CORPORACION MUNICIPAL DALCAHUE EDUCACIÓN Y SALUD con nombre reservado

Puerto Montt, diez de julio de dos mil diecinueve.

VISTO:

Ante esta Corte de Apelaciones de Puerto Montt, con fecha 17 de mayo de 2019, compareció el abogado don Marcos Velásquez Macías por la COPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUACIÓN Y SERVICIOS RAMÓN nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado. Recurrió de protección contra la FISCALIZADORA DOÑA nombre reservado nombre reservado PROVINCIAL DEL TRABAJO DE CHILOÉ, con domicilio en domicilio reservado. Sostuvo la afectación ilegal y arbitraria de sus garantías consagradas en el artículo 19 Nº3 de la Constitución Política de la República, ocasionada por multa N°3549/19/10 de 16 de abril de 2019, impuesta en 40UTM por: “...No consignar por escrito en el contrato de trabajo o en documento anexo la modificación de la estipulación referida a la labor o función, respecto del trabajador don nombre reservado, RUT. RUT reservado, que al trabajador afectado se le cambió efectivamente de funciones de encargado de convivencia escolar en el Liceo Bicentenario de Dalcahue, que desempeñó desde el año 2016 al 2018, a realizar labores de profesor de historia a contar del mes de marzo de 2019...”. Arguyó la concurrencia de hechos fundantes erróneos y falsos atendido lo resuelto por esta Corte de Apelaciones mediante sentencia firme pronunciada el 20 de diciembre de 2018 en recurso de nulidad Rol Reforma Laboral-Ant N°215-2017, que rechazó la tutela de derechos fundamentales pretendida en tal presunta modificación de funciones. Al respecto se ventilaría pretensión análoga en proceso laboral pendiente RIT N°T-27-2018 ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Castro en que opuso cosa juzgada.

Pidió en definitiva que, acogiéndose con costas su acción, se deje sin efecto la multa.

Con fecha 23 de mayo de 2019, se declaró admisible el recurso.

Con fecha 18 de marzo de 2019, la abogada doña Francisca Massri Negrón por la recurrida informó pidiendo el rechazo con costas del recurso. Alegó su improcedencia, porque el procedimiento administrativo subyacente no resultaría ser tutelable por esta vía, atendido el proceso de lato conocimiento establecido en los artículos 503 o 511 del Código del Trabajo, conllevando la inexistencia de acto arbitrario, ilegal y lesivo de garantías constitucionales indubitadas de la parte recurrente de protección. Además, invocó las competencias fiscalizadoras de los artículos 1 y 23 del Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 1967, y 505 del Código del Trabajo, ejercidas en conocimiento de lo resuelto por esta Corte de Apelaciones, la que sólo rechazó dicha tutela laboral por no haberse probado la vulneración denunciada; desconociendo juicio pendiente al respecto. No obstante, con base en lo dispuesto en el artículo 11 del Código del Trabajo impuso la multa, pues el afectado cumpliría funciones de profesor de historia desde marzo de 2019 sin que ello conste en instrumento alguno y pese a haberse desempeñado anteriormente como encargado de convivencia escolar.

Con fecha 14 de junio de 2019, se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para tales efectos, deben concurrir los siguientes requisitos: que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y tutelables por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que, la acción cautelar deducida por la parte recurrente se sustenta en la afectación ilegal y arbitraria de sus garantías consagradas en el artículo 19 Nº3 de la Constitución Política de la República, ocasionada por multa N°3549/19/10 impuesta, pese a la concurrencia de hechos fundantes erróneos y falsos atendido lo resuelto por esta Corte de Apelaciones mediante sentencia firme pronunciada en recurso de nulidad Rol Reforma Laboral-Ant N°215-2017, que rechazó la tutela de derechos fundamentales argüida en la presunta modificación de funciones de uno de sus trabajadores. Al respecto se ventilaría pretensión análoga en proceso laboral pendiente RIT N°T-27-2018 ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Castro en que opuso cosa juzgada.

Al informar la parte recurrida alegó la improcedencia del recurso de protección, porque el procedimiento administrativo subyacente no resultaría ser tutelable por esta vía. Además, invocó el ejercicio conforme a Derecho de competencias fiscalizadoras verificado en conocimiento de lo resuelto por esta Corte de Apelaciones, la que sólo rechazó la tutela por no haberse probado la vulneración denunciada; desconociendo juicio pendiente al respecto. No obstante, con base en lo dispuesto en el artículo 11 del Código del Trabajo impuso la multa, pues el afectado cumpliría funciones de profesor de historia desde marzo de 2019 sin que ello conste en instrumento alguno y pese a haberse desempeñado anteriormente como encargado de convivencia escolar.

TERCERO: Que, en sustento de su recurso de protección, la parte recurrente acompañó: 1) multa N°3549/19/10 de 16 de abril de 2019 y su notificación; 2) sentencias pronunciadas por esta Corte de Apelaciones en Rol Reforma Laboral-Ant N°215-2017; 3) demanda y contestación en proceso de tutela laboral RIT N°T-27-2018 del Juzgado de Letras del Trabajo de Castro; 4) oficio N°182-2019 dirigido por dicho Tribunal a la nombre reservado Provincial del Trabajo de Chiloé y su respuesta contenida en oficio N°139-2019.

En cambio, la parte recurrida acompañó: 1) multa N°3549/19/10 de 16 de abril de 2019; 2) carátula de informe de fiscalización N°1005/2019/163; 3) informe de exposición en fiscalización N°1005/2019/163; 4) acta de constatación de infracciones y compromiso de corrección en fiscalización N°1005/2019/163.

CUARTO: Que, del mérito de los antecedentes acompañados a estos autos, que han sido apreciados de acuerdo con las reglas de la sana crítica, en lo estrictamente pertinente se tiene por acreditado:

1º Que, la nombre reservado Provincial del Trabajo de Chiloé impuso multa N°3549/19/10 de 16 de abril de 2019 a la Corporación Municipal de Educación y Servicios Ramón Freire en 40UTM por: “...No consignar por escrito en el contrato de trabajo o en documento anexo la modificación de la estipulación referida a la labor o función, respecto del trabajador don nombre reservado, RUT. RUT reservado, que al trabajador afectado se le cambió efectivamente de funciones de encargado de convivencia escolar en el Liceo Bicentenario de Dalcahue, que desempeñó desde el año 2016 al 2018, a realizar labores de profesor de historia a contar del mes de marzo de 2019...”.

2º Que, esta Corte de Apelaciones pronunció el 20 de diciembre de 2018 sentencia firme pronunciada en recurso de nulidad Rol Reforma Laboral-Ant N°215-2017, deducido en proceso de tutela laboral RIT N°T-16-2017 del Juzgado de Letras del Trabajo de Castro ventilado por discriminación política. La sentencia anuló aquélla dictada por dicho tribunal el día 29 de septiembre de 2017 durante la instancia en virtud de la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, por infracción de ley que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo en relación a los artículos 47 y siguientes, y 51 de la Ley 19.070 y la Ley 19.410; principalmente, porque ordenaría el pago de asignaciones y remuneraciones legalmente improcedentes. Lo anterior, pues ni la asignación de responsabilidad técnico pedagógica ni la remuneración adicional que don nombre reservado percibía correspondían al cargo de encargado de convivencia escolar, cuya efectividad ha sido controvertida; sino, sólo aquéllas relativas a las funciones de su cargo titular de docente de Historia y Geografía con jornada de 36 horas que cumplía antes de asumir como Director de Educación.

3º Que, en proceso laboral pendiente RIT N°T-27-2018 ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Castro, don nombre reservado demandó tutela laboral por discriminación política, oponiendo la Corporación Municipal de Educación y Servicios Ramón Freire excepción de cosa juzgada.

En efecto, los hechos precedentemente establecidos no han sido controvertidos y constan concordantemente en los instrumentos acompañados por las partes, no han sido objetados ni observados de manera alguna y gozan de la presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios en tanto actos administrativos conforme al artículo 3 de la Ley 19.880; por lo que, no se han detectado situaciones que alteren la normal acreditación de los hechos que dan cuenta. Con su confrontación, por su concordancia, coherencia, claridad y precisión, sustentan con razón suficiente las conclusiones fácticas arribadas precedentemente.

QUINTO: Que, de conformidad al artículo 1º del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, el recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

SEXTO: Que, para resolver la procedencia del presente recurso de protección, en primer lugar, debe establecerse la existencia de una conducta ilegal o arbitraria. Una acción u omisión será ilegal si transgrede alguna norma legal, o bien, arbitraria si carece de justificación o razonabilidad.

Del análisis de los antecedentes aparece que, para determinar la configuración de la conducta ilegal o arbitraria materia de este recurso de protección, se debe esclarecer si puede efectuarse tal calificación respecto de la multa N°3549/19/10 impuesta, pese a la concurrencia de presuntos hechos fundantes erróneos y falsos atendido lo resuelto por esta Corte de Apelaciones mediante sentencia firme pronunciada en recurso de nulidad Rol Reforma Laboral-Ant N°215-2017, que rechazó la tutela de derechos fundamentales argüida en la presunta modificación de funciones de don nombre reservado de encargado de convivencia escolar del Liceo Bicentenario de Dalcahue a profesor de historia.

Al respecto, debe sopesarse que el acto reprochado corresponde a una facultad de la Administración cuya revisión jurisdiccional sólo debe circunscribirse a la concurrencia de los requisitos de validez y eficacia intrínseca del acto administrativo correspondiente. Tales requisitos consisten en: a) investidura o autoridad; b) competencia; c) forma; d) existencia o licitud de motivo y; e) medios y fin ajustado a la ley del fondo según la materia.

En la especie, la parte recurrente de protección planteó en definitiva la inexistencia del motivo, es decir, del presupuesto fáctico habilitante del acto administrativo reprochado y de la debida fundamentación del mismo. Tal cual consta de los hechos establecidos en el motivo cuarto que antecede, tales motivos no han precedido indubitadamente, no obstante su explicitación en el acto administrativo que consta del proceso de autos. En efecto, la modificación de funciones de encargado de convivencia a profesor o docente de historia constituye actualmente un punto controvertido en proceso de tutela laboral RIT N°T-27-2018 del Juzgado de Letras del Trabajo de Castro, sin perjuicio de lo ya resuelto por esta Corte de Apelaciones en sentencia firme pronunciada en recurso de nulidad Rol Reforma Laboral-Ant N°215-2017, deducido en proceso de tutela laboral RIT N°T-16-2017 del Juzgado de Letras del Trabajo de Castro ventilado por discriminación política, sustentada en la presunta modificación de funciones de don nombre reservado de encargado de convivencia escolar del Liceo Bicentenario de Dalcahue a profesor de historia. Mas, tal calidad corresponde a su cargo titular de docente de Historia y Geografía con jornada de 36 horas.

De tal manera, se advierte la concurrencia de un hecho falso o erróneo en la dictación del acto administrativo correspondiente, en la medida que, éste no resulta ser indubitado, deviniendo en la antijuridicidad del acto administrativo por el cual se ha recurrido de protección.

En consecuencia con lo concluido y lo establecido en el considerando cuarto anterior, ha precedido la acción ilegal denunciada, condición insoslayable para la procedencia de este recurso.

SÉPTIMO: Que, debiéndose establecer en segundo término que la parte recurrente ha sufrido privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales invocados; corresponde considerar que las conclusiones a que se arribó en el motivo anterior permiten, a su vez, dar por establecido que se ha probado vulneración en los derechos de la parte recurrente por el actuar de la parte recurrida.

Al respecto debe considerarse que por el ejercicio de la acción constitucional de protección se constituye un proceso de naturaleza jurídico-cautelar para la tutela efectiva de garantías y derechos preexistentes e indubitados. Lo anterior, condiciona y determina su procedencia, en tanto en cuanto, sólo resultará justificada la adopción de todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del Derecho ante una amenaza, perturbación o privación cierta de alguna de las garantías y derechos fundamentales tutelados. Si bien, no resulta idóneo este procedimiento para la defensa de cualquier interés, sino sólo para defender y garantizar frente a acciones u omisiones ilegales o arbitrarias que afecten derechos fundamentales; se aplica cuando concurra una amenaza, perturbación o privación del legítimo ejercicio de un derecho esencial indubitado producida por una acción u omisión arbitraria o ilegal de otro. Así, sólo cuando exista la manifestación de dicho obrar que no requiera de un proceso de prueba complejo, ya que la afectación del derecho debe ser relativamente clara o evidente atendida la naturaleza cautelar de este proceso y, sin que obste para la procedencia de esta acción constitucional, el hecho de que el conflicto intersubjetivo de interés pueda someterse al conocimiento de procedimientos de lato conocimiento, tales como aquéllos de los artículos 503 o 511 del Código del Trabajo.

En la especie, la fiscalizadora se constituyó en una comisión especial transgrediendo la proscripción establecida en el inciso quinto del numeral tercero artículo 19 de la Carta Fundamental, en tanto en cuanto, en los hechos y el Derecho se arrogó competencias jurisdiccionales de juzgamiento para la resolución sancionatoria impuesta contra la recurrente de protección, sobre todo, respecto a situaciones fácticas que no han resultado ser irrefutables e indubitadas y cuyo establecimiento corresponde a un pronunciamiento exclusivo de los Tribunales de Justicia al tenor del artículo 76 de la Constitución Política de la República; sin que constituya suficiente justificación el ejercicio de las competencias públicas fiscalizadoras que ostenta la nombre reservado del Trabajo.

En consecuencia al aparecer que se ha ocasionado en la parte recurrente la conculcación de las garantías que esta acción resguarda y que ameritan la intervención de esta Corte de Apelaciones mediante el otorgamiento de las providencias de emergencias que al efecto se contemplan, a fin de restablecer la juridicidad o legalidad que se alega quebrantada; estos sentenciadores acogerán el recurso de protección interpuesto, en virtud de los razonamientos, conclusiones y fundamentaciones precedentes.

OCTAVO: Que, por lo tanto, con la configuración y concurrencia de los dos elementos típicos y fundantes de la procedencia de esta acción constitucional, se resolverá acogerla, como así se declarará.

Por estas consideraciones y teniendo presente además lo prevenido en los artículos 1, 19 Nº3 inciso quinto y 20 de la Constitución Política de la República y; en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

I. Que, se acoge el recurso de protección interpuesto por el abogado don Marcos Velásquez Macías por la COPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUACIÓN Y SERVICIOS RAMÓN nombre reservado y en contra de la FISCALIZADORA DOÑA nombre reservado nombre reservado PROVINCIAL DEL TRABAJO DE CHILOÉ y, en consecuencia, déjese sin efecto la multa N°3549/19/10 impuesta a la recurrente el día 16 de abril de 2019 en 40UTM por la nombre reservado del Trabajo de Chiloé.

II. Que, se exime a la parte recurrida del pago de costas, por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

ROL PROTECCIÓN N°929-2019. –