nombre reservado con AFP CUPRUM S.A.

nombre reservado, trece de enero de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece doña Linda Nataly Quintero Mogollon, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, abogada, por sí y en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, soltero, empleado, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado; quien interpone recurso de protección en contra de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A., R.U.T Nº RUT reservado, persona jurídica de derecho privado, representada por su gerente general, don nombre reservado, o quien haga sus veces o le suceda o reemplace, ambas con domicilio en domicilio reservado.

Solicita se declare como ilegal y arbitraria la carta que informa el rechazo de la solicitud de retiro de fondos del recurrente, ordenando se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a seguir con la tramitación de su solicitud y, dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente y, en general, se adopten las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Expone que el recurrente trabaja en Chile desde 2018 para la Compañía Nacional de Teléfonos Telefónica del Sur. En sus contratos, manifestó su voluntad de acogerse a la exención de cotizaciones conforme a la Ley 18.156. El 11 de junio de 2025, solicitó la devolución de sus fondos, presentando su título profesional apostillado, contrato de trabajo, identidad vigente y constancia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Sin perjuicio de lo anterior, la AFP Cuprum rechazó la solicitud el 26 de junio de 2025, basándose en tres puntos principales: Falta de apostilla: La constancia del IVSS no está legalizada ni apostillada. Cobertura insuficiente: Alegan que el documento no acredita específicamente la cobertura de prestaciones médicas y pecuniarias en caso de enfermedad. Estatus de "cesante": La AFP señala que el recurrente aparece como cesante en Venezuela desde 2017, por lo que no estaría clara su afiliación vigente durante su relación laboral en Chile.

El recurrente sostiene que el actuar de la AFP es arbitrario e ilegal ya que ha padecido una situación por fuerza mayor, relacionada con la situación política en Venezuela tras las elecciones de julio de 2024, puesto que la embajada y consulados suspendieron trámites, haciendo imposible obtener apostillas. Esto se califica como un "caso fortuito o fuerza mayor" según el Código Civil. Alega que la constancia es un documento electrónico emanado de un organismo público que puede ser verificado mediante un código alfanumérico en el portal web oficial del IVSS.

Argumenta que la ley venezolana rige de forma general las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte para sus asegurados, cumpliendo con el espíritu de la Ley 18.156. Reclama que la AFP aplica una interpretación excesivamente literal y restrictiva de la norma, creando requisitos no previstos expresamente por el legislador para negar el ejercicio de un derecho.

Denuncia la infracción de dos garantías fundamentales consagradas en la Constitución Política de Chile: Derecho de Propiedad (Art. 19 N° 24): Al retener fondos que pertenecen exclusivamente al trabajador. Igualdad ante la Ley (Art. 19 N° 2): Al darle un trato desigual frente a otros solicitantes en situaciones similares y exigir formalidades adicionales no contempladas en la ley.

nombre reservado y acompaña a su presentación: 1. Comprobante de ingreso de solicitud de fecha 11 de junio de 2025. 2. Cédula de identidad para extranjeros de la recurrente. 3. Contrato de trabajos y sus anexos. 4. Declaración jurada con constancia electrónica de cotizaciones de Seguro de Instituto Venezolano de los Seguros Sociales mes mayo 2025. 5. Cédula de identidad venezolana. 6. Título profesional apostillado, que acredita profesión. 7. Carta AFP CUPRUM de fecha 26 de Junio de 2025. 8. Constancia de cotizaciones de Seguro de Instituto Venezolano de los Seguros Sociales junio 2025.

A folio 6, comparece don José Felipe Aguilera Navarro, abogado en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Cuprum S.A. y evacua informe, solicitando el rechazo en todas sus partes de la presente acción, por no concurrir los requisitos legales, vale decir, porque no cometió acto ilegal o arbitrario alguno, ni menos que cause al recurrente privación, perturbación o amenaza de sus garantías constitucionales.

Sostiene que el recurrente no acreditó de forma fehaciente los requisitos que exige la ley para que un técnico extranjero retire sus fondos.

Señala que la constancia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) es insuficiente, porque no especifica que el trabajador cuente con cobertura para prestaciones médicas y pecuniarias (subsidios económicos) en caso de enfermedad. Según las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, la protección en el extranjero debe ser integral y cubrir riesgos de vejez, invalidez, muerte y enfermedad.

Además, refiere que el documento presentado por el recurrente carece de la apostilla de La Haya o legalización correspondiente. Enfatiza que, al ser Venezuela parte del Convenio de la Apostilla, este requisito es ineludible para otorgar validez legal en Chile a documentos emitidos en el extranjero.

Argumenta que actúa bajo las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones. Dicho organismo ha determinado que la Ley N° 18.156 es una norma de excepción y, por tanto, debe interpretarse de manera restrictiva. La AFP sostiene que simplemente está cumpliendo con su deber de resguardar el sistema previsional al exigir el cumplimiento copulativo y formal de todos los requisitos legales.

Agrega que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver este conflicto, ya que no existe un "derecho indubitado", al haber una controversia sobre si el recurrente cumple o no con la ley, por lo que el derecho no es claro ni evidente, lo que impide que sea resuelto mediante esta acción de urgencia.

Considera que el afiliado debió agotar las instancias de reclamo ante la propia AFP o la Superintendencia de Pensiones, antes de acudir a la Cortes y que, además, se trata de un asunto técnico que requiere un procedimiento de lato conocimiento y no una acción cautelar rápida como el recurso de protección. nombre reservado

En resumen, argumenta que su actuar es legal porque se limita a exigir las formalidades y coberturas que la autoridad técnica (Superintendencia) le impone para autorizar la devolución de fondos previsionales, Acompaña a su presentación: 1.- Copias de las escrituras públicas de fecha 29 de marzo de 2016, ambas otorgadas en la Notaría de Santiago de doña nombre reservado. 2.- Copia de la solicitud de devolución de fondos previsionales de la recurrente junto con toda la documentación acompañada. 3.- Copia de la respuesta a la solicitud de devolución de fondos previsionales presentada por la recurrente. 4.- Sentencia de causa Rol N°195-2025, dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Antofagasta con fecha 05 de mayo de 2025. 5.- Sentencia de causa Rol N°18.574, dictada por la Excelentísima Corte Suprema con fecha 10 de junio de 2025. 6.- Sentencia de causa Rol N°1998-2025, dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción con fecha 08 de julio de 2025. 7.- Sentencia de causa Rol N°1071-2025, dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena con fecha 08 de julio de 2025. 8.- Sentencia de causa Rol N°2599-2025, dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso con fecha 02 de julio de 2025. 9.- Sentencia de causa Rol N°3242, dictada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso con fecha 11 de julio de 2025. 10.- Oficio Ordinario N°12954, dictado por la Superintendencia de Pensiones con fecha 17 de julio de 2025.

A folio 7 se traen los autos en relación.

A folio 10 se dispone la agregación extraordinaria de la causa en tabla, en lugar preferente.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Segundo: Que, de lo anteriormente reflexionado, se desprende como requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que en estos autos don nombre reservado, dedujo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A., por la negativa de la recurrida de restituirle sus fondos previsionales, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N°18.156, acto que califica de arbitrario e ilegal y vulnerador de las garantías fundamentales contempladas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que, la Administradora de Pensiones fundó dicha negativa en que el recurrente no cumplía los requisitos legales para acceder a su solicitud. En concreto, porque la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no ha sido apostillada, de acuerdo con las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones, requisito ineludible para otorgar validez legal en Chile a documentos emitidos en el extranjero.

Quinto: Que, atendida la naturaleza del recurso de protección, este solo puede prosperar ante la existencia de un derecho indubitado del actor, lo que constituye la base fundamental para poder adoptar la medida solicitada en el recurso de protección, cuál es, reconocer como válida la documentación acompañada, y realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente.

Sexto: Que, sin embargo, en la especie no se acreditó la existencia de un derecho indubitado del señalado recurrente para poder hacer efectivo ese derecho, toda vez que aparece controvertida la validez de la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, motivo suficiente para rechazar el presente arbitrio.

Séptimo: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156 dispone que “las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener la afiliación referida. La exención que establece el inciso anterior no comprenderá los riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales previstos en la ley 16.744”.

A su vez, el artículo 7 de la misma ley señala que “en el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que se den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Octavo: Que, sin embargo, se advierte de lo razonado en el motivo Sexto, que la constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales de la recurrente no se encuentra apostillada de acuerdo a las instrucciones que imparte la Superintendencia de Pensiones, por lo que no corresponde acceder a la devolución de los Fondos de Pensiones.

Noveno: Que, de la referida información, queda en evidencia que la actora no cumplió con los requisitos legales antes descritos, porque no logró acreditar el requisito de encontrarse cubierto durante toda su estadía en Chile por un sistema de seguridad social extranjero que cubra ante las contingencias de vejez, enfermedad, invalidez y muerte, por todo el período de prestación de servicios en Chile, debidamente apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Además, en el caso de la contingencia de enfermedad, debe especificar que comprende prestaciones médicas y pecuniarias, en conformidad a la Ley 18.156 y, en consecuencia, quedar exento de la obligación de cotizar en el sistema chileno.

Décimo: Que, de este modo no advirtiendo de la existencia de un derecho indiscutido y preexistente y no habiendo acreditado los presupuestos legales para acceder al retiro de fondos solicitado, el recurso de protección interpuesto necesariamente será desestimado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción interpuesta por la abogada Linda Nataly Quintero Mogollon, en representación de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones CUPRUM S.A.

No firma el Ministro don Moisés Montiel Torres, quien concurrió a la vista y acuerdo por encontrarse con feriado legal.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol Protección 949-2025