nombre reservado CONTRA nombre reservado

Puerto Montt, uno de octubre de dos mil dieciocho.

Vistos:

Con fecha seis de julio del año en curso, comparece doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado y deduce acción de protección de garantías fundamentales, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, en contra de doña nombre reservado, domiciliada en el mismo sector, en lote contiguo, pidiendo se acoja el recurso y se restablezca el imperio del Derecho que estima quebrantado, en particular, ordenando la destrucción de una tranca que habría puesto la recurrida en el acceso a su predio por medio de una servidumbre de tránsito, actuación que estima ilegal y arbitraria.

Funda lo anterior en que es dueña del predio denominado lote “a 1”, correspondiente a su domicilio, mientras que la recurrida es propietaria del lote “a 2”, inmuebles que son contiguos según plano de subdivisión predial inscrito a fojas 79, número 73, en el Registro de Propiedad del año 2007, del Conservador de Bienes Raíces de Maullín.

Agrega que se desprende del mérito del referido plano, que al efecto acompaña, que por el lote de la recurrida pasa una servidumbre de tránsito que grava a su predio en beneficio del inmueble de la actora y que le permite la salida hacia el camino público que une Puerto Montt con Maullín.

Expone que en fecha indeterminada la recurrida obstaculizó el acceso a la servidumbre de tránsito con una tranca que cierra con candado y que impide en definitiva el libre acceso a su inmueble, tanto de vehículos, como de peatones, poniéndolos además en riesgo en caso de un imprevisto en que deban concurrir los vehículos de emergencia.

Lo anterior, estima vulnera sus garantías fundamentales aseguradas en el artículo 19 Nº1, Nº2, Nº7, Nº9 y Nº24, de la Constitución Política de la República.

Pide se restablezca el imperio del derecho ordenando retirar la tranca que impide el acceso a su predio.

Acompaña fotografías que corresponderían al lugar y al cierre con portón.

Con la misma fecha hace una presentación complementaria que reitera los mismos hechos y fundamentos, sólo agregando que el cierre le ha impedido comercializar el producto que ella vende, consistente en “pon pón”, así como el hecho que es una mujer separada que vive sola con sus hijas de 22 y 7 años.

Acompaña nuevas fotografías que corresponderían al lugar y al cierre del camino de servidumbre y un plano que indica en su leyenda que correspondería a la subdivisión predial del inmueble inscrito a fojas 79, número 73, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Maullín, de fecha junio del año 2011 y en el consta además un timbre ilegible del Servicio de Impuestos Internos y un timbre del Servicio Agrícola y Ganadero, que señala que aquella subdivisión cumple con los requisitos de la normativa vigente sobre predios rústicos.

Se declaró admisible el recurso sólo en cuanto a la eventual vulneración de la garantía consagrada en el artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República.

Se pidió informe a la recurrida y a Carabineros.

Se negó lugar a la orden de no innovar solicitada, en el sentido de ordenar la reapertura inmediata del predio.

Se evacuó informe por Carabineros, señalando que personal de servicio concurrió al lugar el día 14 de julio del presente año, a las 12:45 horas, obteniendo fotografías del sitio y comprobando que en él existe una tranca consistente en un portón de madera y en uno de los estacones hay una cadena con candado, que en dicha ocasión estaba abierto para el tránsito de los vecinos.

En apreciación personal de los funcionarios, que reproducen en su informe, el cierre respondería a una medida para evitar la salida de animales en horas de la noche a la ruta V-900 y así prevenir accidentes de tránsito y no para prohibir el libre acceso de la comunidad del sector.

Habiéndose notificado por Carabineros a la recurrida de la resolución que le pidió informe, así como del contenido de la acción interpuesta en su contra, ésta no evacuó informe dentro de plazo, por lo que se prescindió del mismo.

Encontrándose en estado de ver, se trajeron los autos en relación, agregándose extraordinariamente a la tabla de esta Primera Sala.

Y considerando:

Primero: Que la acción de protección se encuentra regulada en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Acta Nº94-2015 de la Excma. Corte Suprema, que determina su tramitación y fallo, irguiéndose como la vía procesal cautelar de urgencia destinada a obtener el restablecimiento del imperio del derecho que se ha quebrantado, vulnerando los derechos y garantías constitucionales del actor, motivándose así el ejercicio de las facultades conservadoras que le asisten a los tribunales superiores de justicia.

En ese ámbito, son requisitos de la acción de marras la existencia de un derecho indubitado de que sea titular el actor y la ocurrencia de una actuación ilegal o arbitraria del recurrido que tenga la aptitud suficiente para vulnerar los derechos y garantías fundamentales del recurrente, surgiendo la necesidad de brindarle tutela cautelar en esta sede, restableciendo así el orden jurídico previo a la ocurrencia del hecho o de la omisión que se reprocha.

Debe además encontrarse esta Corte en la posición jurídica de poder desplegar sus facultades amplias de actuación a fin de restablecer el imperio del derecho quebrantado, siendo un requisito previo de procesabilidad el que la acción se haya deducido dentro del plazo de treinta días contado desde la ocurrencia del hecho u omisión que se estima ilegal o arbitrario, o desde su conocimiento; así como la legitimidad activa del recurrente, en su calidad de titular del derecho fundamental que se invoca como vulnerado y el que la Corte se encuentre en posición de desplegar de manera eficaz su actuación cautelar, esto es, que la acción en definitiva sea oportuna.

Segundo: Que en el caso sub lite, el hecho que se denuncia como ilegal o arbitrario, dice relación con la instalación de un cierre consistente en un cerco de madera, que obstaculizaría el libre tránsito hacia el inmueble de propiedad de la recurrente, en particular, bloqueando una servidumbre de tránsito que serviría el predio, vulnerando así la garantía contenida en el artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República, consistente en no ser privado del dominio sin causa legal que lo habilite.

Tercero: Que la recurrida no evacuó el informe que se le solicitó, allegándose a los autos sólo un informe de Carabineros que constató la existencia del cierre de madera con candado, que bloquea el libre tránsito por el camino que aparenta ser una servidumbre de tránsito, incluyendo además una apreciación subjetiva de los funcionarios policiales en torno a que la finalidad del portón sería evitar la salida de animales al camino público en la noche y no restringir el tránsito de los habitantes del sector, sin aportar antecedentes que sirvan de base para dicha afirmación.

Cuarto: Que por su parte, además de sus propios dichos, la recurrente acompañó fotografías que muestran un camino rural y la tranca de madera con candado, que es idéntica a aquella que fotografiaron y consignaron en su informe Carabineros, sin perjuicio que aquellas imágenes no constan con atestado de ministro de fe que de cuenta de la fecha en que se obtuvieron, ni el lugar al que corresponden.

Asimismo, se acompañó un plano en fotocopia simple, que correspondería según su leyenda a una subdivisión predial del inmueble inscrito a fojas 79, número 73, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Maullín, de fecha junio del año 2011 y en el consta además un timbre ilegible del Servicio de Impuestos Internos y un timbre del Servicio Agrícola y Ganadero, que señala que aquella subdivisión cumple con los requisitos de la normativa vigente sobre predios rústicos.

No obstante, no existe constancia alguna acerca del hecho que dicha subdivisión luego de aprobada por las entidades competentes, haya sido efectivamente inscrita en el Conservador de Bienes Raíces, adjudicándose en propiedad los lotes resultantes de la subdivisión en referencia.

En consecuencia, tampoco consta antecedente alguno que de cuenta del dominio que invoca la actora sobre el denominado lote “a 1”.

En el mismo sentido, tampoco existe antecedente alguno de corroboración en torno a la existencia de la servidumbre de tránsito que se indica en el plano de subdivisión, en especial, títulos de dominio que hagan expresa mención a ella, o el instrumento público por el que aquella se hubiese constituido.

Quinto: Que así las cosas, la actora no ha logrado acreditar la titularidad de un derecho de carácter indubitado, en este caso el de dominio, ni respecto del predio que sufriría la restricción de acceso, ni tampoco sobre la eventual servidumbre de tránsito cuya existencia alega, pero que siquiera se ha comprobado su existencia por medio del título de dominio o del acto constitutivo.

De esta forma, al carecer de un derecho indubitado, resulta innecesario analizar la concurrencia de una acción ilegal o arbitraria de parte de la recurrida, puesto que en cualquier caso, no es dable ejercer por esta magistratura tutela cautelar alguna al no haberse acreditado el supuesto básico de la existencia de un derecho vulnerado o amenazado por la conducta denunciada.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, en relación con los artículos 1º y siguientes del Acta Nº94-2015, modificada por el Acta Nº173-2018, sobre tramitación y fallo del recurso de protección de garantías fundamentales, se declara:

I.- Que se rechaza la acción deducida por doña nombre reservado, en contra de doña nombre reservado, por no haberse acreditado la existencia de un derecho de carácter indubitado de parte de la recurrente, que sea susceptible de ser vulnerado o amenazado por la recurrida.

II.- Que no se condena en costas a la actora por no haberse solicitado, por asistirle motivo plausible para accionar y atendida la naturaleza jurídica de la acción de marras.

III.- Que no habiéndose evacuado informe por la recurrida y no obstante haberse hecho efectivo el apercibimiento de prescindir de él, atendido lo dispuesto en el artículo 15 del Acta Nº94-2015, se impone una multa a beneficio fiscal de 1 Unidad Tributaria Mensual, por ser éste el mínimo contemplado en la letra c) de la referida norma.

Redacción a cargo del abogado integrante, Sr. Pedro Campos Latorre.

Regístrese y devuélvase.

Rol Protección Nº944-2018