Recurso de protección

Puerto Montt, catorce de agosto de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparece el abogado Cristian Leiva Sánchez, en favor de nombre reservado y su hija nombre reservado, interponiendo acción de protección contra el Instituto nombre reservado y su rector nombre reservado, acusando que éstos incurrieron en actos ilegales y arbitrarios al dictar, mediante un procedimiento sancionatorio iniciado el 16 de junio de 2025, la expulsión de nombre reservado —alumna desde nivel medio menor y actualmente cursando IV° Medio—con matrícula vigente y antecedentes médicos que daban cuenta de diagnósticos de trastorno ansioso depresivo, trastorno de personalidad límite y TDAH con predominio hiperactivo-impulsivo, todos informados al colegio, con tratamiento psiquiátrico, psicológico y farmacológico.

Relata que, el 13 de junio de 2025, en la mañana, la alumna sufrió una crisis de desregulación emocional en el establecimiento, requiriendo medicación ansiolítica de emergencia, sin que se activara el Protocolo N° 10 del Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) (sobre respuestas a situaciones de desregulación emocional) ni se informará a sus padres.

Indica que, esa tarde, durante una actividad deportiva “Intercursos”, sin presencia de inspectores ni profesores, atendido que la alumna participaba en disciplinas de voleibol, basquetbol y fútbol, en el desarrollo de un partido, la alumna nombre reservado sintió acoso verbal, hostigamiento por alumnos de primero medio, desencadenando una nueva crisis durante el día, lo que conllevó que en un momento de colapso emocional salió del partido, subió a las gradas y golpeó a una alumna de primer año medio, que se había burlado de ella, causándole lesiones leves.

Sostiene que, luego, nombre reservado fue llevada por un compañero fuera del colegio y trasladada por su madre a urgencias de la Clínica Andes Salud, donde fue diagnosticada con crisis de ansiedad, riesgo de autolesiones y rabdomiólisis, requiriendo hospitalización para evitar insuficiencia renal, agregando que el colegio abrió proceso sancionatorio y notificó suspensión preventiva por 10 días, pero sin detallar hechos imputados, pues solo se mencionó “los hechos acaecidos el 13 de junio que afectan gravemente la convivencia escolar”. Argumenta que, tampoco se les explicó claramente el derecho a presentar pruebas, derecho de formular descargos, plazos ni entrevistas formales, y sin garantizar bilateralidad ni acceso a la investigación, limitándose a comunicaciones genéricas.

Argumentan que, los padres entregaron antecedentes médicos, declaración escrita y carta de disculpas de nombre reservado a la afectada, sin que conste su ponderación en la decisión adoptada, y el 25 de junio se notificó la expulsión por falta gravísima del artículo 159 N° 9 del RICE (Reglamento Interno de Convivencia Escolar), sin fundamentar ni acreditar que la permanencia de la alumna implicara riesgo real y actual, y el día 7 de julio se rechazó la reconsideración presentada, persistiendo la falta de motivación y la negativa a entregar copia completa del expediente. Acusan infracción del propio RICE (Reglamento Interno de Convivencia Escolar), que define la expulsión como medida “extrema y última ratio”, exige valorar circunstancias atenuantes (al menos tres concurrentes: salud mental diagnosticada y conocida, disculpas espontáneas, y provocación), considerar criterios del artículo 116 y aplicar medidas formativas previas, nada de lo cual se cumplió; tampoco se evaluaron agravantes, ni se explicó por qué no se optó por sanciones menores del artículo 123.

Alegan que, el procedimiento violó principios del debido proceso, la Ley N° 20.529, la Ley General de Educación (artículos 11 y 46 letra f), la Resolución Exenta N° 0395 de la Superintendencia de Educación y tratados internacionales, transformando la actuación del colegio en una “comisión especial” carente de legalidad, tipicidad, proporcionalidad y juridicidad. Señalan que la expulsión vulnera el derecho de propiedad sobre la condición de alumna, la progresión académica y la obtención de título, además de su derecho a la vida e integridad psíquica, afectando gravemente su salud mental y derecho a la educación, al ser impuesta en mitad de año, impidiendo su matrícula en otro establecimiento.

Solicitan declarar ilegal y arbitraria la expulsión, dejándola sin efecto, ordenar su reincorporación inmediata al régimen ordinario —o, subsidiariamente, que la sanción se ejecute al final del año escolar—, adoptar medidas para restablecer el imperio del derecho y condenar en costas a las recurridas.

Acompaña: 1) Acta de entrevista y carta de notificación de inicio de procedimiento de 16 de junio de 2025; 2) Certificado médico de psiquiatra, de 08 de octubre de 2024; 3) Certificado médico de la psiquiatra de la recurrente, de 29 de mayo de 2025; 4) Certificado psicológico de 28 de mayo de 2025; 5) Certificado médico de reposo y atención de urgencia, de 13 de junio de 2025; 6) Carta de disculpas enviada por la recurrente a la alumna afectada; 7) Copia de correo electrónico de 19 de junio de 2025, enviado por nombre reservado a los padres de la recurrente; 8) Acta de entrevista y carta de notificación de resolución de procedimiento de 25 de junio de 2025; 9) Certificado psicológico de la recurrente de 26 de junio de 2025; 10) Solicitud de reconsideración presentada por los padres de la recurrente, de fecha 27 de junio de 2025; 11) Acta de entrevista y carta de notificación de resolución de la medida de expulsión de 07 de julio de 2025; 12) Copia de correo electrónico de 11 de julio 2025; 13) Reglamento Interno de Convivencia Escolar vigente 2025; 14) Anexo VII Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2025.

A folio 10, comparece el abogado Matías Bauer Gachet, en representación de la Corporación Instituto nombre reservado, quien solicita el rechazo del recurso por carecer de fundamento, alegando que no ha existido acto u omisión arbitraria o ilegal en la expulsión de la estudiante nombre reservado, ex alumna del establecimiento hasta julio de 2025.

Expone que, el colegio es sostenido por una corporación educacional con más de 150 años de existencia, con un Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar elaborado conforme a la Ley N° 21.128, la Circular N° 482/2018 de la Superintendencia de Educación, el artículo 46 de la Ley General de Educación y demás normativa vinculante, debidamente publicado y socializado en la comunidad educativa, conteniendo procedimientos, tipificación de conductas y sanciones, incluyendo el anexo “Procedimiento de expulsión y cancelación de matrícula”. El hecho base del procedimiento sancionatorio ocurrió el 13 de junio de 2025, durante una actividad deportiva “Intercursos” organizada por el centro de alumnos, sin supervisión directa de adultos en la cancha, en que la estudiante, tras sentirse sobrepasada por supuestas burlas de alumnos de primero medio, agredió violentamente a la alumna nombre reservado, la insultó, propinándole golpes de puño en el rostro, tirones de pelo, caídas al suelo y patadas, causándole lesiones en rostro y cuero cabelludo, conducta tipificada como falta gravísima que afecta gravemente la convivencia escolar según el artículo 159 N° 9 del Reglamento Interno; que, en aplicación del principio de legalidad y del procedimiento interno inspirado en la Ley N° 21.128 “Aula Segura”.

Refiere que, la conducta de agredir físicamente a una estudiante, causarle lesiones, es grave y de riesgo para la comunidad, lo que constituye falta gravísima en su Reglamento Interno, y trae asociado la medida disciplinaria de expulsión.

Sostiene que, el rector notificó a los apoderados el inicio del procedimiento el 16 de junio de 2025, indicando la falta imputada, sus derechos, la medida cautelar de suspensión por 10 días y la posibilidad de presentar descargos y solicitar reconsideración; y el mismo día se realizó entrevista con los apoderados, recibiéndose también, una carta de la estudiante recurrente donde reconoció haber consumido sus medicamentos y alcohol antes del partido, explicando ello como causa de su agresión.

Indica además que, el 25 de junio de 2025 se notificó la decisión del rector de aplicar la expulsión, fundada en declaraciones de testigos, actas de docentes, hoja de vida de la alumna y antecedentes médicos, informando la posibilidad de apelación; señalando que el 27 de junio de 2025 se presentó la solicitud de reconsideración, la que fue conocida el 4 de julio del presente año por el Consejo de Profesores, órgano consultivo que recomendó mantener la expulsión, decisión confirmada y notificada el mismo día; sosteniendo también que se respetaron todas las etapas del procedimiento, con plazos, responsables y formalidades, asegurando el derecho a defensa, lo que descarta arbitrariedad o ilegalidad; sosteniendo además que la autonomía escolar ampara la aplicación de sanciones previstas en su reglamento, Argumenta también que, las necesidades educativas especiales no eximen de responsabilidad disciplinaria, y que la norma sobre expulsión exige un riesgo real y actual, configurado en este caso por las lesiones efectivas; rebatiendo las garantías invocadas, indicando que el derecho de propiedad educacional, artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, está sujeto al cumplimiento de las normas internas aceptadas por contrato, que el debido proceso del artículo 19 N° 3 inc. 6 no es tutelable vía protección, y que no hubo afectación a la integridad psíquica (artículo 19 N° 1), pues el colegio ofreció apoyo psicológico; que considera improcedente alegar nulidad por esta vía, ya que la actuación se ajustó a la normativa y a pronunciamientos de la Superintendencia de Educación; y que, en mérito de lo anterior y de la abundante prueba documental acompañada — notificaciones, declaraciones, actas, cartas, antecedentes médicos, reglamento y anexos—, solicita rechazar el recurso, con expresa condena en costas.

Acompaña a su informe: 1) Set Notificaciones practicadas a los apoderados que dan cuenta del inicio de procedimiento, aplicación de la medida y la confirmación de la misma; 2) Set de declaraciones de estudiantes testigos de los hechos ocurridos; 3) Acta de declaración del docente del colegio que dio cuenta de lo ocurrido; 4) Acta de entrevista con los apoderados de los estudiantes involucrados; 5) Carta de descargos escrita por la recurrente; 6) Escrito de reconsideración de medida disciplinaria; 7) Acta consejo de profesores; 8)

Constancia médica de nombre reservado; 9) Constancia de denuncia ante el Ministerio Público; 10) Copia de correo electrónico enviado por psicóloga del colegio a los padres de la recurrente; 11) Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar 2025; 12) Anexo de Procedimiento de Expulsión y Cancelación de matrícula.

A folio 23, se dispuso prescindir del informe respecto del recurrido don nombre reservado.

Encontrándose en estado de ver, se trajeron los autos en relación, agregándose a la tabla.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva o amenaza ese atributo. Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Segundo: Que, de lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que, de acuerdo a lo relatado en la parte expositiva del presente fallo, la conducta que motivó la interposición del recurso de protección consiste en la expulsión de la alumna de cuarto medio nombre reservado, recurrente de autos, decretada por el establecimiento educacional recurrido, por agresión física a otra alumna, tras sentirse sobrepasada por supuestas burlas de alumnos de primero medio, en que agredió físicamente a la alumna nombre reservado, la insultó, propinándole golpes, causándole lesiones en rostro y cuero cabelludo, conducta tipificada como falta gravísima que afecta gravemente la convivencia escolar según el artículo 159 N° 9 del Reglamento Interno; en aplicación, según sostiene la recurrida, del principio de legalidad y del procedimiento interno inspirado en la Ley N° 21.128 “Aula Segura”.

Cuarto: Que, para una adecuada comprensión del asunto sometido al conocimiento de esta Corte, resulta útil tener presente que la alumna en cuyo favor se recurre, presenta un buen rendimiento escolar, académico y de actividades extraprogramáticas y extracurriculares, carece de anotaciones disciplinarias previas en este sentido, habiendo además cursado toda su enseñanza básica y media en el establecimiento recurrido, hasta la fecha de la expulsión. Todo lo anterior, no fue controvertido por la parte recurrida.

Que, además consta en autos que la alumna respecto de la cual se decreta la medida de expulsión, ha presentado distintos problemas de salud mental, cuyo diagnóstico estaba en conocimiento del colegio recurrido, establecimiento que se encontraba informado, tanto del tratamiento médico, como del tratamiento psicológico y farmacológico de la alumna recurrente, lo que es reconocido por el propio establecimiento Corporación Instituto nombre reservado, al evacuar informe a folio 10, y conforme a los antecedentes que acompaña.

Que, a mayor abundamiento, no obstante lo informado por la recurrida Corporación Instituto nombre reservado, el también recurrido Sr. nombre reservado, en su calidad de rector del establecimiento educacional, no presentó el informe solicitado por esta Corte, no obstante haberle efectuado el requerimiento con fecha 24 de julio de 2025, según consta a folio 4, debiendo adoptarse -en consecuencia- la decisión de prescindir de dicho informe, conforme a resolución de folio 23, para proceder a la vista de la causa, dada la naturaleza cautelar y de urgencia que es propia de la acción de protección intentada, conforme a lo establecido en la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que regula la tramitación del recurso de protección.

Quinto: Que, en este contexto, y tratándose, según se advierte, del único incidente registrado de estas características en la historia escolar de la recurrente nombre reservado, concurriendo, según consta en autos, algunos elementos de agresión verbal por parte de otros alumnos de la comunidad escolar, resultando efectivo que la agresión protagonizada por la recurrente constituye una conducta grave que amerita la aplicación de una sanción, resulta evidente para esta Corte que la expulsión resulta completamente desproporcionada.

En efecto, se advierte el poco manejo de la situación ocurrida por parte del establecimiento educacional recurrido a través de las respectivas autoridades a cargo, y además, de todos los antecedentes que obran en autos, se advierte una nula disposición de los recurridos por generar una instancia de exámenes libres u otro mecanismo que permitiera a la alumna finalizar sus estudios de educación media, considerando que se encuentra en el último año para ello, optando el establecimiento educacional recurrido por la decisión más dura y radical, sin asumir el rol orientador y educativo que le es propio, sobre todo teniendo presente, como ya se señaló, que la recurrente es una alumna de buen rendimiento escolar académico y extraprogramático, previo a la agresión a la alumna nombre reservado, conociendo además el establecimiento recurrido de sus problemas de salud mental, tratamiento médico, psiquiátrico y farmacológico, teniendo presente además, que la recurrente presentó formalmente carta de disculpas a la estudiante agredida, a través del propio establecimiento educacional recurrido.

Sexto: Que, de acuerdo a lo razonado y siendo la expulsión una medida de última ratio que fue adoptada respecto a una alumna sin antecedentes de mal comportamiento como el que motivó la medida de expulsión, y con especiales necesidades educativas, en atención a su condición de salud mental y la omisión por parte del establecimiento recurrido de la adopción de las acciones necesarias, la medida de expulsión aplicada será dejada sin efecto, por resultar completamente desproporcionada, lo que la torna arbitraria y vulneradora, principalmente, de la integridad psíquica de la alumna recurrente nombre reservado.

A mayor abundamiento, más desproporcionada parece la medida de expulsión adoptada, considerando que la estudiante actualmente se encuentra cursando cuarto año de educación media, y el colegio recurrido ni siquiera le entregó la opción de rendir exámenes libres u otra medida que le permita finalizar sus estudios de educación media y año escolar, teniendo presente que considerando nivel que actualmente cursa la recurrente y la etapa del año escolar, resulta prácticamente imposible encontrar otro establecimiento educacional para una estudiante de cuarto medio, a la fecha de la medida y, por cierto, a la fecha de interposición del presente recurso de protección.

Séptimo: Que, los hechos antes descritos constituyen, a juicio de estos sentenciadores, una acción u omisión arbitraria o ilegal producto del mero capricho de quién incurrió en él, en este caso de la parte recurrida Instituto nombre reservado y su rector nombre reservado, que ha provocado la situación o efecto que se ha indicado por la parte recurrente, afectando las garantías preexistentes protegidas respecto de la recurrente nombre reservado, cuestiones todas que permiten concluir que, en la especie, se ha verificado la afectación a las garantías fundamentales que se denuncian en el libelo pretensor, por lo que la presente acción deberá ser acogida en el sentido que se dirá en la parte resolutiva del fallo.

Octavo: Que, no obstante lo anterior, será deber del establecimiento educacional, así como de la propia recurrente y sus apoderados o sostenedores, velar por el adecuado comportamiento y acompañamiento de la alumna, debiendo entregarse el apoyo necesario para que la recurrente pueda reincorporarse de manera adecuada a la comunidad educacional, con el único objetivo de poder finalizar su año escolar, debiendo mantener una buena conducta con los demás integrantes de la comunidad escolar a la que pertenece. Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y artículo 1º y siguientes del Acta Nº 94- 2015, de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección y sus modificaciones posteriores, se declara:

I.- Que, se acoge, sin costas, la acción interpuesta a folio 1, por nombre reservado y su hija nombre reservado en contra del Instituto nombre reservado y de don nombre reservado, en su calidad de Rector del establecimiento recurrido, debiendo incorporarse una copia de esta sentencia a la hoja de vida de la alumna ya individualizada.

II.- Que, en consecuencia, se deja sin efecto medida de expulsión decretada respecto de la recurrente nombre reservado, y se ordena al establecimiento recurrido, Instituto nombre reservado, proceder a la reincorporación de la alumna nombre reservado, en cuarto año de educación media, para el año escolar 2025, con el correspondiente acompañamiento del colegio. Redacción de la Abogada Integrante María Paz Olavarría Pérez. Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Protección Rol N° 950-2025.