nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD PUERTO MONTT D.A.E.M.

Puerto Montt, veinte de agosto de dos mil veinticinco.

Visto:

A folio 1, se presenta acción de protección por los abogados Mauricio Oliva Alarcón, y Tomás Oliva Cifuentes, en representación de don nombre reservado, domiciliado para estos efectos en domicilio reservado, en contra de la Municipalidad de Puerto Montt por el acto ilegal y arbitrario consistente en la no renovación de su contrata, lo cual, alega, ha afectado su garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República , relativa a la igualdad ante la ley y no discriminación arbitraria.

Se señala que nombre reservado, es un profesional con vasta experiencia en la administración pública, habiéndose desempeñado previamente en los cargos, siendo un gran aporte para la administración pública tanto de la comuna de Puerto Montt como de la Región de Los Lagos, razón por la cual, se le asignaron importantes responsabilidades durante los 6 años continuados de servicio, habiendo primeramente sido encargado de la Delegación Municipal de Fresia Cardonal y Lagunitas hoy “Oficina Territorial del Tepual”, pasando al poco tiempo a prestar servicios como jefe de gabinete municipal, responsable de la derivación de personas y consultas a los respectivos servicios municipales, donde se destacó por la expedición, agilidad y rapidez con que resolvía los números problemas que a diario llegaban a la oficina central del municipio.

Atendido tanto su nivel profesional, como su enorme experiencia laboral en la Administración Pública, obtuvo excelentes calificaciones en su desempeño y tenía confianza legítima de que la autoridad entrante conocedora de su experiencia profesional lo destinaron a cumplir sus funciones como Jefe del Departamento de Fiscalización de DIMAO (Dirección de medio ambiente, aseo y ornato), precisamente porque llevaba 6 años continuados a contrata, función que ejerció entre el día 05 de diciembre de 2024 y el 31 de diciembre de 2024, fecha en que le fue notificado el decreto alcaldicio que determinó su no renovación.

En cuanto al Decreto alcaldicio impugnado , señala que en el Considerando N°2 el alude a la “necesidad presupuestaria de una estricta racionalización de los recursos humanos municipales, priorizando áreas estratégicas y reduciendo dotaciones no esenciales. Lo anterior hace con la necesidad de encuadrarse en el límite permitido para contrataciones a contrata en el año 2025. “ Agrega el decreto “Que para dar cumplimiento a las metas definidas en el Plan de Desarrollo comunal (PLADECO) se ha determinado una reorganización administrativa en áreas y programas que no se consideran prioritarios para el próximo periodo presupuestario lo que implica una reducción de cargos a contrata.

Que en el marco de las políticas de racionalización del gasto y reorganización administrativa adoptadas para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), se han revisado las funciones y necesidades del personal, concluyendo que las tareas asociadas ya no resultan necesarias o prioritarias en la estructura organizativa de la municipalidad para el ejercicio presupuestario 2025. Que en virtud de los principios de probidad y eficiencia administrativa esta municipalidad está obligada a optimizar la asignación de recursos públicos, eliminando cargos transitorios o de menor impacto comunitario, conforme a las priorizaciones estratégicas”.

Señala además que “Según el Plan de Desarrollo comunal (PLADECO) se busca focalizar los recursos en áreas como salud, educación y seguridad pública, eliminando funciones de menor impacto comunitario. La política de inversión del año 2025 señala la necesidad de redirigir recursos hacia proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible reduciendo gastos operativos asociados a personal administrativo no esencial”.

Resalta del decreto es su carácter genérico, dirigido a un universo indeterminado de funcionarios a contrata, sin especificación alguna acerca de las funciones no prioritarias o no esenciales.

Alude repetidamente al Plan de Desarrollo Comunal, que, supuestamente, establecería objetivos a cumplir y a conceptos tales como racionalización de los recursos humanos municipales y reorganización administrativa, en áreas y programas que no se consideran prioritarios, señalando la necesidad de “eliminar tareas asociadas a las funciones ya no son necesarias o prioritarias.”

Sin embargo, no existen antecedentes en el decreto ni adjuntos a él, que permitan explicar de qué manera se hará efectivas las afirmaciones de reorganización o de racionalización, ni las áreas administrativas en que ello se hará, puesto que tampoco se señala cuáles serían las áreas no esenciales, o las funciones no necesarias ni prioritarias, que habría que eliminar.

Argumentó también que el decreto alcaldicio señala que, según el PLADECO, es necesario “Focalizar recursos en áreas de salud, educación y seguridad pública, eliminando funciones de menor impacto comunitario”.

Respecto de esta afirmación contenida en el decreto alcaldicio, cabe anotar que los servicios de salud y de educación poseen sistemas de administración y contabilidad específicos, exigidos por los ministerios de educación y de salud respectivamente, siendo además dichos recursos de educación y de salud, predeterminados por ley, con base en indicadores determinados.

Subraya que la comunicación de no renovación de contrata no señala el Pladeco, que la Municipalidad vaya a hacer aportes económicos de su presupuesto para el sector educación o para el sector salud, disminuyendo el presupuesto destinado en este caso, para la DIMAO.

Además, el decreto habla de los conceptos de reorganización, racionalización y eliminación de funciones que ya no son necesarias, todas ellas señaladas como fundamentos de la no renovación contractual.

Sin embargo, el PLADECO aludido por el decreto alcaldicio para fundamentar la no renovación de la contrata de la DIMAO ni de ninguna otra Dirección Municipal, no contempla ningún proceso de reestructuración, reorganización o racionalización, en el periodo que abarca, hasta el año 2026, lo cual contradice totalmente las afirmaciones contenidas en el decreto 14.522 de 30 de diciembre de 2024.

Agregó que tampoco el Concejo municipal no ha recibido ninguna propuesta alcaldicia en tal sentido, y resulta obvio que de conformidad con las normas que regulan las decisiones municipales este órgano debe obligatoriamente resolver sobre cualquier cambio organizacional que proponga el alcalde Se ha señalado por la Circular N°35 del Ministerio de Hacienda que “las eventuales no renovaciones de las contratas deben estar limitadas sólo a casos debidamente fundados y acreditables sobre la base de que concurran criterios objetivos, que impidan discriminaciones arbitrarias en el ejercicio de las facultades correspondientes” y que “los criterios para la eventual no renovación del personal a contrata deben basarse en fundamentos obtenidos en el proceso de evaluación de desempeños de los funcionarios (as), o en su defecto, en la continuidad de los programas o planes para los cuales prestan servicios en la respectiva Institución”.

Concluye que al carecer de fundamento plausible, en consecuencia la no renovación resulta arbitraria, abusiva y contraria a derecho.

Respecto al derecho, se refirió a la confianza legítima y explicó que cuando un funcionario lleva un determinado tiempo desempeñándose en el mismo cargo, y el contrato ha sido renovado de manera sucesiva, el Estado no puede despedirlo sin una justificación válida, lo cual ha sido ratificado por jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y a través de los dictámenes de CGR, estableciéndose el plazo de 5 años de renovaciones a contrata anuales generan la aplicación de este principio.

Lo que trae como consecuencia, que el término de dicha contrata, protegida por la confianza legítima solo pueda ocurrir producto de un sumario administrativo o de mala calificaciones en su rendimiento, debiendo en todo caso cumplirse con el deber de fundamentación.

Pide que se acoja el recurso, se declare la ilegalidad y arbitrariedad del decreto alcaldicio y en consecuencia: a.- Que se ordenar que se deberá renovar la contrata de nuestro representado desde el 1° de enero de 2025 y hasta el 31 de diciembre del año 2025, y renovarse así sucesivamente para los años siguientes, permaneciendo en el cargo en tanto no concluya por calificación deficiente o sanción adoptada en un sumario administrativo, legalmente tramitado. b.- Disponer que deberá pagarse al recurrente las remuneraciones que debió percibir desde el 1° de enero de 2025. c.- Costas.

Conjuntamente con el recurso, acompañó los siguientes documentos:

1) Plan de desarrollo comunal vigente, periodo 2017-2026.

2) Decreto Municipal N°14.522 de 30 de diciembre de 2024.

3) Captura de pantalla de correo que le notifica Decreto Municipal N°14.522 de 30 de diciembre de 2024.

4) Decretos de contrata y renovación de contrata de 01 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2024.

5) Decreto municipal 17.129 de 02 de diciembre de 2024.

6) Decreto 39 de 25 de marzo de 2014 de Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

7) Decreto 24 de 26 de abril de 2016 de Ministerio de Desarrollo Social.

A folio 7 informa la recurrida, reconoce el principio de la confianza legítima e indica que los tribunales Superiores de Justicia ha unificado jurisprudencia al respecto, manifestando que un funcionario público puede quedar amparado por el principio de confianza legítima si es que ha prestado funciones para un mismo servicio público por al menos cinco años, siempre y cuando las funciones desarrolladas hayan sido las mismas ya que lo anterior, permitiría concluir que la administración ha tenido un tiempo suficiente para evaluar las funciones desarrolladas por el funcionario, estimando la necesidad de su continuidad en el cargo.

Agrega que según consta de los antecedentes informados por el propio Sr nombre reservado en este recurso, consta que en el año 2019 ingreso a la contrata municipal para desempeñar funciones en la SECPLAN.

Luego, en el año 2021 sus funciones mutan al ser contratado para desempeñarse en el Delegación Municipal, Fresia Cardonal Lagunitas.

Mas tarde en el año 2022, es contratado para desempeñarse en la Dirección de Turismo.

Finalmente, en el año 2023 y 2024 se lo contrata para desempeñarse en Alcaldía.

En mérito de anterior la recurrida señala que si bien el Sr nombre reservado estuvo sujeto la ley 18.883 desde el año 2019, sus funciones desde esa fecha hasta el 31 de diciembre de 2024 no fueron las mismas, antecedente significativo y fundamental, ya que para invocar la confianza legitima no basta estar regido por el Estatuto Administrativo para Funcionarios Públicos, sino que es necesario que las funciones desarrolladas hayan sido las mismas, lo que no ocurre en este caso.

Concluye que el Sr nombre reservado solo mantuvo prestando servicios continuos en la Alcaldía, (última función para la que fue contratado) desarrollando las mismas funciones solo por un plazo de dos años y por tanto, no puede ampararse en el principio de confianza legítima.

Por lo que no se configuran los presupuestos objetivos para la procedencia del principio de confianza legitima ya que no se cumple el espacio temporal necesario para la configuración de dicha institución, por cuanto el recurrente no reúne un periodo de 5 años ininterrumpidos de prestaciones de servicios a contrata para el Municipio, en ejercicio de las mismas funciones, sin que corresponda considerar para estos efectos contrataciones previas.

Agrega que siendo una contrata no sujeta a confianza legítima, se aplica el artículo 2 párrafo segundo y tercero del estatuto administrativo municipal, que establece que son cargos transitorios, y que duran hasta el 31 de diciembre de cada año.

A mayor abundamiento, el municipio dictó un decreto para comunicar el término efectivo de las prestaciones para las que habían sido contratado el Sr nombre reservado lo que se tradujo en el decreto N° 14.254 de fecha 30 de diciembre de 2024, en el que además de notificarle al recurrente la fecha de extinción de su contrata, se precisan los motivos por los que su renovación no sería posible a pesar de lo cual, se acusa al municipio de haber incurrido en actuaciones arbitrarias e ilegales.

En ella se da cuenta de la compleja coyuntura financiera que enfrenta la entidad edilicia la que de no ser enmendada con urgencia, compromete el cumplimiento de las funciones esenciales y básicas que por mandato legal la municipalidad esta llamada a cumplir, siendo deber de las autoridades llevar adelante su gestión con estricto cumplimiento a los principios establecidos en la Ley 18.575 de Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en especial, los principios de responsabilidad, eficiencia y eficacia, y la prestación de servicios de forma continuada y permanente de acuerdo a la Ley Orgánica de Bases de la Administración del Estado.

Sobre la garantía alegada como vulnerada del 19 N°2 de la Constitución Política de la República, la no renovación de la contrata del Sr nombre reservado no se ha limitado al recurrente de autos, sino que se ha hecho extensiva a otros funcionarios sujetos a contrata, echándose por tierra cualquier pretensión de trato discriminatorio en su contra, lo que se refuerza al considerar que los argumentos expuestos en el decreto dada la crisis financiera que afecta al municipio y la necesidad de resguardar los principios latamente descritos en este informe lo que, Pide el rechazo del recurso.

Acompañó los siguientes documentos:

1. Publicación “Soy de Puerto Montt” de fecha 12 de diciembre del año 2024. “Cinco mil millones de pesos sería el déficit en el DAEM de Puerto Montt”.

2. Publicación “Soy TV” de fecha 08 de septiembre del año 2023. “Déficit del Daem de Puerto Montt supera los $10 mil millones en 2023”.

3. Publicación “El Llanquihue” de fecha 24-08-2022, “Daem pide recursos al municipio para pagar sueldos y finiquitos”

4. Publicación Radio Sago de fecha 11 de diciembre del 2024 “Por grave déficit auditarán finanzas del municipio de Puerto Montt y ediles aprueban presupuesto 2025”

5. Publicación “Qué pasa Puerto Montt” de fecha 18 de Octubre de 2023, “PUERTO MONTT...MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT, DÉFICIT DEL DAEM ALCANZARÍA LOS 17 MIL MILLONES DE PESOS”

6. Publicación “Central Noticias” de fecha 23 de diciembre del año 2021, “Puerto Montt: Aprobaron nuevo traspaso de fondos para cubrir déficit de la educación municipal”

7. Publicación “Biobio Chile” de fecha 12 septiembre de 2023 “Puerto Montt: Concejo Municipal interpelará a director del DAEM por millonario déficit”

8. Publicación “Patagonia Radio” de fecha 10 de septiembre de 2024 “Contraloría detecta irregularidades por más de $2.500 millones en el DAEM”

9. Publicación “Radio Sago” de fecha 19 de septiembre de 2023 “Unidad de Control de municipio de Puerto Montt ha advertido sobre déficit financiero”

10.-Decreto 14.522 de fecha 30 de diciembre de 2024 por el que se dispuso la no renovación de la contrata del recurrente.

11.- Ordinario N°15 de enero de 2025 suscrito por don nombre reservado, Secretario Comunal de Planificación, materia “Informa Situación Financiera Municipal”.

Encontrándose en estado de ver se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que, para el análisis del presente arbitrio es necesario tener en cuenta, previamente, que el recurso de protección, contemplado en nuestra Constitución Política, se creó con el propósito de cautelar debidamente los derechos fundamentales de rango constitucional y cualquier persona – por sí o a favor de otra- puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para el amparo necesario, cuando los derechos protegidos se sientan amagados por actos u omisiones arbitrarios o ilegales de terceros, siendo la Corte de Apelaciones correspondiente quien debe adoptar las medidas conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado.

Segundo: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo primero del Código Civil - o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él - y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha planteado.

Tercero: Que el actor califica de arbitrario e ilegal la decisión de la recurrida en orden a no renovar sus designaciones para el año 2025, vulnerando garantías constitucionales, emitiéndose sin la dictación de un acto administrativo fundado, afectando la confianza legítima derivada de la reiteración de sus vínculos laborales y evaluaciones favorables. Solicita que se ordene renovar la contrata del recurrente desde el 1° de enero de 2025 y hasta el 31 de diciembre del año 2025, y renovarse así sucesivamente para los años siguientes, permaneciendo en el cargo en tanto no concluya por calificación deficiente o sanción adoptada en un sumario administrativo, legalmente tramitado, además, disponer que deberá pagarse al recurrente las remuneraciones que debió percibir desde el 1° de enero de 2025.

Cuarto: Que, de acuerdo al artículo 2° de la Ley N° 18.883, los empleos a contrata tienen un carácter esencialmente transitorio, cuya duración máxima es de un año, expirando de pleno derecho al 31 de diciembre de cada año, salvo renovación expresa. La decisión de no renovación del vínculo, por tanto, no constituye por sí sola una ilegalidad o arbitrariedad, mientras no exista afectación de derechos fundamentales o infracción al ordenamiento jurídico.

Quinto: Que la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, especialmente en fallos recaídos en causas roles N° 26.112-2023 y N° 26.131-2023, ha establecido que la no renovación de una contrata no requiere acto fundado cuando se trata de funcionarios que no se encuentran amparados por el principio de confianza legítima “(...) en una primera aproximación se puede concluir que en el ejercicio de la facultad que implica la decisión de no renovar el vínculo estatutario, la Administración no tiene el deber de invocar fundamentos para no perseverar en el vínculo para el periodo siguiente, prescindiendo de los servicios para los cuales la persona fue contratada, por, en definitiva, no ser necesarios sus servicios, dado que estos concluyen de pleno derecho al 31 de diciembre de cada año (...)”

El principio de confianza legítima sólo se configura cuando el funcionario ha prestado servicios a contrata de manera ininterrumpida por cinco años o más en funciones equivalentes, con evaluaciones positivas, así ha razonado la Excma. Corte Suprema “(...) en busca de un criterio unificador, esta Corte ha considerado establecer el plazo de cinco años, que se estima es un periodo prudente para que la Administración evalúe íntegramente no sólo el desempeño del funcionario sino que, además, estudie la necesidad de seguir contando con el cargo que sirve la persona, por cuanto existe una real necesidad del servicio de contar con una persona que desempeñe las funciones específicas que motivaron la dictación del acto administrativo que determinó el inicio del vínculo con la Administración.” (Excma. Corte Suprema Rol N°26.131-2023)

Sexto: Que, revisados los antecedentes aportados por las partes, se constata que el recurrente no cumple con el requisito temporal mínimo de cinco años de servicios continuos bajo la modalidad de contrata, pues desde el año 2019 hasta el 31 de diciembre de 2024, fecha del término de la contrata, las funciones desempañadas fueron diversas, y solo se mantuvo prestando servicios continuos en la Alcaldía, desarrollando las mismas funciones solo por un plazo de dos años.

Séptimo: Que, en cuanto al acto administrativo cuestionado, consta en los antecedentes la dictación del decreto N° 14.522 de fecha 30 de diciembre de 2024, mediante el cual se resolvió no renovar diversas contratas, fundado en la compleja coyuntura financiera que enfrenta la entidad edilicia , y que en el marco de las políticas de racionalización del gasto y reorganización administrativa adoptadas para dar cumplimiento a las metas del plan de Desarrollo Comunal, se ha revisado las funciones y necesidades del personal concluyendo que las tareas asociadas al cargo ya no resultan necesarias o prioritarias en la estructura de la municipalidad en el ejercicio presupuestario 2025.

Octavo: Que, la Excma. Corte Suprema ha reiterado sostenidamente que la falta de fundamentación de los actos administrativos hace decaer la fuerza vinculante de los mismos, por cuanto dicha decisión deviene en arbitraria al no exponer claramente las razones que motivan una determinada decisión. Así́ las cosas, el máximo Tribunal ha sostenido que “la exigencia de motivación de los actos de la Administración se satisface mediante una exposición clara y completa de los motivos del acto administrativo de que se trata, lo que importa un examen riguroso de las razones que lo sustentan y un análisis concreto de sus fundamentos. Además, la motivación debe incluir una relación circunstanciada de los fundamentos de la decisión indispensables para evaluar su racionalidad y proporcionalidad (Excma. Corte Suprema Rol N°20783-2018)”

Noveno: Que, así las cosas, el acto recurrido a través de la presente acción constitucional se encuentra debidamente fundado, el municipio actuó dentro de sus competencias, decisión que culminó en un acto terminal debidamente notificado, por lo que no puede se torna en ilegal o arbitrario.

De este modo, no se aprecia que el acto recurrido haya sido dictado con desviación de poder o carente de fundamento, ni que se haya incurrido en una discriminación arbitraria respecto del recurrente, por cuanto la medida se aplicó de forma general a funcionarios en situaciones similares.

Décimo: Que, en consecuencia, no se configuran los presupuestos de ilegalidad ni arbitrariedad que habiliten la procedencia de la acción cautelar de protección, procediendo su rechazo.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y artículo 1° y siguientes del Acta N°94-2015, de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección y sus modificaciones posteriores, se declara:

I.- Que se rechaza la acción interpuesta a folio N°1 por los abogados Mauricio Oliva Alarcón, y Tomás Oliva Cifuentes en favor de don nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt.

II.- Que no se condena en costas al recurrente, por haber tenido motivo plausible para recurrir.

Redacción a cargo del abogado integrante Mauricio Cárdenas García.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Protección N° 88-2025.-