Protección contra Servicio de Salud Chiloé

Puerto Montt, siete de octubre de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece don Diego Hernán Vega Núñez, abogado, en representación de doña nombre reservado, médica cirujana, quien dedujo acción de protección de garantías constitucionales en contra del Servicio de Salud Chiloé, por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en la decisión de no acceder a su solicitud de traslado del período asistencial obligatorio al Servicio de Salud Reloncaví, comunicada mediante el Ord. NUM000, de 10 de abril de 2026, con infracción de las garantías de los numerales 1° y 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expuso que obtuvo el título de médica cirujana en la Universidad San Sebastián y que posteriormente accedió a una beca de formación en la especialidad de Medicina Interna, cuyo período formativo concluyó el 12 de enero de 2026, quedando obligada, conforme a la normativa que regula dicha formación, a cumplir su período asistencial obligatorio en alguno de los establecimientos pertenecientes a la red del Servicio de Salud Chiloé, específicamente en la comuna de Quellón.

Sostuvo, sin embargo, que concurren circunstancias excepcionales que justificarían autorizar el cumplimiento de dicho compromiso en el Servicio de Salud Reloncaví. En particular, señaló que padece una artritis reumatoide activa, de comportamiento refractario, actualmente bajo tratamiento biológico e inmunosupresión significativa, condición que exige controles reumatológicos estrechos, exámenes periódicos, evaluación permanente de la respuesta terapéutica y eventuales ajustes de tratamiento. Añadió que, durante los períodos de mayor actividad inflamatoria, especialmente cuando existe compromiso de la rodilla, presenta una limitación funcional relevante que dificulta la conducción vehicular, los traslados prolongados y la permanencia por varias horas en una misma posición.

Agregó que una eventual reagudización de su enfermedad requiere acceso oportuno a atención especializada y que existen procedimientos, tales como la artrocentesis diagnóstica o terapéutica, que idealmente deben ser practicados por especialistas en reumatología o traumatología, profesionales cuya disponibilidad sería limitada en el territorio en que debe prestar funciones. Afirmó que la distancia existente entre Quellón y Puerto Montt y las condiciones de conectividad pueden dificultar el acceso oportuno a dicha atención y que la necesidad de trasladarse periódicamente para sus controles podría, además, generar un mayor ausentismo laboral y afectar la continuidad de su función asistencial.

Indicó asimismo que su principal red de apoyo se encuentra en Puerto Montt, donde reside su pareja, quien le presta asistencia física y emocional especialmente durante los episodios de mayor inflamación y limitación funcional. Añadió que mantiene seguimiento psiquiátrico y psicológico, estimando que la permanencia alejada de dicha red de apoyo y de sus profesionales tratantes incide negativamente tanto en su salud física como psíquica.

Sobre la base de tales antecedentes, señaló que el 4 de febrero de 2026 presentó formalmente al Director del Servicio de Salud Chiloé una solicitud para cumplir su período asistencial obligatorio en el Servicio de Salud Reloncaví, invocando las razones de salud y personales antes descritas. Dicha petición fue rechazada mediante el Ord. NUM000, de 10 de abril de 2026.

Explicó que, en dicha respuesta, el Servicio manifestó que procuraría otorgarle facilidades dentro de los márgenes establecidos por la normativa aplicable y que, atendidos sus antecedentes médicos, podría autorizarse una permuta, siempre que existiera otro profesional de la misma especialidad, u otra, dispuesto a cumplir su período asistencial obligatorio en Chiloé. Justificó dicha decisión, además, en las brechas de profesionales médicos existentes en los establecimientos de su red y en la necesidad de contar con el retorno de aquellos profesionales que han accedido a programas de formación financiados por el Ministerio de Salud.

La recurrente estimó que dicha respuesta no se hace cargo de manera suficiente de sus particulares circunstancias de salud ni explica por qué ellas no configurarían un caso calificado que permita autorizar el cambio de Servicio, sosteniendo que la alternativa de una permuta depende de la voluntad de un tercero y no de ella. Afirmó, por ello, que la decisión carece de fundamentación suficiente y razonable y que la obliga a desarrollar su período asistencial en condiciones que pondrían en riesgo su integridad física y psíquica.

Fundó jurídicamente su pretensión, entre otras disposiciones, en el artículo 12 de la Ley N°19.664 y en el artículo 20 del Decreto N°91, de 2001, del Ministerio de Salud, normas que contemplan la posibilidad de que los profesionales soliciten cumplir su compromiso de desempeño en un Servicio de Salud distinto de aquel con el cual se encuentran obligados, en casos calificados y mediante resolución fundada, incluyendo entre los antecedentes susceptibles de consideración razones de salud y situaciones personales o familiares relevantes.

Por todo lo anterior, solicitó que se acogiera la acción, se dejara sin efecto el acto recurrido y se ordenara al Servicio de Salud Chiloé autorizar el traslado de su período asistencial obligatorio al Servicio de Salud Reloncaví.

Acompañó copia de su solicitud de traslado dirigida al Director del Servicio de Salud Chiloé; del Ord. NUM000, de 10 de abril de 2026; de un informe de su médica reumatóloga tratante, doña nombre reservado, de 15 de enero de 2026; de un informe de su psiquiatra tratante, don nombre reservado, de 23 de enero de 2026; de un informe de su psicólogo tratante, don nombre reservado, de 21 de enero de 2026; y de un informe de resonancia magnética de ambas rodillas, de 2 de junio de 2025.

A folio 3, se declaró admisible el recurso y se requirió informe a la recurrida.

A folio 8, evacuó el informe la recurrida, Servicio de Salud Chiloé, representada por la abogada doña Katterine Belén Labrín Soto, quien solicitó el rechazo íntegro de la acción, con expresa condena en costas.

Expuso, en primer término, que entre el Servicio y la recurrente existe un vínculo de naturaleza contractual, contenido en escritura pública NUM001, de 15 de julio de 2022, mediante la cual se le otorgó una beca de especialidad y se estableció, como contraprestación, su obligación de cumplir un período asistencial obligatorio en devolución del beneficio recibido. Sobre esa base, sostuvo que la recurrente pretende, por medio de una acción constitucional de carácter cautelar y excepcional, justificar un eventual incumplimiento de obligaciones libremente asumidas, cuestión que, a su juicio, excede el ámbito propio del recurso de protección.

Añadió que la controversia planteada es esencialmente contractual y requeriría un debate de lato conocimiento, con rendición de prueba y discusión de fondo en la sede jurisdiccional correspondiente, sin que exista un derecho indubitado afectado por un acto ilegal o arbitrario, sino una discrepancia relativa a la ejecución de un contrato válidamente celebrado.

En cuanto al fondo, afirmó que la decisión de no acceder al traslado del período asistencial obligatorio se encuentra debidamente fundada en la normativa vigente, en particular en el Decreto N°507/1990 y en el reglamento aplicable a los becarios de la Ley N°15.076, y que fue adoptada en ejercicio de las potestades que corresponden al Servicio con el objeto de asegurar la adecuada articulación y funcionamiento de su red asistencial.

Sostuvo, asimismo, que la decisión cuestionada no resulta arbitraria, pues obedecería a criterios objetivos vinculados tanto al cumplimiento de las obligaciones asumidas por la recurrente como a las necesidades propias del servicio público de salud. En relación con las circunstancias médicas invocadas por aquella, señaló que dichos antecedentes fueron ponderados por la autoridad competente, sin que de ellos surgieran circunstancias que impusieran jurídicamente adoptar una decisión distinta.

Agregó que la recurrente suscribió voluntariamente el instrumento que establecía su obligación de cumplir el período asistencial obligatorio en el territorio correspondiente, con pleno conocimiento de sus condiciones, por lo que, a juicio del Servicio, el acto impugnado no configura ilegalidad ni arbitrariedad ni produce afectación de las garantías constitucionales invocadas.

Por todo ello, solicitó el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas, y acompañó copia de la escritura pública que contiene el contrato celebrado entre las partes y del mandato en que consta su personería.

A folio 10, la recurrente hizo presente hechos y antecedentes médicos sobrevinientes y acompañó informes de exámenes de imágenes, una boleta electrónica, órdenes y presupuestos quirúrgicos y otros documentos que individualizó, sosteniendo que varios de los riesgos advertidos al deducir la acción se habrían materializado durante su tramitación -reagudizaciones, derrames articulares, necesidad de artrocentesis e indicación de tratamiento quirúrgico de la rodilla derecha-, y precisando que no pretende sustraerse del cumplimiento de su período asistencial obligatorio, sino cumplirlo en el Servicio de Salud Reloncaví.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: El recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Segundo: De lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que la presente acción constitucional se dirige en contra del Servicio de Salud Chiloé por la decisión, comunicada a la recurrente el 4 de febrero de 2026, de no acceder a su solicitud de traslado de su período asistencial obligatorio al Servicio de Salud Reloncaví, informándole que, podrían autorizar una permuta en el caso de existir otro profesional de su misma especialidad u otra que quiera devolver en Chiloé. La recurrente sostiene que dicha decisión vulnera su integridad física y psíquica y la igualdad ante la ley, y precisa expresamente que no pretende ser liberada de su período asistencial obligatorio, sino cumplirlo en el Servicio de Salud Reloncaví.

Cuarto: Que consta de la escritura pública de 15 de julio de 2022, otorgada ante la Segunda Notaría de Castro (Repertorio NUM001) y acompañada por la recurrida, que el Ministerio de Salud otorgó a la recurrente una beca para cursar, en la Universidad San Sebastián, el programa de especialización en Medicina Interna, de tres años de duración. Al respecto, en su cláusula cuarta letra g), la becaria se obligó a realizar un período asistencial obligatorio por un plazo igual al doble de la duración de la beca, esto es, seis años, y a cumplirlo “en un Establecimiento Hospitalario Dependiente del Servicio de Salud Chiloé”.

Quinto: Que, en este marco, la solicitud de traslado se fundó por la propia recurrente en el inciso tercero del artículo 12 de la Ley N°19.664, que permite a los profesionales funcionarios cumplir su compromiso en un Servicio distinto de aquel con el cual se encuentran obligados, mediante acuerdo de los Directores de los Servicios de Salud de origen y de destino y sólo en casos calificados, por resolución fundada.

Basa su solicitud en las causales que invocó, a saber, razones de salud del profesional o de familiares directos, “fehacientemente acreditadas, cuyos tratamientos requieran del cambio o se vean facilitados por el mismo”; situaciones personales relevantes calificadas por el Director; y situaciones socioeconómicas o familiares graves que afecten directamente al profesional o a su familia, “comprobadas fehacientemente”. Se trata, en consecuencia, de una facultad de la autoridad de salud, cuyo ejercicio exige que quien la solicita acredite el supuesto que la habilita, y que en el caso de la causal de salud consiste en demostrar que los tratamientos requieren del cambio o se facilitan por éste.

Sexto: Que, sin que sea necesario pronunciarse sobre la naturaleza contractual o estatutaria del vínculo que alega la recurrida, corresponde examinar si la decisión impugnada es ilegal o arbitraria y si afecta alguna de las garantías invocadas, lo que exige verificar, en primer término, que se haya acreditado el presupuesto que la propia recurrente invoca. Al respecto, y como se razonará, dicha acreditación no se ha producido.

Séptimo: Que los antecedentes médicos acompañados con el recurso consisten, en lo esencial, en tres informes. El de la médica reumatóloga, emitido el 15 de enero de 2026 desde la Clínica Andes Salud de Puerto Montt, da cuenta de una artritis reumatoide seropositiva, activa y refractaria, en terapia biológica, y de una artrosis de rodilla grado 4 con osteotomía de fémur distal derecho, indicando que la paciente “refiere” tener que cumplir su período asistencial obligatorio en el Servicio de Salud Chiloé, “lo cual por la ausencia de especialistas en dicho servicio (Reumatólogo y Traumatólogo de Rodilla) podría significar un menoscabo en su salud física y funcionalidad”, y sugiriendo que “se evalúe la posibilidad de reasignar su PAO a centro que cuente con el acceso, especialistas y manejo adecuado de su enfermedad de base”. El del psiquiatra, de 23 de enero de 2026, quien se desempeña en el Hospital Regional de Puerto Montt, refiere un seguimiento iniciado el 19 de diciembre de 2025 por un episodio depresivo mayor moderado y considera razonable mantenerla en el Servicio de Salud Reloncaví. El del psicólogo, de 21 de enero de 2026, da cuenta de 32 sesiones entre el 4 de julio de 2024 y el 20 de enero de 2026 y recomienda igualmente que cumpla su período asistencial en dicho Servicio, señalando que la lejanía de centros especializados y la falta de una red de apoyo cercana “podrían agravar” su situación psicológica y limitar su acceso a tratamientos.

Octavo: Que de tales antecedentes resulta acreditado que la recurrente padece una enfermedad crónica de entidad y que cuenta con profesionales tratantes en Puerto Montt, cuya seriedad esta Corte no desconoce. Sin embargo, no se ha acreditado -más allá de la afirmación genérica contenida en los certificados, que se apoyan en lo que la propia paciente refiere y se expresan en términos condicionales- que el tratamiento que efectivamente requiere se otorgue en Puerto Montt ni que dependa de su residencia en esa ciudad. No se acompañó ficha clínica, registro de atenciones, calendario o periodicidad de controles, ni antecedente alguno sobre el establecimiento en que se administra o dispensa la terapia biológica y su continuidad; y los exámenes de imágenes realizados en Puerto Montt -resonancia magnética de 2 de junio de 2025 y, con posterioridad al acto impugnado, resonancia de 12 de mayo y ecotomografía de 18 de junio de 2026- constituyen estudios diagnósticos que no acreditan por sí mismos un plan de tratamiento cuya ejecución requiera el cambio de destino solicitado. Tampoco se acompañaron antecedentes sobre las gestiones que el informe psiquiátrico da a entender que se habrían realizado para estructurar un equipo tratante en el territorio del Servicio recurrido.

Noveno: Que la conclusión anterior no se altera por los antecedentes acompañados a folio 10. Ellos consisten, en lo pertinente al tratamiento traumatológico y quirúrgico, en una boleta electrónica de la Clínica MEDS La Dehesa SpA, con sucursal en la comuna de Lo Barnechea, de 9 de julio de 2026, por insumos de artrocentesis, que consigna como dirección de la paciente DIRECCION000; en un presupuesto del traumatólogo don nombre reservado, de esa misma fecha, para el retiro de placa y sinovectomía parcial; en una orden de cirugía del traumatólogo don nombre reservado, de la Red de Salud UC Christus, de 27 de julio de 2026, emitida en el Centro Santa Lucía, que indica sinovectomía artroscópica y retiro de placa de osteotomía en el Hospital Marcoleta y que consigna como domicilio de la paciente una dirección en la comuna de La Florida; y en un presupuesto del traumatólogo don nombre reservado, de la Clínica Universidad de los Andes, con domicilio en la comuna de Las Condes, Santiago, de 3 de agosto de 2026.

Al respecto, la propia recurrente reconoce, además, haber debido acudir a evaluaciones con traumatólogos “incluyendo consultas fuera de la Región de Los Lagos”. Es decir, la atención traumatológica y quirúrgica que se invoca como razón de urgencia fue presupuestada y ordenada en la Región Metropolitana (Clínica MEDS, en Lo Barnechea, y Clínica Universidad de los Andes, en Las Condes) y en la Red de Salud UC Christus, sin que conste que las intervenciones indicadas - cuyos diagnósticos y procedimientos, además, no son coincidentes, como la propia recurrente admite- se hayan practicado o vayan a realizarse en Puerto Montt ni en el territorio del Servicio de Salud Reloncaví. Dichos antecedentes, por tanto, no demuestran que el cambio de destino solicitado sea el que requiera o facilite tales tratamientos, pues la recurrente debería trasladarse para recibirlos tanto si cumple su período asistencial en Quellón como si lo hace en Puerto Montt.

Décimo: Que, por otra parte, la legalidad y razonabilidad del acto impugnado debe ponderarse con los antecedentes de que disponía la autoridad al dictarlo, el 10 de abril de 2026. Los exámenes, órdenes, presupuestos y procedimientos que se invocan como hechos sobrevinientes son todos posteriores a esa fecha y no pueden, por sí solos, tornar arbitraria una decisión adoptada con la información entonces disponible, sin perjuicio de que puedan ser sometidos a la autoridad administrativa mediante una nueva solicitud. Lo mismo cabe decir de las afirmaciones contenidas en el escrito de folio 10 que carecen de respaldo documental en autos, como la periodicidad aproximada de los episodios de sinovitis.

Décimo primero: Que, en cuanto a la posibilidad de compatibilizar el cumplimiento del período asistencial con los controles y tratamientos de la recurrente, consta del propio Ord. NUM000 que el Servicio recurrido expresó: “propendemos a dar todas las facilidades a los profesionales funcionarios que deben asumir su PAO, dentro de los márgenes que establece el Decreto 507/1990”, y la recurrente reconoce en su solicitud que, en la reunión presencial sostenida en Castro el 9 de diciembre de 2025 con el Director del Servicio y dos de sus subdirectores, las autoridades expresaron “la disposición para otorgarme las facilidades necesarias para la realización de mis controles médicos y seguimiento clínico”.

Su reparo consiste en una preocupación sobre la factibilidad real de que tales facilidades se traduzcan en acceso oportuno a la atención, y en que los permisos podrían significar una mayor carga de ausentismo, esto es, en un temor de carácter prospectivo. Consta, además, que la recurrente, según ella misma reconoce, no se ha reincorporado a sus funciones, de modo que no existe antecedente alguno de que se haya solicitado y denegado permiso o facilidad para asistir a controles o procedimientos. El convenio, por lo demás, reconoce a la becaria el derecho a presentar licencia médica por enfermedad.

Décimo segundo: Que lo expuesto revela que el Servicio recurrido no desatendió la situación de salud de la recurrente, sino que, reconociéndola, ofreció facilidades y una alternativa -la permuta con un profesional de su misma u otra especialidad que desee cumplir beca en Chiloé-, sustentando su decisión en una necesidad objetiva de la red, esto es, la existencia de brechas de profesionales médicos que se deben resolver entre otras estrategias, con el retorno de profesionales que acceden a los programas de formación del Minsal.

Así, la recurrente se obligó voluntariamente a cumplir su período asistencial en un establecimiento dependiente del Servicio de Salud Chiloé, con la salvedad, pactada en el mismo instrumento, de que el lugar de destino puede cambiar según las necesidades asistenciales, de modo que la decisión de no acceder a su traslado no aparece como una determinación caprichosa, carente de fundamento o contraria a lo convenido, ni como una actuación ilegal.

Décimo tercero: Que, en cuanto a las garantías invocadas, la de integridad física y psíquica del artículo 19 N°1 no aparece afectada por el acto impugnado, pues éste no priva ni perturba actualmente a la recurrente de la atención médica que recibe, la que continúa con sus especialistas tratantes, y los riesgos que se anticipan en los informes acompañados se formulan en términos condicionales (“podría significar un menoscabo”; “podrían agravar”; “que pueda representar un riesgo”), sin que se haya acreditado una amenaza cierta, actual y directamente derivada de la decisión recurrida, más aún cuando el Servicio ha manifestado su disposición a otorgar facilidades. Por su parte, en cuanto a la igualdad ante la ley del N°2 del mismo artículo, la recurrente no ha señalado ni acreditado un término de comparación ni una diferencia arbitraria de trato respecto de otros profesionales en su misma situación, limitándose el Servicio a aplicar el régimen general de cumplimiento del período asistencial.

Décimo cuarto: Que, finalmente, determinar si la red asistencial de Chiloé puede o no dar continuidad adecuada a los tratamientos de la recurrente, si la de Reloncaví reúne mejores condiciones y puede recibirla, y cómo se ponderan las necesidades de ambos servicios y la incidencia presupuestaria de un traspaso, son cuestiones técnicas y administrativas que requieren antecedentes clínicos y de gestión que no obran en autos y un debate probatorio más amplio, ajeno a la naturaleza cautelar y a la cognición sumaria del recurso de protección, cuyo ámbito supone la existencia de un derecho indubitado, presupuesto que en la especie no concurre.

Décimo quinto: Que, por lo razonado, la acción constitucional no puede prosperar.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República; en el artículo 12 de la Ley N°19.664 y en el Decreto Supremo N°507, de 1990, del Ministerio de Salud; y en el Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y sus modificaciones posteriores, se declara, que, se rechaza sin costas, la acción constitucional deducida por doña nombre reservado en contra del Servicio de Salud Chiloé.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo de la Abogada Integrante señora Sofía Bohle Pérez.

No firma el Fiscal Judicial Subrogante señor nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por haber cesado en su cometido funcionario.

Rol Protección N°917-2026.-