nombre reservado con nombre reservado

Puerto Montt, veintitrés de julio de dos mil diecinueve.

Visto:

A folio Nº1, comparece el abogado Ernesto González, en representación de nombre reservado, domiciliada en la ciudad de Ancud, e interpone acción constitucional de protección de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en contra de nombre reservado, en su calidad de Director (S) del Hospital de Ancud, por estimar que éste ha incurrido en una actuación que califica como ilegal o arbitraria, consistente en la dictación de la Resolución Exenta Nº4051, de 22 de abril de 2019, que puso término a la relación laboral de carácter estatutario habida entre las partes, lo que redunda en una vulneración a las garantías fundamentales de que es titular, consagradas en el artículo 19 Nº2, Nº3 inciso quinto, Nº16 y Nº24, de la Norma Suprema, instando por que se acoja el recurso en los términos que se ha solicitado.

Funda lo anterior en que la actora detentaría en propiedad el cargo titular de profesional grado 14º EUS, en el Hospital de Ancud, desde su nombramiento en tal calidad mediante la resolución Nº239, de 12 de noviembre de 2012.

Luego, desempeñó cargos a contrata y por medio de encomendación de funciones; sirviendo como Subdirectora Administrativa del Hospital, asimilada al grado 7º EUS, desde 14 de octubre de 2013 -mediante resolución Nº284 de esa data- designación que fuera prorrogada hasta el 01 de noviembre de 2017, ocasión en que le fue encomendado un cargo asimilado a grado 10º EUS, prorrogándose este último para todo el año 2018, por Resolución Exenta Nº8473, de 20 de noviembre de 2017.

Agrega que durante todo ese periodo la recurrente mantuvo su nombramiento en calidad de titular, por lo que la decisión impugnada es ilegal y arbitraria desde que carece de facultades el denunciado para poner término a un nombramiento en propiedad como el que detentaría la actora; porque no se invocaron causales legales para su remoción, contenidas en el artículo 146 del Estatuto Administrativo; en subsidio, en el caso que se estime que sólo era funcionaria a contrata, estima que la resolución que no la renovó es arbitraria y lesiona la confianza legítima; y finalmente porque se le puso término a la contrata encontrándose con licencia médica, desde el día 18 de abril, notificándose ésta el mismo día de la desvinculación.

Por lo dicho, la resolución atacada sería vulneratoria de las garantías fundamentales precedentemente señaladas, solicitando que se acoja el recurso y se ordene reintegrar a la recurrente a su cargo titular, pagándole todas las remuneraciones devengadas entre su desvinculación y la reincorporación efectiva, absteniéndose de incurrir nuevamente en dichas conductas, con costas del recurso.

Acompaña resolución Nº4051, de 22 de abril de 2019, que decreta el cese de la contrata; copia de licencia médica de 18 de abril de 2019, notificada el 22 de abril por correo electrónico; y personería.

A folio Nº3, se declaró admisible el recurso y se concedió orden de no innovar en el sentido de suspender los efectos de la resolución recurrida.

A folio Nº5, se evacúa informe por el recurrido, quien señala en síntesis que la actora renunció a su cargo titular en el año 2014, cuestión que consta en Resolución Afecta Nº439, de 19 de agosto de 2014, por lo que se produjo la vacancia de su cargo.

Agrega que la renuncia es una de las causales de término del empleo público, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 145 del Estatuto Administrativo.

Finalmente, refiere que, al haber reingresado la recurrente como funcionaria a contrata al Hospital de Ancud, el recurrido ha ejercido las facultades que la ley le confiere ara poner término a ésta, en el entendido que aquellas son eminentemente temporales, concluyendo los 31 de diciembre de cada año, o cuando el Servicio lo decida por resolución fundada.

Acompaña resoluciones citadas en su informe y antecedentes administrativos respecto de la recurrente.

A folio Nº7, encontrándose en estado de ver se trajeron los autos en relación.

A folio Nº8, se agregaron extraordinariamente a la tabla.

Previo a la vista de la causa, la recurrente acompaña dictamen de Contraloría General de la República Nº100.573/2018, de 2 de marzo de 2018, que en lo pertinente señala que, según los registros de personal de dicha entidad de control, la recurrente detenta el cargo titular grado 14º EUS en el Hospital de Ancud, sin hacer referencia a una resolución que apruebe renuncia voluntaria de la misma en el año 2014.

Asimismo, acompañó certificado de no haber sido sujeto la recurrente de sumario administrativo alguno y antecedentes de relación de servicios de la actora emanados de la antes referida entidad de control.

A folio Nº12, se decretó como trámite pedir informe a la Contraloría Regional que informe a partir de sus registros de personal de la Administración del Estado, si la recurrente detenta a la fecha la calidad de funcionaria titular.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que la presente acción se dirige contra la decisión del Director (S) del Hospital de Ancud, contenida en la Resolución Exenta Nº4051, de 22 de abril de 2019, que puso término a la relación laboral de carácter estatutario habida entre las partes, por estimar que aquella ha decretado su desvinculación total del Servicio por término de la contrata que servía, aun cuando la funcionaria mantendría la calidad de titular grado 14º EUS.

Segundo: Que la defensa de la recurrida trasunta sobre la base que la actora fue nombrada en un cargo titular grado 14º EUS, por resolución de Resolución Nº239, de 12 de noviembre de 2012, pero que por Resolución Nº439, de 19 de agosto de 2014, se aprobó la renuncia voluntaria de la recurrente y, en consecuencia, se produjo la vacancia de su cargo.

Tercero: Que previo a la vista de la causa, se decretó como trámite la petición de informe a la Contraloría Regional, para que dicho organismo aclarara antecedentes contradictorios de ese origen, en relación con la calidad jurídica de titular o no de la recurrente, a la fecha de los actos que se denuncian en la acción.

En ese sentido, el órgano contralor señaló que: “revisado el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado -SIAPER-, que administra esta Entidad Fiscalizadora, consta que la señora nombre reservado mantuvo la titularidad de la plaza que servía, esto es, un cargo de la planta profesional, grado 14° de la E.U.S., hasta el 8 de agosto de 2014, data a partir de la cual se aceptó́ su renuncia voluntaria, la cual fue sancionada por la resolución N° 439, de esa misma anualidad, del Servicio de Salud Chiloé́, prestando servicios con posterioridad a esa fecha, solo mediante nombramientos en calidad de contrata, hasta la expedición de la resolución exenta TRA N° 134, de 6 de junio de 2019, del mencionado Servicio, que dispuso el término anticipado de sus funciones”.

Cuarto: Que el mérito de lo informado por la Contraloría Regional se condice con la defensa alegada por la recurrida y el tenor de los documentos acompañados por ésta al evacuar su informe, por lo que la acción deducida no encuentra correlato jurídico y material que haga procedente su estimación en este capítulo, al no aparecer al menos como indubitado para efectos de este recurso, la calidad del titular que invoca respecto un cargo de planta.

Quinto: Que la actora introduce en su recurso, de manera subsidiaria, una alegación en torno a la improcedencia de la Resolución que decretó el término anticipado de su contrata, argumentando que aquella carece de suficiente y racional fundamentación, atentando contra el principio de la legítima confianza y además que habría sido dictada mientras la funcionaria estaba haciendo uso de licencia médica.

Sexto: Que en cuanto a la fundamentación de la resolución impugnada, esta razona sobre la base que la recurrente servía un cargo por encomendación de funciones, que es requerido para el funcionamiento de la Unidad de Finanzas de la institución y que no ha sido posible implementar producto de las constantes ausencias de la actora por licencias médicas, lo que entorpece el normal funcionamiento de la Unidad y ha obligado a dividir las funciones econmendadas en distintos funcionarios del Hospital, por lo que teniendo en consideración los principios de continuidad y eficiencia se adopta la decisión desvinculatoria.

De esta manera, atendidos los antecedentes que obran en autos y los argumentos vertidos por las partes en sus presentaciones, la resolución atacada aparece debidamente fundada en el hecho y en el derecho, por lo que no se vislumbra la ausencia de razonable fundamentación que invoca la actora y que permita estimar lesionado el principio de confianza legítima en la especie.

Séptimo: Que en cuanto a la alegación subsidiaria en torno a encontrarse la funcionaria haciendo uso de licencia médica a la fecha de su desvinculación, lo cierto es que la resolución que se ataca señala expresamente que surtirá sus efectos al día hábil siguiente a su notificación, lo que debe entenderse sin perjuicio de la suspensión de los mismos por encontrarse la trabajadora haciendo uso de licencia para el caso que aquella no pueda ser notificada por esta causa.

Luego, debe recordarse además que en la legislación laboral común el empleador no puede invocar la causal del artículo 161 del Código del Trabajo respecto de trabajadores que esté haciendo uso de licencia médica, pero ello no obsta a su desvinculación por resolución fundada en el ejercicio de una facultad discresional de la Administración contemplada en la Ley Nº18.834 y que requiere sólo de suficiente y racional justificación en la medida adoptada.

En cualquier caso, consta de los antecedentes que acompaña la propia recurrente que ésta se notificó personalmente de la decisión que impugna el mismo día 22 de abril de 2019, firmando un acta al efecto, fecha en que habría estado haciendo uso de licencia médica; y, a mayor abundamiento, acompañó un documento en que consta que si bien la notificación de la licencia al empleador se hizo el mismo día 22, el día 24 del mismo mes y año se dictó resolución de rechazo de la misma, por reposo injustificado, el que se extendía por 220 días a esa data.

Dichas consideraciones llevan a estos sentenciadores a desestimar lo alegado por la recurrente en este capítulo de impugnación, como se dirá.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y artículo 1º y siguientes del Acta Nº94-2015, de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección y sus modificaciones posteriores, se declara:

I.- Que se rechaza la acción interpuesta a folio Nº1, por estimar que en la especie no concurren los requisitos de procedencia de ésta, en especial, no se vislumbra actuación ilegal o arbitraria alguna de la recurrida que haya podido amagar el ejercicio de los derechos fundamentales de los denunciantes.

II.- Que no se condena en costas a la parte recurrente, por haber tenido motivo plausible para litigar.

Redacción a cargo del Presidente Sr. nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección Nº954-2019.