nombre reservado con SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION REGIONAL

Puerto Montt, diecisiete de enero de dos mil diecinueve.

Vistos:

Con fecha 28 de junio de 2018, a folio N°1, comparece el abogado Gabriel Brunetti Barroso, en representación de don nombre reservadoÖDINGER nombre reservado, abogado, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado; quien recurre de protección en contra del SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, representado por su Director Nacional don Fernando Barraza Luengo, domiciliados en domicilio reservado, y contra la TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por el Tesorero General de la República, don nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado ; quienes de manera arbitraria e ilegal, le han dado aviso de cobro para el pago de contribuciones de bienes raíces correspondientes al primer semestre del año 2018, respecto del inmueble de su propiedad ubicado en domicilio reservado, comuna de nombre reservado, toda vez que la medida se sustenta en la resolución N°A10.2017.00002064 dictada por el Servicio de Impuestos Internos con fecha 9 de febrero de 2017, que adolece de nulidad de derecho público.

Refiere que la resolución precitada es dictada por la Jefatura del Departamento Regional de Avaluaciones de la Décima Dirección Regional, teniendo como fundamento una visita a la propiedad de marras con fecha 22 de junio de 2016, en virtud de lo cual se modifica la base imponible del impuesto territorial, mutando su destinación de habitacional a comercial, lo que no tendría sustento en la realidad.

Agrega que si bien una de sus dependencias ha sido arrendada a un tercero, ello no ha modificado el destino residencial del inmueble cuya extensión asciende a un total de 1.781 metros cuadrados, con 550 metros cuadrados edificados. Así las cosas, habría nulidad del acto administrativo ya singularizado, toda vez que no se sustentaría en un motivo o causa real.

Lo anterior se ve reforzado por la sentencia definitiva de fecha 21 de junio de 2018 dictada por el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de Los Lagos en procedimiento general de reclamación Rit N° GR-12-00001-2018, en que se resuelve acoger el reclamo tributario presentado por el recurrente, ordenando anular la resolución exenta que modificó la destinación de residencial a comercial; que constituiría un antecedente fundado de la ilicitud y arbitrariedad del acto ya señalado.

Finalmente, sostiene que el actuar de los recurridos ha perturbado la igualdad del recurrente, toda vez que el cobro de contribuciones constituye un acto particular diferenciado sin base razonable, en la medida que se sustenta en un acto administrativo nulo. Por otra parte, amenaza la merma injustificada de la propiedad indubitada que ostenta el recurrente respecto de los bienes de su patrimonio, entre los cuales se encuentra el inmueble de autos, pues el no pago de tales contribuciones conlleva el inicio de un proceso de cobro ejecutivo que puede devenir en su realización en pública subasta.

Por lo anterior, solicita que se acoja la acción de protección, ordenando dejar sin efecto el cobro de las contribuciones de bienes raíces correspondientes al primer semestre del año 2018, respecto del inmueble sobredicho.

Acompaña documentos para fundar su pretensión.

Con fecha 3 de julio de 2018, en folio N° 2 se declaró admisible el recurso.

Con fecha 3 de julio de 2018, en folio N°4 se concedió orden de no innovar, ordenando a las recurridas suspender el cobro del impuesto territorial asociado al inmueble del recurrente.

Con fecha 17 de julio de 2018, a folio N° 9 informa en representación de la recurrida Servicio de Impuestos Internos, el Director Regional de la X Dirección Regional de Puerto Montt, don Cristián Gómez Castillo, solicitando el rechazo del recurso.

Aclara que el acto administrativo cuya nulidad se argumenta, se enmarca en un proceso de fiscalización, donde se visita el inmueble ubicado en domicilio reservado de la ciudad de nombre reservado, constatando que en dicho inmueble existía una sucursal de la empresa DirectTV, por lo que en virtud de lo establecido en el artículo 10 letra d) de la Ley 17.235 con fecha 9 de febrero de 2017 dictó la Resolución Exenta N°A10.2017.00002064, actualizando la situación catastral del inmueble, pasando de ser habitacional a comercial.

Refiere que el recurrente dedujo reclamación en contra la resolución antes dicha, ante el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de Los Lagos, procedimiento que se encuentra vigente, toda vez que con fecha 10 de julio de 2018 interpuso recurso de apelación en contra de la resolución que acogió el reclamo tributario, ordenando la anulación de la resolución sub lite.

Sostiene que el recurso es inadmisible por los siguientes argumentos; primero, que no existiría el acto recurrido, toda vez que lo que el recurrente interpreta como un aviso de cobro de contribuciones de bienes raíces, en realidad corresponde a un aviso informativo que, por expreso mandato legal, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 5 de la Ley 17.235 el Servicio debe remitir a los contribuyentes, que contiene el avalúo fiscal del bien raíz y la determinación del impuesto territorial, lo anterior, sin perjuicio de que en el mismo aviso se contienen los formularios que habilitan para el pago del impuesto antes referido. Así las cosas, no sería un aviso de cobro. En la misma línea, refiere que al Servicio de Impuestos Internos le corresponde fiscalizar el cumplimiento tributario, mientras que las labores de cobro, a la Tesorería General de la República.

En segundo lugar, refiere que la acción es extemporánea, toda vez que el supuesto documento de cobro se emitió con fecha 8 de marzo de 2018, además, a partir del 31 de marzo de 2018, es un hecho público y notorio que el Servicio de Impuestos Internos dio inicio al proceso de emisión y envío de correos electrónicos y cartas informativas a los contribuyentes de los re avalúos de bienes raíces no agrícolas. En la misma línea, refiere que la resolución que sirve de fundamento al aviso de cobro que se reclama fue notificada el 7 de diciembre de 2017 de manera personal, lo que permite afirmar que el plazo para recurrir de protección se encuentra vencido y que la acción de protección es extemporánea.

En tercer lugar, argumentan que el presente recurso no es el medio idóneo para obtener tutela jurídica, por encontrarse el asunto sometido al conocimiento y decisión de otro tribunal, toda vez que la discusión respecto de si correspondía o no modificar el destino del inmueble propiedad del recurrente se encuentra actualmente pendiente, toda vez que el fallo de primera instancia, que acoge el reclamo del recurrente, se encuentra apelado por el Servicio. Así las cosas, mientras dicho procedimiento se encuentre pendiente, no procede dejar sin aplicación la resolución exenta y sus efectos, vía recurso de protección.

Agrega que debe recordarse que, por ley, cuando se concede un recurso de protección en contra de sentencia de reclamación dictada en sede tributaria, se hace en ambos efectos, lo que quiere decir que la ejecución de la sentencia, en este caso la anulación de la Resolución Exenta impugnada, se encuentra suspendida, por lo que, en definitiva, a la fecha, no existe un acto firme y ejecutoriado que deje sin efecto el acto administrativo impugnado y por lo tanto, mantiene todos y cada uno de sus efectos.

Además, refiere que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 19.880 los actos administrativos gozan de presunción de legalidad, de imperio y de exigibilidad, autorizando su ejecución de oficio salvo que mediare una orden de suspensión, por lo que, el acto administrativo de marras producirá sus efectos en tanto no exista una sentencia firme y ejecutoriada.

En otra línea argumentativa, refiere que es una regla básica del derecho procesal que cuando un tribunal comienza a conocer de un asunto que la ley ha puesto en la esfera de sus atribuciones, ningún otro tribunal puede inmiscuirse en dicha tramitación. Es por ello que el recurrente debe esperar el resultado del litigio iniciado en sede tributaria, no pudiendo buscar amparo de otro tribunal que entre a conocer del mismo asunto.

Refiere que tampoco existe un derecho indubitado, ya que tan sólo tiene una expectativa de que finalmente se anule el acto administrativo impugnado.

Finalmente, sostiene que existe un procedimiento especial para reclamar de los avalúos de bienes raíces de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 149 y 150 del Código Tributario, que es el adecuado para resolver dichos asuntos, dado que es un procedimiento de lato conocimiento.

En cuarto y último lugar, refiere que debe rechazarse el presente recurso de protección por que no existe ilegalidad o arbitrariedad en el actuar del Servicio de Impuestos Internos, toda vez que, como ya se ha dicho, no ha existido un aviso de cobro para el pago de contribuciones, sino una comunicación de carácter informativo y que no existe arbitrariedad, ya que dicha comunicación, además de realizarse en el cumplimiento de un deber legal, tiene fundamento en la determinación de avalúo fiscal efectuado por el órgano competente, en el ejercicio de sus facultades legales.

Agrega que no hay afectación de derechos constitucionales, toda vez que un mero aviso, en los términos que ya han sido referidos y lo que el recurrente entendería por aviso de cobro, no es un medio idóneo para provocar vulneración de derechos. Asimismo, el recurrente ha tenido el mismo trato ante la ley que todos los contribuyentes, pudiendo llevar ante juez competente las diferencias jurídicas que tiene con la administración del Estado, es por ello que no avizora una vulneración de la garantía de igualdad.

Tampoco se ve una vulneración del derecho de propiedad, toda vez que, en el evento de iniciarse un proceso ejecutivo de cobro, no solo se puede solicitar la suspensión del mismo, sino también interponer las excepciones del artículo 177 del Código del Trabajo.

Por todos los argumentos antes esgrimidos, estima que no existe un acto que pudiera afectar los derechos que se estiman conculcados, por lo que debe ser desestimada la pretensión del actor, acompañando documentos fundantes de su presentación.

Con fecha 28 de noviembre de 2018 a folio N°20 informa en representación de la recurrida Tesorería General de la República, la Jefe de la División Jurídica, doña nombre reservado, indicando que no se registra deuda pendiente por contribuciones ni tampoco un juicio ejecutivo por ese tipo de impuesto en el año 2018, respecto del inmueble propiedad del recurrente, adjuntando certificado de deudas y el Informe de consultas de demandas asociadas al mismo.

Con fecha 11 de diciembre de 2018 a folio N°24, evacúa informe complementario el Servicio de Impuestos Internos, a solicitud de ésta Corte, refiriendo que las Resoluciones Exentas N°A10.2018.00042453 y N°A10.2018.00042454 ambas de fecha 19 de octubre de 2018 cumplen con informar la decisión del Tribunal Tributario y Aduanero, aun cuando la causa se encuentra en segunda instancia, buscando evitar futuras consecuencias patrimoniales para el contribuyente, derivadas de la modificación del destino del bien raíz Rol 96-3, pasando de ser destino comercial a destino habitacional. Así las cosas, la primera informa la modificación del destino y actualiza el valor del avalúo fiscal del bien raíz para el primer y segundo semestre del año 2017 y la segunda informa la modificación del destino, además de actualizar el cálculo del impuesto territorial correspondiente al segundo semestre del año 2018.

Enfatiza que las resoluciones antes citadas tienen por único objeto informar acerca del cambio de destino del bien raíz de propiedad del recurrente, con motivo de la sentencia dictada por el Tribunal Tributario y Aduanero, esto es, disponiendo el cambio de destino de comercial a habitacional, como señala el mentado fallo. Así las cosas, dichas resoluciones no alterarían el objeto de lo solicitado por el recurrente, toda vez que no tienen relación alguna con la causa de autos, en que lo discutido es el cobro de contribuciones.

Acompaña los documentos referidos en su complementación del informe.

Con fecha 3 de enero de 2019, se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

PRIMERO: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para tales efectos, deben concurrir los siguientes requisitos que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que, en lo admisible, la acción cautelar deducida por la recurrente se fundamenta en la vulneración de las garantías constitucionales consagradas en los artículos 19 N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República, ocasionada por los avisos de cobro para el pago de contribuciones de bienes raíces correspondientes al primer semestre del año 2018, respecto del inmueble de su propiedad ubicada en domicilio reservado, comuna de nombre reservado, toda vez que la medida se sustentaría en resolución dictada por el Servicio de Impuestos Internos que adolece de vicio de nulidad de derecho público por no tener fundamento en la realidad.

TERCERO: Que, en sustento de su recurso de protección, la parte recurrente acompañó los siguientes instrumentos que son pertinentes para resolución del presente recurso: 1) Resolución Exenta N°A10.2017.00002064 dictada por el Servicio de Impuestos Internos con fecha 9 de febrero de 2017; 2) Notificación N°208 emitida por el Servicio de Impuestos Internos, de la resolución exenta precitada de fecha 7 de diciembre de 2017; 3) Sentencia dictada por el juez del Tribunal tributario y Aduanero de la Región de Los Lagos don nombre reservado, con fecha 21 de junio de 2018, en causa Rit N°GR-12-0001-2018, que acoge la reclamación de los recurrentes; 4) Copia simple de fojas 169 N°220 del Registro de Propiedad del año 1964 del Conservador de Bienes Raíces de nombre reservado; 5) Documento que contiene certificado de avalúo fiscal, detalle de contribuciones y formularios para pago de contribuciones del inmueble ubicado en domicilio reservado de nombre reservado; 6) Notificación de resolución exenta N°A10.2018.00042453 en que se modifica a partir del 1 de enero de 2017 el avalúo del bien raíz rol 96 – 3, en cumplimiento del fallo N°12018 de fecha 21 de junio de 2018 del Tribunal Tributario y Aduanero, de $154.619.572 a $154.619.572 montos en moneda del segundo semestre de 2018, estableciéndose pago de cuotas de contribuciones de 2017-1 en $578.859 y 2017-2 en $635.854; 7) Notificación de resolución exenta N°A10.2018.00042453 en que se modifica a partir del 1 de enero de 2017 el avalúo del bien raíz rol 96 – 3, en cumplimiento del fallo N°12018 de fecha 21 de junio de 2018 del Tribunal Tributario y Aduanero, de $187.602.733 a $187.602.732 montos en moneda del segundo semestre de 2018, estableciéndose pago de contribuciones por la suma de $778.754 semestral; 8) Aviso Recibo de Tesorería Folio N°007 2430183en que se consigna La recurrida, Servicio de Impuestos Internos, acompañó los siguientes documentos: 1) Copia de escrito de apelación de la sentencia definitiva dictada en causa Rit N°GR-12-0001-2018 dictada por el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de Los Lagos; 2) Copia de Resolución que concedió el recurso de apelación antes referido; 3) Informe Técnico N°49 de fecha 30 de noviembre de 2018, emitido por el Servicio de Impuestos Internos; 4) Certificado de Avalúo Fiscal, válido para el primer semestre del año 2017, del bien raíz rol N° 00096-00003; 5) Certificado de Avalúo Fiscal, válido para el segundo semestre del año 2017, del bien raíz rol N° 00096-00003; 6) Certificado de Avalúo Fiscal, válido para el primer semestre del año 2018, del bien raíz rol N° 00096-00003; 7) Certificado de Avalúo Fiscal, válido para el segundo semestre del año 2018, del bien raíz rol N° 00096-00003;

La recurrida, Tesorería de la República acompañó los siguientes documentos: 1) Informe de consultas de demandas.

CUARTO: Que, del mérito de los antecedentes acompañados a estos autos, que han sido apreciados de acuerdo con las reglas de la sana crítica, se tiene por acreditado:

1º Que, con fecha 9 de febrero de 2017 se dictó la resolución exenta N°A.10.2017.00002064 en que el Servicio de Impuestos Internos, se modificó el avalúo del bien raíz propiedad del recurrente, ubicado en San Francisco N°806, comuna de nombre reservado, para que ascienda a la suma de $156.560.973 en moneda del primer semestre de 2017, quedando afecto al pago de contribuciones. Lo anterior le fue notificado al recurrente con fecha 7 de diciembre de 2017.

2° Que, con fecha 21 de junio de 2018, se dictó sentencia definitiva en causa Rit N°GR-12-0001-2018, que acogió el reclamo tributario presentado por el recurrente, y ordenó anular la resolución exenta N°A.10.2017.00002064.

3° Que, el Servicio de Impuestos Internos recurrió de apelación en contra de la sentencia referida en el numeral anterior con fecha 10 de julio de 2018 la que se concedió en ambos efectos.

4° Que, se remitió al domicilio del recurrente documento tipo del Servicio de Impuestos Internos, en que consta certificado de avalúo fiscal de $185.012.557, detalle de contribuciones y formularios para pago de las mismas en dos cuotas de $514.798, del inmueble ubicado en domicilio reservado de nombre reservado.

5° Que, en la Tesorería General de la República no registra deudas pendientes por contribuciones ni juicios ejecutivos por ese tipo de impuesto en el año 2018, respecto del inmueble del recurrente.

6° Que, con fecha 19 de octubre de 2018 el Servicio de Impuestos Internos comunicó una modificación del avalúo del bien raíz 96-3, ubicado en San Francisco N°806, comuna de nombre reservado, en cumplimiento del fallo N°12018 de fecha 21 de junio de 2018 dictado por el Tribunal Tributario y Aduanero de Los Lagos.

QUINTO: Que, por lo demás, los antecedentes antes referidos no han sido mayormente discutidos por las partes, centrando el conflicto en dilucidar si la acción fue interpuesta dentro de plazo, si la comunicación efectuada por el Servicio de Impuestos Internos al recurrente efectivamente consiste en un aviso de cobro o es simplemente un acto informativo, y en caso de establecerse que corresponde a un aviso de cobro, determinar si el procedimiento de ejecución se encuentra ajustado a derecho y si existe una vulneración de las garantías fundamentales del recurrente a causa de su realización.

SEXTO: Que, en cuanto a determinar si el aviso impugnado es uno de cobro o meramente informativo, en los términos establecidos en el artículo 5 de la Ley 17.235, del análisis del documento acompañado, se aprecia a simple vista que un tercio del documento está destinado a certificado de avalúo fiscal. En el segundo tercio, se aprecia el detalle de las contribuciones, refiriendo monto de contribución neta, monto por sobretasa y total a pagar, fecha de vencimiento y espacio en blanco para que se estampe la firma y timbre del cajero que reciba el pago.

En la última parte del documento, se aprecian 2 formularios para pago de la cuota 1 y 2 d contribuciones, donde se repiten los montos desglosados en la parte meridiana del documento, con un código de barras y un espacio en blanco para estampar la firma y timbre del cajero.

SÉPTIMO: Que, si bien la contraria pudo haber emitido el documento analizado en el considerando anterior, en cumplimiento de la normativa establecida en el artículo 5 de la Ley 17.235, del análisis global del mérito del documento, es posible formarse la convicción que efectivamente constituye un instrumento destinado al cobro, por cuanto detalla el monto de una obligación, y contiene las formas para su realización y verificación. Que, así las cosas, la alegación de que el documento enviado al recurrente es un mero instrumento informativo debe ser desestimada; por lo que necesariamente debe concluirse que se ha iniciado el cobro, a lo menos extrajudicial, del impuesto territorial correspondiente al inmueble sub lite.

OCTAVO: Que, estando acreditada la existencia de un aviso de cobro, queda por determinar si el procedimiento de cobro iniciado por al recurrida se encuentra justificado. En este punto cabe referir que, si bien los órganos de la administración del estado siempre deben actuar en virtud del principio de legalidad, aquello no describe, ni es el único límite impuesto a su actuar. En tal sentido, debe considerarse también el deber de motivación o fundamentación de los actos administrativos, con lo que se busca evitar el actuar caprichoso de los órganos; de ahí que la prohibición general sea la de una acción u omisión no sólo ilegal, sino también arbitraria. Al respecto cabe señalar que, si bien la presunción de legalidad del acto jurídico del artículo 3 de la Ley 19.880 en conjunción con la apelación concedida en ambos efectos en contra de la sentencia que ordena anular el acto administrativo que fundamenta el cobro impugnado, permiten al Servicio seguir adelante con el procedimiento de recolección de contribuciones, no parece razonable hacerlo, atendido los antecedentes en que se funda el acto administrativo impugnado y el mérito de los argumentos y lo resuelto por el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de Los Lagos con fecha 21 de junio de 2018, que, si bien, aún no está firme y ejecutoriado, se erige como un antecedente grave en contra del acto administrativo que sirve de sustento al procedimiento de cobro.

NOVENO: Que, encontrándose seriamente cuestionado el acto administrativo que le sirve de fundamento, por la sentencia de un tribunal especializado, no habiéndose esgrimido nuevas argumentaciones o acompañado nuevos antecedentes que hagan razonable seguir adelante con el procedimiento de cobro, aparece, a juicio de esta Corte, que el proceder del Servicio de remitir un aviso de cobro se erige en una actuación arbitraria.

Refuerza la idea anterior, que, a pesar de la legalidad alegada insistentemente por el Servicio, con fecha 19 de octubre de 2018 hayan notificado al recurrente que, en cumplimiento del fallo del Tribunal Tributario y Aduanero, modificaban el avalúo del bien raíz de marras. Es decir, dentro del margen de acción que les otorga el ordenamiento jurídico, tienen la posibilidad de suspender los efectos del acto administrativo declarado nulo en primera instancia, lo que a juicio de esta Corte, aparece como la actuación más razonable.

DÉCIMO: Que, existiendo un aviso de cobro arbitrario por parte del recurrido Servicio, se estima que el mismo se constituye en una amenaza del derecho de propiedad del recurrente, toda vez que, de seguir adelante con el mismo, podría finalizar en un cobro que tiene posibilidad de ser excesivo o en el embargo y posterior ejecución de bienes de propiedad del recurrente.

Así las cosas, habiendo un aviso de cobro arbitrario que afecta el derecho de propiedad del recurrente, se estima que concurren los requisitos establecidos en la Constitución para acoger el recurso de protección, por lo que se obrará en consecuencia.

UNDÉCIMO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad, estimando que mientras se mantenga vigente el procedimiento de cobro, se renueva día a día la amenaza al derecho de propiedad del recurrente, dicha alegación también será desestimada.

Y de conformidad con lo prevenido en los artículos 1, 5, 6, 7, 19 N°24 y 20 de la Constitución Política de la República; en la Ley 19.880; en la Ley 17.235 y; en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

I.- Que, se acoge el recurso de protección interpuesto por nombre reservadoÖDINGER nombre reservado en contra del SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS y TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, y en consecuencia, se ordena dejar sin efecto el cobro de las contribuciones derivadas de la modificación contenida en la Resolución Exenta N° N°A10.2017.00002064, y de ahí en más suspender su cobro hasta que quede firme y ejecutoriada la resolución que ponga fin a la reclamación interpuesta por el recurrente en contra del acto administrativo precitado, tramitado ante el Tribunal Tributario y Aduanero de la Región de Los Lagos, en causa Rit N° GR-12-0001-2018.

II.- Que, no se condena en costas a las recurridas por haber tenido motivo plausible para litigar.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo de Sr. Fiscal nombre reservado (S) don nombre reservado.

No firma el Ministro interino don Francisco del Campo Toledo, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse con permiso.

Rol Protección N° 894-2018.