MARINE HARVEST CHILE S.A. con nombre reservado

nombre reservado, veintidós de agosto de dos mil dieciocho.

VISTO:

Con fecha 21 de junio de 2018, compareció don nombre reservado, abogado, con domicilio en domicilio reservado, en nombre reservado, en representación de Marine Harvest Chile S.A., sociedad del giro de producción y comercialización de productos del mar, con domicilio en domicilio reservado y en domicilio reservado, en nombre reservado, e interpuso recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado, representada por su Inspector Provincial don nombre reservado, profesor de educación general básica, o quien lo subrogue o reemplace, ambos con domicilio en domicilio reservado, en nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en su rechazo a substanciar la solicitud de reconsideración administrativa de la resolución de multa N° 1544/17/19, por extemporaneidad, sin exponer motivaciones, produciendo la vulneración del artículo 19 N° 2° y N° 24 de la Constitución Política de la República, en razón de lo siguiente:

El 29 de diciembre de 2017, la Dirección del Trabajo, por medio de la recurrida Inspección del Trabajo de nombre reservado, impuso una multa de 40 unidades tributarias mensuales, por estimar que no habría concluido, dentro del plazo de 30 días que regula el artículo 211-C del Código del Trabajo, una investigación sobre denuncia de acoso sexual. La carta certificada que contenía la resolución de la multa, fue depositada en la oficina de Correos de Chile el día 06 de abril del año 2018. El 14 de mayo de 2018, esto es dentro del plazo que la ley le otorga para ello, solicitó dejar sin efecto la multa por medio de una solicitud de reconsideración administrativa. El 22 de mayo de 2018 la recurrida emitió el Ordinario N° 774, exponiendo el tenor del mismo. Además, expuso los fundamentos de fondo de por qué se debe dejar sin efecto la multa, para luego citar el artículo 508 y 512 del Código del Trabajo, para sostener que la carta certificada que contenía la resolución de la multa, fue depositada en la oficina de Correos de Chile el día 06 de abril del año 2018, por lo que desde esa fecha debía computarse el plazo consagrado en el artículo 508 del Código del Trabajo, para que se entienda notificada, esto es, al sexto día hábil. Así, el plazo para deducir reconsideración administrativa comenzó a correr el día 16 de abril y vencía el día 16 de mayo de 2018, si se considera la tesis de la Dirección del Trabajo para el cómputo del plazo para tal efecto (días corridos, esto es computando sábado, domingo y festivos). Considerando dicho plazo como administrativo, esto es siguiendo la posición de la jurisprudencia, la fecha de vencimiento se extendería hasta el 30 de mayo de 2018.

Además, que sin siquiera ser necesario entrar a discutir si el plazo de 30 días a que hace referencia el artículo 512 del Código del Trabajo, es de días corridos o hábiles, sostuvo que la solicitud de reconsideración administrativa fue ingresada dentro del plazo de 30 días, pues solo se pudo tener por notificada al sexto día desde el depósito en las oficinas de Correos de Chile, es decir el 16 de abril de 2018. Luego, que para el negado supuesto que el plazo de 6 días hábiles desde dicho depósito se compute incluyendo los días sábado, lo que implicaría que la notificación deba considerarse practicada el viernes 13 de abril, y que el plazo de 30 días siguiente considere incluso domingos y festivos, entonces el día 30 correspondería al día domingo 13 de mayo, por lo que su ingreso el día hábil siguiente, 14 de ese mes, también ha ocurrido dentro de plazo.

Por lo que, no existe manera alguna, sea cual sea la forma en que se compute el plazo, para considerar en este caso como extemporánea la presentación efectuada. Es por ello que el acto de la recurrida es arbitrario e ilegal, vulnerando el artículo 19 N° 2° y 24 de la Constitución, porque priva a su parte de un plazo que le otorga la ley, por lo que se le ha dado un trato discriminatorio, además, de impedir el ejercicio de su derecho a reclamar de una multa.

Por lo tanto: solicitó declarar que la solicitud de reconsideración administrativa deducida, respecto de la multa, ha sido opuesta dentro del plazo legal, que se deja sin efecto la decisión de la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado, que resolvió no admitir a tramitación la solicitud de reconsideración administrativa requerida, por considerarlas extemporáneas, en consecuencia, se dejan sin efecto todos los actos que emanen de la resolución recurrida, que la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado, deberá admitir a tramitación legal y conocer de la reconsideración administrativa deducida y las demás medidas que se considere apropiadas para restablecer el imperio del derecho, resguardando sus garantías constitucionales, con costas.

Con fecha 11 de julio de 2018, informó doña nombre reservado, abogada de la Dirección del Trabajo, en el siguiente sentido:

En primer lugar sostuvo la improcedencia del recurso de protección en atención a que el asunto de autos no origina una cuestión constitucional que deba ser tutelada por el recurso de protección, ya que no está destinado a reemplazar procedimientos específicos que contempla la ley, además, que la cuestión debatida radica en interpretación acerca de la naturaleza del plazo, por lo que no resulta ser esta la vía idónea para reclamar del acto administrativo. En efecto, el recurrente tiene otras vías para reclamar respecto del Ordinario N° 358, citando el artículo 504 del Código del Trabajo y jurisprudencia a su favor.

Luego sostuvo la inexistencia de acto arbitrario o ilegal, dando cuenta de los antecedentes previos y de la legalidad y racionabilidad del acto administrativo contenido en el Ordinario Nº 774, en cuanto a que el plazo de 30 días es de días corridos, citando dictamen de Contraloría y los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo. Además, que existen en el Código del Trabajo variadas normas que dan cuenta de la naturaleza de los plazos, citando el artículo 9, 162, 312 y 435, además, de los artículos 168, 171, 201 inciso final, artículos 223, 282, 360 y 412 y 503, para sostener que del estudio de las disposiciones del Código del Trabajo que conciernen a plazos se advierte que, por regla general, cuando el legislador ha querido establecer plazos de días hábiles, lo ha consignado expresamente, siguiendo de este modo la norma del artículo 50 del Código Civil y que de acuerdo a lo anterior, como el precepto en examen, artículo 512, no hace tal mención, corresponde entender que el plazo que contempla es de días corridos. Citando jurisprudencia administrativa.

A mayor abundamiento y a fin de establecer la naturaleza del plazo para reconsiderar, sostuvo una interpretación histórica de la Ley N° 20.087 y que conforme lo anterior, el Servicio mediante circular N° 73 de fecha 08.06.2010 que entró en vigencia el día 14 de Junio de 2010, establece que el plazo de 30 días para la reconsideración administrativa es de 30 días corridos.

Finalmente, señaló que el Inspector del Trabajo de nombre reservado, para declarar extemporánea la solicitud de reconsideración administrativa de multa de la empresa recurrente, tuvo en vista la fecha de notificación de la misma. Citando jurisprudencia a su favor. Así las cosas, sostuvo la inexistencia de conculcación de garantías constitucionales.

Por lo tanto: solicitó el rechazo del recurso de protección.

CONSIDERANDO:

EN CUANTO A LA ALEGACIÓN DE IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE PROTECCIÓN EN ATENCIÓN A QUE EL ASUNTO DE AUTOS NO ORIGINA UNA CUESTIÓN CONSTITUCIONAL QUE DEBA SER TUTELADA POR EL MISMO:

PRIMERO: Que, previo al examen de los requisitos del recurso de protección, y considerando la alegación formulada por la contraria respecto de la falta de idoneidad de esta vía recursiva para resolver un problema de interpretación de norma, cabe hacer presente que si bien el recurso de protección es una acción de urgencia y excepcional que pretende entregar tutela judicial a derechos fundamentales contenidos en el artículo 20 de la Constitución y descritos en el catálogo del artículo 19, su aplicación se ha extendido por la vía de una amplia interpretación de derechos protegidos a otros no consagrados en el citado artículo 20, lo mismo ha sucedido con el hecho de que ha abarcado áreas que, en su génesis, no se consideraban, a saber, lo contencioso administrativo, o también denominada justicia administrativa. Supuestamente esta materia, según la Constitución de 1925, debía ser conocida por los tribunales administrativos cuya organización y atribuciones debían ser determinadas por ley, la cual nunca se llegó a dictar, lo anterior significó que el Poder Judicial carecía de competencia para conocer dichas materias, salvo cuando una ley especial específicamente le confiriera la posibilidad de juzgar y resolver sobre aquello. La Constitución del 1980 vino a solucionar el problema una vez modificado el inciso segundo del artículo 38, tras la modificación de 1989, al dejar entrever que frente a la falta de creación de los tribunales contenciosos administrativos, la justicia ordinaria podía conocer de las acciones administrativas, dentro de los cuales los administrados buscan la nulidad del acto, a través de los juicios de nulidad de derecho público y las indemnizaciones frente la responsabilidad del Estado en sus actuaciones, pero también hay casos en los que el resguardo se intenta, a través del recurso de protección, lo cual ha sido aceptado jurisprudencialmente por los Tribunales Superiores de Justicia, razón por la cual se debe rechazar esta alegación.

EN CUANTO AL FONDO:

SEGUNDO: Que, el Recurso de Protección tiene por objeto restablecer el imperio del Derecho cuando se han visto conculcadas, aún en grado de amenaza, las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, según lo dispone el artículo 20 de la Carta Fundamental. En tales casos la Corte de Apelaciones respectiva puede adoptar todas las medidas conducentes para lograr que cese la perturbación de tales garantías. Consecuencialmente, es necesaria la existencia de un acto u omisión, ilegal y/o arbitrario que provoque tal perturbación o amenaza.

TERCERO: Que, en la especie, el acto materia de este recurso dice relación, con el rechazo a substanciar la solicitud de reconsideración administrativa de la resolución de multa N° 1544/17/19, por extemporaneidad, sin exponer motivaciones.

CUARTO: Que, de los antecedentes aportados por ambas partes, y lo señalado en cada una de las presentaciones, se constata que el 29 de diciembre de 2017, la Dirección del Trabajo, por medio de la Inspección del Trabajo de nombre reservado, impuso una multa de 40 unidades tributarias mensuales, por estimar que no habría concluido, dentro del plazo de 30 días que regula el artículo 211-C del Código del Trabajo, una investigación sobre denuncia de acoso sexual. La carta certificada que contenía la resolución de la multa, fue depositada en la oficina de Correos de Chile el día 06 de abril del año 2018. El 14 de mayo de 2018, la recurrente solicitó dejar sin efecto la multa por medio de una solicitud de reconsideración administrativa, la cual fue declarada extemporánea con fecha 22 de mayo de 2018 por medio del Ordinario N° 774. Lo anterior, por cuanto la Inspección del Trabajo considera que el cómputo del plazo para ejercer la reconsideración contemplada en el artículo 512 del Código del Trabajo es de día corridos, interpretación contraria a la sostenida por la actora quien sostiene que es de días hábiles, sin perjuicio de haber expuesto que cualquiera fuera el cómputo de los plazos su presentación se encontraba presentada dentro de plazo legal.

QUINTO: Que, en consideración a lo expuesto, es pertinente analizar el primer requisito de la acción, en este caso, si los actos recurridos revisten de la ilegalidad o arbitrariedad de la cual se le acusa, para tales efectos, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 512 del Código del Trabajo, se desprende que se trata de actos dictados en una etapa administrativa, y no judicial. La calidad de administrativo del plazo señalado significa que no le son aplicables las normas que respecto de los plazos judiciales se establecen en el Código del Trabajo, debiendo recurrirse a la supletoriedad de la Ley N° 19.880, consignada en su artículo 1°, y en consecuencia a las disposiciones de su artículo 25, texto sobre cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, que dispone que los plazos de días establecidos por esta ley son de días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos. Fundamento el anterior que ha sostenido la Corte Suprema, en causa Rol N° 2418-2012. En consecuencia, y ante la falta de precisión de la naturaleza del plazo del artículo 512, existe un plazo especial del citado artículo 25, el cual prima por sobre la normas de carácter general.

SEXTO: Que, siguiendo con lo razonado, el plazo para solicitar la reconsideración de multa del artículo 511 y 512 del Código del Trabajo es de días hábiles, el cual en el caso no había transcurrido, por consiguiente, la declaración de extemporaneidad de la reconsideración administrativa constituye una ilegalidad, desde que por ella se negó a tramitar una presentación contemplada en la ley presentada dentro del plazo legal, afectando con ello la garantía de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2° de la Constitución Política de la República, porque al desconocer la autoridad recurrida el plazo legal en toda su extensión ha dado un trato arbitrario que no puede ser aceptado.

Por estas consideraciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, y demás normas pertinentes a aplicar, SE DECLARA:

I.- Que, SE RECHAZA la alegación de improcedencia del recurso de protección en los términos solicitados.

II.- Que, SE ACOGE el recurso de protección deducido por el abogado don nombre reservado, en representación de Marine Harvest Chile S.A., en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de nombre reservado, representada por su Inspector Provincial don nombre reservado, todos ya individualizados, y se deja sin efecto el Ordinario N° 774, de fecha 22 de mayo de 2018, debiendo la recurrida admitir a tramitación el recurso de reconsideración planteado por el actor respecto de la resolución de multa N° 1544/17/19.

III.- Que, no se condena en costas a la recurrida por haber tenido motivo plausible para litigar.

IV.- Que, atendido a lo resuelto, se deja sin efecto la orden de no innovar decretada con fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol 854-2018.