nombre reservado con TESORERIA PROVINCIAL CASTRO

Puerto Montt, veintitrés de enero de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1, comparece nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, divorciado, acuicultor, domiciliado en domicilio reservado, y deduce acción de protección de garantías fundamentales en contra de la Tesorería Provincial de Castro, representada por doña nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la compensación practicada por dicho organismo respecto de los dineros que se ordenó judicialmente pagar por el Fisco de Chile en favor del recurrente por concepto de una indemnización de perjuicios.

Relata que con fecha 20 de abril de 2021 interpuso ante el 1° Juzgado Civil de Santiago, en conjunto con otras víctimas, una demanda en juicio de hacienda por indemnización de perjuicios por crímenes de lesa humanidad, originándose la causa rol C-3725-2021, que se fundó en daños y perjuicios que se le causaron durante la dictadura militar por agentes del Estado. Indica que esta causa culminó con una sentencia condenatoria dictada el 19 de diciembre de 2022, que fue confirmada con fecha 19 de mayo de 2023 por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago y que condenó al Fisco de Chile a pagarle $20.000.000 a título de daño moral.

Expone que transcurrió el tiempo sin tener novedades sobre la indemnización, hasta que el 06 de junio de 2025 concurrió hasta la Tesorería Provincial de Castro, con el fin de consultar sobre su situación tributaria, y allí le entregaron certificados de deuda fiscal como persona natural, y como representante legal de la Sociedad Comercial Río Mar Limitada, además de un certificado de deudas compensadas, en el que figuran compensaciones desde el 09 de septiembre de 2015 hasta el día 22 de mayo de 2024, advirtiendo que el 04 de diciembre de 2023, se realizaron 16 compensaciones por la Tesorería, por deudas entre el 20 de agosto de 2018 y 31 de diciembre de 2022, por el total de $21.117.962.- Aclara que el origen de dicha compensación jamás se le informó a través de canales formales y sólo ante su consulta se le indica que corresponde a la indemnización decretada por la sentencia definitiva antes referida. Menciona que la recurrida invoca deudas desde el 20 de agosto de 2018 y 31 de diciembre de 2022, muchas de las cuales al momento de la compensación se encontraban prescritas. Además, ninguna de esas deudas se encontraba en alguna gestión de cobro judicial, lo que hubiese justificado su vigencia.

Señala que ni la Tesorería ni el Consejo de Defensa del Estado, han dado cuenta al Primer Juzgado Civil de Santiago sobre el cumplimiento de la sentencia definitiva en cuestión, por lo que se desconoce cómo se determinó arbitrariamente dicha compensación, más aún siendo que la jurisprudencia ha indicado que dichas compensaciones requieren pronunciamiento de un tribunal competente, especialmente tratándose de créditos originados por violaciones a los derechos humanos.

Manifiesta que es el mismo Estado, a través de la Tesorería, el que procede a la compensación de dicha indemnización, respecto de una deuda cuya exigibilidad se pretende hacer valer más allá de los plazos de prescripción, sin respeto a la normativa administrativa y las reglas propias de la compensación tributaria. Además, para el cálculo de la compensación, no se consideraron factores como la prescripción de alguna de las deudas, ni las retenciones de impuestos que se le efectuaron en el intertanto, lo que termina por configurar un actuar arbitrario y abusivo.

Sostiene que el acto arbitrario e ilegal se produjo el 04 de diciembre de 2023, más se tomó conocimiento del mismo con fecha 06 de junio de 2025, debiendo a partir de ese momento comenzar a computarse el plazo para el ejercicio de la acción de protección.

Añade que la compensación realizada por la Tesorería ha infringido sus propias normas regulatorias de funcionamiento, citando al efecto el artículo 6° de la Ley Orgánica Constitucional de Tesorería, que establece: “Se autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor”, con lo que resulta patente la infracción a su propia Ley Orgánica Constitucional, en circunstancias que se autoriza específicamente al Tesorero y no a un sistema automatizado para efectuar las compensaciones a que se refiere la normativa señalada. Lo anterior se complementa con el principio de juridicidad, del artículo 7 de la Constitución Política de la República.

Agrega que Tesorería infringe las normas de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado al dejar en manos de un sistema automatizado el acto arbitrario e ilegal que es fundamento directo de la acción. Cita al efecto el artículo 11 de la Ley N°19.880, que contempla el principio de imparcialidad.

Menciona que la compensación no se da dentro de procedimiento de cobro alguno, y tampoco obedece a un acto como consecuencia de una actuación de Tesorería, de modo que no posee otra manera de reclamar este acto, que la acción de protección, pues éste se produce fuera del procedimiento de cobro de obligaciones tributarias regulado en el Código Tributario.

Afirma que se vulnera el artículo 19 N° 1 y 24 de la Carta Fundamental, por lo que pide, se ordene a la recurrida dejar sin efecto la compensación practicada con fecha 04 de diciembre de 2023, y en su lugar, se ordene la restitución de la indemnización de perjuicios ordenada pagar a su persona, con intereses y reajustes hasta el pago efectivo de los montos compensados, con costas.

Acompaña: 1.- Sentencia de 19 de diciembre de 2022 dictada en causa Rol C-3725-2021 del Primer Juzgado Civil de Santiago, caratulados “nombre reservado/FISCO DE CHILE”. 2.- Fallo de segunda instancia dictado el 19 de mayo de 2023, en causa Rol 789-2023, de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago. 3.- Certificado de ejecutoria de ambas sentencias. 4.- Captura de pantalla desde sitio web de Tesorería General de la República, respecto de movimientos de compensación de deuda.

Con fecha 14 de julio de 2025, se declara admisible el recurso, con excepción de la garantía del artículo 19 N° 1 de la Constitución Política, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva; y se pidió informe a la recurrida.

A folio 8, evacua informe doña nombre reservado, Abogada, Tesorera Provincial de Castro-Chiloé, por la recurrida, solicitando el rechazo de la acción, con costas.

En primer término, alega la extemporaneidad del recurso, indicando que todo contribuyente puede acceder a información de deudas, devoluciones, compensaciones, retenciones y procesos de cobro, tanto en forma presencial como en la página web (con clave única o tributaria), tal como lo hizo el recurrente para acceder al detalle de las compensaciones, y que la facilidad de acceso a la información desvirtúa la afirmación del recurrente de haber tomado conocimiento recién el 06 de junio de 2025.

Señala que en la causa civil los demandantes fueron representados por el abogado don Felipe Daniel González Berrios, a quien le otorgaron poder amplio, incluso para que los cheques que debían percibir desde la Tesorería fueran girados a nombre de su abogado y retirados por el mismo, y que una vez ejecutoriada la sentencia que dispuso el pago, fue el abogado quien se dirigió a la Tesorería a solicitar el giro de los cheques y su posterior retiro. Menciona que los tres cheques fueron girados a nombre del abogado y retirados por el mismo con fecha 11 de diciembre de 2023, por tanto, con esa fecha éste debe haberle comentado al recurrente que el monto de su indemnización había sido compensada con deuda de impuesto fiscal, lo que le hace concluir que el recurrente tomó conocimiento al menos el 11 de diciembre de 2023, cuando su abogado fue a retirar el cheque y le indicaron que estaba compensado, y por lo tanto, al interponerse el recurso el 04 de julio de 2025 había transcurrido en exceso el plazo de 30 días corridos que contempla la normativa.

En cuanto al fondo, indica que el actuar del Servicio no fue constitutivo de acto arbitrario e ilegal, toda vez que a la fecha en que operaron las compensaciones, 04 de diciembre de 2023, la normativa del servicio y la legislación vigente permitían la aplicación del referido medio de extinción de obligaciones respecto de cualquier crédito que le correspondiera percibir a un deudor fiscal.

Precisa que, conforme al artículo 30 del Decreto Ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, y al artículo 1° del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del Ministerio de Hacienda, Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, corresponde al servicio efectuar el pago de las obligaciones del Fisco, dentro de las cuales se incluyen aquellas derivadas de las sentencias judiciales ejecutoriadas que son dictadas por los Tribunales en contra del Fisco, que lo condenan al pago de una prestación pecuniaria, como ocurre con la indemnización respecto del recurrente.

Respecto del procedimiento que concluye con el pago, el artículo 752 del Código de Procedimiento Civil establece que, ejecutoriada la sentencia, el Tribunal remitirá un oficio al Ministerio respectivo, adjuntando fotocopia o copia autorizada de la sentencia de primera y de segunda instancia, con certificado de estar ejecutoriada. Por su parte, la letra p) del artículo 2 del Decreto Ley N° 3.346, de 1980, Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, establece que es función del Ministerio de Justicia dictar el acto administrativo necesario para el cumplimiento de las sentencias ejecutoriadas. En el caso, el referido acto administrativo fue la Resolución Exenta N° 2429, de fecha 23 de octubre de 2023, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en virtud de la cual el Servicio de Tesorerías debía pagar al recurrente $20.000.000.- más reajustes e intereses, y de acuerdo a lo expuesto, el pago no se verificó por cuanto operó una compensación entre deudas recíprocas del recurrente y del Fisco.

Indica que revisado el caso se constató que el recurrente adeudaba al Fisco obligaciones tributarias en dinero correspondientes a impuesto al valor agregado (formularios 21), patentes de acuicultura (formularios 37), multas Dirección del Trabajo (formularios 42), y paralelamente, el Fisco debía efectuarle el pago de una prestación en dinero, obligaciones ambas que tenían la calidad de líquidas y actualmente exigibles, siendo por ende totalmente apegado a derecho el pago por compensación efectuado.

Cita el artículo 6° del D.F.L. N° 1 de 1994 del Ministerio de Hacienda, Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, y afirma que la ausencia de actuar arbitrario e ilegal en la aplicación de la compensación por parte del servicio de Tesorerías ha sido reconocida por la Excma. Corte Suprema en sentencia de fecha 6 de noviembre de 2023, Recurso de Protección, Rol N° 195.318-2023.

Se acompañaron por la recurrida los siguientes antecedentes: 1) comprobante de compensación, efectuada con fecha 04 de diciembre de 2023; 2) detalle de causa civil C-3725-2021 del Primer Juzgado Civil de Santiago, en donde consta el nombre de los litigantes (demandantes y abogado Felipe González Berríos); 3) Mandato judicial otorgado por el recurrente al abogado don Felipe Daniel González Berríos; 4) Tres comprobantes de egresos y tres documentos denominados “consulta general de documentos por estado de pago” que corresponde a los otros tres demandantes.

A folio 9, se trajeron los autos en relación, y a folio 10 se agregaron los antecedentes extraordinariamente en tabla.

Con lo relacionado y considerando:

PRIMERO: Que, el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

SEGUNDO: Que, lo cuestionado en la presente acción cautelar consiste en el hecho de haber procedido, la Tesorería Provincial de Castro, a compensar los dineros que le correspondía percibir al actor de parte del Fisco, producto de una sentencia judicial que condenó a este último a pagarle una indemnización de perjuicios en su favor, teniendo para ello como antecedente una serie de deudas que mantenía el actor respecto del Fisco, lo que vulneraría su derecho de propiedad, al no haberse informado por canales formales, y al no haberse considerado que respecto de algunas deudas operaron los plazos de prescripción, ni la normativa administrativa y las reglas propias de la compensación tributaria, entre otros factores.

TERCERO: Por su parte, la recurrida alegó a la extemporaneidad del recurso, dado que al menos el 11 de diciembre de 2023, cuando el abogado del actor fue a retirar un cheque a Tesorería, éste debió haber tomado conocimiento de la compensación, y haberselo comunicado al recurrente, habiendo transcurrido el plazo pertinente a la época de interposición del recurso; y en cuanto al fondo, esgrimió, en términos generales, que su actuar se encuentra respaldado por la normativa del servicio y la legislación vigente a la época, que permiten la aplicación de la compensación respecto de cualquier crédito que le corresponda percibir a un deudor fiscal del Servicio.

CUARTO: Que, conforme a las afirmaciones contenidas en las presentaciones de ambas partes y los antecedentes acompañados, se encuentran asentados los siguientes hechos:

1.- Por sentencia definitiva de 19 de diciembre de 2022, dictada por el Primer Juzgado Civil de Santiago, en causa Rol C-3725-2021, que fue confirmada con fecha 19 de mayo de 2023 por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, se condenó al Fisco de Chile a pagar al recurrente la suma de $20.000.000, más reajustes e intereses, por concepto de daño moral. Ambas sentencias se encuentran firmes o ejecutoriadas.

2.- Entre el 4 y 31 de diciembre de 2023, la Tesorería General de la República realizó diversas compensaciones por deudas del actor respecto del Fisco, cuyas fechas de vencimiento van desde el 20 de agosto de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2022, por un monto total de $21.117.962.

3.- El hecho de haberse realizado dichas compensaciones no fueron informadas al recurrente por parte de la recurrida a través de alguna comunicación dirigida a su persona..

QUINTO: Que, en cuanto a la extemporaneidad de la acción cautelar alegada por la recurrida, ésta será desechada, desde que no se ha acreditado por parte del órgano administrativo haber notificado formalmente al actor del hecho de haber operado la compensación respecto de los dineros ordenados pagar, no siendo suficiente -dada la relevancia de tal operación- el hecho de haber existido la posibilidad, por parte del contribuyente, de acceder a dicha información, tanto en forma presencial como a través de la página web del servicio, con la utilización de clave única o tributaria.

Por otra parte, la recurrida aduce que el actor bien pudo haberse informado a través de su abogado de que el monto de su indemnización había sido compensada con deudas en favor del Fisco, dado que dicho profesional habría comparecido con fecha 11 de diciembre de 2023 a Tesorería a retirar cheques que fueron ordenados girar en la causa civil, sin embargo, ello no resulta suficiente para desechar la falta de conocimiento del acto reclamado por el recurrente, puesto que nada asegura que dicho letrado igualmente haya tomado conocimiento en esa oportunidad de la operación realizada por Tesorería, máxime si no se han allegado antecedentes por la recurrida que acrediten que se dejó constancia oficial en el expediente civil Rol C-3725-2021, del Primer Juzgado Civil de Santiago, del hecho de haberse hecho efectiva la compensación respecto de la indemnización ordenada pagar al actor.

Conforme a lo anterior, se debe estar a la afirmación del recurrente en torno a haberse enterado del acto que invoca como ilegal y arbitrario con fecha 06 de junio de 2025, con lo cual, su recurso no resulta extemporáneo, ya que fue presentado con fecha 04 de julio de 2025.

Sin perjuicio de lo dicho, y mayor abundamiento, la vulneración alegada por el actor, consistente en no poder disponer de los dineros que judicialmente le fueron concedidos, posee un carácter permanente, que se va renovando en forma continua.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo, hay que señalar que la conducta reprochada corresponde a la determinación adoptada por la recurrida de compensar deudas tributarias en favor del Fisco con estipendios derivados de una sentencia judicial dictada en un procedimiento civil, por concepto de indemnización de perjuicios por daño moral, actuación administrativa que encontraría su fundamento en el artículo 6 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 del Ministerio de Hacienda, que fija el texto del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías del año 1994.

Dicha norma establece al efecto que “se autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas de contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor”.

Cabe hacer presente que, a continuación, el artículo 7° del mismo cuerpo normativo dispone: “cuando concurran las circunstancias señaladas en el artículo anterior, la Tesorería no aplicará intereses sobre la parte o el total de los tributos insolutos que sean iguales al monto de lo adeudado por el Fisco”.

SÉPTIMO: Que, las normas antes reproducidas deben ser interpretadas de manera armónica, y lo debe ser conforme a su contexto de tributación con el objetivo de recuperación de impuestos y derechos fiscales, de manera que, al realizar este ejercicio, la alusión que se realiza en el artículo 6 antes citado a “compensar deudas de contribuyentes” debe entenderse necesariamente en términos restrictivos, en concordancia con el hecho de que el artículo 7 utiliza en forma expresa la frase “tributos insolutos”.

En contraposición a lo dicho, resulta que en el caso concreto, la Tesorería ha hecho extensiva la aplicación de las citadas normas en forma extensiva, rebasando sus límites, dado que ha materializado una compensación de deudas del actor de diversas especies y fuentes, entre las que cabe mencionar -conforme a lo expresado por la misma recurrida en su informe- impuesto al valor agregado (formularios 21), patentes de acuicultura (formularios 37), y deudas de origen laboral, correspondiente a multas de la Dirección del Trabajo.

A lo anterior debe relacionarse el hecho de que varias de dichas deudas, pudieren eventualmente encontrarse prescritas, al poseer 2 de las 16 deudas fechas de vencimiento que datan del año 2018 -según se advierte del comprobante de compensación efectuada con fecha 04 de diciembre de 2023-, con lo cual su conducta se ha tornado en ilegal, perturbando la garantía constitucional prevista en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

OCTAVO: Resulta patente que, como resultado de la compensación de obligaciones efectuadas por el órgano recurrido, el actor se vio privado de percibir los montos obtenidos con ocasión de una sentencia favorable dictada en juicio civil por indemnización de perjuicios ante el Primer Juzgado Civil de Santiago.

A lo anterior debe adicionarse que la norma aludida protege el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, particularmente, si éstos han sido incorporados en el patrimonio de las recurrentes producto de una decisión jurisdiccional firme por concepto de indemnización del daño que se le produjo.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y artículo 1º y siguientes del Acta Nº 94-2015, de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección, se declara:

Que SE ACOGE, sin costas, la acción constitucional de protección deducida por don nombre reservado, en contra de la Tesorería Provincial de Castro, y en consecuencia, se ordena a la recurrida a efectuar el reintegro íntegro de la suma que le fuera indebidamente compensada.

Redacción a cargo del Fiscal Judicial (S) Rodolfo Maldonado Mansilla.

No firma el Ministro don Jaime Vicente Meza Sáez, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse con permiso compensatorio.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección Nº 892-2025.-