nombre reservado con SERVICIO DE MIGRACIONES

nombre reservado, diecisiete de noviembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, comparecen ALEJANDRO IGNACIO ESPINOZA ESPINOZA, abogado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado y FRANCISCA JAVIERA CHACÓN MIRANDA, abogada, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, a favor de nombre reservado, de nacionalidad peruana, titular de cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado de nombre reservado, Región de Los Lagos, e interponen acción de protección en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y del Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión ilegal y arbitraria en el pronunciamiento sobre su solicitud de nacionalización, realizada con fecha 18 de junio de 2022.

Señaló que la recurrente en la fecha indicada ingresó su solicitud de Carta de Nacionalización, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 N° 3 de la Constitución Política de la República, a través del portal oficial del Servicio Nacional de Migraciones, bajo el folio 25567533 y número de solicitud 48801028. En esa oportunidad, acompañó todos los antecedentes requeridos. Con fecha 24 de febrero de 2023, fue citado y concurrió a entrevista ante la Policía de Investigaciones. Posteriormente, con fecha 20 de septiembre de 2023, recibió la notificación de que debía efectuar el pago de los derechos administrativos, lo cual fue realizado el 22 de septiembre de 2023. Ese mismo día, recibió correo confirmando que su solicitud había avanzado a la etapa de análisis.

Indica que a la fecha de esta presentación han transcurrido más de dos años desde el ingreso de la solicitud y más de nueve meses desde su avance a análisis, sin que se haya emitido resolución administrativa alguna, ya sea para otorgar o rechazar la carta de nacionalización, ni se ha solicitado información adicional. Esta omisión injustificada configura una vulneración directa a los principios de celeridad, inexcusabilidad y debido proceso administrativo que rigen el actuar de los órganos del Estado.

Agregó que la demora es injustificada, excesiva y desproporcionada, manteniendo a la actora en un estado de incertidumbre, no pudiendo acceder a derechos que solo tienen los nacionales.

Argumentó que esta omisión vulnera el principio de igualdad ante la ley del artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 24 y 27 de Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, y asimismo con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley N°21.325 de 2021, Ley de Migración y Extranjería, y el artículo 46 de su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°296 de 2022.

Indica que las garantías y derechos constitucionales que resultan afectados son los del artículo 19 n°s 2 y 3 de la Constitución Política de la República, por la omisión arbitraria e ilegal por parte del servicio recurrido en el excesivo tiempo de tramitación en dar respuesta a la solicitud de nacionalización realizada.

Previas citas legales, pidió que se acoja la acción constitucional y se ordene a la recurrida que se pronuncie sobre la solicitud de carta de nacionalización dentro de plazo prudente que esta Corte establezca, conforme con los principios que le impone su reglamentación en el artículo 37 de la Ley 21.325 y en el artículo 46 de su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 296 de 2022 y, en general, adoptar las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Acompañó a su presentación: Copia de cédula de identidad para extranjeros de don nombre reservado; Copia de pasaporte peruano vigente del recurrente; Comprobante de envío de solicitud de nacionalización, folio N° 25567533, número de solicitud 48801028, con fecha 18 de junio de 2022; Citación y constancia de entrevista ante la Policía de Investigaciones, de fecha 24 de febrero de 2023; Certificado de nacimiento de su hija chilena, nombre reservado; Anexo de contrato de trabajo indefinido con Multi X S.A.; Certificado de cotizaciones previsionales emitido por AFP Modelo; Certificado de antecedentes para fines especiales emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificación; Correo que confirma avance a etapa de análisis, de fecha 22 de septiembre de 2023; Correo de notificación de pago de derechos, de fecha 20 de septiembre de 2023, y comprobante de pago de fecha 22 de septiembre de 2023; Certificados de declaración de renta de los últimos años, emitidos por el Servicio de Impuestos Internos; y Carta de respuesta SIAC del Ministerio del Interior, de fecha 14 de julio de 2025.

A folio 4 se declaró admisible el recurso y se solicitó informe a ambas recurridas.

A folio 6 el Servicio Nacional de Migraciones evacuó informe solicitando el rechazo del presente recurso de protección en todas sus partes, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que prive, perturbe o amenace los derechos fundamentales del recurrente, sino que la autoridad migratoria ha ceñido su actuar a la Constitución Política de la República y a las normas legales y reglamentarias dictadas conforme a ella.

Señala que don nombre reservado ingresó por primera vez al país con fecha 8 de julio de 2008, por el paso fronterizo carretera Chacalluta, en calidad de turista.

Con fecha 13 de diciembre de 2011, el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, otorga el beneficio de la residencia definitiva en el país, mediante Resolución Exenta N° 98761.

Luego, con fecha 18 de junio de 2022, la persona extranjera solicitó a través de este servicio el beneficio de Carta de Nacionalización, mediante N° ID 48801028.

Con fecha 22 de septiembre de 2022, este servicio notificó a la persona extranjera de Solicitud incompleta o insuficiente, otorga plazo para acompañar documentos, lo que es cumplido el día 24 de septiembre de 2022.

Con fecha 19 de diciembre de 2022, este servicio notificó a la persona extranjera de Informa avanza a etapa de análisis., y entre las fechas 19 de diciembre de 2022 y 10 de marzo de 2023, la solicitud de carta de nacionalización se asigna a etapa análisis y entrevista asignada a Policía de Investigaciones Región de Los Lagos (nombre reservado) de acuerdo al domicilio indicado por la persona extranjera.

Con fecha 20 de septiembre de 2023, este servicio notificó a la persona extranjera de solicita pago de derechos, lo que se hizo el día 22 de septiembre de 2023.

El día 29 de diciembre de 2023, este servicio emite Oficio Ordinario N° 102000 el cual remite proyecto decreto carta de nacionalización a Subsecretaría del Interior, por lo que, a la fecha, su solicitud de carta de nacionalización se encuentra en trámite, en etapa de ratificación, conforme el procedimiento dispuesto en el artículo 5 del Decreto N° 5142, de 1960.

Refiere que el recurrente cuenta con situación migratoria regular en el país, y que la solicitud de nacionalización debe ser resuelta por el Presidente de la República, en carácter discrecional, por lo que no se vislumbra que la omisión en el pronunciamiento del acto administrativo final genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de las garantías fundamentales del actor.

Acompañó al recurso: 1. Copia de escritura pública de mandato judicial Repertorio N° 11110 /2023, de fecha 05 de diciembre de 2023, otorgada ante el Notario interino de nombre reservado, don Felipe San Martin Schröder. 2. Solicitud incompleta o insuficiente, otorga plazo para acompañar documentos, de fecha 22 de septiembre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones. 3. Informa avanza a etapa de análisis, de fecha 19 de diciembre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones. 4. Solicita pago de derechos, de fecha 20 de septiembre de 2023, del Servicio Nacional de Migraciones. 5. Oficio Ordinario N° 102000, de fecha 29 de diciembre de 2023, del Servicio Nacional de Migraciones.

A folio 8 el Ministerio del Interior evacua informe al tenor de lo solicitado, solicitando su rechazo, con expresa condena en costas.

Señala que el otorgamiento de cartas de nacionalización a personas extranjeras se efectúa por decreto expedido con la sola firma de la autoridad superior de este Ministerio, a través del ejercicio de una facultad expresamente contemplada en la ley.

Agrega que lo anterior, según lo dispuesto en los artículos 84 de la ley N° 21.325; 1° y 2° del decreto supremo N° 5.142, de 1960, del entonces Ministerio del Interior; y 1, apartado IV, N° 4, de la ley N° 16.436, en virtud de los cuales se otorga al Ministerio del Interior y Seguridad Pública la facultad de conceder cartas de nacionalización, deponiéndola en términos potenciales, al indicarse que “podrá” otorgarse esta concesión a quienes cumplan los requisitos allí señalados.

Respecto del caso que nos ocupa, indica que los antecedentes de la solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización de la parte recurrente ya han sido recibidos por el Ministerio del Interior, de parte del Servicio Nacional de Migraciones, encontrándose actualmente el acto administrativo que la resuelve en sus últimas etapas de tramitación, previo a la firma de la autoridad. Una vez concluida la tramitación de dicho acto, aquel será debidamente notificado a la parte recurrente, de conformidad con el procedimiento y competencias definidas explícitamente en la ley.

Precisa, a modo ejemplar, que solo entre enero y marzo de 2024 se han presentado -en promedio- 3.400 solicitudes mensuales de otorgamiento de cartas de nacionalización. Sin embargo, dicha cifra debe contextualizarse en el total de solicitudes relacionadas con nacionalizaciones que, anualmente, se han ingresado en los últimos años: el 2021, se contabilizaron más de 10.000; el 2022, más de 30.000; y el 2023, más de 40.000.

Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, que concluye que este tipo de procedimientos migratorios son reglados y constan de diversas etapas, por lo que la sola demora en la tramitación de las solicitudes respectivas no permite apreciar alguna vulneración en los derechos que la Constitución Política de la República garantiza a las personas, ni aún en grado de amenaza.

Finalmente indica que el acoger acciones de protección como la de la especie, implica una afectación a la garantía de igualdad ante la ley, al poner en una situación favorable a la parte recurrente sin que exista una razón aparente que la justifique, en desmedro de las personas extranjeras que efectúan sus solicitudes de otorgamiento de carta de nacionalización por la vía regular, sin activar mecanismos judiciales, e incluso con una fecha anterior a la parte recurrente, y que aún no cuentan con una respuesta de tal solicitud.

Encontrándose en estado de ver se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Segundo: De lo anteriormente reflexionado, se desprende que es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que la presente acción cautelar denuncia como ilegal y arbitraria la omisión de parte del Servicio Nacional de Migraciones y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en el pronunciamiento sobre su solicitud de nacionalización, deducida por el recurrente el 18 de junio de 2022.

Cuarto: Que, en el caso sub lite, se concluye de los antecedentes que obran en autos, que el recurrente solicitó su carta de nacionalidad en Chile a través de los canales destinados a tal efecto, habiendo obtenido respuesta del Servicio Nacional de Migraciones, el que remitió los antecedentes al Ministerio de Interior con fecha 29 de diciembre de 2023.

Quinto: Que, estando ya la petición de la recurrente en etapa de análisis, no se estima excesiva la duración del procedimiento, dado que el Ministerio en cuestión cuenta con una carga y demanda considerable de solicitudes que resolver, respecto de la regularización de migrantes, y luego la carta de nacionalización, habiendo cumplido con informar al tenor de lo solicitado.

Sexto: Que en tal orden de cosas, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública se ha ajustado a la normativa que rige su actuación, sin que existan elementos de juicio que permitan concluir que en la especie haya obrado de manera arbitraria, lesionando las garantías constitucionales invocadas, todo lo cual permite desestimar desde ya la acción constitucional intentada.

Si bien aún no existe un acto administrativo formal expedido por la autoridad que contenga los motivos para acceder o denegar a la misma, el plazo establecido a la administración pública por la Ley 19.880 no es fatal, sin perjuicio de lo cual dada la extensión temporal de casi 3 años totales de tramitación de la solicitud, se mandatará a la Administración para que se pronuncie dentro de un plazo razonable.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y Acta N°94-2015 sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción interpuesta por ALEJANDRO IGNACIO ESPINOZA ESPINOZA, y doña FRANCISCA JAVIERA CHACÓN MIRANDA, en favor de don nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y el Ministerio del Interior. Sin perjuicio de lo anterior, se hace presente a dicho Servicio que deberá emitir un pronunciamiento -en lo que corresponde a su competencia- respecto de la solicitud de la recurrente dentro de un plazo breve y prudencial.

Acordada con el voto en contra del Ministro Patricio Rondini Fernández-Dávila, quien estuvo por acoger el recurso de protección y ordenar a la recurrida resolver la solicitud de permanencia definitiva en el más breve plazo, teniendo presente para ello que ha dilatado la decisión de la petición presentada por la actora en demasía, excediendo el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N°19.880, sin que exista un acto administrativo formal expedido por la autoridad que contenga los motivos para acceder o denegar la solicitud del recurrente, lo cual constituye una afectación a la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Redacción a cargo del abogado integrante Mauricio Cárdenas García.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°911-2025.-