MUNICIPALIDAD DE ANCUD con SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD REGION DE LOS LAGOS

Puerto Montt, dieciocho de noviembre de dos mil veinticuatro.

Vistos:

A folio 1 comparece el abogado y asesor jurídico don Jorge Luis Ulloa Ulloa, R.U.N. N°RUT reservado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Ancud, ambos con domicilio en domicilio reservado, de la misma ciudad; quien interpone recurso de protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Los Lagos, representada legalmente por doña nombre reservado, R.U.N. N°RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado.

Señala que mediante una visita inspectiva realizada por funcionarios de la SEREMI de Salud con fecha 3 de julio de 2019 al centro de acopio de residuos valorizables ubicado en el sector Pudeto Bajo s/n, se levantó el acta de fiscalización N°34488 que refiere comprobar lo siguiente: 1) Existe sitio de almacenamiento transitorio de residuos valorizables que no cuenta con autorización sanitaria para dicha actividad. 2) No existe control de ingreso ni restricción al sitio de acopio. 3) No existe señalética implementada en sitio. 4) Existen áreas con acopio de vidrios y plásticos en diversos sectores del sitio. 5) No existe control de vectores de interés sanitario. 6) Dentro del recinto de acopio de valorizables no existe orden, segregación de residuos ni cerco que delimite el sector, los residuos se encuentran dispersos generando diversos focos de insalubridad y favoreciendo el arrastre de fracción liviana a los terrenos aledaños y mar. 7) Existe sitio colindante que cuenta con diversos sectores de acopio de residuos (chatarra, domiciliarios y residuos peligrosos) generando un microbasural en el sector poniendo en riesgo la salud de la población y el medio ambiente.

Afirma que, en virtud de lo constatado en el acta de fiscalización y con lo expuesto por su parte al momento de efectuar sus descargos se tuvo por establecida una infracción al artículo 67 del Código Sanitario y a los artículos 27, 14, 32, 28 letra a), 38 letra a) y 41 del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y de Seguridad Básicas en los Rellenos Sanitarios (Decreto Supremo N°189 de 2005 del Ministerio de Salud) y a los artículos 3 y 11 del Reglamento Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en Los Lugares de Trabajo, imponiéndosele el pago de una multa de 15 Unidades Tributarias Mensuales.

Alega que, habiendo transcurrido más de 4 años y 10 meses desde el inicio del procedimiento, ha operado el denominado decaimiento administrativo, por configuración de la circunstancia prevista en el artículo 40 inciso final de la Ley N°19.880, esto es, la imposibilidad material de continuar el procedimiento por causa sobreviniente. Relaciona dicha disposición legal con lo dispuesto en los artículos 14 inciso 3° y 27 de la Ley N°19.880 y con lo previsto en los artículos 3 y 8 de la Ley N°18.575 citando para el efecto jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Excelentísima Corte Suprema, esta última que señala que, en abstracto, la superación irracional e injustificada de un procedimiento administrativo sancionador por un tiempo superior a 6 meses, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley N°19.880, deriva en la imposibilidad material para continuar por concurrencia de la causal sobreviniente de expiración del plazo legal.

Sostiene que el proceder de la recurrida es vulneratorio de la garantía de igualdad ante la ley, al no recibir un trato igualitario en relación con quienes no se han visto afectados por la excesiva demora en la tramitación de sumarios sanitarios. Asimismo, asevera que se vulnera la garantía de un procedimiento e investigación racional y justo, aseverando que el recurrido ha incurrido en abuso de poder al dictar una decisión para la cual se ha tardado injustificadamente. Por último, aduce una vulneración a la garantía de prohibición de ser juzgado por comisiones especiales citando para el efecto una sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción. Pide se declare la imposibilidad material para continuar el procedimiento por causas sobrevinientes o se disponga otro remedio jurisdiccional para tutelar la legalidad y protección de los derechos invocados como vulnerados, todo ello con costas.

A folio 3 se tiene por interpuesto el recurso de protección, pidiéndole informe al órgano estatal recurrido.

A folio 9 evacua informe el abogado Javier Tampe Rehbein, en representación de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Los Lagos. En primer lugar, refiere que la resolución fue dictada en forma motivada, cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 41 inciso 4° de la Ley N°19.880. Por otro lado, asevera que contra la resolución cuestionada procedía el recurso de reposición y el reclamo judicial del artículo 171 del Código Sanitario, los que no fueron deducidos.

Por último, señala que la demora se justifica en la situación sanitaria causada por el covid 19 y en la aplicación de medidas sanitarias con vigencia hasta el 31 de agosto de 2023 lo cual -asevera- determinó una gran cantidad de expedientes administrativos sanitarios tales como el no cumplimiento de las restricciones la circulación en la vía pública o el no uso de mascarilla, provocando un incremento en el ingreso de expedientes administrativos durante los años 2020 y 2021 del orden del 400%. Pide el rechazo del recurso de protección por no haber incurrido en actuación u omisión ilegal o arbitraria.

A folio 10 se traen los autos en relación.

A folio 14 se dispone la agregación extraordinaria de la causa en tabla, en lugar preferente.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Supone, como elemento esencial, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que provoque a la recurrente la vulneración de la garantía constitucional que ha señalado como atropellada o amenazada.

Segundo: Que, la Ilustre Municipalidad de Ancud interpone recurso de protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Los Lagos calificando de ilegal y arbitraria la resolución N°24100501, de fecha 13 de mayo del 2024. Alega el decaimiento del acto administrativo por una demora injustificada de la resolución, lo que constituye una vulneración de las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, debido proceso y prohibición de ser juzgado por comisiones especiales. Pide se declare la imposibilidad material para continuar el procedimiento por causas sobrevinientes o se disponga otro remedio jurisdiccional para tutelar la legalidad y protección de los derechos invocados como vulnerados, con costas.

Tercero: Que, el evacuar informe, la SEREMI de Salud niega haber actuado en forma ilegal o arbitraria señalando que la actora no dedujo recurso de reposición ni reclamación judicial contra la resolución objeto de esta acción de protección, sin perjuicio de lo cual justifica la demora en la situación sanitaria vivida por el país. Pide el rechazo del recurso de protección.

Cuarto: Que, con el mérito de la correspondiente resolución y de las alegaciones de las partes en sus respectivos escritos de discusión se concluye que el 3 de julio de 2019 funcionarios de la SEREMI de Salud de Los Lagos fiscalizaron la instalación destinada al acopio de residuos valorizables de propiedad de la Ilustre Municipalidad de Ancud, ubicada en el sector Pudeto Bajo de dicha comuna. Asimismo, que con fecha 13 de mayo de 2024, la SEREMI de Salud de Los Lagos dictó la Resolución N°24100501 que impuso a la Municipalidad una multa de 15 Unidades Tributarias Mensuales por considerar infringido el artículo 67 del Código Sanitario, los artículos 27, 14, 32, 28 letra a), 4, 38 letra a) y 41 del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y de Seguridad Básicas en los Rellenos Sanitarios (Decreto Supremo N°189 de 2005 del Ministerio de Salud) y los artículos 3 y 11 del Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo (Decreto Supremo N°594 de 2005 del Ministerio de Salud).

Quinto: Que, tal como se ha indicado en el considerando primero, esta acción constitucional procede ante derechos indubitados, requisito no se advierte concurra en el presente caso, puesto que la entidad edilicia pretende que mediante el ejercicio de esta acción constitucional se declare la extinción de los efectos de un acto administrativo, en circunstancias que existen otros medios legales para el efecto. De tal manera, consideran estos sentenciadores que ésta no es la vía idónea, por cuanto el recurrente no solo contaba con los recursos administrativos contra la resolución objeto de esta acción constitucional, sino que también se encontraba a su disposición la reclamación judicial contemplada por el artículo 171 del Código Sanitario; ambos medios idóneos para alcanzar dicha pretensión que no fueron ejercidos. Por tal razón el presente arbitrio no puede prosperar y así se declarará en lo resolutivo.

Sexto: Que, a mayor abundamiento, conviene tener presente que la teoría del decaimiento del acto administrativo se traduce, en el caso, en la aplicación de lo dispuesto en el artículo 41 inciso final de la Ley N°19.880 relativo a la imposibilidad material para continuar con el procedimiento administrativo por concurrencia de la causal sobreviniente de expiración del plazo. Sobre el punto se debe consignar que no cualquier dilación en la dictación del respectivo acto administrativo conlleva la pérdida de eficacia del procedimiento, sino sólo aquella que es excesiva e injustificada. En tal sentido, el artículo 27 de la Ley N°19.880 prevé un plazo de duración del procedimiento administrativo de 6 meses, momento a partir del cual se debe determinar si su exceso encuentra justificación razonable.

En tal orden de ideas, atendidas las circunstancias extraordinarias producidas como consecuencia de la pandemia mundial iniciada el año 2020 cuya alerta sanitaria se extendió hasta el 31 de agosto de 2023 se concluye que la demora de la SEREMI de Salud se encuentra justificada. En efecto, la recurrida no solo se vio afectada por las restricciones de movilización y medidas adoptadas durante dicho período, sino que como entidad fiscalizadora vio incrementado el número de procedimientos administrativos sancionatorios por infracciones a la regulación sanitaria. Ello aparece como lógica consecuencia de sus funciones y encuentra corroboración en las planillas de los años 2020 al 2024 acompañadas a la causa, las que muestran un exponencial aumento en el inicio de expedientes administrativos, especialmente el año 2021. Por consiguiente, se concluye que si bien existió una demora en la decisión de la autoridad sanitaria, ésta encuentra justificación razonable.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y en el Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que, se rechaza el recurso de protección interpuesto por el abogado Jorge Luis Ulloa Ulloa en representación de la Ilustre Municipalidad de Ancud en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región de Los Lagos.

II.- Que, no se condena en costas por considerar que ha existido motivo plausible.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del Ministro Titular Jaime Vicente Meza Sáez.

Rol Protección N°970-2024.