nombre reservado con nombre reservado

Puerto Montt, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés.

Vistos:

A folio Nº1, el día 15 de julio de 2023, comparece el abogado Alberto Ebensperger Fernández de Cabo, en representación de doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, domiciliada en sector rural de Llaicha, Isla Puluqui, comuna de Calbuco, quien interpone acción constitucional de protección de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en contra de nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliado en sector rural de Llaicha de la Isla Puluqui, comuna de Calbuco, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la negativa a permitir el proceso de mensura, deteniendo y paralizando el proceso administrativo de saneamiento.

Relata que la actora es dueña por cesión de derechos en conjunto con otros comuneros de un predio rural de 16,66 hectáreas, ubicado en sector Llaicha, comuna de Calbuco, terreno respecto del cual el recurrente pretende ser dueño del total del predio.

Explica que el día 15 de junio del año en curso, la SEREMI de Bienes Nacionales de Los Lagos, se presentó en el terreno a fin de efectuar el levantamiento topográfico del terreno respecto del cual la actora desea regularizar su posesión, sin embargo el recurrido se opuso indicando que el terreno era de él. En virtud de esta situación el ingeniero geomensor de Bienes Nacionales se negó a efectuar el proceso de mensura, deteniendo y paralizando el proceso administrativo de saneamiento iniciado.

Agrega que la actora tiene derechos inscritos sobre la propiedad cuya posesión pretende regularizar, por lo tanto, está en pleno derecho para obtener una inscripción a su nombre por lo que privarla de esta posibilidad es absolutamente arbitrario e ilegal, afectando los derechos fundamentales de mi representada contenidos en el artículo 19 N°1 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Comenta que este acto arbitrario e ilegal afecta la integridad psíquica de mi representada, en el sentido que esta conducta abusiva antes descrita por parte del recurrido en contra de la actora, le ha causado un daño psicológico, además, se le priva de la posibilidad de regularizar su posesión sobre el lote de terreno que ocupa en virtud de sus derechos que tiene sobre el mismo.

Pide, se ordene al recurrido abstenerse de ejecutar todo acto que impida la medición o mensura de los terrenos cuya posesión se pretende regularizar la actora, con expresa condena en costas.

Acompaña a su recurso: Copia de cesión de derechos.

A folio N°2, se declaró admisible el recurso y se pidió informe a la recurrida.

A folio N°7, evacua informe la parte recurrida, insta por el rechazo del recurso, con costas. Manifiesta que por cesión de derechos, es dueño del 83,33% de un predio rural de 16,66 hás, ubicado en Llaicha, departamento de Calbuco desde el año 1980.

Refiere que es efectivo que la recurrente inició un trámite de saneamiento de este terreno, y que el día 15 de junio de 2023, ingresaron a su predio unas personas que señalaron ser del servicio de bienes nacionales para efectuar un levantamiento topográfico del terreno. Sostiene que no los dejó ingresar a su propiedad, les solicitó que se retiraran, no recibió ninguna notificación solicitando el permiso para dicho trabajo.

En el expediente N°37597, con fecha 8 de octubre del 2018, se emitió un informe jurídico de parte de bienes nacionales que indica: “la posesión material, no cumple con los requisitos establecidos en el D.L. 2695/79, ya que al momento de realizar la mensura por la empresa "Rivera Sierra Ltda", no se pudo ejecutar, porque en el inmueble a sanear no se encuentra cercado totalmente, lo que impide determinar la posesión invocada por el solicitante”.

Con fecha 8 de octubre se emitió además un informe de verificación de la posesión material de parte de bienes nacionales que indica ”no se verificó la posesión por no estar determinada”, requisito necesario para indicar siquiera que hay una propiedad que ha tenido al menos cercamiento para poder solicitar la regularización.

Alega que únicamente por desconocimiento y temor de que extraños ingresen a su propiedad, no permitió el ingresó de aquellas personas.

Finalmente añade que existe un recurso de protección Rol N°194-2023 de esta Corte, que ya fue interpuesto por la actora en contra del mismo.

Acompaña a su informe: 1) Expediente n° 37597 emitido el año 2018 por Bienes Nacionales, donde consta escritura notarial de cesión de derechos e informes del servicio. 2) Aclaración y ratificación de cesión de derechos de doña nombre reservado y otras a don nombre reservado, de fecha 29 de marzo del 2000, protocolo de instrumentos públicos, FS.951, N°1099 del año 2000, en Notaria nombre reservado de la ciudad de Puerto Montt. 3) Registro de propiedad 1980, FS. 18, número 24 con anotación al margen de Conservador de Bienes Raíces de Calbuco. 4) Compraventa de 17 de septiembre de 1980, registrado en Conservador de Bienes raíces de Calbuco. 5)Certificado de avalúo fiscal otorgado por el Servicio de Impuestos Internos de 6 de marzo de 2023.

Encontrándose en estado de ver el presente recurso, se trajeron los autos en relación, agregándose extraordinariamente a la tabla.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Segundo: Que, de lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que la presente acción se dirige contra de comunero que también tiene derechos en la propiedad objeto del presente recurso, a quien se acusa de interferir e impedir que la actora pueda realizar el procedimiento de saneamiento al no permitir el ingreso por parte de funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales, a la propiedad para llevar a cabo el proceso de mensura.

Cuarto: Que el recurrido por su parte, niega haber incurrido en algún acto ilegal o arbitrario en los términos expuestos en el recurso, reconociendo que impidió el acceso de los funcionarios por desconocer el motivo de su concurrencia a su propiedad.

Quinto: Que, atendida la naturaleza del proceso constitucional ventilado, es preciso indicar que no es ésta la sede para determinar la existencia o no derechos que puedan ser discutidos por los intervinientes, pues no se trata ésta de una instancia declarativa de derechos; sino que por el contrario, lo que se busca través de la acción de marras es establecer la necesidad y urgencia en brindar tutela cautelar de derechos fundamentales respecto de los hechos objeto de la acción.

Sexto: Que, del mérito de los antecedentes e informe evacuado en autos, es menester consignar que efectivamente el recurrido ha impedido que funcionarios dependientes del Servicio de Bienes Nacionales puedan realizar los trabajos de mensura, toda vez que la actora, lleva a cabo un proceso de saneamiento respecto de la propiedad en la cual tiene derechos junto al recurrido.

No obstante lo anterior, no es baladí que el recurrido ha impedido que la actora pueda seguir adelante con la prosecución del procedimiento administrativo, independiente del resultado al que se arribe con el mismo, y sin perjuicio de la oposición que pueda deducir en la sede que corresponda.

De este modo, se concluye que la conducta del recurrido reviste la cualidad necesaria de ilegalidad y arbitrariedad que vulneran las garantías constitucionales protegidas con esta acción constitucional, en particular la consagrada en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, por lo que no cabrá sino acoger el recurso interpuesto, sólo en cuanto a ordenar al recurrido cese en la conducta de obstaculizar el proceso de mensura que debe ejecutar el Ministerio de Bienes Nacionales en la propiedad ubicada en el sector rural de Llaicha de la Isla Puluqui, comuna de Calbuco.

Séptimo: Que, lo decidido, no obsta al ejercicio de las acciones que las partes estimen pertinentes para debatir acerca del dominio o posesión del referido inmueble y eventuales turbaciones a los mismos, que deberán ser ventiladas en la sede correspondiente y por el procedimiento que resulte idóneo para ello.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, en el Acta Nº 94-2015 de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección y sus modificaciones posteriores, se declara:

I.- Que, se acoge, el recurso de protección interpuesto a favor de doña nombre reservado, en contra de don nombre reservado.

II.- Que en consecuencia se ordena al recurrido abstenerse en lo sucesivo a ejecutar acto que impida la medición o mensura del terreno objeto del presente recurso, bajo apercibimiento de disponer el auxilio de la fuerza pública si fuese necesario. Lo anterior, sin perjuicio del ejercicio de las acciones que las partes estimen pertinentes y que emanen de los hechos ventilados en esta sede.

III.- Que cada parte pagará sus costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

No firman el Ministro Titular don Jaime Vicente Meza Sáez y la Fiscal Judicial doña nombre reservado, quienes concurrieron a la vista y acuerdo, por encontrarse con permiso.

Rol Protección N° 964-2023.-