Recurso de protección

Puerto Montt, dos de septiembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1, el día 03 de julio del año en curso, comparecen los abogados Rodrigo Barrientos Triñanes, Coordinador Regional (S) y nombre reservado, curador ad litem del PROGRAMA REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA ESPECIALIZADA “MI ABOGADO” de la Región de Los Lagos, en el ejercicio de su calidad de curadores ad litem y conforme la representación que les otorga el artículo 19 de la Ley 19.968, a favor de la adolescente nombre reservado, e interponen acción cautelar de protección en contra de nombre reservado, Director de los Diarios “El Llanquihue” y “El Austral de Osorno”; nombre reservado, representante legal de los Diarios “El Llanquihue” y “El Austral de Osorno”, nombre reservado, Director del Diario “El Mercurio” y de su portal digital EMOL, y nombre reservado, representante legal del Diario “El Mercurio” y de su portal digital EMOL, por estimar que han vulnerado el derecho al respeto y protección de la vida privada, como asimismo, la integridad física y psíquica de su representada, por los hechos que exponen en su libelo.

Explican que la adolescente es sujeto de medida de protección en causa tramitada en el Juzgado de Familia de Puerto Varas, RIT X-335-2024, que luego fue derivada por incompetencia al Juzgado de Familia de esta ciudad, dándose inicio a la causa por cumplimiento de medida de protección, RIT X-41-2025, en la cual se decretó la derivación de su representada al programa Reparación y Maltrato (en adelante PRM). Agrega que, ante la negativa de la adolescente de continuar bajo los cuidados de su tía abuela, que a su vez desistió de los mismos, y al no existir red familiar que pudiera asumir sus cuidados, con fecha 13 de mayo el Tribunal dispuso la medida cautelar de ingreso a REMPER nombre reservado, de la comuna de Puerto Varas, perteneciente a la oferta residencial del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, si bien luego el día 20 de mayo fue trasladada a Residencia Renacer de Los Muermos, pues aquella pidió cambio de residencia en una audiencia de revisión celebrada el mismo día, fundado en que su progenitora tenía domicilio en esa comuna y había manifestado la intención de querer vincularse con la hija.

Detallan luego, que el día 27 de mayo el programa PRM remitió un oficio de igual fecha, en el cual daba cuenta de una develación efectuada por la adolescente víctima, a profesional psicóloga del referido programa interviniente, en el contexto de sesión reservada que se mantiene en este proceso, transcribiendo dicho documento. En síntesis, la adolescente habría develado que desde su ingreso a la Residencia nombre reservado estuvo expuesta a consumo de drogas, alcohol y explotación sexual, dentro del espacio residencial, y que habría sido incitada a la explotación por sus pares de la Residencia, a lo que se negó, pidiendo cambiarse de espacio por no sentirse cómoda.

En conocimiento de esos antecedentes, refieren que el Juzgado de Familia de esta ciudad dispuso diversas medidas, entre ellas, ordenó remitir los antecedentes a la Fiscalía Local de Puerto Varas, para evaluar el inicio de una investigación por el delito de explotación sexual comercial infantil y/o acumular a otras que existieren en favor de otras menores de edad ingresadas en Residencia nombre reservado

Respecto a los hechos que fundan el recurso, indican que el día 06 de junio el Diario El Llanquihue y su par Diario El Austral de Osorno, en sus respectivas portadas y en las páginas 2 y 7 respectivamente, de los ejemplares del día referido, hacen públicos los antecedentes anteriormente indicados, ventilando información reservada y la cual consta en los autos proteccionales, al señalar hechos, fechas y circunstancias específicas que vinculan y afectan directamente a la adolescente, como su edad, el hecho que denunció ante el Juzgado de Familia, que fue derivada a otra residencia de la provincia; o que en un apartado que titulan “relato clave”, en su redacción hacen referencia explícita a la audiencia del día 20 de mayo cuando ejerció su derecho a ser oída en audiencia reservada, señalando que había ratificado las denuncias por presunta explotación sexual que se estaría registrando en el interior del recinto. Hace presente que idéntica publicación se efectuó en el Diario El Austral de Osorno.

Luego, como antecedente de mayor gravedad, explican que estos medios de comunicación reprodujeron parte de la develación efectuada por su representada, que constaba en el oficio remitido por el PRM a la causa de cumplimiento, incorporando partes del informe, que transcriben.

Detallan luego, que el día sábado 7 de junio el Diario El Llanquihue expuso en su portada “Red de explotación sexual: caso escala y Defensoría de La Niñez anuncia querella”, consignando en la página 3 algunos “detalles del caso” haciendo nuevamente presente parte de la develación entregada por su representada, desconociendo la fuente originaria que proporcionó de manera inapropiada hechos reservados, que son parte del proceso de investigación que lleva adelante el Ministerio Público. Agregan que igual publicación realizó el diario homónimo de Osorno.

Indican que estas publicaciones, dieron lugar a otras de distintos medios de comunicación social masivos, como diario digital EMOL, X Siempre Radio, Soychile.cl, entre otros, exponiendo en similares términos a las publicaciones denunciadas.

Reclaman que estos hechos dan cuenta que el actuar de las recurridas vulnera gravemente el derecho al respeto y protección de la vida privada de su representada, derecho fundamental que encuentra reconocimiento en el artículo 19°N 4 y en otros instrumentos internacionales, tales como la Convención Sobre Derechos del Niño (artículo 16), el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (Artículo 17) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Artículo 11), al publicar antecedentes que son parte del ámbito de la vida privada e íntima de la adolescente, que dicen relación con condiciones actuales de protección, tales como vínculos familiares, estadía en sistema residencial, solicitudes efectuadas en contexto de audiencia reservada y develaciones realizadas en ella, en una audiencia reservada.

Refieren que si bien las recurridas no hacen mención expresa al nombre de la adolescente, sí exponen públicamente su edad, sexo, el hecho de estar ingresada en sistema residencial, fecha de ingreso a la residencia, lugar en que está ubicada dicha residencia, derivación a otra residencia de la región, así como la solicitud efectuada por la adolescente de ser cambiada de residencia, tribunal en la cual se tramita la causa proteccional, fecha de realización de audiencia de revisión la medida de protección de la adolescente, y antecedentes que revisten caracteres de delito entregados por su representada y que sirvieron de base para posteriores denuncias efectuadas por otras instituciones. Estos elementos analizados en su conjunto, permitirían concluir que se trata justamente de su representada, que queda expuesta no sólo al conocimiento de toda la opinión pública sino muy especialmente de sus pares de la residencia nombre reservado y de los sujetos que se verán eventualmente afectados por responsabilidad penal, antecedentes que de conformidad a la Ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada, son de carácter personal, y asimismo, sensibles, existiendo prohibición de divulgación de los mismos, conforme se desprende del inciso 1° del artículo 33 de Ley 19.733 sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo.

Además, alegan, también implican un peligro o amenaza de grave afectación a su integridad psíquica, agravando el daño emocional que la afecta y los sentimientos de estigmatización al hacerse públicos antecedentes de su vida privada; y también a su integridad física, pues la exponen a represalias y temor de verse expuesta a las mismas al haber develado antecedentes que revisten caracteres de delitos, y que en dicho carácter, tienen potencial de afectar a terceras personas, como los son sus pares de la residencia nombre reservado y adultos involucrados en dichos hechos presuntamente delictivos.

Estiman que los hechos denunciados infringen lo dispuesto en el artículo 2 letras f) y g) de la Ley N°19.628, sobre Protección de la Vida Privada; artículo 32 de la ley 21.302, que crea El Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia; Ley 20886 sobre Tramitación Digital de los Procedimientos Judiciales, en su artículo 2 letra c), y Ley 19.733 sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, en su artículo 33 inciso 1°, dada su calidad de testigo respecto de los hechos develados; e infringen además lo dispuesto en el inciso 4°, primera parte, del artículo 34 de Ley 21430, sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia.

Previas citas legales, solicitan se acoja esta acción de protección, y en lo particular resuelva: 1.- Ordenar a las recurridas, la eliminación inmediata, de las publicaciones efectuadas en todos y cada uno de los medios tanto impresos como digitales, incluidas redes sociales, efectuadas por “Diario El Llanquihue”, en la portada y en la página 2 de su ejemplar N° NUM000 del día 06 de junio de 2025, y publicación en ejemplar N° NUM001 fecha 7 de junio de 2025; publicaciones efectuadas en similares términos por “Diario El Austral de Osorno”, en la portada y en la página 7 de su ejemplar N° NUM002 del día 06 de junio de 2025, y así mismo, en la página 6 del ejemplar N° NUM003 del día 07 de junio de 2025; y publicación efectuada el día 6 de junio del año en curso por Diario El Mercurio en su portal web EMOL. 2.- Se ordene a las recurridas que, en lo sucesivo, se abstengan de informar antecedentes que rolan en causa proteccional RIT X-41-2025, tramitada en favor de nuestra representada en el Juzgado de Familia de Puerto Montt. 3.- Se adopten por SS. Iltma. cualquiera otra medida que estime pertinente para restablecer el imperio del derecho y proteger las garantías vulneradas del recurrente. 4.- Se condene en costas a las recurridas.

Acompañan al recurso: 1. Certificado de nacimiento de la adolescente nombre reservado, 2. Oficio NUM004 de fecha 27 de mayo de 2025, remitido por el programa PRM Ciudad del Niño Puerto Varas a causa proteccional RIT X-41-2025 del Juzgado de Familia de Puerto Montt. 3. Resolución de fecha 03-06-2025, pronunciada en causa RIT X-41-2025 del Juzgado de Familia de Puerto Montt. 4.

Acta de Audiencia de Revisión desarrollada con fecha 20-05-2025, en causa RIT X-41-2025 del Juzgado de Familia de Puerto Montt. 5. Copia de las publicaciones efectuadas tanto por “Diario El Llanquihue”, en la portada y en la página 2 de su ejemplar N° NUM000 del día 06 de junio de 2025, y publicación en ejemplar N° NUM001 fecha 7 de junio de 2025 y publicaciones efectuadas en similares términos por “Diario El Austral de Osorno”, en la portada y en la página 7 de su ejemplar N° NUM002 del día 06 de junio, y así mismo, en la página 6 del ejemplar N° NUM003 del día 07 de junio. 6. Link de acceso a publicación efectuada el día 6 de junio por Diario El Mercurio en su portal web EMOL:

DIRECCION000. 7. Resolución de fecha 04-09-2024, pronunciada en causa RIT P-991-2024 del Juzgado de Familia de Puerto Varas, en que se designa la curaduría de la adolescente nombre reservado al Programa Mi Abogado Los Lagos. 8. Resolución de fecha 10-03-2025, pronunciada en causa RIT X- 41-2025 del Juzgado de Familia de Puerto Montt, en que se mantiene curaduría del Programa Mi Abogado Los Lagos. 9. Certificado de Beneficio de Asistencia Jurídica de la adolescente nombre reservado

A folio 4, se declaró admisible el recurso, se pidió informe a los recurridos, y se denegó la orden de no innovar solicitada.

A folio 15, evacuan informe los abogados Félix Guerrero Toro y Daniel Bustos Quijada, por las recurridas Sociedad Periodística Araucanía S.A., dueña y administradora de los diarios “El Llanquihue” y “El Austral de Osorno” y de Empresa El Mercurio Sociedad Anónima Periodística, dueña y administradora del “Diario El Mercurio”, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Reconocen que es efectivo que el día 6 de junio el Diario El Llanquihue y el Diario Austral de Osorno, publicaron un reportaje sobre un caso de explotación sexual en una residencia infantil de Puerto Varas a raíz de la denuncia judicializada de una menor de edad que acusaba de la existencia de una red de explotación sexual en contra de los niños, niñas y adolescentes que acudían al recinto, situación que generó conmoción pública por tratarse de víctimas menores de edad, que según el relato de la denunciante estaban expuestas a una serie de graves prácticas ilícitas y por largo tiempo, de perpetradores que conocían en detalle el funcionamiento de la residencia y a sus beneficiarias. Agregan que la divulgación del caso generó gran expectación en la zona y motivó varias reacciones, entre ellas el anuncio de la presentación de una querella criminal por parte de la Defensoría de la Niñez y declaraciones de abogados de la plaza sobre la debilidad en la investigación en estos casos de explotación sexual infantil.

Detallan que, como se desprende de estos hechos, el caso expuesto por los Diarios era (y es hoy en día), de alto interés y connotación pública, puesto que se trata de hechos constitutivos de delito y que involucraría menores de edad.

Destacan que pese a la denuncia, el sistema tardó dos meses en actuar y aplicar las medidas de protección, lo que se expuso en las notas de prensa contra las cuales hoy se recurre, señalándose que los hechos se encuentran en conocimiento del Ministerio Público y sin que consten mayores antecedentes sobre los involucrados, y enfatizan que la labor informativa desarrollada por los medios de comunicación -que no ha entregado ni informado datos personales de la adolescente involucrada, ni mucho menos antecedentes sobre su identidad – ha generado al menos cinco reacciones concretas, que no hubiesen ocurrido de no haber informado la situación, a saber: a) Esta Iltma. Corte de Apelaciones de Puerto Montt modificó los protocolos de denuncias de casos de explotación sexual infantil, que incluyó cambios en las visitas de los jueces de familia a las residencias infantiles. b) La Defensoría de la Niñez, que desconocía los hechos, anunció la presentación de querellas criminales por la vulneración de las menores de edad en las residencias de la región. c) El Diputado señor Daniel Lilayú remitió un oficio al Ministerio de Desarrollo Social y al Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia para requerir detalles acerca de los hechos denunciados en la residencia. d) Tres días después de la primera publicación, El Llanquihue publicó una Carta al Director de parte del Alcalde de Puerto Varas, don Tomás Gárate, en la que manifiesta su preocupación por el caso y sostiene que era un secreto a voces desde hace por lo menos una década. Advierte que es una falla del Estado y que como municipio no estarán disponibles para abrir más residencias en la comuna. e) La I. Municipalidad de Puerto Varas convocó a la creación de una subcomisión dentro del Consejo Comunal de Seguridad Pública para abordar la situación.

Explican que al haberse publicado los hechos bajo el amparo de la libertad de prensa, el día 12 de junio la Sociedad Periodística Araucanía SpA presentó un recurso de protección en contra de una resolución dictada por el Juzgado de Familia de Puerto Montt, suscrita por doña nombre reservado en la cual se ordenó proceder, en 24 horas, a “omitir” o “bajar” cualquier publicación asociada a la nota de prensa publicada por Diario El Llanquihue el 6 de junio de 2025 referente los hechos expuestos, bajo apercibimiento de multa y/o arresto, es decir, parte de los antecedentes sobre los cuales se discute en estos autos, en tramitación bajo el Rol 703- 2025.

Sin perjuicio del recurso que interpusieron, hacen presente que en virtud de la orden decretada por el Juzgado de Familia de Puerto Montt, se procedió a desactivar, de la edición electrónica de Diario El Llanquihue, la nota de prensa del 6 de junio de 2025 referente a los hechos objeto del presente recurso, la cual a la fecha no se encuentra disponible.

Argumentan que lo pretendido por el recurrente afecta gravemente la garantía constitucional de la libertad de expresión y de prensa, constituyendo derechamente censura en contra del medio de comunicación y junto con ello una afectación a la igualdad ante la ley. Aducen que el derecho a la libertad de expresión, ser informado y recibir información, ha sido reconocido por diversos tratados internacionales, los cuales resultan relevantes para este caso por aplicación del artículo 5° de la Constitución, entre ellos el Artículo 19 Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo 19 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros.

Por su parte, dicen que el reportaje cuestionado se enmarca en el libre ejercicio de la actividad periodística, lo cual se encuentra además tutelado por la Ley 19.733 de Prensa, en su artículo 1° en relación al artículo 30 f).

Indican que este derecho a informar ha sido recogido por la jurisprudencia, y la labor periodística no puede ser objeto de censura, que sería lo que en la práctica pretenden los recurrentes, pues el reportaje fue realizado con apego a la ley y ética profesional, se protegió la identidad de los menores involucrados, y tuvo por finalidad dejar en evidencia la posible existencia de ilícitos que se están o deben ser investigados, además de exponer la fragilidad del sistema de denuncia y protección de las víctimas.

Argumentan, que lo pretendido afecta el derecho de la población a ser informada sobre hechos de interés público, por lo que malamente puede calificarse a las notas de prensa como actos ilegales o arbitrarios, ya que al contrario, su publicación resulta ser absolutamente legal, siendo improcedente su eliminación (electrónica o de ejemplares físicos), puesto que ello forma parte de la historia, la que no puede ser borrada. Además, sostienen que de acceder a la censura pretendida en realidad perturba y amenaza la igualdad ante la ley de sus representadas, quienes, a diferencia de otros medios de comunicación, deberán eliminar las notas de prensa objeto del presente recurso, a pesar de existir un evidente interés público sobre ellas. En tal sentido, y a modo de ejemplo, refieren que incluso por redes sociales del propio Ministerio Público se informaría sobre el tema controvertido.

Encontrándose en estado de ver se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando:

Primero: Que el recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Se trata, por consiguiente, de una acción de cautela de derechos garantizados a nivel constitucional cuya existencia sea indubitada y que se encuentren conculcados de manera suficiente para provocar la actividad jurisdiccional traducida en la adopción de medidas destinadas a restablecer el imperio de esos derechos amagados o perturbados en su legítimo ejercicio.

Segundo: Que, de lo anteriormente reflexionado, se desprende como requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión arbitraria o ilegal, producto del mero capricho de quién incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

Tercero: Que motiva la presente acción cautelar, la afectación que los recurrentes señalan ha provocado a los derechos fundamentales de la adolescente nombre reservado, las publicaciones realizadas en medios impresos y digitales administrados por los recurridos, los días 6 y 7 de junio del año en curso, que ventilaron información reservada que consta en la causa RIT X-41-2025 del Juzgado de Familia de Puerto Montt, de cumplimiento de una medida de protección a favor de aquella.

Cuestionan que dichas publicaciones harían referencia no sólo a antecedentes reservados de la causa de Familia, tales como informes de programas intervinientes o contenido de una audiencia en que la adolescente ejerció su derecho a ser oída, sino que además de su contenido sería posible deducir su identidad de manera inequívoca.

Por lo dicho, solicitan ordenar a las recurridas eliminar inmediatamente las publicaciones efectuadas los días 6 y 7 de junio del año en curso, de todos y cada uno de los medios tanto impresos como digitales, incluidas redes sociales, y ordenarles en lo sucesivo que se abstengan de informar antecedentes que rolan en la causa proteccional RIT X-41-2025.

Cuarto: Que dichas publicaciones no fueron cuestionadas por los recurridos, quienes no controvierten su contenido ni autoría, sino que se centran en justificar que en ellas no se ha entregado información o datos personales de la adolescente involucrada, ni mucho menos antecedentes sobre su identidad, y corresponde el caso expuesto al alto interés y connotación pública, puesto que se trata de hechos constitutivos de delito y que involucraría menores de edad, realizados al amparo de la libertad de expresión y de prensa.

Quinto: Que, de la atenta revisión de las publicaciones realizadas en los medios de prensa recurridos, aparece que no se indican nombres de ninguna de las adolescentes presuntamente involucradas (cuestión que reconocen los recurrentes), ni se entregan iniciales o datos que permitan a un lector promedio de estos reportajes o noticias, identificar a la persona que habría realizado la denuncia por hechos que constituirían un eventual delito de explotación sexual infantil en un centro residencial, de modo que no es posible concluir una afectación a la intimidad o a la protección de la vida privada de la adolescente presuntamente afectada. Sexto: Que, en dicho orden de cosas, las publicaciones y reportajes que se reprochan aparecen como meramente informativos, referidos a una temática de alto interés y connotación pública, y se encuentran amparadas por la libertad de expresión y de prensa de quienes las emiten, sin que de ellas se pueda desprender un atentado contra la vida privada, o integridad física o psíquica de la recurrente, pues como se ha dicho, no se entrega información que devele la identidad de los involucrados o de la recurrente en particular.

La naturaleza misma de la información entregada a la ciudadanía por medio de las publicaciones reprochadas permite concluir que aquella buscaba dejar en evidencia la posible ocurrencia de delitos que afectan a menores de edad, y llevó a que se presentaran querellas por los hechos denunciados, y se remitieran los antecedentes al Ministerio Público para su investigación, lo que da cuenta no sólo de su relevancia sino además del alto interés que generó en diversos estamentos de la población y organismos del estado la ocurrencia de estos hechos.

Séptimo: Que, a mayor abundamiento, se aprecia que las publicaciones de prensa denunciadas, guardar una debida racionalidad, proporcionalidad e idoneidad de los medios utilizados con dicho fin, y tienen un correlato con los antecedentes en se fundan, de manera que no implica su ejercicio la vulneración de derechos fundamentales de la recurrente, en los términos que se cuestionan, y no exceden el libre ejercicio de la actividad periodística y el derecho a la información y libertad de expresión, tutelados por la Ley de Prensa y diversas normativas internacionales y de derecho interno.

Octavo: Que, en último término, la eventual divulgación de las piezas de la causa proteccional RIT X-41-2025, y la averiguación de las personas involucradas en este hecho, son parte del proceso de investigación que lleva adelante el Ministerio Público, circunstancia que la propia parte actora reconoce.

Luego, la petición de aquella de ordenar a las recurridas que se abstengan de informar antecedentes de dicha causa excede la naturaleza eminentemente cautelar del presente recurso, porque se encuentran en marcha las vías que la institucionalidad penal y procesal penal arbitran a las víctimas, así como a todos quienes detentan el interés en la sanción de este tipo de conductas.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y artículo 1º y siguientes del Acta Nº94- 2015, de la Excelentísima Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del recurso de protección y sus modificaciones posteriores, se declara:

I.- Que se rechaza la acción interpuesta a folio Nº1, por los abogados Rodrigo Barrientos Triñanes, Coordinador Regional (S) y nombre reservado, curador ad litem del PROGRAMA REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JURÍDICA ESPECIALIZADA “MI ABOGADO” de la Región de Los Lagos, a favor de la adolescente nombre reservado, en contra de nombre reservado, Director de los Diarios “El Llanquihue” y “El Austral de Osorno”; nombre reservado, representante legal de los Diarios “El Llanquihue” y “El Austral de Osorno”, nombre reservado, Director del Diario “El Mercurio” y de su portal digital EMOL, y nombre reservado, representante legal del Diario “El Mercurio” y de su portal digital EMOL.

II.- Que no se condena en costas al recurrente por estimar que tuvo motivo plausible para recurrir.

Redacción a cargo de la Ministra Ivonne Avendaño Gómez.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Protección Nº 847-2025.-