ARCOS DORADOS RESTAURANTES DE CHILE LTDA CONTRA INSPECCION PROVINCIAL DEL TRABAJO DE PUERTO MONTT Y OTRO

nombre reservado, veinticuatro de junio de dos mil dieciséis.

VISTOS:

Que a fojas 80 comparece ante esta Corte don Pedro Matamala Souper, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de Arcos Dorados Restaurantes de Chile Limitada, persona jurídica del giro de su denominación, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado; quién deduce recurso de protección en contra la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado, representada por la Jefa de Inspección Provincial doña nombre reservado, y en particular en contra de su funcionario dependiente don nombre reservado, fiscalizador, todos domiciliados en domicilio reservado, nombre reservado; en base a los argumentos que, en lo pertinente, se exponen a continuación.

Señala que el 29 de febrero de 2016 una fiscalizadora dependiente de la recurrida Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado ejecutó el procedimiento de fiscalización N°233-2016 en un establecimiento de su representada, ubicado en el local N°309 del Mall Costanera de esta ciudad y comuna. En dicho procedimiento se constató por la funcionaria lo siguiente: “No llevar correctamente el registro de asistencia y de horas trabajadas al no consignar la firma a la hora de salida (la hora de entrada y salida) respecto de los trabajadores y períodos según el siguiente detalle: doña nombre reservado, día 29/02/2016, habiéndose instruido el abandono del lugar de trabajo por acumular más de 2 períodos de feriado legal esta se retira sin consignar -firma su salida-. En esa oportunidad trabajadora y empleador dijeron que obedecía a que esta no registraba asistencia por ser coordinadora de turno, sin embargo durante el transcurso de la fiscalización, la fiscalizadora actuante observó que la trabajadora nombre reservado recibió instrucciones y fue fiscalizada por su jefe directo don nombre reservado”.

Precisa que tales hechos fueron catalogados por el fiscalizador como constitutivos de la siguiente infracción: “No llevar correctamente registro de asistencia y determinación de las horas de trabajo, infringiendo el artículo 33 y 506 del Código del Trabajo con relación al artículo 20 del reglamento 969 de 1933”, imponiendo a la recurrente una multa de 60 UTM, equivalente a $2.697.300.

Agrega que, frente a tales hechos, interpuso reconsideración administrativa N°8225/16/5-3, mediante presentación de 14 de abril de 2016, cuya resolución se encuentra pendiente.

Afirma que, no obstante lo anterior, la recurrida inició un segundo procedimiento de fiscalización, signado con el N°712 de “2015”, ejecutado mediante fiscalización de 19 de abril de 2016, en el mismo local comercial, en relación a los mismos hechos materia de la fiscalización de29 de febrero de 2016, oportunidad en que se constató por el fiscalizador lo siguiente: “Excluir de la limitación de jornada ordinaria sin cumplir requisitos legales a trabajadora nombre reservado y nombre reservado, cuya naturaleza de sus servicios no cumple con requisitos legales establecido en art 22, al no desempeñar efectivamente las labores de gerente, ya que desarrolla reemplazo a subgerente de restaurante don nombre reservado sin facultad de administración y con supervisión directa y cercana de esta persona indicada, cumpliendo una jornada semanal que se asigna de lunes a domingo de 45 horas la cual no es reflejada en control...”, precisando, el actor, que en el acta respectiva se incurrió en un error al consignar como empleador a una persona jurídica diversa.

Expresa que, en el acto de la segunda fiscalización, el funcionario fiscalizador advirtió a personal de la actora que cursaría la multa, que estaba en conocimiento de la existencia de un procedimiento de fiscalización anterior cuya reconsideración estaba pendiente, pero que, no obstante ello, seguiría cursando multas hasta la corrección de la infracción constatada .

Estima que se ha producido, entonces, una duplicidad de procedimientos administrativos, contra el mismo sujeto pasivo, respecto del mismo local, en relación a idénticos hechos, en circunstancias que la reconsideración a la primera sanción se encontraba pendiente, por lo que la recurrida debió abstenerse de iniciar nuevos procedimientos de fiscalización, al menos, hasta la resolución del referido recurso administrativo.

Indica, en cuanto a la existencia de la infracción, que en la especie no se ha incurrido en contravención normativa alguna, por cuanto los trabajadores en cuestión, según sus contratos de trabajo, se encuentran afectos al artículo 22 del Código del Trabajo, no aplicándose, a su respecto el límite de jornada y la obligación de registro invocada por el fiscalizador, quien ha excedido el ámbito de sus facultades, toda vez que se ha atribuido facultades propias y exclusivas de los tribunales de justicia, sin fundamentar racionalmente el acto impugnado.

Precisa, acto seguido, que el acto impugnado dice relación con el inicio de la fiscalización N°712 de “2015” y la constatación de hechos de 20 de abril de 2016, hace referencia a las normas aplicables, cita jurisprudencia, justifica la ilegalidad y arbitrariedad de la conducta, alude como vulneradas las garantías establecidas en los numerales 2 y 3 incisos 5° y 6°, ambos del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y solicita sea acogida la presente acción constitucional, declarando que el actuar de la parte recurrida es arbitrario y/o ilegal, que han privado, perturbado o al menos amenazado las garantías constitucionales que se han señalado como conculcadas, ordenándose el cese de los actos vulneratorios y declarando que se suspendan todos los efectos de los actos impugnados en forma completa, ordenando a la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado, que se inhiba de seguir conociendo, y se suspendan todos los efectos de la eventual multa que curse en relación a los referidos hechos, o se adopte cualquier otra medida para restablecer el imperio del derecho, que se estime pertinente en este caso, y se condene en costas a la contraria.

Que a fojas 112 se tuvo por interpuesto el recurso denegándose orden de no innovar.

Que a fojas 178 informa doña nombre reservado, abogada de la Dirección del Trabajo, quien, en primer lugar, alega la improcedencia de la acción dirigida en contra de la Inspectora Provincial del Trabajo de nombre reservado por no tener ella participación ni vinculación con los hechos invocados, pues la resolución de multa N°8225/2016/5-3 y el proceso de fiscalización N° 1001/2016/712, no son actos emanados de la Inspectora Provincial del Trabajo de nombre reservado Subrogante doña nombre reservado, sino que la multa recurrida es un acto dictado por la fiscalizadora doña nombre reservado y el procedimiento de fiscalización recurrido fue efectuado por el fiscalizador don nombre reservado, quienes son dependientes de la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado. La fiscalizadora Sra. nombre reservado en el ejercicio de sus funciones cursó la multa antes individualizada a la recurrente ante la verificación del incumplimiento por parte de ésta de la normativa laboral y el fiscalizador Sr. nombre reservado en el ejercicio de sus funciones y atribuciones realiza el proceso de fiscalización ya indicado. De lo dicho se sigue que, en dichos actos, la Inspectora del Trabajo recurrida no ha tenido participación alguna.

Alega, en segundo lugar, la improcedencia de la acción en atención a que el asunto de autos no origina una cuestión constitucional que deba ser tutelada por el recurso de protección, pues éste constituye jurídicamente una acción cautelar de naturaleza extraordinaria y excepcional encaminada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o entorpezca dicho ejercicio, no estando destinado a reemplazar los procedimientos específicos que contempla la ley para la defensa de los derechos de quien se siente perjudicado por la dictación de una resolución administrativa o por un proceso de fiscalización, como sucede justamente en el caso de autos. Si bien es cierto la acción constitucional es “sin perjuicio de otros derechos que pueda hacer valer el afectado ante la autoridad o los tribunales correspondientes” sucede que en la especie lo que se recurre es acto administrativo y un proceso administrativo, que no genera un conflicto constitucional que deba ser conocido vía recurso de protección, en el entendido que el recurso de protección corresponde a un proceso sumario para la tutela urgente y privilegiada de los derechos fundamentales indubitados, y no un mecanismo ordinario de control contencioso administrativo. En la especie se ha usado este arbitrio constitucional como un recurso jurisdiccional, lo cual no puede admitirse dado que se transformaría en un medio de impugnar toda suerte de resoluciones de entidades administrativas, que actúan dentro del marco de sus competencias. Tal interpretación ha sido sostenida reiteradamente por la Excma. Corte Suprema y por Cortes de Apelaciones en fallos que cita.

Insiste en que lo anterior cobra fuerza, además, por el hecho que con anterioridad a la fecha de interposición de la acción de autos (19.05.2016), se interpuso ante la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado solicitud de reconsideración de la multa N° 8225/16/5-1,2 y 3, con fecha 22.04.2016, conforme a lo dispuesto por el artículo 511 del Código del Trabajo, encontrándose pendiente de resolución. Por consiguiente, como el asunto debatido tiene un procedimiento especial establecido en nuestro ordenamiento jurídico laboral y la parte ha hecho uso de sus derechos en esa sede idónea, resulta evidente que la presente acción es improcedente.

Expresa, en cuanto al fondo, que la resolución administrativa de multa N° 8225/2016/5-3 y el procedimiento de fiscalización N° 1001/2016/712 que se impugnan, no constituyen de manera alguna actos arbitrarios e ilegales que afecten las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, pues, reseñando el concepto de ilegalidad y arbitrariedad, y detallando los pormenores del principio de legalidad, afirma que ellos se enmarcan en el ejercicio de facultades propias y en el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 1, 18 y 23 del DFL N°2 de 1967, y en los artículos 33, 503 y 505 del Código del Trabajo, normas que cita, concluyendo que, de acuerdo al marco normativo anteriormente expuesto, la fiscalizadora Sra. nombre reservado se constituye en terreno en su calidad de ministro de fe y verifica, tras la revisión documental respectiva, realización de entrevistas y su percepción ocular, que el empleador se encontraba en infracción al no llevar correctamente el registro de asistencia y de horas de trabajo al no consignar la firma a la hora de salida de la trabajadora individualizada y por el periodo que se indica en la resolución de multa, todo de lo que se da cuenta en detalle en el respectivo informe de Exposición, documento que acompaña en otrosí del Informe.

Refiere que no se aprecia cómo podría estimarse arbitraria la resolución administrativa de multa que se impugna y el procedimiento de fiscalización N° 1001/2016/712, pues la finalidad abierta y transparente de la fiscalización y de la sanción aplicada es desincentivar la conducta infraccional multada. Acto arbitrario es aquel acto antijurídico, contrario a derecho o inmotivado, que carece de fundamento razonable, parece ser fruto del mero capricho, o que pudiera perseguir una finalidad torcida a la normativa que lo rige, lo que no ha tenido lugar en este caso, ya que, las actuaciones recurridas tienen su origen en denuncias presentadas y, en el caso de la resolución de multa recurrida, se dicta una vez que la fiscalizadora en uso de sus atribuciones privativas contenidas en la normativa antes expuesta, se constituyó en la empresa recurrente y, luego de constatar la efectividad de las infracciones a la legislación laboral, procedió a dictar la Resolución de multa objeto de este recurso, siguiendo el procedimiento administrativo dispuesto al efecto.

Insiste, respecto del procedimiento de fiscalización N° 1001/2016/712 que se impugna, en especial, el acta de constatación de hechos en terreno, que dicho documento es un testimonio que el fiscalizador extiende en su calidad de ministro de fe, en el ámbito de sus labores de fiscalización, para verificar los antecedentes de las denuncias interpuestas en contra del empleador o vinculadas a la posible configuración de situaciones de infracción que puedan dar lugar a una multa. Por consiguiente, el acta de constatación de hechos en terreno es una actuación preliminar o preparatoria a una ulterior decisión de la autoridad, que puede o no importar la aplicación de una multa, respecto de la cual las normas antes indicadas no contemplan instancias de impugnación, lo que si hace el Código del Trabajo en relación con las sanciones que, en definitiva, se apliquen; por lo que no corresponde que este acto –el acta- sea impugnado.

Estima que ha actuado en el ejercicio de las funciones fiscalizadoras que le son propias, conforme lo dispuesto en el artículo 1 del DFL N°2 de 1967, atribución que debe entenderse conlleva la facultad de calificar situaciones de hecho, pues afirmar lo contrario implicaría que la Dirección del Trabajo sólo podría ejercer sus facultades sobre infracciones claras y precisas, por lo que, a contrario sensu, debiésemos entender que existen otro tipo de infracciones que serían “obscuras, confusas o escondidas", lo cual es contrario al ordenamiento laboral toda vez que las normas del Código del Trabajo no están dispuestas de esta manera, siendo una distinción artificial, conclusión que es ratificada en nutrida jurisprudencia que cita.

Afirma, por otro lado, que no se ha vulnerado el principio “non bis in ídem”, pues de la sola lectura de la resolución de multa recurrida en relación con el acta de constatación de hechos en terreno resulta patente que en este caso no existe triple identidad, dado que el acta de constatación refiere a un hecho infraccional distinto, esto es, excluir de la limitación de la jornada ordinaria sin cumplir requisitos legales, pero además dicha acta corresponde a un acto en trámite y no a un acto terminal, finalizando el proceso de fiscalización N°1001/16/712, sin una multa cursada. Por lo tanto, no es efectivo que existan dos sanciones por idénticos hechos como lo sostiene la recurrente, solo existe una sanción cursada por no llevar correctamente registro de asistencia conforme la resolución N° 8225/16/5-3.

Argumenta que no se han conculcado las garantías constitucionales denunciada, pues, por un lado, no queda claro de qué manera mediante una resolución de multa y un acta de constatación de hechos en terreno se pueda afectar la igualdad ante la ley de la empresa recurrente, ya que no se aprecia discriminación alguna en contra de ella, más aun teniendo en cuenta que los procesos de fiscalización, la aplicación de la normativa e instrucciones vigentes, se hace respecto de todos los empleadores por igual, esto es, con apego irrestricto a las normas legales y a los procedimientos administrativos que rigen la materia, y en caso alguno ha establecido una diferencia arbitraria.

Expone que los fiscalizadores de ese Servicio actúan en virtud de las atribuciones que la propia ley les ha conferido, correspondiéndole constatar, a través del procedimiento de fiscalización específicamente establecido y regulado en la legislación, el cumplimiento de la normativa laboral, y sancionando en los casos en que la legislación no sea cumplida. Así las cosas, ellos no se constituyeron en comisión especial, pues en ningún momento han ejercido funciones jurisdiccionales, ni resolvieron cuestiones de fondo, simplemente se limitaron a realizar las funciones a ellos encargadas por ley, sin proceder a aplicar sanción alguna, resultando inevitable e indispensable que el fiscalizador deba definir y determinar, al menos preliminarmente, si los hechos que conoce y verifica se avienen o no se avienen con la legislación que los regula, cuestión que, de suyo, involucra una labor de calificación y subsunción inherente a la potencialidad sancionatoria, lo que en ningún momento significa un exceso de atribuciones por parte del fiscalizador, y por ende, constituirse en comisión especial, citando jurisprudencia en este sentido.

Estimando que al haber actuado la recurrida conforme a las facultades conferidas por la ley y en estricto apego al derecho vigente no ha conculcado ninguna garantía constitucional de la recurrente, insta por el rechazo del recurso.

Que a fojas 192, encontrándose la causa en estado de ser vista, se ordenó traer los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, encaminada y destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

SEGUNDO: Que en estos autos ha acudido a sede jurisdiccional a través de esta vía don Pedro Matamala Souper, abogado, en representación de Arcos Dorados Restaurantes de Chile Limitada, en contra la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado y, en particular, en contra de su funcionario dependiente don nombre reservado, cuestionando el inicio de la fiscalización N°712 de “2015” y la constatación de hechos de 20 de abril de 2016, conforme a los fundamentos que latamente se han detallado en lo expositivo de este fallo.

TERCERO: Que para determinar la suerte de la acción constitucional deducida es necesario analizar la concurrencia de sus dos elementos fundamentales, a saber: la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal y, que como consecuencia de aquello, se haya provocado un resultado consistente, en la especie, en la amenaza de algunos de los derechos o garantías amparados a través de esta vía.

CUARTO: Que, respecto del primer requisito desglosado, es posible concluir, al contrario de lo expuesto por el recurrente, que los hechos fiscalizados no pueden ser considerados como idénticos pues, aun cuando se trate la misma contravención normativa, lo cierto han sido hechos constatados en tiempos diversos, incluso respecto de sujetos distintos, en la medida que la segunda fiscalización hace referencia al incumplimiento de las obligaciones laborales de la recurrida respecto del trabajador nombre reservado, quien no fue mencionado en el primer acto.

QUINTO: Que, así, la existencia de una reclamación pendiente respecto de la multa impuesta con motivo de la primera fiscalización no constituye argumento suficiente para sostener que la recurrida se encontraba impedida de ejecutar nuevos actos fiscalizadores, precisamente cuando la obligación que se reputa incumplida es de aquellas que deben ser satisfechas continuamente en el tiempo, jornada tras jornada.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, en estrados el apoderado de la actora ha circunscrito el hecho impugnado a ciertas y determinadas expresiones proferidas oralmente por el funcionario fiscalizador en el segundo acto de fiscalización, hecho no acreditado de forma alguna mediante los antecedentes allegados a esta causa, lo que impide que su existencia se tenga por establecida.

SÉPTIMO: Que, así, no pudiendo tenerse por establecido el primero de los requisitos de procedencia de la acción constitucional sub lite, esto es la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, es que ella necesariamente deberá ser rechazada.

Por estas consideraciones, y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

I. Que SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto a fojas 80 por don Pedro Matamala Souper, abogado, en representación de Arcos Dorados Restaurantes de Chile Limitada, en contra la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado y, en particular, en contra de su funcionario dependiente don nombre reservado.

II. Que no se condena en costas a la recurrente por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Redactado por la Ministra Interina doña Ivonne Avendaño Gómez.

Rol 950-2016.