Protección contra Fundación nombre reservado

nombre reservado, veintiséis de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece doña nombre reservado, cédula de identidad NUM000, labores del hogar, domiciliada en domicilio reservado de nombre reservado, en representación de su hija nombre reservado, cédula de identidad NUM001, estudiante. Interpone recurso de protección en contra de la Fundación nombre reservado, RUT NUM002, representado legalmente por don nombre reservado, cédula de identidad NUM003, ambos con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado.

Expone que la adolescente cursa 4º año de enseñanza media en el Colegio nombre reservado y ha sido diagnosticada con Trastorno del Espectro Autista, condición que fue informada al colegio desde su ingreso, durante el año 2025. Al respecto señala que, atendido dicho diagnóstico, su hija requiere apoyos específicos y ajustes razonables para desenvolverse adecuadamente en el contexto educativo, entre ellos adecuaciones en las evaluaciones, instrucciones claras, flexibilidad en la carga académica, espacios de contención frente a episodios de desregulación emocional y un trabajo coordinado con el Programa de Integración Escolar.

Sostiene que, pese a que el establecimiento conoce su condición y cuenta con dicho programa, estas medidas no habrían sido implementadas de manera suficiente.

Luego indica que los informes emitidos por el neurólogo tratante, doctor nombre reservado, dan cuenta que desde el año 2025 se han solicitado adecuaciones al establecimiento educacional, las que no se habrían cumplido íntegramente, provocando en la adolescente sintomatología ansiosa. En tal sentido, afirma haber sostenido diversas reuniones con el colegio y pese a reconocerse la necesidad de apoyo especializado, ello no se tradujo en medidas concretas suficientes, razón por la cual formuló una denuncia ante la Superintendencia de Educación, procedimiento que culminó con una amonestación al establecimiento.

Afirma que, no obstante, lo anterior, durante el año 2026 continuaron aplicándose evaluaciones y exigencias académicas sin considerar adecuadamente las características de su hija, siendo los apoyos parciales, tardíos o inexistentes, lo que habría generado altos niveles de frustración, ansiedad y desregulación emocional.

Indica que la situación se agudizó durante los meses de abril y mayo de 2026, período en que su hija comenzó a presentar episodios de desregulación emocional al interior del establecimiento, llegando incluso a autolesionarse, debiendo ser retirada anticipadamente en diversas oportunidades, sin que, a su juicio, se adoptaran medidas eficaces para resguardar su integridad. Precisa que el 4 de mayo de 2026 ocurrió el episodio más reciente, ocasión en que la educadora diferencial nombre reservado habría manifestado a la adolescente que debía “poner de su parte” y que en la educación superior la situación “sería peor”, expresiones que, afirma, relativizan su condición y desconocen la necesidad de implementar adecuaciones acordes con ella.

Sostiene que las actuaciones y omisiones denunciadas infringen las obligaciones de inclusión y de adopción de ajustes razonables contempladas en las Leyes N°20.422 y N°21.545 y, previas citas constitucionales y de tratados internacionales sobre derechos humanos, pide se acoja el recurso de protección y se ordene el cese de toda conducta u omisión que implique discriminación, invalidación o desatención de la condición de su hija; que el establecimiento adopte las medidas necesarias para asegurarle un trato digno, respetuoso e inclusivo; que se implemente o modifique un Plan de Adecuaciones Curriculares Individualizado; que se capacite al personal docente y del Programa de Integración Escolar en materias relativas al Trastorno del Espectro Autista, educación inclusiva, manejo de desregulación emocional y enfoque de derechos de las personas con discapacidad y, por último, que se dispongan las demás medidas que esta Corte estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de la integridad física y psíquica de la estudiante.

A folio 8 evacúa informe la Corporación nombre reservado (singularizada por la recurrente como Fundación nombre reservado), quien solicita el rechazo del recurso de protección. En primer término, niega haber incurrido en actos u omisiones ilegales o arbitrarios, asegurando haber dado cumplimiento a la normativa vigente mediante la implementación de los apoyos que la estudiante requiere.

Enseguida, expone que en septiembre de 2025 se acordó la elaboración de un Plan de Acompañamiento Emocional y Conductual (PAEC) y de un Plan de Apoyo Individual (PAI), ambos conocidos y aprobados por la apoderada. Precisa que este último contempló, entre otras medidas, el uso de recursos audiovisuales, instrucciones secuenciadas, mayor tiempo para rendir evaluaciones, ítems diferenciados, posibilidad de respuesta oral y apoyos para la organización personal. En cuanto a la ausencia inicial de un Plan de Adecuaciones Curriculares Individualizado (PACI), indica que el equipo del Programa de Integración Escolar efectuó una evaluación diagnóstica que concluyó, en mayo de 2026, que la estudiante no requería adecuaciones curriculares significativas. Señala que dicha decisión es consistente con las orientaciones contenidas en el Decreto N°83 de 2015 del Ministerio de Educación, atendido el buen desempeño académico de la adolescente, su autonomía funcional y el carácter principalmente socioemocional de los apoyos requeridos.

En cuanto a las expresiones atribuidas a la educadora diferencial, controvierte el contexto en que habrían sido formuladas y sostiene que la trayectoria de acompañamiento de dicha profesional resulta incompatible con una conducta de hostigamiento o invalidación. Sin perjuicio de ello, reconoce que las expresiones podrían calificarse como poco empáticas, aunque estima que no configuran, por sí solas, un acto ilegal o arbitrario capaz de vulnerar garantías constitucionales.

Acerca de la sanción de la Superintendencia de Educación, indica que esta obedeció a deficiencias de respaldo documental respecto de determinadas medidas y no a la constatación de una vulneración de derechos fundamentales. Con todo, señala que para el año 2026, se elaboró un Plan de Adecuaciones Curriculares Individualizado que incorpora evaluaciones diagnósticas internas y apoyos específicos destinados al manejo de la frustración y de la desregulación emocional.

Finalmente, sostiene que el recurso de protección no constituye una vía idónea para revisar o sustituir decisiones de carácter técnico-pedagógico adoptadas por profesionales competentes. Señala que los informes médicos externos han sido considerados como antecedentes relevantes, pero que deben ser ponderados conjuntamente con la evaluación diagnóstica y la observación directa desarrollada por los profesionales del establecimiento, de acuerdo con la normativa educacional aplicable. Pide el rechazo del recurso de protección.

Encontrándose la causa en estado, se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarios que priven, perturben o amenacen su ejercicio. Su finalidad consiste en restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al afectado mientras subsista la situación que motiva la intervención jurisdiccional.

Segundo: Que, la recurrente sostiene que el establecimiento, pese a conocer el diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista de la estudiante, no ha implementado de manera suficiente y oportuna los apoyos y adecuaciones requeridos, provocando episodios de ansiedad y desregulación emocional.

Tercero: Que, por su parte, la recurrida solicita el rechazo del recurso, afirmando haber adoptado diversas medidas de apoyo y acompañamiento, conforme a evaluaciones efectuadas por el equipo profesional del establecimiento, negando haber incurrido en actos u omisiones ilegales o arbitrarios, conforme al detalle que se sintetiza en lo expositivo.

Cuarto: Que, los antecedentes acompañados a la causa, valorados conforme a las reglas de la sana crítica, permiten establecer los siguientes hechos: (i) nombre reservado, nació el NUM004 de 2009, tiene 17 años, ingresó al Colegio nombre reservado el segundo semestre de 2025 y actualmente cursa 4º medio. (ii) La adolescente se encuentra diagnosticada con Trastorno del Espectro Autista y durante el año 2025 se implementaron, entre otras medidas de apoyo, un Plan de Apoyo Individual (PAI) y un Plan de Acompañamiento Emocional y Conductual (PAEC), además de apoyo del Programa de Integración Escolar. Durante el año 2026, se elaboró un Plan de Adecuaciones Curriculares Individualizado (PACI). (iii) nombre reservado ha presentado episodios de desregulación emocional durante el año 2026. (iv) Mediante Resolución Exenta NUM005, de 6 de mayo de 2026, la Superintendencia de Educación aplicó al establecimiento una amonestación por escrito, a raíz de una deficiencia en el protocolo destinado al abordaje de situaciones de desregulación emocional y conductual, constando asimismo de los antecedentes acompañados que dicha deficiencia fue posteriormente corregida.

Quinto: Que, la Ley N°21.545 que “establece la promoción de la inclusión, la atención integral y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista en el ámbito social, de salud y educación” dispone en su artículo 18 que el Estado debe asegurar una educación inclusiva de calidad y promover las condiciones necesarias para el acceso, participación, permanencia y progreso de los estudiantes, resguardando además su acceso sin discriminación arbitraria al sistema educativo; imponiendo a los establecimientos el deber de velar por el desarrollo de comunidades educativas inclusivas y de efectuar los ajustes necesarios en sus reglamentos y procedimientos internos, considerando la diversidad de sus estudiantes y permitiendo el abordaje de las desregulaciones emocionales y conductuales. A su turno, el artículo 20 dispone que los establecimientos educacionales deben proveer espacios inclusivos, libres de violencia y discriminación para las personas autistas y adoptar las medidas necesarias para que sus funcionarios cuenten con herramientas que permitan proteger adecuadamente su integridad física y psíquica.

Por su parte, la Ley N°20.422, que “establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad”, prevé en su artículo 34, que el Estado garantiza a las personas con discapacidad el acceso a los establecimientos del sistema de educación regular o especial, según corresponda y que los establecimientos de enseñanza parvularia, básica y media contemplen planes para estudiantes con necesidades educativas especiales. A su vez, el artículo 36 señala, además, que los establecimientos de enseñanza regular deben incorporar las adecuaciones curriculares, materiales de apoyo y recursos adicionales necesarios para facilitar su acceso, permanencia y progreso en el sistema educacional.

Sexto: Que, los antecedentes de la causa no permiten establecer que el establecimiento educacional haya prescindido de la adopción de medidas de apoyo respecto de la estudiante.

Por el contrario, consta que durante el año 2025 se dispuso apoyo directo en aula por una educadora diferencial, flexibilidad horaria y la elaboración de un Plan de Apoyo Individual (PAI) y un Plan de Acompañamiento Emocional y Conductual (PAEC). El primero contempla adecuaciones de acceso relativas a estrategias metodológicas —presentación de la información, ejecución y expresión, motivación y participación— y modalidades de evaluación diferenciada referidas a su estructura, forma, tiempo, mediación y corrección. El segundo contempla un eje preventivo y otro reactivo, precisando estrategias individualizadas frente a conductas desafiantes o episodios de desregulación en sus distintas etapas de inicio, crecimiento, explosión y recuperación.

En lo relativo a la ausencia inicial de un Plan de Adecuaciones Curriculares Individualizado (PACI), se ha acompañado un informe de evaluación y determinación de apoyos, elaborado por la coordinadora del PIE, la terapeuta ocupacional, la fonoaudióloga y la psicóloga, que concluye que resultaba suficiente mantener un PAI, atendido el perfil de funcionamiento de la estudiante, caracterizado por un desempeño global favorable, autonomía funcional conservada y requerimientos de apoyo focalizados principalmente en el ámbito socioemocional, de organización y acompañamiento pedagógico. No obstante, se ha acompañado el PACI correspondiente al 1er semestre de 2026, el cual contempla adaptaciones en materia de evaluación, metodología y espacio físico, además de adecuaciones curriculares respecto de determinados aprendizajes en las asignaturas y talleres que allí se individualizan, esto es, lenguaje, matemática, historia, taller “paes” lenguaje y diseño y arquitectura.

Séptimo: Que, la recurrente ha argumentado con base en la sanción impuesta por la Superintendencia de Educación a la recurrida, aunque sin efectuar mayores precisiones. Al respecto, cabe considerar se acompañó por la recurrida la Resolución Exenta NUM005, de fecha 6 de mayo de 2026, que aplicó al Colegio nombre reservado la sanción de amonestación por escrito, fundado en el cargo consistente en no contar con un protocolo de desregulación emocional y conductual que contenga los aspectos exigidos por la normativa vigente. Con todo, la deficiencia constatada se tuvo por corregida, según consta en la misma resolución.

Ahora bien, la circunstancia de que la estudiante haya experimentado episodios de desregulación durante el año 2026 no permite, por sí sola, concluir que el establecimiento haya incurrido en una omisión ilegal o arbitraria, desde que existen mecanismos específicamente destinados a prevenir y abordar tales situaciones.

Octavo: Que, en lo relativo a las recomendaciones formuladas por el neurólogo tratante, estas constituyen antecedentes relevantes que deben ser considerados en la determinación de los apoyos que requiere la estudiante, pero no se desprende de la normativa invocada que sus indicaciones deban ser adoptadas de manera automática por el establecimiento educacional, debiendo considerarse una evaluación integral e interdisciplinaria de las necesidades de la alumna, considerando conjuntamente los antecedentes clínicos, pedagógicos y familiares disponibles.

En cuanto a las expresiones “poner de su parte” y que “en la educación superior sería peor”, atribuidas a la educadora diferencial con fecha 4 de mayo de 2026, apreciadas en el contexto de los antecedentes de la causa, no revisten entidad suficiente para configurar, por sí mismas, un acto ilegal o arbitrario que importe privación, perturbación o amenaza de alguna de las garantías constitucionales invocadas.

Noveno: Que, así las cosas, los antecedentes allegados al proceso no permiten establecer la existencia de una conducta ilegal o arbitraria de la recurrida susceptible de ser corregida por esta vía cautelar. En efecto, consta que el establecimiento ha implementado diversos instrumentos y medidas de apoyo respecto de la estudiante, los que han sido objeto de evaluación y revisión por los profesionales intervinientes y no se advierten antecedentes suficientes para concluir que las medidas dispuestas sean manifiestamente insuficientes, carezcan de fundamento técnico o importen una discriminación arbitraria respecto de la adolescente, razón por la cual el recurso no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en representación de su hija nombre reservado, patrocinada por la abogada Paz Fernanda Alvarado Martínez, en contra de la Corporación nombre reservado (singularizado en el recurso de protección como Fundación nombre reservado).

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Redacción a cargo de la Ministra Ivonne Avendaño Gómez.

No firma la Ministra doña Ivonne Avendaño Gómez, quien concurrió a la vista y acuerdo por encontrarse en cometido funcionario.

Rol Protección N°902-2026.