nombre reservado con nombre reservado

Puerto Montt, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés.

Vistos:

A folio 1, comparece Nicolás Alejandro Cayo Márquez, abogado, en favor de nombre reservado, con domicilio en Auchac Rural, comuna de Quellón, provincia de Chiloé, quién interpone acción de protección en contra de la nombre reservado y de la Delegación Presidencial Provincial de Chiloé, por los hechos que expone en su acción.

Sostiene que la recurrente es una habitante histórica de la localidad de Auchac de la comuna de Quellón, teniendo su residencia y lugar de trabajo en dicho lugar, y en ese contexto, con fecha 10 de marzo de 2010 realizó una compraventa mediante contrato privado de un sitio adyacente a la playa con el fin de poder edificar sobre el mismo.

Refiere que en el sitio indicado existió una casa, y que el resto de las construcciones vecinas se encuentran en la misma situación que el predio de la recurrente, ubicados todos en “playa rural sector Auchac”, sin que presente controversia o impedimento, manteniendo aquellos títulos de dominio de parte del Ministerio de Bienes Nacionales. Respecto del antiguo dueño del predio de la recurrente, aquel nunca mantuvo controversia ni acciones legales a su respecto, manteniendo una posesión pacífica e ininterrumpida por un lapso de 13 años.

Sin embargo, la recurrente no ha podido hacer uso y goce del terreno, toda vez que las recurridas la han catalogado como una ocupante ilegal y ha sido amenazada con ser desalojada mediante el uso de la fuerza pública, de acuerdo con carta de fecha 06 de julio de 2023, recepcionada con fecha 11 de julio del mismo año, conjuntamente con las responsabilidades civiles y criminales que recaigan.

Indica que el actuar de los recurridos es del todo arbitrario e ilegal, dirigiéndose únicamente en contra de la recurrente, vulnerando con ello las garantías del artículo 19 en sus numerales 2, 23 y 24 de la Constitución Política.

Solicita en definitiva que se acoja la presente acción y que se ordenen todas las medidas que esta Corte estime pertinente, en especial, dejar sin efecto las órdenes de desalojo y acciones similares intentadas en contra de la recurrente.

Acompaña a su presentación 1.- Carta-oficio de 6 de julio de 2023 dirigida por la nombre reservado a la Delegación Presidencial Provincial de Chiloé; 2.- Escritura privada de contrato de compraventa de 10 de marzo de 2010.

A folio 3, se declaró admisible y se tuvo por interpuesto el presente recurso.

A folio 11, consta informe evacuado por la nombre reservado, alegando ante todo la extemporaneidad del presente recurso, toda vez que la recurrente fue notificada de su condición de ocupante ilegal con fecha 13 de septiembre de 2021, solicitando el auxilio de la fuerza pública a la Delegación Provincial de Chiloé con fecha 13 de enero del 2023, y el acto impugnado, de fecha 06 de julio de 2023, es solo una reiteración de lo solicitado durante el 2022.

Luego, indica que, en el mes de abril de 2021, vecinos del sector de Auchac rural de la comuna de Quellón denunciaron telefónicamente a la nombre reservado, la construcción de una vivienda en el borde costero del lugar, donde se pudo constatar que aquella era utilizada por la recurrente.

En ese sentido, efectuada las indagatorias pertinentes, el Jefe Provincial de Bienes Nacionales indicó, mediante oficio de fecha 20 de mayo de 2021, que el sector consultado “no afecta inscripción fiscal”; por su parte, con fecha 29 de julio de 2021, el Conservador de Bienes Raíces de Quellón remitió copia de título de dominio de nombre reservado y los herederos de su cónyuge fallecida, en donde se incluye un plano en el cual se puede ver que no hay terrenos particulares desde el camino público del borde costero de Auchac hacia el mar, que es donde se emplaza el terreno de la recurrente, siendo dicho espacio un “terreno de playa”, de propiedad fiscal.

Con fecha 13 de septiembre de 2021, se procedió a notificar a la recurrente como ocupante ilegal, haciendo presente que el contrato de compraventa entre aquella con el vendedor que indica fue protocolizado con fecha 20 de septiembre de 2021, esto es, de manera posterior a la citada notificación, agregando que aquella no ha remitido inscripción de dominio alguna y que el citado instrumento no cumple con las exigencias del artículo 1801 del Código Civil.

Continua con referencias legales en cuanto a las funciones establecidas en el artículo 1 del D.F.L. N°340 de 1960 sobre Concesiones Marítimas, en específico, el uso de particulares de las playas y terrenos de playas fiscales dentro de una faja de 80 metros de ancho desde la línea de más alta marea de la costa del litoral, siendo aquello concordante con el D.L. N°1939 y el artículo 3 del D.S. N°9 de 2019 que establece el reglamento sobre Concesiones Marítimas.

Así las cosas, con fecha 13 de enero de 2022, se remiten antecedentes a la Delegación Presidencial de Chiloé, solicitando el auxilio de la fuerza pública para desocupar los bienes ocupados indebidamente; al Consejo de Defensa del Estado para los fines pertinentes; y al Servicio de Impuestos Internos para informar el valor del metro cuadrado y tasación comercial, quién indica que la recurrente y el vendedor no mantienen terrenos a su nombre en el sector señalado.

Luego, precisa que, ante el contrato de compraventa presentado por la recurrente, se consultó con el Conservador de Bienes Raíces de Quellón por la inscripción particular de fojas 209 N°218 del Registro de Propiedad del año 2005 a nombre de nombre reservado, señalando en la copia simple del título de dominio que el terreno que estaba a su nombre limita con el camino público y del lado contrario del terreno de playa, vendiéndose por tanto un terreno del cual no se era propietario.

Finaliza su informe indicando que las mismas acciones se han realizado en relación con otros ocupantes ilegales del sector que son descritos en su presentación, indicando la inexistencia de ilegalidad o arbitrariedad en la solicitud de desalojo de fecha 06 de julio de 2023.

A folio 14, consta informe de la Delegación Presidencial de Quellón, alegando la extemporaneidad de esta acción en los mismos términos referidos por la nombre reservado

En cuanto al fondo del asunto, refiere que el título invocado por la recurrente es inidóneo para acreditar la titularidad del inmueble en cuestión, por los mismos argumentos indicados a folio 11, añadiendo la inexistencia de trámites que vayan en la línea de sanear el terreno alegado por aquella.

Indica que la nombre reservado ha realizado todas las acciones legales que corresponden para notificar a la recurrente de su ocupación ilegal y de efectuar la solicitud de auxilio de la fuerza pública para proceder con el abandono indicado, por tratarse de bienes fiscales, no existiendo un hostigamiento o persecución en contra de aquella, dado que se han iniciado acciones respecto de vecinos por los mismos hechos señalados.

Finalmente, agrega que es falso que la recurrente se haya notificado del desalojo con fecha 11 de julio del presente, toda vez que está en conocimiento de aquello desde el 13 de septiembre de 2021.

Encontrándose en estado de ver, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO Primero: Que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Segundo: Que de lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que el hecho que se denuncia como ilegal y arbitrario en esta causa consiste en la solicitud efectuada por la nombre reservado a la Delegación Presidencial de Chiloé de auxilio de la fuerza pública para proceder con el desalojo del inmueble donde habita la recurrente, señalando que aquel actuar responde a un hostigamiento por parte de dichas autoridades toda vez que la actora mantendría antecedentes que justificarían su posesión legal del terreno en cuestión y que se obra en su contra efectuándose una diferencia arbitraria respecto de sus vecinos, quiénes se mantendrían en su misma situación.

Cuarto: Que por su parte, las autoridades recurridas alegan la extemporaneidad de la presente acción, toda vez que con fecha 13 de septiembre de 2021, se procedió a notificar a la recurrente de su condición de ocupante ilegal, siendo la petición de auxilio de la fuerza pública de fecha 06 de julio de 2023 una reiteración de actuaciones efectuadas durante el año 2022.

En cuanto al fondo, indican que la recurrente no posee derechos respecto del bien inmueble en cuestión, toda vez que el mismo es de propiedad fiscal al tratarse de una franja de playa sin titularidad de particulares ni concesiones entregadas por la autoridad pertinente, ya que el contrato de compraventa invocado por la recurrente hace alusión a un terreno del cual el vendedor, de quien habría adquirido el dominio por escritura privada, no mantenía propiedad sobre aquél, misma situación en la que se encontrarían terceras personas del citado lugar y respecto de las cuales se han iniciado las mismas acciones para recuperar los inmuebles fiscales, no existiendo en consecuencia actuar ilegal o arbitrario por parte de las autoridades recurridas en esta causa.

Quinto: Que en cuanto a la excepción de extemporaneidad planteada por las autoridades recurridas en esta causa, esta Corte la rechazará al estimar que la actuación reclamada en el presente recurso se mantiene a la fecha, constituyéndose de ese modo como una actuación de carácter permanente al advertir los efectos que aquélla provoca, cuestión que provoca un análisis del fondo de los hechos denunciados en esta acción.

Sexto: Que de los antecedentes acompañados por las partes a esta causa, es posible desprender que la recurrente no cuenta con un derecho con carácter de indubitado respecto del inmueble cuyo desalojo se persigue por parte de las autoridades recurridas, ello por cuanto el título que invoca para justificar la ocupación del mismo no logra desvirtuar lo sostenido por las autoridades recurridas en cuanto a que el inmueble donde la actora se encontraría realizando obras de construcción resultaría ser de propiedad fiscal, afirmación que se sustenta en los informes emitidos por el Conservador de Bienes Raíces de Quellón y del Servicio de Impuestos Internos, los que se agregan a folio 11, los cuales dan cuenta de la inexistencia de títulos de dominio inscritos en favor de persona natural alguna.

Abunda a lo anterior el hecho de que la escritura de compraventa acompañada por la recurrente figura protocolizada con fecha 20 de septiembre de 2021, esto es, días posteriores a la primigenia notificación efectuada a su persona con fecha 13 de septiembre de 2021 acerca de la ocupación ilegal que aquella mantiene sobre el inmueble que las autoridades reputan como terreno fiscal y que no existe antecedente alguno que den cuenta que la actora mantiene inscripción registral a su favor, o el inicio de algún procedimiento de saneamiento en su favor.

Séptimo: Por lo anterior, la presente acción no puede prosperar al no configurarse una afectación de garantía alguna respecto de la recurrente en base a los hechos denunciados, ello como consecuencia de no existir derecho con carácter de indubitado ni una actuación ilegal o arbitraria de parte de las autoridades recurridas, quiénes han iniciado procedimientos análogos al indicado por aquella respecto de terceras personas, cuestión que hace decaer las alegaciones respecto de un actuar selectivo en contra de su persona, debiendo declararse el rechazo por parte de estos sentenciadores tal como se indicará en lo resolutivo de esta resolución.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas la acción interpuesta por Nicolás Alejandro Cayo Márquez en favor de nombre reservado, en contra de la nombre reservado y de la Delegación Presidencial Provincial de Chiloé.

Redacción a cargo de la Ministra (S) Claudia Cárdenas Navarro.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N° 958-2023.