nombre reservado con nombre reservado

Puerto Montt, once de agosto de dos mil veinte.

Vistos:

Con fecha 29 de mayo del presente año, comparece nombre reservado Javier Gómez Vera, abogado, en representación de don nombre reservado, agricultor, con domicilio en domicilio reservado, ruta V-505, kilómetro 3, comuna de Puerto Varas, y deduce acción de protección de garantías fundamentales en contra de la empresa ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN nombre reservado, nombre reservado LIMITADA o “Contramara Limitada”, con domicilio en domicilio reservado; contra don nombre reservado, arquitecto, y contra don nombre reservado, ambos del mismo domicilio ya señalado, según los hechos que expone en su libelo.

Señala que el recurrente es dueño de un inmueble ubicado en domicilio reservado, cuya inscripción de dominio señala, el que fue dividido en parcelas rurales, mediante 2 planos aprobados por el SAG. Agrega que, para habilitar los predios o parcelas resultantes, resulta indispensable ejecutar accesos interiores e instalaciones de servicios básicos, y para lo anterior, otorgó a Contramara Limitada un contrato de mandato y construcción por administración, de fecha 27 de mayo de 2019, con 15 meses de vigencia.

Precisa que si bien esta acción no tiene por objeto establecer derechos al recurrente en relación al referido contrato, sino obtener la tutela de sus derechos fundamentales, le resulta necesario analizar las conductas de los recurridos bajo el prisma de confianza que depositó en ellos, pues siendo un agricultor y no un experto en la materia, ello significó entregar la administración de recursos por más de mil millones de pesos.

Sostiene que en este tipo de contratos el propietario y mandante siempre es dueño de lo que se edifica, y el rol del constructor es principalmente de arrendador de servicios y mandatario, resultando por ello aplicables las normas del mandato, en particular el artículo 2149 del Código Civil.

Explica que durante la vigencia del contrato se presentaron diversos problemas, por falta de algunos diseños de proyectos, otros defectuosos y negligencias durante la construcción y supervisión, y principalmente por la falta de información de los recurridos, el actor comunicó la revocación del mandato y término del contrato de administración, el día 5 de mayo, por correo electrónico y carta certificada.

Indica que los recurridos han incurrido en actos y omisiones ilegales y arbitrarias, que afectan los derechos del recurrente, que han amenazado y perturbado su derecho de propiedad y han incurrido además en auto tutela. Agrega que Contramara es una empresa de arquitectura y construcción, que tiene 2 socios representantes, uno de ellos nombre reservado, arquitecto, que tiene la calidad de jefe de proyecto; y el recurrido nombre reservado, también profesional de esa área, empleado de la misma empresa, a quien se le asignó el rol de encargado de obras.

Precisa que los actos u omisiones contra los que reclama, siendo el primero de ellos, la obstaculización para que el recurrente pueda obtener información de las obras, directamente de Contramara, quien no solo actuaba y se presentaba ante los subcontratistas a nombre propio, sin mencionar al recurrente, sino además, no le ha remitido el detalle de las obras que estaba ejecutando en su predio, y los acuerdos, proyectos, modificaciones y solicitudes existentes entre Contramara y los principales subcontratistas: Crell, FCP Chile SpA (instalaciones de agua) y don nombre reservado (caminos, fosos o limpiezas), pese a ya haber pagado por esas obras más de mil millones de pesos, situación que se mantiene hasta la fecha. Señala que dicha omisión es ilegal, porque Contramara tenía la obligación permanente de informar y solicitar las autorizaciones necesarias, y es además arbitraria, porque obedece al mero capricho de los recurridos, quienes tienen o no pueden menos que tener dicha información, e impiden a su mandante conocerla.

Agrega que, además, Contramara y el recurrido nombre reservado han impedido que los subcontratistas le entreguen cualquier información, por ejemplo con la empresa FCP Chile SpA, quien si bien estaba llano a entregarle los antecedentes de los proyectos que ejecutaba, luego Contramara le prohibió remitirle información. Lo mismo ha ocurrido con CRELL y nombre reservado, quienes no han podido enviarle los antecedentes solicitados. Indica que estos actos son ilegales, porque contravienen no solo su obligación de informar al mandante, sino además son actos ejecutados en su perjuicio; y son arbitrarios, porque no imagina un motivo para impedirle el acceso a las obras que terceros ejecutan en su predio.

Expone luego, que el día 5 de mayo su parte comunicó a Contramara la decisión de revocar el mandato, y el día 7 Contramara le informó la paralización de sus actividades. Por lo anterior, la recurrida no podía continuar en el predio, salvo para levantar faenas, pero ha realizado actos tendientes a impedirle ejercer su derecho de dominio sobre el inmueble, hechos que se intensificaron los días 25 y 27 de mayo, y teme sigan ocurriendo. Dice que en la noche del 21 de mayo o madrugada del día 22, desconocidos ingresaron a su predio y rompieron candado de acceso al sector donde se desarrollan las obras y sustrajeron especies de un container que usaba la recurrida, cuestión que denunció e instaló un nuevo candado, informando a Contramara y facilitandoles copia del candado nuevo para que ingresaran a retirar faenas, pero durante la mañana del día 25 de mayo el recurrido nombre reservado, sin aviso alguno, instaló un segundo candado en el portón, sin dejarle copia de la llave, sin otro motivo que impedirle el acceso, a lo cual reclamó y recién el día 26 le entregaron copia, cuestión que si bien fue transitoria, le impidió programar visitas de interesados en el proyecto, y dificultó labores de prueba en pozo profundo del predio, en un evidente acto de autotutela.

Explica luego que el mismo día 26 de mayo, concurrió al predio personal de la empresa Perfomaq, a realizar prueba al pozo profundo, actividad que tardaba 3 días. Pero ese mismo día 26 el recurrido nombre reservado ingresó al predio a tratar de evitar las pruebas de bombeo, y además expulsó a operarios que efectuaban dichas labores, sosteniendo que él era el encargado de las obras, cuestión falsa, a lo que afortunadamente pudo concurrir e impedir que concretara la expulsión.

Finalmente reclama como infringidas las garantías constitucionales del artículo 19 N°3 y N°24, la primera por cuanto los recurridos han ejecutado vías de hecho, privando al Sr. nombre reservado del derecho a acceder a información que le corresponde obtener como propietario y mandante, y además al ejecutar actos que directamente perturban y amenazan el legítimo ejercicio de su derecho de dominio sobre el inmueble, por medio de la instalación de un candado en su acceso, y de impedir la ejecución de actividades dispuestas por el propietario.

Solicita se acoja el recurso, con costas, ordenando a los recurridos: 1.- Que entreguen al recurrente toda la información sobre los proyectos que Contramara ha encargado a sub contratistas, especialmente a las empresas Crell, FCP Chile SpA y Sr. nombre reservado, incluidos sus planos, especificaciones técnicas, detalles, modificaciones y actualizaciones, así como todos los acuerdos e instrucciones existentes durante la ejecución de dichos proyectos. 2) Que cese y se abstenga de realizar todo acto que importe privación, perturbación o amenaza al derecho de propiedad que don nombre reservado detenta sobre el inmueble denominado “Fundo La Laja”, ya descrito en este recurso. 3) Que se disponga autorizar a los representantes de las empresas sub contratistas señaladas, esto es Cooperativa Rural Eléctrica Llanquihue Limitada, FCP Chile SpA y Sr. nombre reservado, para entregar al recurrente don nombre reservado o quien sus derechos represente, toda la información relacionada a los proyectos que ejecutan o han ejecutado en el inmueble de su propiedad, Fundo La Laja de ruta V-505 kilómetro 3, incluidos los planos, especificaciones técnicas, cartas Gantt, detalles de proyectos, así como sus modificaciones o actualizaciones, y todos los acuerdos e instrucciones existentes en relación a tales obras, entre éstos y la empresa recurrida, Contramara Ltda. 4) Aquellas medidas de cautela adicionales que esta I. Corte considere pertinentes para resguardar el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales del recurrente, obteniendo el cese de los actos y omisiones arbitrarios e ilegales que son materia de este recurso. 5) Disponer los apercibimientos de auxilio por la fuerza pública, que resulten eficaces en el caso que una o más de tales medidas no sean cumplidas.

Acompaña a su recurso, 1.- Copia de la inscripción de dominio correspondiente al Sr. nombre reservado, sobre el inmueble denominado Fundo La Laja, aludido en lo principal, de fs. 209 vta. N°331, año 1998, Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Varas. 2.- Contrato entre el Sr. nombre reservado y la recurrida Contramara 3.- Comunicación de término de contrato y revocación de mandato, comunicado por su parte a la recurrida. 4.- Correos electrónicos de fecha 13 de noviembre de 2018, entre don nombre reservado de la empresa FCP Chile SpA y don nombre reservado, de Contramara, remitidos a su parte el 29 de abril de 2020. 5.- Correos electrónicos de fecha 10 de octubre de 2019, entre don nombre reservado de la empresa FCP Chile SpA y don nombre reservado, de Contramara, remitidos a su parte el 29 de abril de 2020. 6.- Correo electrónico de fecha 15 de mayo de 2020, remitido por el representante de FCP Chile SpA, ya indicado, a nombre reservado, representante del Sr. nombre reservado. 7.- Copia de la Anotación en el libro de obras, de fecha 22 de mayo, en que se deja constancia que el viernes 22 de mayo debido a una sustracción de terceros, su parte suministró al recurrido una copia de la llave del candado instalado ese mismo día. 8.- Fotografía del candado instalado por la recurrida el 25 de mayo de 2020. 9.- Fotografía de la maquinaria de la empresa Perfomaq S.A. en sus actividades desarrolladas el 26 de mayo de 2020. 10.- Declaraciones juradas de don nombre reservado y don nombre reservado, operarios de dicha maquinaria.

Solicitada la orden de no innovar, se concedió con fecha 1 de junio del año en curso, ordenando a los recurridos cesar y abstenerse en forma inmediata de realizar actos que impidan el ejercicio del derecho de uso y goce que corresponde al Sr. nombre reservado como propietario del fundo La Laja; y cesar y abstenerse de emitir toda instrucción a terceros, en especial las empresas Crell, FCP Chile SpA y Nefcor SpA, y que implique impedir u obstaculizar el acceso a la información correspondiente a los proyectos que han desarrollado o implementado en el Fundo La Laja, del Sr. nombre reservado.

Evacuando informe los recurridos el día 17 de junio, por el abogado Rodrigo Charlín Mackenna, solicitan desde ya el rechazo del recurso, con costas.

Alega en primer lugar la improcedencia del recurso de protección, porque los hechos no dicen relación con alguna situación de hecho arbitraria o ilegal, sino con facultades y obligaciones que forman parte del contenido de un contrato previamente celebrado entre las partes, denominado “Contrato de Construcción por Gerenciamiento de Ejecución y Administración de Obras”, en cuya virtud Contramara se obligó a “la dirección, administración y ejecución de la construcción, hasta su total terminación, del Proyecto denominado Urbanización Loteo Las Bandurrias-Etapa 1”, obras que debían ejecutarse en el predio denominado Fundo El Laja, de propiedad del recurrente.

Al respecto, dice que existe divergencia tanto en la calificación jurídica del contrato, y que a la fecha de interposición del recurso esa relación contractual está plenamente vigente. Precisa que dicho contrato no es un mandato, como lo califica el recurrente, sino un contrato de construcción de obra convenido bajo la modalidad de administración delegada, y que además el actor intenta a través de esta acción darle término o incidir en su ejecución, de forma ilegítima, aun a sabiendas que ello es propio de un juicio de lato conocimiento, que claramente rebasa los alcances y objetivos de la acción de protección.

Dado lo anterior, dice que es en virtud de las obligaciones contraídas por ambas partes, que debe ser interpretada la obligación de entrega de información que señala el recurrente como “obstaculizada” arbitrariamente por su parte, no siendo efectivo que no le fuera entregada la información solicitada a FCP Chile SpA por instrucción suya, sino que fue una decisión interna de dicha empresa subcontratista en base a instrucciones de su asesor legal. Por otra parte, alega que la descrita “restricción de ingreso al predio del recurrente” no existe ni ha existido jamás, pues siempre tuvo acceso a su inmueble, y la única actividad de Contramara luego de la paralización de las obras, ha sido proteger el acceso al container en que funciona su oficina.

Cita luego doctrina y jurisprudencia atingente, en cuanto a los requisitos de procedencia de la acción de protección, y su improcedencia al tratarse de disputas contractuales e inexistencia de derecho indubitado. Agrega que, haciendo patente aquello, en fecha reciente el recurrente, representado por el abogado don nombre reservado, solicitó una medida prejudicial precautoria en contra de la Sociedad nombre reservado nombre reservado Arquitectos Limitada, y de sus socios nombre reservado (recurrido en autos) y don nombre reservado, a modo de garantizar los resultados de una futura acción de incumplimiento contractual con indemnización de perjuicios que sería entablada en su contra, tramitada bajo el rol C-1146-2020 del Juzgado de Letras de Puerto Varas, indicando a modo de fundamento, en relación a la delegación en terceros de las especialidades del proyecto, que también hicieron valer como incumplimiento de la contraria el de haber omitido informar a su mandante sobre la existencia o no de esos proyectos, pese a que las obras ya estaban en ejecución en su propio predio. Lo anterior dice, constaría en el numeral que detalla de la demanda ya entablada en los autos rol 1147-2020 tramitada ante el mismo tribunal, notificada el día 16 de junio de 2020.

En otras palabras dice, la recurrente inició por vía de una medida prejudicial precautoria la discusión en un juicio de lato conocimiento las mismas materias que plantea por la vía del recurso de protección, encontrándose esta Corte impedida entonces de fallar cualquier cuestión relativa al mismo, haciendo presente que los descargos propios se harán en el respectivo juicio.

Argumenta luego que no comprende de qué forma pudo infringirse el artículo 19 N°3, pues en dicho caso la acción de protección sólo puede fundarse en la transgresión al inciso quinto, lo que no ocurre, pues sus derechos contractuales puede defenderlos ante el tribunal arbitral que señala el contrato celebrado entre las partes. Tampoco la alegada falta de entrega de información es un agravio al derecho a la legítima defensa y al juez natural, pues se trata de información de subcontratistas que debe seguir los caminos que se dieron las partes en el contrato que las rige, bastando que el actor solicite el nombramiento de un árbitro que dirima la controversia.

Respecto a la supuesta vulneración al derecho de propiedad del recurrente, dice que nunca se entorpeció o impidió su ingreso a su predio, pues siempre pudo ingresar por el primer acceso que ha utilizado históricamente, y circular libremente por el lugar, y el candado que puso el recurrido nombre reservado el día 25 de mayo fue exclusivamente para proteger el container de Contramara de otra sustracción de especies, entregándole copia de la llave al día siguiente. Respecto a la actuación de nombre reservado con personal de Perfomaq, dice que ello obedeció al contrato vigente con el actor, y buscaba impedir que terceros ajenos a la obra pudieren afectar los trabajos desarrollados por Contramara.

Detalla luego la larga relación del actor con el recurrido nombre reservado y su socio nombre reservado, desde el año 2017, que fue de cooperación hasta el mes de marzo de este año, que se lesionó con la entrada al manejo del contrato de construcción de una hija y una sobrina del recurrente, quienes a fines de marzo deciden paralizar los pagos a Contramara y cuestionar las obras ejecutadas hasta esa fecha, y que llevó al recurrente a solicitar medidas prejudiciales precautorias en su contra, y solo una semana después se presenta este recurso infundado, del cual pide su rechazo.

Acompaña a su informe, 1. Correo electrónico de fecha 15 de mayo de 2020, en el cual don nombre reservado (FCP Chile) se dirige a doña nombre reservado (sobrina de don nombre reservado) señalando que la solicitud de información debe ser dirigida a Contramara Ltda. y no a FCP Chile, por carecer de relación contractual con don nombre reservado. 2. Set de fotos que acreditan el acceso al sector de los trabajos (imagen 1) y en el cual se encuentra el container donde funciona la oficina de Contramara y que se encuentra en un lugar diverso del camino de ingreso a la casa patronal y por ende al predio que utiliza habitualmente el recurrente (imagen 2 casa). 3. Copia simple de documento denominado “Plan de Trabajo y nombre reservado”, emitida por Pe+Br+Re Arquitectos y aceptada por don nombre reservado, de fecha 28 de nombre reservado 2017. 4. Planilla denominada “Ventas concretadas y pagadas proyecto Las Bandurrias, Liquidación al 30 de enero 2020”, elaborada por Contramara Ltda., en la cual se detalla el número de parcelas vendidas, valor de venta, fecha, comisión, y el total de ventas por UF 90.759,9. 5. Copia simple de documento denominado “Contrato Construcción a suma alzada, Sistema Agua Potable “Loteo Parque Las Bandurrias””, suscrito entre la mandante Contramara Ltda. y la Constructora FCP Chile SpA, cuyas firmas fueron autorizadas ante Notario Público de Puerto Varas, don nombre reservado. 6. Copia simple de documento denominado “Contrato de Habilitación de Red de Distribución de Energía Eléctrica, Alumbrado Público y Corrientes Débiles”, suscrito entre El Cliente Contramara Ltda. y la “Cooperativa Regional Eléctrica Llanquhue Ltda.” o “CRELL”. 7. Contrato de construcción por gerenciamiento de ejecución y administración de obras suscrito con fecha 27 de mayo de 2019 entre Contramara Ltda y nombre reservado. 8. Copia simple de correo electrónico de fecha 12 de junio de 2020, 22.16 horas enviado por el señor nombre reservado a los señores nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

Encontrándose en estado de ver, se trajeron los autos en relación, agregándose extraordinariamente a la tabla.

Y considerando:

PRIMERO: Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para dicho efecto, deben concurrir los siguientes requisitos: que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que en la especie, el actor recurre de protección en contra de la empresa ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION nombre reservado, nombre reservado LIMITADA o “Contramara Limitada”, contra don nombre reservado, y contra don nombre reservado, fundado en que otorgó a Contramara Limitada un contrato de mandato y construcción por administración, el día 27 de mayo de 2019, con 15 meses de vigencia.

Acusa que los recurridos, luego que comunicó la revocación del mandato y término del contrato de administración, el día 5 de mayo, han ejecutado vías de hecho, privándolo del derecho a acceder a información que le corresponde obtener como propietario y mandante, y además han ejecutado actos que directamente perturban y amenazan el legítimo ejercicio de su derecho de dominio sobre el inmueble, por medio de la instalación de un candado en su acceso, y de impedir la ejecución de actividades dispuestas por su parte en dicho predio.

Arguye el recurrente que dichas actuaciones y omisiones son ilegales y arbitrarias, porque atentan contra las normas que regulan el contrato de mandato celebrado, por una parte, y por otra, porque carecen de justificación suficiente, toda vez que él es el mandante y dueño del predio.

TERCERO: Que los recurridos alegan en lo pertinente, que el recurso es improcedente, porque los hechos narrados no dicen relación con alguna situación de hecho arbitraria o ilegal, sino con facultades y obligaciones que forman parte del contenido de un contrato previamente celebrado entre las partes, denominado “Contrato de Construcción por Gerenciamiento de Ejecución y Administración de Obras”, en cuya virtud Contramara se obligó a “la dirección, administración y ejecución de la construcción, hasta su total terminación, del Proyecto denominado Urbanización Loteo Las Bandurrias-Etapa 1”, obras que debían ejecutarse en el predio denominado Fundo El Laja, de propiedad del recurrente.

Al respecto, dicen que existe divergencia tanto en la calificación jurídica del contrato, y que a la fecha de interposición del recurso esa relación contractual está plenamente vigente. Precisan que dicho contrato no es un mandato, como lo califica el actor, sino un contrato de construcción de obra convenido bajo la modalidad de administración delegada, y que además el actor intenta a través de esta acción darle término o incidir en su ejecución, de forma ilegítima, aun a sabiendas que ello es propio de un juicio de lato conocimiento, que claramente rebasa los alcances y objetivos de la acción de protección.

Dado lo anterior, señalan que es en virtud de las obligaciones contraídas por ambas partes, que debe ser interpretada la obligación de entrega de información que señala el recurrente como “obstaculizada” arbitrariamente por su parte, no siendo efectivo que no le fuera entregada la información solicitada a FCP Chile SpA por instrucción suya, sino que fue una decisión interna de dicha empresa subcontratista en base a instrucciones de su asesor legal. Por otra parte, alegan que la descrita “restricción de ingreso al predio del recurrente” no existe ni ha existido jamás, pues siempre tuvo acceso a su inmueble, y la única actividad de Contramara luego de la paralización de las obras, ha sido proteger el acceso al container en que funciona su oficina, existiendo un contrato vigente entre ellos.

Finalmente, en lo pertinente, expresan que en fecha reciente el recurrente, solicitó una medida prejudicial precautoria en contra de la Sociedad nombre reservado nombre reservado Arquitectos Limitada, y de sus socios nombre reservado (recurrido en autos) y don nombre reservado, a modo de garantizar los resultados de una futura acción de incumplimiento contractual con indemnización de perjuicios que sería entablada en su contra, tramitada bajo el rol C-1146-2020 del Juzgado de Letras de Puerto Varas, indicando a modo de fundamento, en relación a la delegación en terceros de las especialidades del proyecto, que también hicieron valer como incumplimiento de la contraria el de haber omitido informar a su mandante sobre la existencia o no de esos proyectos, pese a que las obras ya estaban en ejecución en su propio predio. Lo anterior, constaría en el numeral que detalla de la demanda ya entablada en los autos rol 1147-2020 tramitada ante el mismo tribunal, notificada el día 16 de junio de 2020, encontrándose entonces la cuestión sometida actualmente al imperio del derecho .

CUARTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción, referida a que ésta no es la vía idónea, sino que debe ser conocida en un procedimiento de lato conocimiento, como puede apreciarse de la lectura del recurso y del informe de los recurridos, más allá de que señale el actor que su acción no tiene por objeto establecer derechos a su respecto en relación al contrato celebrado, sino obtener la tutela de sus derechos fundamentales, del petitorio del recurso se lee que se solicita a esta Corte, en lo pertinente, se ordene a los recurridos: que entreguen al recurrente toda la información sobre los proyectos que Contramara ha encargado a sub contratistas, especialmente a las empresas Crell, FCP Chile SpA y Sr. nombre reservado, incluidos sus planos, especificaciones técnicas, detalles, modificaciones y actualizaciones, así como todos los acuerdos e instrucciones existentes durante la ejecución de dichos proyectos; que cese y se abstenga de realizar todo acto que importe privación, perturbación o amenaza al derecho de propiedad que don nombre reservado detenta sobre el inmueble denominado “Fundo La Laja”, y, que se disponga autorizar a los representantes de las empresas sub contratistas señaladas, esto es Cooperativa Rural Eléctrica Llanquihue Limitada, FCP Chile SpA y Sr. nombre reservado, para entregar al recurrente don nombre reservado o quien sus derechos represente, toda la información relacionada a los proyectos que ejecutan o han ejecutado en el inmueble de su propiedad, Fundo La Laja de ruta V-505 kilómetro 3, incluidos los planos, especificaciones técnicas, cartas Gantt, detalles de proyectos, así como sus modificaciones o actualizaciones, y todos los acuerdos e instrucciones existentes en relación a tales obras, entre éstos y la empresa recurrida, Contramara Ltda.

QUINTO: Que, como ha resuelto en forma reiterada la Excelentísima Corte Suprema (entre otros procesos, los roles 1.319-2010, 17.027-2013 y 22.963-2018), el recurso de cautela de derechos constitucionales constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, lo cual no ocurre en el caso que nos ocupa.

Que, en efecto, los hechos que sirven de justificación al recurso, se producen en el marco de discrepancias surgidas con motivo de la interpretación de las cláusulas del contrato suscrito entre el recurrente y Contramara Limitada, denominado “Contrato de Construcción por Gerenciamiento de Ejecución y Administración de Obras”, y el supuesto término unilateral de aquél por el recurrente, y los sucesos posteriores a la paralización de las obras que se llevaban a efecto en su predio, cuestión que sobrepasa los márgenes del procedimiento del recurso de protección, el que no puede llegar a constituirse en una instancia de declaración de derechos.

SEXTO: Que la conclusión a que se arribó en el motivo precedente, se ve reforzada al leer la parte petitoria del recurso, en la cual, entre otros pasajes, se pide ordenar a los recurridos que entreguen al recurrente toda la información sobre los proyectos que Contramara ha encargado a sub contratistas, y autorizar a los representantes de las empresas sub contratistas señaladas, esto es Cooperativa Rural Eléctrica Llanquihue Limitada, FCP Chile SpA y Sr. nombre reservado, para entregar al recurrente don nombre reservado o quien sus derechos represente, toda la información relacionada a los proyectos que ejecutan o han ejecutado en el inmueble de su propiedad.

SÉPTIMO: Que, en este sentido, no resulta procedente que en esta sede la Corte dilucide la legalidad o no de la negativa de Contramara a entregar la información que se reclama por el recurrente, o la legalidad o arbitrariedad de las acciones adoptadas por terceros subcontratistas, en cuanto a su negativa a entregar información de las obras ejecutadas en el predio del actor, cuando éste ordenó la paralización de las faenas que se llevaban a cabo en su predio, desde que la acción intentada es una cautelar destinada, únicamente, a tomar las providencias inmediatas necesarias frente a un acto que vulnera o amenaza derechos fundamentales y no a hacer declaración de derechos, o resolver controversias suscitadas en el marco de un contrato entre las partes, sea cual fuere la naturaleza de éste.

Que, para ello existen las vías ordinarias, en las que las partes pueden discutir el asunto y aportar las pruebas que estimen pertinentes, en la especie el procedimiento civil que corresponda, atendida la naturaleza de lo solicitado por el recurrente.

OCTAVO: Que, lo antes dicho, sitúa al recurrente frente a la procedencia como vía idónea de reclamo, al procedimiento civil ordinario, ya que al acudir a una vía cautelar extraordinaria como ésta, requiere de la existencia de un derecho indubitado que se vea fehacientemente conculcado por el actuar denunciado, cuestión que no se vislumbra en la especie, motivo por el cual el recurso será desestimado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer el actor.

A mayor abundamiento, el propio recurrente reconoce haber recibido copia de la llave del segundo candado instalado por el recurrido nombre reservado, que le permite utilizar dicho acceso a su predio; y ha reconocido también que se pudieron llevar a efecto por la empresa contratada las pruebas en el pozo profundo dentro de su predio, por lo que no se vislumbra tampoco una conculcación a su derecho de propiedad, o un impedimento a su libre ejercicio, más allá de los sucesos que él mismo reconoció como transitorios.

NOVENO: Que, atendido lo reflexionado en los motivos precedentes, resulta innecesario entrar al análisis de las garantías constitucionales que se indican como vulneradas y, por lo mismo, a la ponderación de los documentos acompañados por la recurrente y recurridos en su recurso, y en su informe respectivamente.

Por las consideraciones expuestas, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Que, se rechaza el recurso de protección deducido por nombre reservado Javier Gómez Vera, abogado, en representación de don nombre reservado, en contra de la empresa ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION nombre reservado, nombre reservado LIMITADA o “Contramara Limitada”, nombre reservado, y nombre reservado, por no concurrir en la especie los requisitos de procedencia de la acción.

II.- Que, no se condena en costas al recurrente por haber tenido motivo plausible para recurrir.

Redacción a cargo del Ministro (P) don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese, y archívese, en su oportunidad.

Rol Nº 880-2020