desuso, neumáticos, chatarra y vehículos abandonados. 5) No hay control de plagas ni trazabilidad de los residuos peligrosos acumulados. 6) No existe registro del periodo de inicio de la acumulación de los residuos peligrosos ni información del uso que se la ha dado a los residuos peligrosos entregados a terceros.

Alega que, habiendo transcurrido más de 4 años y 10 meses desde el inicio del procedimiento, ha operado el denominado decaimiento administrativo, por configuración de la circunstancia prevista en el artículo 40 inciso final de la Ley N°19.880, esto es, la imposibilidad material de continuar el procedimiento por causa sobreviniente. Relaciona dicha disposición legal con lo dispuesto en los artículos 14 inciso 3° y 27 de la Ley N°19.880 y con lo previsto en los artículos 3 y 8 de la Ley N°18.575 citando para el efecto jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Excelentísima Corte Suprema, esta última que señala que, en abstracto, la superación irracional e injustificada de un procedimiento administrativo sancionador por un tiempo superior a 6 meses, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley N°19.880, deriva en la imposibilidad material para continuar por concurrencia de la causal sobreviniente de expiración del plazo legal.

Sostiene que el proceder de la recurrida es vulneratorio de la garantía de igualdad ante la ley, al no recibir un trato igualitario en relación con quienes no se han visto afectados por la excesiva demora en la tramitación de sumarios sanitarios. Asimismo, asevera que se vulnera la garantía de un procedimiento e investigación racionales y justos, aseverando que el recurrido ha incurrido en abuso de poder al dictar una decisión para la cual se ha tardado injustificadamente. Por último, aduce una vulneración a la garantía de prohibición de ser juzgado por comisiones especiales citando para el efecto una sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción. Pide se declare la imposibilidad material para continuar el procedimiento por causas sobrevinientes o se disponga otro remedio jurisdiccional para tutelar la legalidad y protección de los derechos invocados como vulnerados, todo ello con costas.

A folio 3 se tiene por interpuesto el recurso de protección, pidiéndole informe a órgano estatal recurrido.

A folio 9 evacua informe el abogado Javier Tampe Rehbein, en representación de la SEREMI de Salud de Los Lagos, quien explica que por Resolución Nº24100500 de fecha 13 de mayo de 2024, se formalizó la sanción de multa de 10 UTM por infracción al artículo 67 del Código Sanitario, a los artículos 11, 18 y 37 del Decreto Supremo Nº594/1999 del Ministerio de Salud y a los artículos 29 y 33 del Decreto Supremo Nº148/2003 del Ministerio de Salud.

Por último, señala que la demora se justifica en la situación sanitaria causada por el covid 19 y en la aplicación de medidas sanitarias con vigencia hasta el 31 de agosto de 2023 lo cual -asevera- determinó una gran cantidad de expedientes administrativos sanitarios tales como el no cumplimiento de las restricciones la circulación en la vía pública o el no uso de mascarilla, provocando un incremento en el ingreso de expedientes administrativos durante los años 2020 y 2021 del orden del 400%. Pide el rechazo del recurso de protección por no haber incurrido en actuación u omisión ilegal o arbitraria.

A folio 10 se traen los autos en relación.

A folio 14 se dispone la agregación extraordinaria de la causa en tabla, en lugar preferente.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Supone, como elemento esencial, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque a la recurrente la vulneración de la garantía constitucional que ha señalado como atropellada o amenazada.

Segundo: Que, la Ilustre Municipalidad de Ancud interpone recurso de protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Los Lagos calificando de ilegal y arbitraria la resolución N°24100500, de fecha 13 de mayo del 2024. Alega el decaimiento del acto administrativo por una demora injustificada de la resolución, lo que constituye una vulneración de las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, debido proceso y prohibición de ser juzgado por comisiones especiales. Pide se declare la imposibilidad material para continuar el procedimiento por causas sobrevinientes o se disponga otro remedio jurisdiccional para tutelar la legalidad y protección de los derechos invocados como vulnerados, con costas.

Tercero: Que, el evacuar informe, la SEREMI de Salud niega haber actuado en forma ilegal o arbitraria señalando que la actora no dedujo recurso de reposición ni reclamación judicial contra la resolución objeto de esta acción de protección, sin perjuicio de lo cual justifica la demora en la situación sanitaria vivida por el país. Pide el rechazo del recurso de protección.

Cuarto: Que, con el mérito de la correspondiente resolución y de las alegaciones de las partes en sus respectivos escritos de discusión se concluye que el 3 de julio de 2019 funcionarios de la SEREMI de Salud de Los Lagos fiscalizaron el taller mecánico municipal de Ancud. Asimismo, que con fecha 13 de mayo de 2024 la parte recurrida dictó la Resolución N°24100500 que aplicó a la Municipalidad una multa de 10 Unidades Tributarias Mensuales por infracción al artículo 67 del Código Sanitario, a los artículos 11, 18 y 27 del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo (Decreto Supremo N°594 de 2005 del Ministerio de Salud) y a los artículos 29 y 33 del Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos (Decreto Supremo Nº148/2003 del Ministerio de Salud).

Quinto: Que, tal como se ha indicado en el considerando primero, esta acción constitucional procede ante derechos indubitados, requisito no se advierte concurra en el presente caso, puesto que la entidad edilicia pretende que mediante el ejercicio de esta acción constitucional se declare la extinción de los efectos de un acto administrativo, en circunstancias que existen otros medios legales para el efecto. De tal manera, consideran estos sentenciadores que ésta no es la vía idónea, por cuanto el recurrente no solo contaba con los recursos administrativos contra la resolución objeto de esta acción constitucional, sino que también se encontraba a su disposición la reclamación judicial contemplada por el artículo 171 del Código Sanitario; ambos medios idóneos para alcanzar dicha pretensión que no fueron ejercidos. Por tal razón el presente arbitrio no puede prosperar y así se declarará en lo resolutivo.

Sexto: Que, a mayor abundamiento, conviene tener presente que la teoría del decaimiento del acto administrativo se traduce, en el caso, en la aplicación de lo dispuesto en el artículo 41 inciso final de la Ley N°19.880 relativo a la imposibilidad material para continuar con el procedimiento administrativo por concurrencia de la causal sobreviniente de expiración del plazo. Sobre el punto se debe consignar que no cualquier dilación en la dictación del respectivo acto administrativo conlleva la pérdida de eficacia del procedimiento, sino sólo aquella que es excesiva e injustificada. En tal sentido, el artículo 27 de la Ley N°19.880 prevé un plazo de duración del procedimiento administrativo de 6 meses, momento a partir del cual se debe determinar si su exceso encuentra justificación razonable.

En tal orden de ideas, atendidas las circunstancias extraordinarias producidas como consecuencia de la pandemia mundial iniciada el año 2020 cuya alerta sanitaria se extendió hasta el 31 de agosto de 2023 se concluye que la demora de la SEREMI de Salud se encuentra justificada. En efecto, la recurrida no solo se vio afectada por las restricciones de movilización y medidas adoptadas durante dicho período, sino que como entidad fiscalizadora vio incrementado el número de procedimientos administrativos sancionatorios por infracciones a la regulación sanitaria. Ello aparece como lógica consecuencia de sus funciones y encuentra corroboración en las planillas de los años 2020 al 2024 acompañadas a la causa, las que muestran un exponencial aumento en el inicio de expedientes administrativos, especialmente el año 2021. Por consiguiente, se concluye que si bien existió una demora en la decisión de la autoridad sanitaria, ésta encuentra justificación razonable.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y en el Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que, se rechaza el recurso de protección interpuesto por el abogado Jorge Luis Ulloa Ulloa en representación de la Ilustre Municipalidad de Ancud en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Los Lagos.

II.- Que, no se condena en costas, por considerar que ha existido motivo plausible.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro Titular Jaime Vicente Meza Sáez.

Rol Protección N°976-2024.