nombre reservado con FISCO TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Puerto Montt, cuatro de septiembre de dos mil dieciocho.

Vistos:

Con fecha 25 de junio del año en curso comparece el abogado don Felipe Silva Landeros, en representación de don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la Tesorería Regional de Los Lagos, representada por don nombre reservado, en su calidad de Director Regional (S), con domicilio en domicilio reservado, a fin de que se ordene la suspensión del cobro de giro de impuesto a la herencia, Folio Nº 517353 de fecha 12 de agosto de 2015 y la devolución de la suma de $904.409 correspondiente a la rebaja y compensación ejecutado por la recurrida el día 25 de mayo de 2018 hasta que en derecho, se genere el devengamiento correspondiente del hecho gravado una vez resuelta la acción de petición de herencia actualmente radicada en los tribunales ordinarios de justicia.

Como antecedentes refiere que con fecha 21 de junio de 2015 falleció don nombre reservado, padre de su representado, inscripción de defunción Nº 88 del mismo año. Su representado con fecha 10 de julio del año 2015 solicitó a favor de todos los herederos la posesión efectiva intestada del causante, la que fue concedida mediante Resolución Exenta Nº 5912 de fecha 31 de julio de 2015 de la Dirección Regional del Servicio de Registro Civil e Identificación de Los Lagos, inscribiéndose con el Nº 40.428 del mismo año en el registro respectivo.

Posteriormente, el recurrente toma conocimiento de buena fe, que el causante había otorgado un testamento abierto ante el Notario Público de la Unión, con fecha 26 de febrero de 1998 y que no figuraba en el Registro Nacional de testamentos atendida la fecha de su otorgamiento. En el referido testamento sin perjuicio de lo dispuesto en la ley, su representado no figura como heredero legitimario.

Actualmente por las diferencias existentes entre las acciones testamentarias existentes y los legítimos contradictores de la sucesión testada, se ventila un juicio por derecho de petición de herencia ante el Juzgado de Letras y Garantía de Río Bueno, Rol C-34-2016.

Precisa que con fecha 12 de agosto del año 2015, el Servicio de Impuestos Internos, giró mediante Formulario 21, orden de ingreso Folio 517353, por un monto de $3.573.393, correspondiente al impuesto a la herencia, cuyo fundamento es la solicitud de posesión efectiva intestada.

Luego de ello, en diversas oportunidades, el recurrente ha solicitado al Servicio, la suspensión temporal del cobro del impuesto a la herencia, explicando que en los hechos no existe el antecedentes jurídico para cobrarlo, en razón que se encuentra en curso la acción de petición de herencia y en consecuencia, el tributo ordenado girar no tiene antecedente fáctico ni legal.

La respuesta del Servicio de Impuestos Internos, tiene presente que si bien existe una causa civil iniciada al tenor de lo descrito en el artículo 253 del Código de Procedimiento civil, es un acto iniciador de proceso, resultando necesario contar con la resolución del juez ante dicha demanda, que puede alterar o no lo obrado en el giro que se solicita anular; sin perjuicio de lo cual, toma la opción de cobrar aún cuando de la perspectiva jurídica no se ha generado el hecho gravado comprobable.

Fue así que a propósito de la Operación Renta del año 2018, Tesorería General de la República efectuó una rebaja de $904.409 por concepto de compensación, no emitiendo cheque o depósito respecto de la declaración de renta de su representado.

Con fecha 08 de febrero del año en curso, se notificó a su representado del mandamiento de ejecución y embargo en expediente administrativo Nº 10092 /20118, de la Tesorería Regional de Puerto Montt, en virtud del cual se requiere el pago de la suma de $3.573.393 correspondiente al Formulario 21, Folio 517353 del Servicio de Impuestos Internos, se interpuso excepción de no empecer el título, con fecha 14 de marzo de 2018, respecto a la cual su parte no ha sido notificado a la fecha de resolución alguna, procediendo la recurrida con fecha 25 de mayo último a la rebaja de $904.409 por concepto de compensación.

Argumenta que no obstante tratarse de una carga tributaria legal y ajena al presente recurso, lo cierto es que el recurrente a la fecha no es heredero legitimario por su exclusión en el testamento abierto del causante y, por ende, no se ajusta a derecho el cobro de dineros girados existiendo una vulneración a la igual repartición de las cargas públicas en materia tributaria al derecho de propiedad y a la no discriminación arbitraria, garantías establecidas en el artículo 19 Nº 20, 24 y 2 respectivamente de la Constitución Política de la República.

Se acompaña al recurso Oficio Ord. Nº 85 del 30 de mayo de 2017 del Jefe del Servicio de Impuestos Internos de Puerto Varas, presentación dirigida al Servicio de Impuestos Internos el 29 de agosto de 2017, Resolución Exenta Nº 77317078541 de fecha 10 de noviembre de 2017 del Servicio de Impuestos Internos, presentación de fecha 14 de marzo de 2018, Resolución Exenta Nº 77318084514 del Servicio de Impuestos Internos de fecha 18 de mayo de 2018, mandamiento de ejecución y embargo de fecha 08 de febrero de 2018, oposición de fecha 14 de marzo de 2018 en expediente administrativo Nº 10092/2018, certificado de posesión efectiva, copia de protocolización de testamento abierto, copia del citado testamento, Ord. UJR 41-2015 del Director Regional del Servicio de Registro Civil e Identificación, Formulario 22, consulta estado de declaración de renta 2018, de fecha 25 de mayo de 2018.

Informa en representación de la recurrida don nombre reservado, en su calidad de Director Regional Tesorero de la Región de Los Lagos, solicitando el rechazo del recurso por improcedente, con costas.

En un primer aspecto plantea la improcedencia de la acción deducida por existir otros procedimientos especiales más idóneos pues lo que ha ocurrido en este caso, es que el recurrente en el proceso civil que lleva en curso por preterición de sus derechos debió solicitar la posible suspensión de los procedimientos de apremio que tenía en su contra, por el no pago de los derechos de herencia.

En cuanto al procedimiento de cobro, refiere que en autos administrativos se ha despachado mandamiento de ejecución y embargo por el Tesorero Regional contra el contribuyente. Con fecha 08 de marzo de 2018 se procedió a notificar y requerir de pago en el expediente administrativo 10.092-2018 de la comuna de Puerto Varas por el saldo de deuda asciende a $ 2.814.472.

El proceder del Servicio de Tesorerías se ha ajustado a la ley conforme las normas del título V del Libro III del Código Tributario, correspondiéndose a dicho organismo la recaudación de los tributos.

En cuanto a la compensación explica que tributariamente su regulación se establece en los artículos 6 y 7 del DFL Nº 1 de 1994, Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías y en el artículo 177 del Código Tributario, así cuando el Fisco como el contribuyente son recíprocamente acreedores y deudores, por la existencia de obligaciones tributarias actuales, líquidas y exigibles, se extinguen ambas hasta el monto de la de menor valor.

En el caso, el deudor declaró voluntariamente el formulario 4423 de fecha 10 de julio de 2015 en la que determinó el impuesto a la herencia por la totalidad de las asignaciones y conforme a ello el SII procedió a emitir el giro correspondiente mediante formulario 21 orden de ingreso Folio 517353, ajustándose a lo declarado por el contribuyente, estos fueron girados a su propia solicitud y en tal situación son objeto de cobro compulsivo en virtud de los dispuesto en los artículos 168 y siguientes del Código Tributario.

Es decir, al giro del impuesto, esto es, la orden inmediata del pago del impuesto porque el contribuyente no lo ha enterado en el plazo en arcas fiscales, se inicia el procedimiento de cobro compulsivo de obligaciones tributarias, vuelve la obligación actualmente exigible, hasta el momento en que opere algún modo de extinguir la misma.

Ingresada en la cuenta única tributaria, la deuda de autos, al existir un saldo deudor por un lado y acreedor por la otra, se produjo la compensación legal a que alude el artículo 6º del DFL Nº 1/1994, Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías. Afirma que la calidad de heredero o asignatario actualmente en disputa, no suspende per se el pago del impuesto no afecta su exigibilidad, pues como ha sostenido el SII en las respuestas a sus presentaciones, no existe en la actualidad ninguna sentencia forme y ejecutoriada que lo demande ni menos que le prive de su calidad de asignatario y los antecedentes aportados respecto de la acción de petición de herencia no resultan determinantes por no poseer dicha acción legal aquel efecto.

Agrega que su parte desconoce la aplicación de la suspensión de la compensación que se ha decretado en autos, pues la compensación ya operó de la forma que se ha descrito, cobrando plena vigencia el acto jurídico, extinguiéndose la obligación en la parte que se ha aplicado el pago, no se puede suspender pues no está en actual ejecución. Deshacer la operación requiere una demanda de lato conocimiento y una orden directa de dejarla sin efecto.

En este sentido, la declaración efectuada con ocasión de la orden de no innovar dispuesta en estos autos, afecta el patrimonio fiscal ordenándose la suspensión de una compensación que ha operado legal y automáticamente, no teniendo facultades para deshacer tal operación en un procedimiento como el de marras.

Se acompaña al informe copia autorizada de expediente administrativo Nº 10.092-2018, copia autorizada de cuaderno de excepciones del mismo procedimiento, en el que consta que está en actual resolución la solicitud de no empecer el título, certificado de deuda fiscal, Resolución Exenta Nº 77318084514, de fecha 18 de mayo de 2018 del SII, solicitud del contribuyente de fecha 14 de marzo de 2018 y Resolución Exenta Nº 77317078541 de fecha 10 de noviembre de 2017 del SII que rechaza la suspensión del procedimiento.

Se ordenó traer los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

PRIMERO: Que, el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando se han visto conculcadas, aun en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos, la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes a lograr que cese la perturbación de tales garantías. Para tales efectos, deben concurrir los siguientes requisitos que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada; que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SEGUNDO: Que, la acción cautelar deducida por la parte recurrente se fundamenta en la afectación de sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 Nº20, 24 y 2 de la Constitución Política de la República, ocasionada por la actuación efectuada por la Tesorería General de la República, pues con fecha 08 de febrero del año en curso, se notificó a su representado del mandamiento de ejecución y embargo en expediente administrativo Nº 10092 /20118, de la Tesorería Regional de Puerto Montt, en virtud del cual se requiere el pago de la suma de $3.573.393 correspondiente al Formulario 21, Folio 517353 del Servicio de Impuestos Internos, se interpuso excepción de no empecer el título, con fecha 14 de marzo de 2018, respecto a la cual su parte no ha sido notificado a la fecha de resolución alguna, procediendo finalmente la recurrida con fecha 25 de mayo último a la rebaja de $904.409 por concepto de compensación.

Que la recurrida al informar plantea la improcedencia de la presente acción cautelar, por cuanto estima, existen otros procedimientos especiales más idóneos para ello: en lo tocante al procedimiento de cobro, expone que se ha despachado mandamiento de ejecución y embargo por el Tesorero Regional contra el contribuyente, que con fecha 8 de marzo de 2018, se procedió a notificarlo y requerirlo de pago, en el expediente administrativo 10.092-2018, de la comuna de Puerto Varas, por el saldo de la deuda que asciende a $ 2.814.472, indicando que el proceder del Servicio se ha ajustado a derecho y en el marco de su cometido legal, que es la recaudación de los tributos, agregando que respecto a la compensación aplicada, ésta reconoce sustento legal en los artículos 6 y 7 del DFL 1 de 1994, estatuto Orgánico del Servicio de Tesorería y en el artículo 177 del Código Tributario.

Que en la especie el giro del impuesto cuestionado se generó en mérito de la propia solicitud del recurrente, y siendo el giro una orden inmediata de pago del impuesto, si el contribuyente no lo entera en arcas fiscales, se inicia el procedimiento de cobro compulsivo de obligaciones tributarias y vuelve la obligación actualmente exigible. No existe ninguna sentencia firme que prive al recurrente de su calidad de asignatario y que la aplicación de la suspensión de la compensación, ya operó en la forma descrita, cobrando plena vigencia el acto jurídico.

TERCERO: Que, en sustento de su recurso de protección la parte recurrente acompañó los siguientes instrumentos: Oficio Ord. Nº 85 del 30 de mayo de 2017 del Jefe del Servicio de Impuestos Internos de Puerto Varas, presentación dirigida al Servicio de Impuestos Internos el 29 de agosto de 2017, Resolución Exenta Nº 77317078541 de fecha 10 de noviembre de 2017 del Servicio de Impuestos Internos, presentación de fecha 14 de marzo de 2018, Resolución Exenta Nº 77318084514 del Servicio de Impuestos Internos de fecha 18 de mayo de 2018, mandamiento de ejecución y embargo de fecha 08 de febrero de 2018, oposición de fecha 14 de marzo de 2018 en expediente administrativo Nº 10092/2018, certificado de posesión efectiva, copia de protocolización de testamento abierto, copia del citado testamento, Ord. UJR 41-2015 del Director Regional del Servicio de Registro Civil e Identificación, Formulario 22, consulta estado de declaración de renta 2018, de fecha 25 de mayo de 2018.

Por su parte la recurrida acompañó los siguientes documentos: copia autorizada de expediente administrativo Nº 10.092-2018, copia autorizada de cuaderno de excepciones del mismo procedimiento, en el que consta que está en actual resolución la solicitud de no empecer el título, certificado de deuda fiscal, Resolución Exenta Nº 77318084514, de fecha 18 de mayo de 2018 del SII, solicitud del contribuyente de fecha 14 de marzo de 2018 y Resolución Exenta Nº 77317078541 de fecha 10 de noviembre de 2017 del SII que rechaza la suspensión del procedimiento.

CUARTO: Que, del mérito de los antecedentes acompañados a estos autos, que han sido apreciados de acuerdo con las reglas de la sana crítica, se tiene por acreditado:

1º Que con fecha 21 de junio de 2015, se produce el fallecimiento de don nombre reservado, según consta en inscripción de defunción Nº 88 correspondiente al registro respectivo del año 2015.

2º Que con fecha 10 de julio de 2015, el recurrente solicitó en favor de todos los herederos del Sr. nombre reservado, la posesión efectiva intestada del causante, la cual le fue concedida por la Resolución Exenta Nº 5912 de fecha 31 de julio de 2015 de la Dirección Regional del Servicio de Registro Civil e Identificación de los Lagos, inscribiéndose la misma con el número 40.428 del año 2015 en el registro correspondiente.

3º Que el causante nombre reservado, había otorgado testamento abierto ante Notario Público de La Unión, con fecha 26 de febrero de 1998, el que por la fecha de otorgamiento no figuraba en el Registro Nacional de Testamentos que lleva el Servicio de Registro Civil, hechos que el recurrente desconocía.

4º Que el actor nombre reservado y doña nombre reservado interpusieron una demanda de petición de herencia en contra de nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, que se ventila en el juzgado de Letras y Garantía de Río Bueno, bajo el Rol Nº C-34-2016, el que se encontraría en tramitación.

5º Que con fecha 12 de agosto de 2015, el Servicio de Impuestos Internos procede a girar, mediante formulario 21, orden de ingreso Folia 517353, un monto ascendente a la suma de $ 3.573.393, correspondiente al impuesto a la herencia, teniendo como fundamento la solicitud de posesión efectiva de la herencia intestada realizada por el recurrente, 6º Que frente a lo anterior, el recurrente solicitó en diversas oportunidades al servicio de Impuestos Internos la suspensión temporal del cobro del impuesto a la herencia, lo que ha sido denegado fundado en que es necesario contar con una sentencia firme que recaiga en el procedimiento sobre petición de herencia aludido.

7º Que el día 8 de febrero de 2018, se notificó al recurrente el mandamiento de ejecución y embargo del expediente administrativo Nº 10092 año 2018, Puerto Varas de la Tesorería Regional de Puerto Montt, que requiere el pago de la suma de $3.573.393, correspondiente al formulario 21, Folio 517353 del Servicio de Impuestos Internos; impuesto a la herencia, 8º Que el recurrente en el expediente administrativo Nº 10092 año 2018, Puerto Varas de la Tesorería Regional de Puerto Montt, opuso con fecha 14 de marzo de 2018, la excepción de no empecerle el título, la que no ha sido resuelta o, al menos, no ha sido notificado su resolución al ejecutado.

9º Que con fecha 25 de mayo de 2018 y a propósito de la Operación Renta del año 2018, Tesorería General de la República efectuó una rebaja de $904.409 por concepto de compensación, por el impuesto adeudado, no emitiendo cheque o depósito a favor del recurrente.

En efecto, los hechos precedentemente establecidos no han sido controvertidos por las partes y constan concordantemente, en los instrumentos acompañados por las partes. Todos estos instrumentos, no han sido objetados ni observados de manera alguna, por lo que, no se han detectado situaciones que alteren la normal acreditación de los hechos que dan cuenta. De tal manera, todos ellos, con su confrontación, por su concordancia, coherencia, claridad y precisión técnica, sustentan justificadamente las conclusiones fácticas arribadas precedentemente.

QUINTO: Que, de conformidad al artículo 1º del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, el recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

SEXTO: Que, para resolver la procedencia del presente recurso de protección, en primer lugar, debe establecerse la existencia de la conducta lesiva de garantías constitucionales denunciadas, esto es, las de igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o en la forma que fije la ley, y la igual repartición de las cargas públicas; el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes y la de no discriminación. Así mismo se debe corroborar la existencia de un acto u omisión que produzca afectación al ejercicio legítimo de un derecho en grado de privación, perturbación o amenaza y que dicho acto u omisión sea ilegal o arbitrario.

Al respecto, es de rigor indicar que el obrar atribuido a la parte recurrida será ilegal si transgrede alguna norma legal, o bien, arbitrario si carece de justificación racional u obedece a un actuar caprichoso.

Así, certeramente, se ha indicado que el núcleo del recurso de protección exige: “1) que exista un agravio (amenaza, perturbación o privación) a un sujeto en el ejercicio legítimo de un derecho garantizado por esta acción, esto es ha de atender el tribunal a este triple aspecto, de ‘agravio’, de ‘ejercicio legítimo’, y de tratarse de un ‘derecho de los protegidos’ por el recurso en cuestión; y 2) que ese agravio producido en el ejercicio legítimo de un derecho de los protegidos sea el resultado (nexo causal) de un acto u omisión de un tercero (autoridad o particulares), acción u omisión que ha de ser ilegal o arbitraria, esto es, contraria a derecho; en otros términos que sea el producto o el fruto de una conducta (omisiva o comisiva) antijurídica, que vulnere el ordenamiento jurídico impidiendo la plena vigencia del imperio del Derecho (nombre reservado, 1984, p.366).

Conforme a lo relacionado, la conducta (acto u omisión potencialmente vulneratoria) que se atribuye a la Tesorería Regional consiste básicamente en haber procedido arbitraria e ilegalmente a efectuar la rebaja, de la declaración de impuestos a la renta presentada por el recurrente por la suma de $904.409, lo que provocó que no se generara el cheque o depósito en favor del actor, como en derecho procedía, por cuanto se le estaría cargando un impuesto que no debe ser soportado por él, o al menos no por él en su integridad, por el impuesto a la herencia generado, al presentar la solitud de posesión efectiva de la herencia intestada quedada al fallecimiento de su padre, lo que no debió efectuarse por el Servicio recurrido, por existir un testamento abierto que el causante –padre del recurrente- suscribió en favor de otros herederos y en el cual el recurrente fue preterido.

A raíz de ello existe una acción de petición de herencia ventilada en el Juzgado de Letras y Garantía de Río Bueno, la cual está en tramitación y que, según el actor, tiene la virtualidad de suspender el cobro del impuesto, o al menos que no se materialice la compensación, hasta su resolución.

SÉPTIMO: Que, es insoslayable determinar si la conducta atribuida a la recurrida ha sido ilegal o arbitraria y a este respecto es necesario señalar que, en primer término, la ilegalidad denunciada no tiene anclaje en los antecedentes fácticos que constituyen el sustento de la acción cautelar intentada, pues la Tesorería, ha despachado mandamiento de ejecución y embargo contra el contribuyente –recurrente-, sobre la base del formulario 21, Folio 517353 por el monto de $ 3.573.393, lo que tiene sustento normativo en lo prescrito en el D.F.L. Nº 1 de 1994, que fijó el Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, que le encomienda la función de “recaudar los tributos y demás entradas fiscales, y las de otros servicios públicos” y en el artículo 35 del D.L. 1263 del Ministerio de Hacienda, sobre Administración Financiera del Estado, que señala que “El servicio de Tesorería tendrá a su cargo la cobranza judicial o administrativa con sus respectivos reajustes, intereses y sanciones de los impuestos, patentes, multas y créditos del Sector Público (…). Para tal efecto, aplicará, cualquiera sea la naturaleza del crédito, los procedimientos administrativos y judiciales establecidos en el Código Tributario para el cobro de impuestos morosos”.

De manera tal que informado el giro y la deuda por Impuestos Internos, corresponde a Tesorería por mandato legal iniciar las acciones de cobro, según lo prescrito en el artículo 2 Nº 2 del Estatuto Orgánico, ya citado.

Por otra parte el título V del Libro III del Código tributario faculta al servicio de Tesorería, para confeccionar el título ejecutivo y despachar mandamiento de ejecución y embargo sobre todos los bienes del deudor.

Así, y con estricto apego a las normas legales reseñadas, es posible concluir que el obrar del Servicio de Tesorería, en cuanto al procedimiento de cobro del impuesto de autos, se ha ceñido a la legalidad vigente.

En lo tocante a la compensación cuestionado a través de la presente acción, la conducta de la Tesorería Regional, reconoce sustento normativo en los artículos 6 y 7 del D.F.L. Nº 1 de 1994, Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías y en el artículo 177 del Código Tributario.

La primera disposición aludida señala que “se autoriza al Tesorero General de la República para compensar deudas del contribuyentes con créditos de éstos contra el Fisco, cuando los documentos respectivos estén en la Tesorería en condiciones de ser pagados, extinguiéndose las obligaciones hasta la concurrencia de la de menor valor”, por su parte el artículo 7 prescribe, “cuando concurran las circunstancias señaladas en el artículo anterior, La Tesorería no aplicará intereses sobre la parte o el total de los tributos insolutos que sean iguales al monto de lo adeudado por el Fisco”.

Entonces, al giro del impuesto, si el contribuyente no lo paga dentro de plazo en arcas fiscales, se inicia el procedimiento de cobro compulsivo de obligaciones tributarias, por lo que la obligación se vuelve actualmente exigible, hasta el momento que opere algún modo de extinguir la misma. Así, al ingresarse la deuda en la Cuenta única Tributaria y al existir un saldo deudor por un lado y acreedor por la otra, se produjo en la especie la compensación impugnada por la presente acción.

En consecuencia, de la relación de los hechos y de los preceptos legales que se han traído a colación, es posible sostener que no ha existido en la especie un acto ilegal –antijurídico- por parte del Servicio recurrido, pues éste, en cumplimiento de su mandato legal, ha iniciado el cobro del impuesto adeudado y que se originó en una solicitud voluntaria del recurrente, de posesión efectiva de la herencia intestada de su padre, quien ha declarado el monto que está obligado a pagar.

Del mismo modo el Servicio recurrido ha efectuado, facultado por la ley, la compensación entre el saldo a favor del contribuyente, por concepto de devolución de impuestos y parte de lo adeudado en virtud del giro del impuesto a la herencia, que es actualmente exigible pues no ha sido solucionado. La circunstancia anotada por el recurrente en orden a que en virtud del testamento abierto que su padre dejó y en él cual fue preterido, no es impedimento para impedir el procedimiento de cobro y la consecuente compensación aplicada, por cuanto él solicitó la posesión efectiva, la que le fue otorgada por Resolución Exenta Nº 5912 de 31 de julio de 2015, por la Dirección Regional del Servicio de Registro Civil e Identificación de Los lagos, inscribiéndose la misma, de manera que su calidad de heredero legitimario está consolidada, siendo obligado en consecuencia al pago del impuesto que se ha generado.

La existencia de un testamento abierto y la actual disputa en un juicio de lato conocimiento, no es óbice para la actuación del Servicio, pues este juicio está en actual tramitación, siendo incluso la situación de la herencia testada, eventualmente más precaria, pues no se ha obtenido la posesión efectiva y la titularidad de aquellos herederos, cuestionada.

Eventualmente el actor podrá reclamar por el cobro en exceso, en el caso que en mérito del testamento mute la base sobre la cual debe ser aplicado el impuesto y la proporción que ha de ser de su cargo y, en su caso, de ser procedente repetir contra los otros herederos por el pago realizado.

OCTAVO: Que respecto de la atribuida arbitrariedad al actuar de la recurrida, no se vislumbra que haya sido carente de razonabilidad, caprichoso o irracional, pues se ha efectuado justificadamente y en base a la situación fáctica y jurídica descrita. No puede calificarse de mera expectativa, como pretende el recurrente, a la carga tributaria que deviene de la situación de hecho que se ha dado por concurrente, en base al análisis efectuado.

No es posible exigir al Servicio recurrido que motive su actuación sustentado en una causa civil, respecto de la que sólo existen meras expectativas.

Finalmente el recurrente mismo ha iniciado su acción cautelar afirmando –y acreditando- que tiene la calidad de heredero de su padre, en mérito de una solicitud de posesión efectiva cuya tramitación fue concluida, existiendo una situación consolidada en tal sentido a su favor, la que ha sido la base de la actuación de la recurrida.

NOVENO: Que en mérito de lo que se ha consignado con precedencia, estos sentenciadores estiman que no es posible declarar que las actuaciones realizadas por la recurrida –Tesorería Regional- hayan tenido la virtualidad de producir, privación, perturbación o amenaza en los derechos que el recurrente anuncia como conculcados, pues se han efectuado con irrestricto apego a las normas legales que gobiernan la materia y no puede ser calificada de caprichosa o carente de racionalidad.

DECIMO: Que sin perjuicio de lo señalado no será atendida la alegación de la recurrida en orden a solicitar la improcedencia del presente recurso, pues la acción cautelar, con sustento en su propia naturaleza de arbitrio constitucional de emergencia, admite su tramitación, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer el recurrente ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Por estas consideraciones y teniendo presente además lo prevenido en los artículos 1, 19 N°24, 20 y 2 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara:

I.- Que se rechaza la solicitud de improcedencia del presente recurso.

II.- Que se rechaza la acción de protección deducida por Felipe Silva Landeros, en representación de nombre reservado, en contra de la Tesorería Regional de Los Lagos.

III.- Que, no se condena en costas a la parte recurrente por haber tenido motivo plausible para litigar.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Déjese sin efecto la orden de no innovar decretada, en su oportunidad.

ROL PROTECCIÓN N°867-2018. –