nombre reservado con AFP MODELO

Puerto Montt, cinco de febrero de dos mil veintiséis Vistos:

A folio 1, comparece Linda Nataly Quintero Mogollon, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, abogada, por sí y en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, soltero, empleado, cédula de identidad para extranjeros N° RUT reservado, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, quién interpone acción de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por el acto ilegal y arbitrario de fecha 26 de junio de 2025 mediante el cual se rechaza el ingreso de una solicitud de retiro de fondos para extranjeros efectuada por la recurrente, en base a los argumentos que expone en su presentación.

Afirma que el recurrente es técnico superior universitario en metalurgia, con residencia definitiva en el país y prestando servicios en la sociedad Exportadora Los Fiordos desde el 21 de agosto del año 2019, y durante el curso de la prestación de sus servicios se le ha descontado parte de su sueldo y enterada sus cotizaciones de AFP, salud y cesantía en los servicios respectivos, habiendo suscrito en cada uno de sus contratos cláusulas previsionales donde manifiesta expresamente su voluntad de acogerse al artículo 1 de la Ley 18.156. Por lo anterior, es que ingresó la solicitud de retiro en base a la citada norma con fecha 18 de junio de 2025, debiendo corregir aquella por falta de antecedentes, cuestión efectuada el 26 de junio de 2025, momento en que recibe la comunicación de la recurrida donde se informa que su petición no fue ingresada ya que, si bien se recibió la constancia de afiliación respectiva, aquella no se encontraba apostillada.

Añade que se presentó reclamo ante la Superintendencia respectiva a fin de revisar la decisión adoptada, la cual confirma lo obrado por la recurrida de autos.

Sostiene que es un hecho público y notorio que la embajada de Venezuela en el país mantiene una suspensión indefinida de todos sus trámites, y que el gobierno chileno informó de la salida de todo personal diplomático de la embajada en el citado país y la suspensión de atención de público en el consulado existente en Caracas, cuestión que impide efectuar el trámite de apostilla requerido en estos autos, configurándose aquello como una causal de fuerza mayor o caso fortuito en los términos del artículo 45 del Código Civil.

En la especie, se ha practicado una interpretación formalista de la norma en cuestión, desatendiendo la finalidad del legislador la cual significa “disponer de sus ahorros previsionales, entendiendo que los documentos presentados cuentan con la validez necesaria de procedencia, y puede ser verificados.” Lo anterior se puede cumplir mediante el ingreso a la página del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S), a través del link: http://www.ivss.gob.ve:28088/ConstanciaCotizacion/, con solo digitar la cédula de identidad venezolana la cual aparece en la respectiva constancia del recurrente, cuestión que se advierte en la constancia de afiliación electrónica presentada en su oportunidad, la cual emana de un organismo público y cuya autenticidad es verificable.

En síntesis, cumpliendo con todos los requisitos exigidos por el legislador, la recurrida incurre en un actuar ilegal y arbitrario que importa una vulneración de las garantías constitucionales del articulo 19 Nº2 y 24 de la Constitución Política, y previas citas jurisprudenciales, solicita que se acoja la presente acción y se ordene el reconocimiento, por parte de la entidad recurrida, de los documentos presentados en su oportunidad por el recurrente, debiendo proseguir con la tramitación de la solicitud efectuada y que, dentro de un plazo razonable, efectúe la devolución de los fondos de pensión respectivos, adoptándose las medidas que resulten necesarias.

A folio 4, se tuvo por interpuesto el presente recurso de protección.

A folio 6, consta informe evacuado por Rodrigo Montero Atria, abogado, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo Sociedad Anónima, señalando que el recurrente con fecha 18 de junio de 2025, acompañó, a través de plataforma web respectiva, diversos documentos con el objeto de obtener la devolución de sus fondos previsionales, amparándose en la exención establecida en la Ley N°18.156 para trabajadores técnicos extranjeros, comunicándole al respecto, con fecha 19 de junio de 2025, la falta de antecedentes consistente en Certificado Afiliación Previsional, el cual debe ser de la Institución a la cual pertenece en el país de origen mencionando las prestaciones de vejez, enfermedad, invalidez, muerte y estar debidamente apostillado o legalizado.

En virtud de lo anterior, la recurrente acompañó Constancia Electrónica de Cotizaciones frente a lo cual la informante le señaló que aquel documento no se encontraba apostillado, razón por la cual no fue ingresada la solicitud en cuestión, recomendando el inicio de una nueva gestión al respecto. Dicha respuesta se otorga al no haber cumplido la recurrente con las exigencias contenidas en la Ley 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones ni su jurisprudencia administrativa, toda vez que no es un certificado de afiliación, no señala las coberturas con las que cuenta el afiliado en su caso específico, sino que señala de forma genérica las coberturas que otorga el régimen previsional venezolano, no se encuentra firmado por quien emite el documento y, además, no se encuentra apostillado o debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. En aquel sentido, invoca tanto lo indicado por la Superintendencia de Pensiones mediante Oficio Nº12954 de fecha 17 de julio de 2025 como jurisprudencia aplicable al respecto.

Así las cosas, afirma que en la especie no se puede aprobar el retiro de fondos de pensiones toda vez que la recurrente no ha dado cumplimiento íntegro los requisitos exigidos por la Ley 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y su jurisprudencia administrativa.

Continua con diversas citas a las normas contempladas en la ley Nº18.156 y el compendio citado, el cual establece en su Nº2, letra b), que “Para la suscripción del formulario precedentemente señalado, la Administradora deberá exigir al afiliado la presentación de la documentación pertinente indicada en el número 1 anterior, que acredite que el afiliado cumple con los requisitos exigidos en la Ley N° 18.156 para acceder al beneficio.

La documentación pertinente deberá presentarse debidamente legalizada, en caso contrario no podrá la Administradora dar curso a la "Solicitud de devolución de fondos previsionales ley N° 18.156." En el mismo sentido, se encuentra el Oficio N° 21.480 de la Superintendencia de Pensiones, de fecha 20 de septiembre de 2017 y el Oficio Ordinario N° 4277 de fecha 13 de marzo de 2025, citando además lo establecido en el artículo 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil en orden a la validez de los instrumentos públicos otorgados fuera del país y los requisitos para ello.

Afirma, en definitiva, que no ha existido actuar ilegal y arbitrario de su parte que importe la vulneración de garantías fundamentales respecto del recurrente, razón por la cual solicita el rechazo de la presente acción, con costas.

Encontrándose en estado de ver, se agregó extraordinariamente a la tabla el presente recurso.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO Primero: El recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio Segundo: De lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que el hecho que se denuncia como ilegal y arbitrario en esta causa consiste en la negativa a dar inicio al procedimiento de devolución de cotizaciones previsionales contenido en la ley 18.156 por parte de la recurrida, sosteniéndose el cumplimiento de todos los requisitos legales establecidos en el artículo 1 de la citada ley, concretamente en lo que respecta a la letra a) de dicho artículo, habiéndose efectuado una lectura formalista de la norma al exigir el apostillamiento o legalización del documento denominado Constancia Electrónica de Cotizaciones presentado en su oportunidad.

Cuarto: A su turno, la entidad recurrida sostiene que su conducta se ajusta estrictamente al conjunto normativo invocado en su presentación, esto es, el tenor de la ley 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones, concretamente en lo indicado en el N°1 del Título XI del Libro II, así como la comunicación efectuada mediante Oficio Ordinario N°21.480 de fecha 20 de septiembre de 2017, el Oficio Ordinario Nº3141 de fecha 20 de febrero de 2024 y el Oficio Ordinario N°4277 de fecha 13 de marzo de 2025, ambos de la citada autoridad fiscalizadora, en donde se establece que la acreditación del requisito de la letra a) del artículo 1 de la ley 18.156 debe efectuarse mediante un instrumento que resulte idóneo y veraz, no sirviendo por sí solo el certificado electrónico acompañado en autos al no estar firmado por quien lo emite, ni encontrarse apostillado ni legalizado.

Quinto: Que en este sentido, la norma contenida en el artículo 1, letra a) de la ley 18.156 establece que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y…”

Por su parte, y en base a las facultades interpretativas que le asisten a la Superintendencia de Pensiones en estas materias conforme lo dispuesto en el artículo 94, Nº2 y Nº3 del D.L. Nº3.500, las cuales resultan con carácter obligatorio y vinculante para las entidades reguladas por aquella, tal como lo es la recurrida de autos, se han dictado los oficios previamente señalados en los cuales se especifica los requerimientos técnicos que deben contener los certificados que presenten las personas que efectúen las solicitudes de retiro de las cotizaciones previsionales en base a la norma previamente indicada. En este sentido, destaca la exigencia de apostillamiento y/o legalización respectiva que debe contener el documento respectivo, de modo que aquel permita dar fe de su autenticidad en los términos exigidos por la normativa señalada, así como de la específica mención de cobertura en caso de vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad, con la respectiva especificación se las mismas comprenden prestaciones pecuniarias y médicas.

Sexto: Luego, y del análisis del documento acompañado por la recurrente en su oportunidad, no se logra apreciar que la Constancia Electrónica de Cotizaciones cumpla con los requisitos formales ordenados por la entidad fiscalizadora del ramo en los términos que han sido indicados, esto es, con su apostillamiento y/o legalización, así como tampoco la de especificar, de forma clara y precisa, si en el concreto caso del recurrente existe cobertura para las prestaciones ordenadas por ley al respecto, con lo cual se descarta, desde ya, cualquier ilegalidad o arbitrariedad en que hubiese incurrido la A.F.P. recurrida en los términos invocados por la actora en su presentación.

En aquel sentido, la Excma., Corte Suprema, ha señalado, en autos Rol Nº33.946-2025 “Que, a la luz de las normas anteriores, la respuesta de la recurrida solicitó al actor acompañar constancia de afiliación o un certificado de afiliación emitido por la Institución de Seguridad Social que le otorgue un régimen de previsión o seguridad social en el extranjero, debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado, según corresponda, que acredite que se contó con cobertura durante toda la relación laboral y, a todo evento, a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, ello, toda vez que los instrumentos aportados no cumplirían con los requisitos de la normativa vigente.”

Séptimo: Por último, y en cuanto a las alegaciones de caso fortuito o fuerza mayor, éstas también serán descartadas por cuanto no se logra apreciar la configuración de una imposibilidad absoluta para obtener o realizar el trámite de legalización o apostillamiento de la documentación pertinente, existiendo otras vías para su obtención tal como el máximo tribunal de nuestro país, en la causa previamente indicada, lo sostiene “Que, finalmente, en relación a la alegación sobre la imposibilidad material de legalizar y apostillar los documentos desde Chile, atendido el término de las relaciones consulares entre este país y Venezuela, cabe señalar que si bien dicha circunstancia dificulta el cumplimiento del requisito establecido en la normativa, no lo hace imposible de cumplir, ya que el trámite puede realizarse en las sedes consulares de países que mantienen relaciones con Venezuela, como Colombia o Perú, o a través del portal web del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, presentando los documentos físicos a través de terceras personas.”

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas la acción interpuesta por Linda Nataly Quintero Mogollon en representación de nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Redacción a cargo del Ministro Jaime Vicente Meza Sáez.

No firma el Ministro don Jaime Vicente Meza Sáez, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse con permiso.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°929-2025.