nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA

nombre reservado, uno de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparece el abogado Elio Antonio Olcese Rojas, cédula de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado, en favor de don nombre reservado, empleado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, de su mismo domicilio. Interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana RUT RUT reservado, representada legalmente por don nombre reservado, RUN RUT reservado, en su calidad de Gerente General, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Expone que el 28 de noviembre de 2018 contrajo un mutuo de dinero con la recurrida, denominado “crédito social”, que fue pactado en 20 cuotas, venciendo la primera el 31 de diciembre de 2018 y la última el 31 de julio de 2020, cuyos pagos se efectúan conforme al artículo 22 de la Ley N°18833. Enseguida indica que, por causas ajenas a su voluntad, transcurrido un par de meses, fue desvinculado de su trabajo. Luego afirma que, si bien durante los últimos años ha trabajado con diversos empleadores suscritos a Cajas de Compensación, no se le efectuaron descuentos de sus remuneraciones sino hasta enero de 2025, prolongándose hasta junio del mismo año y luego, desde noviembre.

Sostiene que dichos descuentos constituyen un acto ilegal y arbitrario, por intentar revivirse un derecho que el artículo 22 de la Ley N°18.833 otorga a las Cajas de Compensación para el cobro oportuno de créditos. Tal actuación también la califica irracional y abusiva y, por consiguiente, arbitraria, asegurando que debió dársele aviso del uso de dicha facultad, posibilitándole defenderse ante una deuda susceptible de ser declarada prescrita.

Previas citas de jurisprudencia, pide se ordene a la recurrida abstenerse de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuento de sus remuneraciones, el reintegro de cada una de las sumas descontadas, debidamente reajustadas y con los intereses que legalmente correspondan, con costas.

A folio 20 evacúa informe la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, que indica que en sus sistemas consta que el 22 de noviembre de 2018 se le otorgó al recurrente un crédito por $1.009.072 a pagarse en 20 cuotas de $71.722, el cual se encuentra solucionado.

Luego explica que el pago se efectuó por medio del sistema intercajas, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833 por parte de la Caja Los Andes entre febrero de 2025 y marzo de 2026.

Niega haber incurrido en un actuar ilegal o arbitrario, atendido el carácter social de los préstamos de dinero y posteriormente, agrega que la deuda no había sido declarada prescrita, puesto que ello requiere de una declaración judicial y tampoco había operado alguno de los otros modos de extinguir las obligaciones previstos en el artículo 1567 del Código Civil. Cita el Dictamen 2659-2020 de la Superintendencia de Seguridad Social que, en relación con la obligación que le asiste al empleador de continuar efectuando los descuentos de cuotas de créditos sociales en aquellos casos en que han transcurrido más de 5 años desde el último pago y cita jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema. Pide el rechazo del recurso de protección.

Encontrándose la causa en estado, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección constituye una acción judicial de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos que el artículo 20 de la Constitución Política de la República enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que priven, perturben o amenacen dicho ejercicio. Se trata, por tanto, de una acción de cautela de derechos fundamentales, cuya existencia debe ser indubitada y la afectación debe ser suficientemente grave para justificar la intervención jurisdiccional, orientada a restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, de lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal de quien incurre en él, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que, la controversia planteada dice relación con los descuentos efectuados en las remuneraciones del recurrente, don nombre reservado, destinados al pago de un crédito social otorgado por la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana en noviembre de 2018. Reprocha el actor que dicha modalidad de cobro se haya reanudado luego de transcurrido un extenso período sin descuentos, afirmando que la obligación sería susceptible de encontrarse parcialmente prescrita.

Por su parte, la recurrida niega la existencia de alguna resolución judicial que haya declarado prescrita la obligación o que la deuda se haya extinguido por algún modo de extinguir las obligaciones; alega el carácter social de los créditos otorgados en relación con la facultad del artículo 22 de la Ley 18.833 y, por último, precisa que los descuentos fueron efectuados mediante el sistema intercajas a través de la Caja de Compensación Los Andes, entre febrero de 2025 y marzo de 2026, encontrándose solucionada actualmente la obligación.

Cuarto: Que, como lo ha resuelto la Excma. Corte Suprema en causa Rol N°22.179-2025, resulta pertinente considerar las particulares características y fines del mecanismo establecido para el pago de los créditos sociales otorgados por las Cajas de Compensación de Asignación Familiar.

En efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N°18.833, lo adeudado por concepto de prestaciones de crédito social por un trabajador afiliado debe ser deducido de sus remuneraciones por la entidad empleadora, retenido y remesado a la Caja acreedora, sujetándose dicho procedimiento a las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales. A su vez, el denominado sistema intercajas encuentra sustento en lo dispuesto en el artículo 19 N°7 de la Ley N°18.833, que contempla entre las funciones de las Cajas de Compensación la prestación de servicios, mediante convenios, a entidades que administren prestaciones de seguridad social.

Por consiguiente, el descuento por planilla constituye una modalidad de cobro expresamente contemplada por el ordenamiento jurídico para esta clase de obligaciones, atendida la naturaleza de entidades de previsión social que ostentan las Cajas de Compensación y la finalidad de seguridad social a que se encuentran destinados los fondos con cargo a los cuales se otorgan dichos créditos.

En tal orden de ideas, cabe considerar que, tratándose de obligaciones derivadas de un crédito social otorgado por una Caja de Compensación, el hecho de que su beneficiario cambie de empleador, cualquiera sea la causa, no constituye una causal de extinción del crédito ni hace cesar la obligación legal de recaudar las cuotas respectivas mediante descuentos de sus remuneraciones, mientras éstas sean exigibles.

Quinto: Que, por otro lado, de los antecedentes acompañados a la causa, no consta la existencia de una declaración judicial que haya determinado la prescripción del crédito social en cuestión. Por consiguiente, no habiéndose aportado antecedentes que permitan establecer la concurrencia de alguna causal de extinción o de ineficacia de la acción de cobro respecto de dicha obligación, no cabe sino concluir que ésta se mantenía vigente al tiempo de efectuarse los descuentos y, de tal forma, no se advierte que la conducta reprochada pueda ser calificada de ilegal o arbitraria o que importe una vulneración del derecho de propiedad del recurrente sobre sus remuneraciones.

Sexto: Que, a mayor abundamiento, de los antecedentes allegados a la causa se desprende que el acto que se reprocha como ilegal y arbitrario ya no se encuentra vigente, toda vez que los descuentos efectuados sobre las remuneraciones del recurrente cesaron en marzo de 2026, encontrándose actualmente solucionado el crédito social.

En consecuencia, tampoco se advierte la existencia de una afectación actual que haga necesaria la adopción de una medida cautelar destinada a restablecer el imperio del derecho.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Elio Antonio Olcese Rojas, en favor de don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo de la Ministra Ivonne Avendaño Gómez.

Rol Protección N° 95-2026.