Protección contra Instituto nombre reservado

nombre reservado, treinta y uno de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, compareció nombre reservado, cédula nacional de identidad N°NUM000, dueña de casa, en favor de su hijo menor de edad nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, quien interpuso acción constitucional de propia mano en contra del Instituto nombre reservado, en razón de la pérdida de beneficio de internado y condicionalidad de matrícula.

Señaló que el 24 de abril de 2026 fue notificada de la medida que se impugna por esta vía, por lo que su hijo no ha podido asistir a clases, cuestión que puede implicar que quede repitiendo. Refiere que cuando fue notificada de la expulsión, el liceo quedó de enviar material pedagógico, cuestión que al 20 de mayo de 2026 no ha sucedido.

Por otro lado, indicó que su hijo tiene TDAH, cuestión que le fue informada al liceo al momento de la matrícula a efectos de que fuera incorporado al programa PIE, lo que no se verificó. Sostiene que aquellas faltas por parte del establecimiento han afectado su nivel socioeducativo, destacando que como familia no tienen los recursos para pagar un hospedaje a efectos de que su hijo pueda seguir concurriendo al liceo de forma normal.

En consecuencia, solicitó que se acoja la acción y que su hijo sea reincorporado con el beneficio de internado.

A folio 5, se declaró admisible la acción y se requirió informe a la recurrida.

A folios 7 y 8, la recurrente acompañó carta de 13 de mayo de 2026, notificación de procedimiento sancionatorio de 24 de abril de 2026, resolución en primera instancia de 30 de abril de 2026 y resolución final de proceso sancionatorio de 19 de mayo de 2026.

A folio 16, evacuó informe el Instituto nombre reservado, solicitando el rechazo de la acción. En primer lugar, señaló que el instituto es un establecimiento educacional subvencionado que imparte educación técnico profesional desde séptimo básico a cuarto medio que cuenta con internado. Agregó que el internado es una prestación adicional que está sujeto al cumplimiento de normas de convivencia, seguridad, disciplina y auto cuidado.

En ese contexto, refirió que en la especie el estudiante no ha sido expulsado, no se le ha cancelado la matrícula ni impedido a asistir a clases, sino solo se dispuso la pérdida del beneficio adicional del internado. Por lo anterior, sostuvo que la medida adoptada no ha privado al estudiante de su derecho a la educación, ya que mantiene matrícula vigente, destacando que incluso se han mantenido medidas destinadas a asegurar la continuidad pedagógica, como envío de material de apoyo.

Al efecto, indicó que la medida adoptada tuvo como antecedentes una serie de situaciones disciplinarias y de convivencia ocurridas tanto en el contexto escolar como en el régimen de internado, las que fueron abordadas progresivamente por el establecimiento mediante entrevistas, acompañamientos, medidas formativas, seguimiento conductual e intervención psicoeducativa. En ese sentido, precisó que el 20 de abril de 2026, se notificó a la recurrente que el estudiante a la fecha ya tenía 35 anotaciones negativas en su hoja de vida, presentaba antecedentes de reiteración de conductas contrarias al reglamento interno, entre ellas, conductas desafiantes frente a la autoridad, incumplimiento de instrucciones, lenguaje inapropiado, dificultades para participar en instancias formativas de resolución de conflictos, registros asociados al consumo o porte de elementos prohibidos y otras situaciones calificadas como graves o gravísimas conforme al reglamento interno de convivencia escolar.

Agregó que el hecho que determinó la sanción disciplinaria consistió en que el estudiante fue sorprendido con un encendedor y un envase con residuos de marihuana en su casillero, la que conforme al artículo 121 del reglamento interno importa una falta gravísima. Así, refirió que se inició el procedimiento disciplinario con observancia del debido proceso, otorgándosele el estudiante y su apoderada derecho a descargos, tras lo cual reconoció la posesión de los objetos.

Destacó que previo a estos hechos, el estudiante se encontraba condicional y había suscrito compromisos de buen comportamiento, los que no fueron cumplidos.

Asimismo, reconoció que el 13 de mayo de 2026, la apoderada del estudiante apeló de la decisión, la que fue objeto de consideración del consejo de profesores, quienes ratificaron la sanción de pérdida del beneficio de internado.

Por otro lado, refirió que no se desconoce la situación personal, familiar y psicoeducativa del estudiante, en tanto aquello motivó que se adoptaran medidas de acompañamiento, intervención individual, coordinación con profesores y disposición para articular apoyos con redes externas, a propósito de su diagnóstico de TDAH. Sin embargo, sostuvo que dicho diagnóstico no elimina la necesidad de cumplir con normas básicas de convivencia.

Asimismo, indicó que el programa PIE opera bajo corresponsabilidad familia-escuela y que el estudiante en múltiples ocasiones ha rechazado de forma activa aquello, sin perjuicio de lo cual el colegio mantiene abierta la vía la formalizar su ingreso al programa.

Finalmente, sostuvo que la medida aplicada es proporcional, ya que tiene como antecedentes medidas de menor intensidad aplicadas de forma previa, además de no constituir la sanción más gravosa, en tanto le permite continuar con su proceso educativo. Asimismo, refirió que la medida persigue una finalidad legítima, consistente en proteger al estudiante, sus compañeros y personal responsable y que la situación familiar o territorial alegada por la actora puede ser comprendida y atendida mediante coordinación, diálogo y apoyo institucional, pero no transforma automáticamente la pérdida de un beneficio condicionado en una vulneración del derecho a la educación.

Acompañó a su presentación: 1.-Notificación de inicio de proceso sancionatorio remitido a la apoderada del estudiante. 2.- Resolución primera instancia de la sanción de perdida de beneficio de internado 30 de abril de 2026. 3.- Carta apelación de 13 de mayo de 2026. 4.- Acta del consejo de disciplina. 5.- Plan de intervención individual del estudiante nombre reservado de 11 de abril de 2026. 6.- Entrevista de 30 de abril de 2026 sostenida con el estudiante. 7.- Acta de reunión de 14 de abril de 2026 sostenida entre profesionales del colegio y del programa. 8.- Correo remitido a nombre reservado, psicólogo del colegio por parte de la subdirectora de formación. 9.- Correo remitido por la coordinadora de convivencia. 10.- Correo remitido al estudiante y otros con material educativo. 11.- Correo remitido a la apoderada del estudiante por los profesionales del PIE. 12.- Correo coordinación con Equipo PDE nombre reservado. 13.- Reunión coordinación con Fundación Tierra Esperanza ante audiencia de medida de protección.14.- Solicitud de charlas formativas y seguimiento del estudiante. 15.- Entrevista evaluación diagnóstica integral de necesidades educativas especiales. 16.- Formulario evaluación integral. 17.- Entrevista sostenida el 30 de abril de 2025 con la apoderada del estudiante. 18.-Hoja de vida del estudiante. 19.-Informe psicológico del estudiante.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, constituye jurídicamente una acción cautelar, dirigida a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o entorpezca dicho ejercicio, lo que supone esencialmente la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario y que provoque algunas de las situaciones o efectos antes indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Segundo: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

Tercero: Que, se ha interpuesto el presente recurso, pues la recurrente alega un acto arbitrario e ilegal de la parte del colegio recurrido, al haber dispuesto la pérdida del beneficio de internado respecto a su hijo. Sostiene que dicha sanción resulta desproporcionada, considerando que su hijo mantiene diagnóstico de TDAH y que el grupo familiar no cuenta con recursos socioeconómicos para cubrir hospedaje del estudiante en DIRECCION001, atendido a que mantienen domicilio en domicilio reservado.

Cuarto: Que, del mérito de los antecedentes, se desprende que el 24 de abril de 2026 la apoderada del estudiante fue notificada del inicio del procedimiento sancionatorio en contra de su hijo, atendido a que “producto de una revisión de casillero efectuada al estudiante por el asistente de turno, se le encontró un encendedor y un envase con residuos de marihuana y con el olor de la droga mencionada”.

Quinto: Que, corresponde en consecuencia determinar a la luz de los antecedentes aportados por las partes, si las medidas adoptadas por la recurrida son arbitrarias o ilegales, o en su caso, se aplicaron dando cumplimiento al reglamento interno y de convivencia escolar.

Sexto: Que, como primera cuestión, cabe descartar la ilegalidad en la aplicación de la sanción de pérdida del beneficio de internado al alumno en favor de quien se recurre, pues aquella se encuentra establecida en los artículos 121 y 122 del reglamento interno y en su oportunidad se respetó estrictamente el procedimiento establecido al momento de su aplicación: se oyeron descargos del alumno involucrado, pudo ofrecer y rendir antecedentes, ejercer su derecho a defensa y presentar los recursos establecidos en la oportunidad respectiva.

Séptimo: Que, por otra parte, tampoco es posible tachar la sanción como arbitraria, pues la lectura de los fundamentos que la explican encuentra sustento en antecedentes objetivos, que aparecen expuestos y desarrollados, al punto de descartar una actuación por mera voluntad o sin justificación, considerando, además, que la medida puede ser aplicada, cuando se trate de una conducta calificada como falta gravísima.

Lo dicho resulta de especial relevancia, por cuanto conforme al mérito de los antecedentes acompañados por la recurrida, se observa que, de forma previa a la decisión adoptada, el estudiante fue objeto de medidas de menor intensidad e intervenciones individuales que llevaban consigo compromisos que no fueron observados, conforme da cuenta el plan de intervención de 11 de abril de 2026.

Octavo: Que, finalmente, cabe destacar que en la especie y conforme a lo informado por el recurrido, el estudiante no ha sido expulsado del establecimiento educacional, no se le ha cancelado su matrícula, no se le ha impedido de asistir a clases, ni se le ha privado de su calidad de estudiante regular del Instituto recurrido, por lo que puede continuar su proceso educativo, pudiendo asistir al establecimiento, rendir evaluaciones, recibir material pedagógico o participar en actividades académicas correspondiente a su nivel.

Noveno: Que, descartada la ilegalidad y arbitrariedad en el acto que dio origen a estos autos, necesariamente el recurso de protección será desestimado.

Por estos fundamentos y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se rechaza sin costas el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en representación de su hijo nombre reservado, en contra de Instituto nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del ministro Moisés Montiel Torres.

No firma el Fiscal Judicial don nombre reservado, quien concurrió a la vista y acuerdo por encontrarse en cometido funcionario.

Rol Protección N°966-2026.