Protección contra Servicio de Impuestos Internos

nombre reservado, quince de octubre de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

A folio 1, comparece Christian Löbel Emhart, abogado, cédula de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, nombre reservado, quien interpone acción constitucional de protección en favor de SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL CHILEPLAST S.A., y en contra del Servicio de Impuestos Internos, X Dirección Regional nombre reservado, por los hechos que expone en su presentación.

Que el recurrente fundamenta el recurso de protección interpuesto contra el Servicio de Impuestos Internos (S.I.I.) en la manifiesta ilegalidad y arbitrariedad de la anotación 4001, que restringe a la Sociedad Comercial Industrial Chileplast S.A. la emisión de documentos tributarios sin previa autorización, afectando de manera severa su capacidad operativa y financiera, generando una carga desproporcionada que obstaculiza el cumplimiento de sus obligaciones comerciales y compromete el normal desarrollo de su actividad económica. Alega que esta medida restrictiva no solo interfiere con la capacidad de la empresa para cumplir con sus deberes tributarios, sino que además impide su desarrollo empresarial integral, afectando de forma significativa sus relaciones comerciales y su competitividad en el mercado. El recurrente señala que la implementación de dicha medida carece de un fundamento jurídico adecuado, lo cual resulta incompatible con los principios esenciales del derecho administrativo, tales como el principio de legalidad y el principio de buena fe, que deben regir la actuación de la administración pública. La carencia de justificación jurídica subraya la arbitrariedad de la actuación del S.I.I., la cual trasgrede los derechos de la empresa y constituye un ejercicio desproporcionado del poder administrativo, vulnerando con ello la seguridad y estabilidad necesarias para el desarrollo económico de la recurrente.

El recurrente alega que dicha anotación fue impuesta con base en la Circular N°09/2008, la cual prevé que tal medida solo se aplica a contribuyentes que ostenten la calidad de querellados en procesos penales por delitos tributarios. Sin embargo, en el presente caso, sostiene que Chileplast S.A. no ha sido querellada ni enfrenta procesos penales en su contra, lo cual se acredita mediante los antecedentes del proceso RIT 1260-2020 del Juzgado de Garantía de Coyhaique, donde la querella se dirige exclusivamente contra personas naturales, sin involucrar a la sociedad. Esta circunstancia deja en evidencia una aplicación errónea e injustificada de la normativa vigente por parte del S.I.I., que ha actuado sin atender a los principios de legalidad y buena administración, transgrediendo así el marco normativo aplicable y generando una afectación directa a los derechos de la empresa. La anotación impuesta constituye, además, un acto desproporcionado que excede la finalidad pretendida por la normativa y que no guarda relación con la supuesta infracción cometida.

Asimismo, el recurrente subraya que la imposición de la anotación ha ocasionado perjuicios económicos significativos, afectando su capacidad de financiamiento y su reputación comercial en el mercado, lo cual agrava aún más la situación de vulneración de derechos. Dichos perjuicios económicos no solo se traducen en pérdidas financieras directas, sino también en la dificultad de acceder a nuevas oportunidades de negocios, dado que la imposibilidad de emitir documentos tributarios restringe la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones contractuales de manera oportuna y eficiente. La restricción afecta también la proyección y estabilidad financiera de la empresa, pues limita su capacidad para negociar con terceros, acceder a nuevos contratos y mantener una relación de confianza con sus clientes y proveedores. Esta situación genera una incertidumbre constante respecto a su operatividad, lo cual es incompatible con un ambiente de negocios saludable y va en detrimento de su sostenibilidad a largo plazo.

Además, el recurrente argumenta que la imposición de la anotación vulnera derechos constitucionales, tales como la igualdad ante la ley y el libre ejercicio de la actividad económica, al someter a Chileplast S.A. a restricciones desproporcionadas e infundadas, generando una privación y perturbación ilegítima en el ejercicio de sus derechos fundamentales, en virtud de actos que exceden las competencias legales del S.I.I. y carecen de sustento jurídico. En particular, se sostiene que la anotación 4001 constituye una medida restrictiva de carácter excepcional, la cual debe aplicarse estrictamente conforme a los supuestos establecidos por la ley, evitando así cualquier actuación arbitraria que perjudique a los contribuyentes. La falta de una base jurídica sólida que justifique la medida adoptada por el S.I.I. implica que la actuación de dicho organismo resulta ser arbitraria, generando una afectación directa a la estabilidad y seguridad jurídica de la empresa. Además, la anotación vulnera el derecho de Chileplast S.A. a ser tratada en igualdad de condiciones con otros contribuyentes que no enfrentan restricciones similares sin causa justificada, lo cual supone un trato discriminatorio que resulta contrario a los principios de justicia y equidad que deben regir la actuación de los órganos de la administración pública.

A folio 3, se declaró admisible el recurso de protección y se pidió informe a la recurrida.

A folio 10, consta informe evacuado por la recurrida, Que la parte recurrida, el Servicio de Impuestos Internos (S.I.I.), solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto por la Sociedad Comercial Industrial Chileplast S.A., argumentando la improcedencia de la acción debido a la falta de fundamentos fácticos y jurídicos suficientes que la sustenten de manera adecuada. La recurrida sostiene que la anotación N°4001 fue aplicada en cumplimiento estricto de las facultades legales conferidas al Servicio, considerando la vinculación de la empresa con hechos delictivos que motivaron la querella presentada por el S.I.I. el 29 de mayo de 2020. Según la parte recurrida, esta anotación se encuentra dentro del ámbito de las medidas de fiscalización propias del Servicio, cuyo propósito esencial es garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias, prevenir la comisión de infracciones en materia tributaria y proteger el interés fiscal.

La anotación N°4001 tiene, además, la finalidad de permitir un control más exhaustivo sobre aquellos contribuyentes cuya conducta representa un riesgo potencial para el cumplimiento de las normas tributarias, asegurando así que el sistema de recaudación se mantenga justo, equitativo y eficiente para todos los actores económicos involucrados. En este contexto, el S.I.I. subraya que las medidas adoptadas no son arbitrarias ni ilegales, sino que responden a la necesidad de proteger el interés público y asegurar la correcta recaudación de impuestos.

La parte recurrida subraya que el S.I.I. ejerce sus atribuciones de manera preventiva, considerando los antecedentes disponibles sobre la empresa y su posible participación en actividades irregulares, con el objetivo de evitar riesgos que comprometan la recaudación de tributos. La adopción de esta medida preventiva, según el S.I.I., tiene como propósito no solo salvaguardar la integridad del sistema tributario, sino también garantizar que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones de manera equitativa, evitando así que conductas irregulares generen distorsiones en el sistema fiscal.

Asimismo, la parte recurrida destaca que, a pesar de la existencia de la anotación N°4001, la empresa recurrente ha podido continuar emitiendo documentos tributarios sin restricción alguna. De hecho, el S.I.I. ha concedido múltiples autorizaciones de folios durante los últimos meses, lo cual demuestra que no ha existido una afectación directa al derecho de la recurrente a desarrollar su actividad económica de manera normal. Esta circunstancia evidencia, según la parte recurrida, que la anotación cuestionada no ha generado un perjuicio efectivo en el ejercicio de los derechos constitucionales de la empresa.

Por otro lado, el S.I.I. argumenta que la solicitud de presentación de órdenes de compra como requisito para la autorización de folios responde a una medida preventiva de control, derivada de la existencia de antecedentes que justifican una mayor supervisión sobre las operaciones comerciales de Chileplast S.A. Esta medida, lejos de constituir un obstáculo desproporcionado, es una práctica legítima de fiscalización orientada a corroborar la legitimidad de las transacciones y a evitar la facilitación de documentación falsa que pueda tener implicancias tributarias negativas.

Finalmente, la parte recurrida alega que la acción de protección es extemporánea, ya que el recurrente tuvo conocimiento de la anotación desde mayo de 2020, superando ampliamente el plazo legal de treinta días para interponer el recurso, tal como lo establece el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la tramitación de recursos de protección. En consecuencia, la presentación del recurso carece de oportunidad y, por ende, debe ser desestimada. La parte recurrida enfatiza que no existe acto u omisión actual que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de los derechos fundamentales invocados por la parte recurrente, lo cual torna improcedente la acción constitucional interpuesta. Además, la recurrida subraya la importancia del cumplimiento de los plazos procesales como requisito indispensable para la procedencia de las acciones judiciales, señalando que la demora en la presentación del recurso constituye una causal suficiente para rechazar la pretensión de la recurrente.

A folio 11, encontrándose la causa en estado de ser vista, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO, OÍDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El recurso de protección de garantías constitucionales, previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye un mecanismo procesal constitucional de carácter excepcional y cautelar, diseñado para asegurar la protección eficaz y expedita de los derechos fundamentales allí consagrados. Su propósito es resguardar contra acciones u omisiones arbitrarias o ilegales que implican una privación, perturbación o amenaza de estos derechos y garantías. En este sentido, cuando esta Corte conozca de un recurso de protección, asumirá una responsabilidad constitucional de actuar con premura y decisión para instaurar las medidas que juzgue necesarias.

Así, la presente acción constitucional, al tener un carácter cautelar, urgente y no declarativo, no permite emitir un fallo que resuelva de manera integral todas las cuestiones relacionadas con la existencia y validez de los recursos derechos en juego, ni otras materias que requieran de un análisis más extenso y profundo. Para ello, el ordenamiento jurídico chileno contempla otras vías judiciales y administrativas específicamente destinadas a su análisis y resolución.

SEGUNDO: Que resulta crucial enfatizar la naturaleza cautelar, urgente y no declarativa de esta acción, lo que implica que el ámbito de competencia de esta Corte es excepcional y debe interpretarse de manera restrictiva. Así, la intervención de estos sentenciadores se justifica únicamente en casos que demanden imperativamente la adopción de protectoras respecto al derecho medidas cuya vulneración se alega. Es imprescindible que el derecho en cuestión sea indubitable y no se base en meras expectativas o autoatribuciones de prerrogativas no reconocidas legalmente. Además, los actos u omisiones impugnados deben ser claramente ilegales o arbitrarios.

En este contexto, se debe recordar que la naturaleza cautelar y de urgencia de este recurso justifica tanto su tramitación relativamente desformalizada como su carácter no declarativo de derechos. Estos aspectos son fundamentales para entender la celeridad en su interposición y la flexibilidad en sus formas de presentación, permitiendo incluso su promoción por terceros sin necesidad de acreditar un título habilitante.

TERCERO: Que la parte recurrente, SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL CHILEPLAST S.A., fundamenta el recurso de protección interpuesto contra el Servicio de Impuestos Internos (S.I.I.) en la manifiesta ilegalidad y arbitrariedad de la anotación 4001, la cual restringe a la Sociedad Comercial la emisión de documentos tributarios sin previa autorización, afectando de manera grave su capacidad operativa y financiera.

La recurrente alega que dicha anotación fue impuesta con base en la Circular N°09/2008, la cual prevé que tal medida solo se aplica a contribuyentes que ostenten la calidad de querellados en procesos penales por delitos tributarios. En el presente caso, sostiene que Chileplast S.A. no ha sido querellada ni enfrenta procesos penales en su contra, lo cual se acredita mediante los antecedentes del proceso RIT 1260-2020 del Juzgado de Garantía de Coyhaique, donde la querella se dirige exclusivamente contra personas naturales, sin involucrar a la sociedad. Esto evidencia una aplicación errónea e injustificada de la normativa vigente por parte del S.I.I.

Además, la recurrente argumenta que la imposición de la anotación vulnera derechos constitucionales, tales como la igualdad ante la ley y el libre ejercicio de la actividad económica, al someter a Chileplast S.A. a restricciones desproporcionadas e infundadas, generando una privación y perturbación ilegítima en el ejercicio de sus derechos fundamentales, en virtud de actos que exceden las competencias legales del S.I.I. y carecen de sustento jurídico. En particular, se sostiene que la anotación 4001 constituye una medida restrictiva de carácter excepcional, la cual debe aplicarse estrictamente conforme a los supuestos establecidos por la ley, evitando así cualquier actuación arbitraria que perjudique a los contribuyentes.

La actuación del S.I.I. ha generado no solo un obstáculo administrativo, sino también una afectación directa a la reputación comercial de Chileplast S.A., limitando su capacidad para desarrollar sus actividades económicas de manera ordinaria, lo cual resulta contrario al principio de proporcionalidad y razonabilidad que debe orientar toda actuación de los órganos del Estado. Asimismo, se alega que la ausencia de un fundamento sólido en la medida adoptada vulnera la seguridad jurídica, ya que la recurrente se encuentra en un estado de incertidumbre respecto de sus derechos y obligaciones, afectando la estabilidad indispensable para el desarrollo de su giro comercial.

CUARTO: En su informe, la parte recurrida, SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS (S.I.I.), solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto por la Sociedad Comercial Industrial Chileplast S.A., argumentando la improcedencia de la acción por la falta de fundamentos fácticos y jurídicos que la sostengan. En primer lugar, sostiene que la anotación N°4001, cuestionada por la parte recurrente, fue aplicada conforme a las facultades legales del Servicio, en virtud de la vinculación de la empresa con hechos delictivos que motivaron una querella interpuesta por el S.I.I. el 29 de mayo de 2020. Esta anotación, según la recurrida, se encuentra dentro del ámbito de las medidas de fiscalización que corresponden al Servicio, cuyo propósito esencial es garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias y prevenir la comisión de infracciones en materia tributaria.

El acto administrativo se fundamenta en el ejercicio de las atribuciones de fiscalización que posee el Servicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 6° del Código Tributario y la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, y no constituye una restricción a la emisión de documentos tributarios, como ha sido argumentado por la parte recurrente. La anotación N°4001, afirma la parte recurrida, constituye una medida preventiva que permite al S.I.I. ejercer un control efectivo sobre los contribuyentes que podrían estar involucrados en actividades ilícitas, sin que ello implique una afectación directa e inmediata al ejercicio de su actividad económica. De hecho, Chileplast S.A. ha podido emitir sus documentos tributarios sin restricción alguna, como lo acreditan las múltiples autorizaciones de folios concedidas en los últimos meses, lo cual demuestra la inexistencia de una vulneración de sus derechos constitucionales.

Asimismo, la parte recurrida subraya que la medida adoptada no puede ser calificada como arbitraria ni ilegal, ya que se encuentra sólidamente fundamentada en antecedentes objetivos que vinculan a la empresa con hechos investigados en el marco de una causa penal por delitos tributarios. Esta vinculación justifica plenamente la adopción de la anotación cuestionada, la cual se inscribe dentro de las atribuciones de fiscalización que el ordenamiento jurídico otorga al S.I.I. Además, se sostiene que la solicitud de presentación de órdenes de compra como requisito para la autorización de folios responde a una medida preventiva de control, derivada de la existencia de antecedentes que ameritan una supervisión más rigurosa respecto de las operaciones comerciales de Chileplast S.A., con el propósito de evitar la reiteración de conductas irregulares.

Finalmente, la parte recurrida alega que la acción de protección es extemporánea, ya que el recurrente tuvo conocimiento de la anotación desde mayo de 2020, superando ampliamente el plazo legal de treinta días para la interposición del recurso, conforme lo establece el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la tramitación de recursos de protección. En consecuencia, la presentación del recurso carece de oportunidad y, por ende, debe ser desestimada.

QUINTO: Que la parte recurrente, la Sociedad Comercial Industrial Chileplast S.A., argumenta que la anotación N°4001 aplicada por el Servicio de Impuestos Internos (S.I.I.) es arbitraria e ilegal, pues no se ajusta a una norma específica y vulnera su derecho a desarrollar su actividad económica con normalidad. Sin embargo, luego del análisis de los antecedentes del caso, estos sentenciadores estiman que la anotación fue realizada en pleno ejercicio de las facultades legales del S.I.I., conforme al artículo 6 del Código Tributario y el artículo 4° bis de la Ley Orgánica del S.I.I.

Así, la medida tiene su justificación en la vinculación de la empresa con hechos delictivos investigados, lo cual motiva un control preventivo por parte del S.I.I. en aras de proteger el interés fiscal. En este sentido cabe subrayar que las medidas de fiscalización tributaria que se adoptan en virtud de antecedentes objetivos y conforme a la normativa vigente no pueden ser calificadas de arbitrarias, sino que corresponden a un ejercicio legítimo del poder de fiscalización conferido al Estado para garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, conforme al principio de legalidad administrativa.

En la misma línea cabe indicar que el control preventivo sobre contribuyentes que presentan un riesgo potencial para la recaudación tributaria se enmarca dentro del deber del Estado de velar por el correcto funcionamiento del sistema impositivo, destacando la importancia de la prudencia y la precaución en la adopción de medidas para prevenir fraudes fiscales, las que en el presente caso cabe apreciar por parte de la recurrida.

SEXTO: Que la recurrente sostiene que la anotación N°4001 afecta de manera desproporcionada su derecho a la actividad económica, al limitar su capacidad para emitir documentos tributarios. No obstante, la parte recurrida ha demostrado que la empresa ha podido continuar emitiendo documentos tributarios sin restricción alguna, lo cual evidencia que no existe una afectación concreta y efectiva al ejercicio de sus derechos fundamentales.

Además, la adopción de medidas de fiscalización que no impidan absolutamente el desarrollo de la actividad económica del contribuyente no constituye una vulneración desproporcionada de sus derechos fundamentales. En este sentido, cabe destacar que el principio de proporcionalidad debe analizarse en función de la adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto de la medida, y en el presente caso, la anotación tiene como finalidad garantizar un adecuado control tributario sin impedir el ejercicio de la actividad económica de la recurrente.

Además, cabe subrayar que la proporcionalidad de una medida administrativa debe ponderarse teniendo en cuenta tanto el interés público que se protege como la necesidad de evitar una carga excesiva sobre los contribuyentes. En el presente caso, el S.I.I. ha adoptado medidas que buscan proteger los recursos fiscales sin impedir a la recurrente desarrollar su giro económico.

SÉPTIMO: Que la recurrente argumenta que la actuación del S.I.I. carece de justificación normativa, lo cual la tornaría arbitraria e ilegal. Sin embargo, de la lectura del artículo 6° del Código Tributario cabe desprender la facultad de realizar anotaciones preventivas cuando existen indicios de posibles irregularidades tributarias. En el presente caso, la anotación N°4001 se sustenta en la necesidad de controlar conductas que representan un riesgo potencial para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

En este sentido cabe destacar que el principio de precaución habilita a la administración a adoptar medidas preventivas ante la existencia de antecedentes objetivos que justifiquen un mayor nivel de supervisión, con el fin de resguardar el interés público y evitar posibles perjuicios fiscales. En este contexto, la actuación del S.I.I. se encuentra plenamente amparada por la normativa tributaria vigente y responde a la obligación del Estado de garantizar la recaudación efectiva de los tributos, protegiendo así los recursos públicos.

Asimismo, es dable afirmar que el principio de legalidad en materia tributaria permite a la administración ejercer acciones preventivas cuando existan antecedentes que puedan comprometer la correcta determinación de las obligaciones fiscales, subrayando que estas medidas son esenciales para evitar el deterioro de la confianza pública en el sistema de recaudación.

OCTAVO: Que la recurrente alega que la medida adoptada por el S.I.I. implica un trato discriminatorio en comparación con otros contribuyentes. Sin embargo, esta Corte estima que la anotación N°4001 se aplica con el fin de salvaguardar la igualdad ante la ley, evitando situaciones en que ciertos contribuyentes, debido a comportamientos irregulares, puedan eludir sus obligaciones tributarias. De esta manera, la actuación del S.I.I. busca garantizar que todos los contribuyentes cumplan con sus deberes tributarios en igualdad de condiciones, sin generar privilegios injustificados.

En el mismo sentido cabe reafirmar que el ejercicio de facultades de fiscalización con base en antecedentes objetivos y específicos no puede considerarse discriminatorio, sino que responde a la necesidad de velar por el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de todos los contribuyentes. La medida es, por tanto, un ejercicio legítimo del poder fiscalizador del Estado, que tiene como objetivo mantener la equidad en el sistema tributario, evitando la creación de ventajas indebidas para ciertos contribuyentes.

NOVENO: Que, finalmente, la parte recurrente señala que la acción de protección se presenta como el único remedio eficaz para restablecer el derecho supuestamente vulnerado. Sin embargo, la acción resulta extemporánea, ya que la recurrente tuvo conocimiento de la anotación desde mayo de 2020, superando con creces el plazo de treinta días establecido por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema para la tramitación de recursos de protección.

En este sentido cabe enfatizar que el cumplimiento estricto de los plazos procesales es un requisito indispensable para la procedencia de las acciones constitucionales, pues busca asegurar la certeza y la estabilidad jurídica en las actuaciones de la administración. Además, el principio de seguridad jurídica exige que las acciones judiciales se ejerzan dentro de los plazos previstos, de manera que los actos administrativos adquieran firmeza y estabilidad, evitando así la incertidumbre en las relaciones entre la administración y los administrados.

DÉCIMO: Que, de tal manera, no advirtiéndose por esta Corte alguna afectación a las garantías invocadas por el recurrente como consecuencia del actuar de las recurridas a través de un actuar ilegal o arbitrario, la presente acción será desestimada tal como se indicará en lo resolutivo de este fallo.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y artículo 1º y siguientes del Acta Nº94-2015, de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección y sus modificaciones posteriores, se declara:

I.- Que se rechaza, la acción de protección deducida por SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL CHILEPLAST S.A., en contra de SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, X DIRECCIÓN REGIONAL nombre reservado.

II.- Que no se condena en costas a la parte recurrente atendida la naturaleza de la acción cautelar deducida.

Redacción a cargo del Abogado Integrante don Darío Parra Sepúlveda.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección N°896-2024.